Gremios mineros respaldan proyecto de ley de desalinización para seguridad hídrica

Gremios destacaron que el proyecto de ley de desalinización para seguridad hídrica entrega certezas regulatorias para asegurar el abastecimiento de comunidades y sectores productivos. La Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES) y el Consejo Minero expusieron ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Sus representantes valoraron el avance de una normativa que regulará el desarrollo y operación de plantas desaladoras en Chile.

Rafael Palacios, director ejecutivo de ACADES, recordó que varias regiones viven un déficit hídrico estructural que presiona las fuentes continentales. Señaló que la desalación y el reúso se consolidan como herramientas efectivas para asegurar un suministro estable. Añadió que el proyecto ofrece una base institucional necesaria para ampliar fuentes de agua sostenibles.

El director gremial destacó que el país no puede arriesgar la infraestructura instalada. Advirtió que la obligación de retirar instalaciones al finalizar una concesión afectaría la continuidad del suministro. Subrayó que las plantas desaladoras cumplen un rol estratégico en regiones que dependen del agua de mar para abastecer hogares y operaciones productivas.

El Consejo Minero coincidió con esa visión. Su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, afirmó que la desalación ha reducido la presión sobre fuentes continentales en zonas con alta demanda. Recordó que la minería concentra más del 80% de la capacidad de desalación del país, por lo que un marco regulatorio moderno resulta clave para avanzar.

Riesgos por plazos

Villarino reforzó que una ley eficiente debe asegurar continuidad operativa y eliminar duplicidades administrativas. Sostuvo que el país necesita una normativa que entregue certezas para nuevas inversiones. Destacó que el uso de agua de mar creció de 1,7 a 7,8 metros cúbicos por segundo en una década, reflejando un avance significativo.

Ambos gremios alertaron sobre riesgos asociados a plazos de concesiones y superposición de trámites. Advirtieron que estas condiciones podrían extender procesos y aumentar incertidumbre. Insistieron en que el proyecto de ley de desalinización para seguridad hídrica debe ajustarse para evitar interrupciones de servicios esenciales.

Finalmente, organizaciones reiteraron su disposición a aportar propuestas técnicas. También llamaron a fortalecer el marco regulatorio para impulsar inversiones y acelerar soluciones frente a la crisis hídrica. Coincidieron en que una normativa moderna permitirá responder con mayor eficacia a las necesidades de comunidades y sectores productivos.