Primer Tribunal revisa avances tras derrame de hidrocarburos en faena minera ocurrido en 2017

El Primer Tribunal Ambiental realizó una audiencia de seguimiento para revisar los avances en el cumplimiento de las medidas acordadas tras un derrame de hidrocarburos en faena minera ocurrido en mayo de 2017. El incidente tuvo lugar en el sector Rancho del Gallo, en el área de los generadores del Campamento El Gallo.

El caso se originó con una demanda de reparación por daño ambiental presentada por la Comunidad Indígena Colla del río Jorquera y sus afluentes, junto con dos personas naturales. La acción fue dirigida contra la Sociedad Contractual Minera Compañía Minera Maricunga por su presunta responsabilidad en el incidente. El tribunal aprobó en noviembre de 2021 el acuerdo conciliatorio alcanzado entre las partes. Desde entonces, realiza un seguimiento de las medidas comprometidas y de sus respectivos avances.

El acuerdo conciliatorio contempla seis medidas destinadas a abordar las consecuencias ambientales y sociales asociadas al caso. Entre ellas se encuentra la constitución de una mesa de diálogo y colaboración. También contempla el término de las labores de limpieza y remediación. A esto se suman nuevos estudios mediante una entidad independiente, tareas de monitoreo y restauración ambiental de mediano plazo. Las medidas incluyen además actividades de compensación socioambiental. Finalmente, el acuerdo establece mecanismos de fiscalización y reporte sobre su cumplimiento.

La audiencia se realizó luego de la presentación del informe anual de avance correspondiente a 2025. El tribunal buscó aclarar antecedentes relacionados con la ejecución de las medidas 2, 3, 4 y 5. Estas medidas están vinculadas con la limpieza y remediación, los estudios independientes, el monitoreo y restauración ambiental, además de las acciones de compensación socioambiental.

Tribunal analizará estado de las medidas

Durante la audiencia, el abogado Jaime Madariaga, representante de los demandantes, presentó observaciones sobre los antecedentes aportados por la empresa. Entre sus cuestionamientos mencionó la independencia de la entidad que elaboró el informe de cierre. También planteó reparos sobre la suficiencia de los monitoreos y la ausencia de determinados antecedentes técnicos en el expediente. Por estos motivos, solicitó que las medidas no sean consideradas cumplidas. Además, planteó realizar una nueva campaña de muestreo con participación de la comunidad.

La abogada Paulina Luza, representante de Compañía Minera Maricunga, explicó la posición de la empresa respecto del cumplimiento del acuerdo. Según señaló, la compañía no ejecutó los estudios comprometidos en las medidas 2 y 3. Su labor consistió en recopilar y sistematizar antecedentes generados previamente por las entidades acordadas entre las partes.

Respecto de la medida 2, indicó que la empresa presentó informes de terreno y un informe final. Estos documentos reúnen antecedentes sobre retiro de residuos, contención y monitoreo de suelos, aguas superficiales y sedimentos. La representante sostuvo que las labores comprometidas fueron ejecutadas. Agregó que los monitoreos posteriores no detectaron concentraciones de hidrocarburos mediante los métodos utilizados.