El proyecto minero-portuario Dominga, impulsado por Andes Iron en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, vuelve a la escena judicial con una nueva ofensiva ante el Tribunal Constitucional (TC). La empresa ingresó una solicitud para que se convoque a una audiencia pública y anunció la incorporación del abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil como parte de su equipo jurídico.
El requerimiento fue presentado este martes por el gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci. En el escrito, la compañía argumenta que la definición del TC será clave para el futuro del proyecto, ya que busca resolver una contienda de competencias entre el Gobierno y el Primer Tribunal Ambiental.
El conflicto surgió cuando el tribunal ambiental ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga, anulando el rechazo previo del Comité de Ministros. Desde el Ejecutivo, se considera que dicha instrucción excede las atribuciones del tribunal, dado que la legislación establece que las decisiones finales en materia ambiental corresponden exclusivamente al Comité de Ministros. Por ello, el Gobierno presentó un requerimiento ante el TC, solicitando que se resuelva esta disputa de competencias y se suspendan los procesos judiciales relacionados al proyecto.
El proyecto
Dominga contempla una inversión de más de US$ 2.500 millones y busca explotar hierro y cobre en la zona, incluyendo la construcción de una mina a rajo abierto y un puerto para exportación. Desde su ingreso al sistema de evaluación ambiental en 2013, el proyecto ha estado marcado por una fuerte controversia, que involucra cuestionamientos medioambientales, sociales y políticos.
Mientras organizaciones científicas y ambientalistas han advertido sobre los riesgos para el ecosistema costero y el Archipiélago de Humboldt —una de las zonas marinas de mayor biodiversidad en el país—, sus impulsores destacan el potencial económico de la iniciativa y su capacidad para generar más de 10 mil empleos directos e indirectos.
En su escrito ante el TC, Andes Iron sostiene que múltiples terceros participaron tanto en la evaluación ambiental como en los reclamos ante el tribunal, y que el fallo podría afectar directamente sus intereses. Si el TC determina que el tribunal ambiental actuó fuera de sus atribuciones, el proyecto podría verse obligado a repetir etapas ya finalizadas, enfrentando nuevas demoras o incluso la frustración definitiva de la inversión. En cambio, si se valida el actuar del tribunal, Dominga podría avanzar hacia su ejecución, considerando que ya cuenta con una sentencia favorable.
La empresa también invocó antecedentes de casos previos en los que terceros con interés directo fueron autorizados a intervenir en audiencias del TC, como en conflictos vinculados a la Universidad de Chile o al Registro Civil. En ese marco, solicitó formalmente su participación en la audiencia y subrayó que el fallo del tribunal tendrá un impacto decisivo no solo para Dominga, sino también para el clima de inversión en el país.
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