Presidente del Consejo Minero valora Proyecto de Ley de Reconstrucción y llama a perfeccionar su marco regulatorio

El Proyecto de Ley de Reconstrucción fue analizado por autoridades, representantes de la industria minera y especialistas durante el desayuno «Minería y Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico», organizado por Marsh. Los participantes coincidieron en que la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la competitividad del país, aunque requiere ajustes para entregar mayor certeza a la inversión.

La actividad fue encabezada por el biministro de Energía y Minería, Daniel Mas, y reunió a ejecutivos del sector para evaluar el impacto que tendrá la propuesta en el desarrollo de nuevos proyectos mineros. El encuentro puso énfasis en la necesidad de contar con un marco regulatorio estable para aprovechar el potencial de Chile en minerales críticos.

Consejo Minero destaca el potencial de la iniciativa

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, afirmó que Chile posee condiciones excepcionales para consolidar su liderazgo mundial en cobre y litio. Sin embargo, sostuvo que será indispensable generar un entorno favorable para concretar la cartera de inversiones del sector.

«El mundo entero está clamando por más minerales. Chile tiene el 21% de las reservas de cobre y el 25% del litio, además de una cartera de proyectos superior a los US$104 mil millones. Este proyecto de ley viene, de alguna manera, a facilitar que se realicen esas inversiones», señaló.

Villarino explicó que la propuesta incorpora medidas para incentivar la inversión. Entre ellas destacó la rebaja gradual del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria para grandes proyectos y una tramitación ambiental más ágil. No obstante, indicó que estos cambios deberán coordinarse con otras reformas regulatorias actualmente en discusión.

Durante el encuentro, Villarino moderó un panel junto al exsubsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval, y el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar. Irarrázaval valoró los esfuerzos por agilizar los permisos ambientales, pero advirtió que la iniciativa no resolverá por sí sola todos los obstáculos que enfrentan las inversiones. El exsubsecretario identificó como desafíos pendientes la aplicación de la Ley de Delitos Ambientales y la incertidumbre sobre cuándo las modificaciones de un proyecto deben volver a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A su juicio, esa discrecionalidad genera incertidumbre jurídica y dificulta la planificación de nuevas inversiones.

Invariabilidad tributaria requiere mayor precisión

Ricardo Escobar centró su intervención en el régimen de invariabilidad tributaria contemplado en el proyecto. Aunque valoró la intención de entregar estabilidad a los inversionistas, sostuvo que algunos conceptos aún necesitan mayor desarrollo técnico. El exdirector del Servicio de Impuestos Internos señaló que varios aspectos de la propuesta requieren definiciones más claras antes de que los inversionistas adopten decisiones de largo plazo. Asimismo, afirmó que la estabilidad jurídica resulta más relevante que la duración específica del beneficio tributario. En su opinión, un amplio acuerdo político otorgaría mayor confianza al mercado.

Durante la apertura del encuentro, el biministro de Energía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que la minería y la energía requieren reglas claras para impulsar inversiones de largo plazo. «La minería y la energía no son negocios de corto plazo. Para que esas inversiones ocurran necesitamos confianza en las instituciones, certeza jurídica e incentivos adecuados», afirmó.

El secretario de Estado explicó que el Proyecto de Ley de Reconstrucción considera una reducción gradual del impuesto corporativo, mecanismos de invariabilidad tributaria para proyectos de gran escala y medidas destinadas a simplificar la tramitación ambiental, sin disminuir los estándares de protección.

Además, enfatizó que el Gobierno busca fortalecer la eficiencia del Estado en la entrega de permisos. «Queremos un sistema donde la fiscalización ambiental tenga un alto estándar técnico, pero donde las reglas sean claras y las respuestas lleguen a tiempo. Un permiso congelado durante años por decisiones burocráticas es una negligencia que este Gobierno no va a tolerar», concluyó.

Los participantes coincidieron en que el proyecto constituye una señal relevante para recuperar la competitividad de Chile y acelerar el desarrollo de nuevas inversiones mineras. Sin embargo, señalaron que el éxito de la iniciativa dependerá de perfeccionar los aspectos regulatorios, ambientales y tributarios que aún generan incertidumbre. Solo con reglas claras y estabilidad jurídica será posible materializar la amplia cartera de proyectos que impulsa el crecimiento del sector minero.