Ministerio de Minería acogió a trámite el CEOL en Salar de Ollagüe

Ministerio de Minería acogió a trámite el CEOL en Salar de Ollagüe, solicitado por el consorcio conformado por Kuska y Coal India.
La decisión permite avanzar en un proceso simplificado para el desarrollo de un proyecto de exploración y explotación de litio. La resolución se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio y en el mecanismo de asignación de Contratos Especiales de Operación de Litio.
El procedimiento busca acelerar proyectos privados en salares priorizados por el Estado.

El CEOL en Salar de Ollagüe se incorpora a otros procesos ya en desarrollo. Entre ellos figuran los salares de Ascotán, Agua Amarga y Coipasa. También se incluyen los depósitos de Quillagua Norte y Quillagua Este. El Ministerio de Minería impulsa estos procedimientos bajo un esquema simplificado. El objetivo es promover inversiones responsables y coherentes con la política nacional del litio.
El modelo considera criterios técnicos, ambientales y sociales.

Durante la etapa de diálogo de la consulta indígena se logró un acuerdo unánime. Las comunidades aceptaron modificar los vértices del polígono propuesto inicialmente. El nuevo trazado excluye zonas de alto valor cultural y áreas pobladas. Estos sectores formaban parte del polígono original definido por el Ministerio. Debido a la magnitud de la modificación, la autoridad resolvió abrir un nuevo procedimiento.
Este proceso mantiene las condiciones establecidas en el proceso finalizado en diciembre de 2024.

Evaluación técnica

Tras revisar los antecedentes, el Ministerio confirmó el cumplimiento de los requisitos. El consorcio Kuska–Coal India controla al menos el 80% de las concesiones del polígono priorizado. Además, acreditó experiencia en la cadena de valor del litio y en minería.
También demostró capacidad financiera para desarrollar el proyecto. Estos factores permitieron acoger la solicitud a trámite de manera formal. El proceso continúa bajo las normas definidas para los CEOL.

El Ministerio deberá dictar un decreto supremo con requisitos y condiciones del contrato. Luego, evaluará un eventual acuerdo con el solicitante. Si ambas partes alcanzan consenso, se firmará el CEOL correspondiente. En caso contrario, el Estado iniciará un proceso de licitación pública.