La suspensión de faenas de Quiborax volvió al centro del debate judicial tras una nueva audiencia realizada para revisar la medida cautelar vigente en el Salar de Surire, en la región de Arica y Parinacota. El tribunal deberá resolver si mantiene la paralización actual o permite una operación limitada solicitada por la empresa. La medida vigente impide las actividades operacionales de Quiborax S.A. en la zona. Solo autoriza labores de nivelación y retiro de material previamente acopiado para su traslado a la Planta El Águila.
Durante la audiencia, la defensa de Quiborax sostuvo que la continuidad de la cautelar genera graves efectos económicos. Según su representación legal, la situación incluso podría llevar a una liquidación forzada de la compañía. La empresa pidió autorizar un régimen acotado entre mayo y diciembre. También propuso una extracción limitada de mineral en 12 polígonos específicos dentro del área desafectada del salar.
La defensa señaló que las operaciones solicitadas cuentan con antecedentes conocidos y fiscalización pública. Además, afirmó que existen experiencias previas sobre sus efectos en la fauna protegida del sector. Quiborax insistió en que ha desarrollado actividades autorizadas durante años. Por ello, considera viable una fórmula parcial mientras avanza el juicio principal.
Representantes de comunidades cercanas al Salar de Surire apoyaron la solicitud de la empresa. Indicaron que la paralización ha provocado impactos económicos, sociales y culturales en el territorio. Los sindicatos de trabajadores también expusieron sus argumentos. Señalaron que la incertidumbre afecta a empleados y familias vinculadas a la operación minera.
El Consejo de Defensa del Estado rechazó el alzamiento parcial. Afirmó que cualquier actividad extractiva podría afectar el equilibrio integral del ecosistema y los procesos reproductivos de flamencos presentes en la zona. El organismo sostuvo que no existen nuevos antecedentes científicos suficientes para modificar la cautelar. También advirtió que la propuesta actual amplía plazos y zonas respecto de autorizaciones anteriores.
La demanda fue presentada en julio de 2024. El CDE solicitó medidas de reparación y compensación por un presunto daño ambiental en el Salar de Surire. Entre los impactos mencionados figuran alteraciones en topografía, escorrentía superficial, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Desde entonces, la suspensión de faenas de Quiborax se ha mantenido con revisiones periódicas.

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