La discusión sobre las patentes mineras volvió a instalarse en el sector luego de que la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) manifestara su preocupación por los efectos del nuevo régimen establecido en la Ley 21.649. El gremio aseguró que la normativa afecta especialmente a la pequeña minería y a parte importante de la mediana minería nacional. Según SONAMI, el actual sistema aumentó los costos asociados al amparo de la propiedad minera. Además, incorporó exigencias administrativas que consideran excesivas para productores de baja escala que operan en distintas regiones del país.
El gremio minero solicitó al Gobierno cumplir el compromiso de campaña relacionado con la derogación del sistema vigente. La organización propuso regresar a un modelo basado únicamente en el pago de una patente razonable y sin trámites burocráticos permanentes. SONAMI sostuvo que el mecanismo actual mantiene un sistema de amparo basado en el trabajo. A juicio del organismo, esto castiga injustamente a pequeños mineros que desarrollan actividades productivas y sostienen economías locales.
La organización afirmó que la recaudación proveniente de la pequeña minería representa una parte limitada de los ingresos totales por concesiones. Durante 2025, el pago alcanzó las 142.854 UTM, cifra inferior al 5% de la recaudación total asociada a concesiones mineras. En este contexto, SONAMI indicó que el mayor cobro aplicado al sector no genera un impacto fiscal significativo. Sin embargo, advirtió que sí podría afectar la continuidad operacional de pequeñas faenas y su cadena de proveedores regionales.
El gremio también alertó sobre el riesgo de concentración de pertenencias mineras. Según explicó, el aumento de costos y requisitos administrativos podría dificultar la permanencia de productores con menor capacidad financiera. SONAMI señaló que esta situación favorecería a actores con mayores recursos económicos. Además, enfatizó que la pequeña minería históricamente ha impulsado nuevos proyectos y actividad económica en distintas regiones del país.
La entidad hizo un llamado a las autoridades para revisar el sistema vigente y avanzar hacia un mecanismo más simple y verificable. También insistió en la necesidad de eliminar espacios de discrecionalidad administrativa. Finalmente, SONAMI afirmó que la minería necesita reglas claras y estables. El gremio sostuvo que la regulación debe considerar las diferencias de escala, el aporte territorial y las restricciones reales que enfrenta la pequeña minería chilena.
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