Tribunal Ambiental aprueba plan de reparación por US$19,8 millones para humedales de Atacama

Tribunal Ambiental valida acuerdo para recuperar ecosistemas altoandinos. El plan de reparación ambiental aprobado por el Segundo Tribunal Ambiental contempla una inversión de US$19.785.000 para restaurar humedales del altiplano de Atacama. La medida forma parte del acuerdo alcanzado entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Compañía Minera Maricunga. El programa busca recuperar ecosistemas afectados por operaciones mineras durante un periodo de 15 años. La resolución aborda dos demandas por daño ambiental presentadas por el CDE contra la compañía. Los procesos se relacionan con la afectación de las vegas Pantanillo y Valle Ancho.

El tribunal analizó los antecedentes asociados a la pérdida estimada de 89 hectáreas de humedales. Tras revisar el acuerdo, determinó que las medidas propuestas permiten recuperar el ecosistema a una condición equivalente a la existente antes del daño. La resolución establece que el acuerdo cumple con los estándares de reparación contemplados en la Ley N° 20.600. Además, precisa que su aprobación no libera al responsable de ejecutar medidas efectivas de restauración.

El programa contempla acciones en los humedales Pantanillo, Valle Ancho Sur, Valle Ancho Centro y Valle Ancho Oeste. En total, considera 14 medidas específicas agrupadas en dos objetivos estratégicos. Las primeras seis acciones buscan apoyar, monitorear y gestionar de manera adaptativa la recuperación de los humedales. Entre ellas figuran la delimitación de áreas, monitoreo, definición de objetivos de recuperación y análisis de factores limitantes. También se evaluarán métodos de revegetación y medidas relacionadas con la gestión de nieve y caminos. Estas acciones permitirán generar información para ajustar las estrategias de restauración durante el proceso.

El segundo grupo reúne ocho medidas orientadas a aumentar el valor ecológico y mantener la recuperación de los humedales. Para ello, el acuerdo contempla estudios avanzados de hidrología, ecología y carbono. Además, considera la delimitación del acuífero y la publicación de resultados científicos. El programa también incorpora educación ambiental, becas de posgrado y capacitación profesional. Entre las medidas se incluye infraestructura asociada a sitios Ramsar. Asimismo, el plan contempla modificaciones relacionadas con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.

Caso se originó por extracción de agua

El conflicto ambiental se relaciona con las operaciones del proyecto minero Refugio. Según los antecedentes del caso, la extracción de agua provocó la desecación de al menos 70 hectáreas en el complejo formado por Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó la clausura definitiva de los pozos de extracción RA-1, RA-2 y RA-3 el 17 de marzo de 2016.

Posteriormente, el CDE presentó las demandas por daño ambiental el 28 de abril de ese año. El Tribunal Ambiental dictó sentencias en ambas causas durante noviembre de 2018. Sin embargo, la Corte Suprema anuló de oficio ambos fallos el 7 de enero de 2022. El máximo tribunal ordenó retrotraer los procedimientos para iniciar una etapa de conciliación. Este proceso concluyó con el acuerdo de reparación que ahora aprobó el Segundo Tribunal Ambiental.

La aprobación del acuerdo no pone término a la función jurisdiccional del tribunal. La magistratura estableció una etapa de seguimiento para verificar el cumplimiento de las medidas comprometidas. Las partes deberán entregar reportes anuales validados por una Mesa Técnica. El tribunal también podrá autorizar modificaciones cuando las condiciones del proceso de recuperación así lo requieran.

La resolución establece que los plazos incluidos en los cronogramas tienen carácter establecido. Sin embargo, el tribunal podrá considerar eventuales retrasos provocados por circunstancias ajenas a las partes. La magistratura también revisó los estándares definidos para cada medida. El objetivo consiste en asegurar que permitan verificar de manera suficiente el cumplimiento de los resultados esperados.

Con este acuerdo, la recuperación de los humedales altoandinos contará con un programa de largo plazo y mecanismos de supervisión judicial. El desafío será asegurar la ejecución efectiva de las medidas durante los 15 años contemplados por el plan de reparación ambiental.