El fallo Collahuasi encendió las alertas en la industria minera chilena. La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) manifestó su preocupación tras la resolución del Segundo Tribunal Ambiental que dejó sin efecto la aprobación ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. La iniciativa considera una inversión superior a US$3.200 millones en la región de Tarapacá. Además, figura entre los proyectos mineros más relevantes del país. El proyecto obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en diciembre de 2021.
La resolución judicial ordenó retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental. Con ello, el proyecto queda nuevamente sujeto a revisión pese a que el Comité de Ministros ratificó la aprobación en agosto de 2023. Desde SONAMI señalaron que la decisión introduce incertidumbre para el desarrollo de inversiones de largo plazo. El presidente del gremio, Jorge Riesco, afirmó que este tipo de fallos afecta la confianza del mercado.
El dirigente sostuvo que la resolución “envía una señal preocupante para el clima de inversión en Chile”. También indicó que el proyecto ya había superado instancias técnicas y regulatorias durante los últimos años. Riesco agregó que la iniciativa registra inversiones sobre los US$3.200 millones y se encuentra prácticamente terminada. Sin embargo, el proceso vuelve a enfrentar incertidumbre regulatoria.
SONAMI afirmó que el caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades para desarrollar proyectos estratégicos en Chile. El gremio criticó la excesiva permisología y la falta de estabilidad en los procesos de autorización ambiental. Según Riesco, resulta complejo compatibilizar el impulso al crecimiento económico con decisiones que revisan permisos ya otorgados por el Estado. En ese contexto, llamó a fortalecer la confianza y la certeza jurídica para incentivar nuevas inversiones. El fallo Collahuasi también reactivó el debate sobre la competitividad minera del país. Diversos actores del sector han advertido que la incertidumbre regulatoria puede retrasar iniciativas clave para la economía nacional.

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