Collahuasi impugna revocación de RCA ambiental tras el fallo del Segundo Tribunal Ambiental que anuló la Resolución de Calificación Ambiental aprobada en 2021 para el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”. La resolución ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) retrotraer el proceso. El nuevo análisis deberá enfocarse en observaciones vinculadas al medio humano y marino. La decisión abre un nuevo escenario judicial para la compañía minera.
El fallo del Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la RCA otorgada al proyecto de expansión de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. La sentencia determinó que el SEA deberá revisar nuevamente antecedentes relacionados con impactos sociales y marítimos. La causa se originó tras reclamaciones presentadas por comunidades y representantes locales. Los reclamantes cuestionaron aspectos de la evaluación ambiental desarrollada durante la tramitación del proyecto.
La iniciativa representa una inversión ejecutada cercana a US$3.200 millones. El proyecto incluye obras de infraestructura y una planta desaladora que actualmente se encuentra en etapa final de construcción. La expansión busca fortalecer la capacidad productiva de Collahuasi. Además, pretende asegurar suministro hídrico mediante infraestructura de desalinización para las operaciones mineras.
La minera sostuvo que el proceso ambiental cumplió la normativa vigente y los procedimientos institucionales. La empresa recordó que el Comité de Ministros rechazó en agosto de 2023 las reclamaciones presentadas contra la iniciativa. Ese pronunciamiento respaldó la continuidad del proyecto antes de la resolución judicial. Sin embargo, el tribunal acogió posteriormente los recursos tras más de 800 días de tramitación.
Desde la compañía afirmaron que la evaluación ambiental respetó los estándares exigidos por la legislación chilena. También indicaron que actualmente analizan las acciones legales que podrían presentar frente a la sentencia. El caso vuelve a instalar el debate sobre los procesos de evaluación ambiental de grandes proyectos mineros en Chile. La decisión podría generar nuevas revisiones regulatorias para futuras iniciativas de inversión en el sector.

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