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Codelco desiste de recurso de amparo económico y reafirma respeto a las atribuciones de Contraloría

La empresa informó que continuará colaborando con los procesos de fiscalización y reiteró su compromiso con la transparencia.
Codelco desiste de recurso de amparo económico y reafirma respeto a las atribuciones de Contraloría

Codelco desiste de recurso de amparo económico luego de que la Contraloría General de la República modificara la resolución que originó la acción judicial. La empresa informó que continuará colaborando con los procesos de fiscalización y reiteró su compromiso con la transparencia. Codelco desiste de recurso de amparo económico tras evaluar los efectos de la nueva resolución publicada en el Diario Oficial.

La estatal informó que su directorio acordó retirar el recurso de amparo económico presentado el 18 de junio de 2026 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. La decisión se adoptó luego de la publicación, el 9 de julio de 2026, de la Resolución N° 14/2026 de la Contraloría General de la República. Este documento modificó la Resolución N° 36/2026 del mismo organismo. Según explicó la empresa, la actualización del marco regulatorio permitió revisar la conveniencia de mantener la acción judicial interpuesta hace algunas semanas.

A través de un comunicado, la minera estatal expresó su respeto por las atribuciones de la Contraloría General de la República. La compañía señaló que seguirá colaborando en todos los procesos de fiscalización que el organismo realice dentro del ámbito de sus competencias.

Gobierno corporativo y cumplimiento normativo

Codelco indicó que esta decisión se alinea con su compromiso permanente de fortalecer el gobierno corporativo y cumplir la normativa vigente. Además, destacó que continuará promoviendo altos estándares de transparencia en el desarrollo de sus operaciones y en la relación con los organismos fiscalizadores. La empresa enfatizó que mantendrá una disposición colaborativa frente a las revisiones y controles que correspondan, contribuyendo al adecuado funcionamiento de las instituciones públicas. La decisión pone fin al proceso judicial iniciado en junio y marca una nueva etapa en la relación entre la estatal y la Contraloría, luego de la modificación de la resolución que motivó el recurso.