El conflicto judicial por el proyecto minero-portuario Dominga sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que el Primer Tribunal Ambiental (1TA) presentara un extenso escrito ante el Tribunal Constitucional (TC), en el que solicita rechazar la contienda de competencia impulsada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación del Comité de Ministros.
El documento, de 30 páginas, defiende la legalidad y el alcance de las decisiones tomadas por el 1TA en el marco del proceso judicial del caso. En particular, el tribunal argumenta que sus actuaciones recientes se encuentran plenamente dentro de sus facultades jurisdiccionales y que no han interferido con las competencias del Comité de Ministros.
“La contienda de competencia impetrada por la Dirección Ejecutiva del SEA debe ser rechazada por no ser efectiva la intromisión del 1TA en las potestades evaluadoras del Comité de Ministros, sino el legítimo ejercicio de las facultades de imperio derivadas de una sentencia definitiva que causa ejecutoria, en la etapa de cumplimiento del fallo”, sostiene el tribunal en el escrito presentado al TC.
Controversia
La controversia se originó a partir de un fallo del 1TA emitido el 17 de febrero, donde se instruyó al SEA a emitir un acto complementario a la resolución del Comité de Ministros del 8 de enero, en la que se había vuelto a rechazar el proyecto Dominga. El SEA consideró que esa instrucción judicial excedía las atribuciones del tribunal, por lo que presentó una contienda de competencia ante el TC, la cual fue declarada admisible a mediados de abril.
A raíz de ello, el Tribunal Constitucional suspendió el proceso judicial del proyecto Dominga mientras resuelve el fondo del requerimiento. El Gobierno, en tanto, ha respaldado al SEA, indicando que este no posee atribuciones legales para modificar resoluciones del Comité de Ministros, y que por lo tanto no podría cumplir la orden del tribunal ambiental.
La disputa entre órganos del Estado se produce en un contexto de alta tensión jurídica y política en torno al desarrollo del proyecto Dominga, con impactos potenciales sobre la institucionalidad ambiental chilena y sus mecanismos de evaluación y revisión de decisiones administrativas.
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