Tribunal Ambiental admite acción contra el proyecto Continuidad Operacional Minera Tres Valles

El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite una reclamación presentada por la Cooperativa Agrícola de Colonización Illapel Ltda. y un grupo de agricultores contra la aprobación del proyecto Continuidad Operacional Minera Tres Valles. La acción busca dejar sin efecto la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que mantuvo la calificación favorable de la iniciativa, argumentando que la Continuidad Operacional Minera Tres Valles debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Los reclamantes sostienen que el proyecto constituye una modificación sustantiva de una faena minera previamente evaluada mediante un EIA. Por ello, consideran que su tramitación mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no cumplió con las exigencias establecidas en la normativa vigente.

Agricultores cuestionan la evaluación ambiental del proyecto

La reclamación también plantea que las observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación no fueron debidamente consideradas por la autoridad ambiental. Entre los principales cuestionamientos figuran los eventuales impactos sobre los recursos hídricos y los sistemas de agua potable rural de la Quebrada de Cárcamo. Asimismo, los reclamantes objetan la extensión de las operaciones mineras hasta 2037 y el cambio del método de explotación. Además, sostienen que la evaluación no analizó de manera adecuada los impactos acumulados del proyecto. También cuestionan la delimitación del área de influencia, al considerar que dejó fuera comunidades, actividades agrícolas y otros usuarios del territorio.

Solicitan anular la aprobación ambiental

Los agricultores argumentan que existían antecedentes técnicos de la Dirección General de Aguas (DGA) que impedían descartar efectos ambientales significativos. En ese contexto, solicitaron al tribunal dejar sin efecto tanto la resolución del director ejecutivo del SEA que rechazó los recursos administrativos como la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto.

Como alternativa, pidieron que la iniciativa sea sometida a una nueva evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental, incorporando una línea de base actualizada y una evaluación de impactos acumulados. También solicitaron que el SEA vuelva a pronunciarse sobre los recursos administrativos, considerando todas las observaciones formuladas e incorporando antecedentes del procedimiento sancionatorio seguido por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Tribunal solicita informe al Servicio de Evaluación Ambiental

Junto con la reclamación, los recurrentes solicitaron medidas cautelares para suspender los efectos de los actos administrativos impugnados mientras se resuelve el fondo del caso. Tras admitir la acción, el Primer Tribunal Ambiental requirió al Servicio de Evaluación Ambiental un informe que explique los fundamentos de su decisión. Además, solicitó el expediente administrativo completo relacionado con la evaluación del proyecto. Las medidas cautelares permanecen en análisis y serán resueltas en una próxima etapa del proceso judicial.