Tribunal Ambiental revisa reclamaciones contra proyecto de continuidad operacional de Mina Candelaria

Las reclamaciones contra proyecto Mina Candelaria fueron revisadas en dos audiencias por el Tribunal Ambiental. Las acciones judiciales fueron presentadas por comunidades indígenas de la Región de Atacama. Ambas cuestionan la aprobación ambiental de la iniciativa de continuidad operacional de la faena minera. El proyecto “Candelaria 2030 – Continuidad Operacional” busca extender la vida útil de las operaciones de la compañía. También contempla nuevas instalaciones, ampliación de obras existentes y un aumento en la capacidad de extracción.

La primera reclamación fue presentada por la comunidad indígena Wayra Mata Tujsi. Su representación sostuvo que las opiniones entregadas en reuniones del proceso ambiental debían considerarse como observaciones ciudadanas formales. Según su defensa, la autoridad debió responder esas inquietudes y permitir la reclamación administrativa posterior. Además, expusieron preocupación por emisiones de polvo, avance de la mina subterránea y riesgos sísmicos en Tierra Amarilla.

Postura del Servicio de Evaluación Ambiental

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó esos argumentos. Su defensa indicó que la comunidad no presentó observaciones ciudadanas dentro de los plazos legales. El organismo afirmó que el proceso participativo cumplió la normativa vigente. También señaló que el proyecto incorporó medidas para reducir emisiones de MP10 y MP2,5. Entre ellas figuran humectación de caminos, asfaltado, monitoreo ambiental y recambio de buses diésel por eléctricos. Además, se suman programas de salud y plantación de árboles nativos.

La segunda reclamación fue presentada por la comunidad Colla Tata Inti del Pueblo de Los Loros. Su abogado cuestionó la evaluación de impactos en salud, agricultura y presencia de receptores humanos cercanos al proyecto. También planteó falta de consulta indígena y ausencia de análisis sobre cambio climático. El SEA respondió que no existían condiciones legales para activar dicho proceso. La empresa Minera Candelaria respaldó la postura del servicio. Sostuvo que los impactos ambientales fueron evaluados y que existen medidas suficientes de mitigación.

La iniciativa contempla una inversión de US$600 millones. Además, proyecta una vida útil de 23 años. El plan considera explotar cerca de 350 millones de toneladas adicionales. La operación aumentaría su extracción promedio anual a 384.000 toneladas diarias de material.

Tras las audiencias, las reclamaciones contra proyecto Mina Candelaria quedaron en estudio. El tribunal solicitó nuevos antecedentes a distintas instituciones antes de emitir su resolución final. La decisión será clave para el futuro del proyecto y para la relación entre minería, comunidades y regulación ambiental en Atacama.