Sonami advierte que la nueva Ley de Patentes Mineras requiere ajustes para garantizar certeza jurídica

La Ley de Patentes Mineras fue despachada a ley con modificaciones al régimen de cobros y beneficios para pequeños productores. Sin embargo, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) considera que la reforma todavía requiere perfeccionamientos para entregar mayor certeza jurídica al sector. El gremio valoró la aprobación de las medidas que permiten simplificar el sistema de patentes, postergar determinados pagos y ampliar las condiciones para acceder a tarifas rebajadas. No obstante, su presidente, Jorge Riesco, sostuvo que la normativa mantiene disposiciones que podrían afectar especialmente a los pequeños y medianos productores.

Entre los principales cambios de la normativa destaca el reemplazo del cobro progresivo, que alcanzaba hasta 12 UTM por hectárea, por una tasa fija de 0,4 UTM por hectárea. La legislación también amplía las condiciones para acceder a la patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea. Este beneficio se extiende a arrendatarios y personas que exploten legítimamente una concesión minera. Además, establece un régimen especial para titulares de hasta 500 hectáreas empadronados en ENAMI u otro poder de compra. Estos productores podrán mantener la patente rebajada durante cinco años.

La reforma también aumenta las superficies que pueden acogerse al beneficio de patente especial.

Los nuevos límites consideran:

• Minería artesanal: ampliación de 50 a 100 hectáreas.
• Pequeños productores: ampliación de 100 a 150 hectáreas.
• Productores empadronados: régimen especial de hasta 500 hectáreas, con patente rebajada durante cinco años.

Otro aspecto valorado por Sonami corresponde a la postergación del pago de las patentes correspondientes a 2026 hasta febrero de 2027. La normativa también contempla la postergación de los remates, una medida que el gremio había solicitado al Ejecutivo. Pese a valorar los cambios, Sonami advirtió que la nueva Ley de Patentes Mineras mantiene la intervención administrativa en el sistema de amparo de las concesiones.

Según el gremio, esta disposición genera distorsiones que debilitan la propiedad minera y afectan especialmente a los pequeños y medianos productores. Además, sostiene que aumenta la presión sobre el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). La organización considera que esta situación agrega responsabilidades administrativas a un organismo que enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad minera.

Otro aspecto pendiente, según Sonami, corresponde al restablecimiento de montos diferenciados para concesiones y operaciones no metálicas. El gremio considera que esta distinción resulta relevante para el desarrollo de ese segmento productivo y recuerda que la legislación históricamente contempló un tratamiento diferenciado. En este contexto, Jorge Riesco sostuvo que la aprobación de la reforma resuelve parte de las dificultades inmediatas, pero no aborda completamente los problemas estructurales del sistema.

“Esta ley alivia la urgencia, pero se debe ir más allá para entregar la certeza jurídica que el sector necesita”, afirmó el presidente de Sonami. El dirigente agregó que, mientras el amparo de la propiedad minera dependa de la discrecionalidad administrativa y no exclusivamente del pago de una patente de monto cierto, los pequeños y medianos mineros seguirán expuestos al riesgo de perder sus concesiones.

Tras la aprobación de la reforma, Sonami anunció que continuará promoviendo modificaciones ante el Ejecutivo y el Congreso para perfeccionar el marco normativo. El objetivo del gremio apunta a establecer un sistema más simple, objetivo y con menores espacios de discrecionalidad administrativa. Según la organización, estas condiciones permitirían fortalecer la seguridad jurídica y resguardar la continuidad operacional de la minería nacional.