El tribunal constató avances en las medidas ambientales en conciliación por daño ambiental acordadas entre el Consejo de Defensa del Estado, empresas mineras y la Comunidad Indígena Atacameña de Peine. La audiencia permitió revisar el estado de ejecución del acuerdo aprobado en diciembre de 2024. En la sesión participaron el Consejo de Defensa del Estado, Albemarle Limitada, Compañía Minera Zaldivar SpA, Minera Escondida Limitada y la Comunidad Indígena Atacameña de Peine. El acuerdo contempla 14 medidas orientadas a la recuperación del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo.
Las empresas informaron progresos en la instalación de la Mesa de Gobernanza y en la transferencia de recursos a la comunidad. También avanzaron en estudios técnicos necesarios para ejecutar medidas de mayor complejidad.
El abogado Raimundo Moreno destacó avances sustantivos en la coordinación institucional. Explicó que el proceso enfrenta desafíos técnicos y metodológicos propios del análisis ecosistémico. Las partes reconocieron retrasos en la definición de los términos de referencia de la medida M0. Esta medida consiste en un análisis de afectación ecosistémica que condiciona otras acciones del acuerdo.
La abogada Marcia Faerman informó que la medida M0 aún no inicia su ejecución material. Actualmente elaboran los términos de referencia. Respecto de la medida M1, vinculada al cese de extracción de recursos hídricos, las empresas iniciaron tramitaciones ante la Dirección General de Aguas. Esperan el pronunciamiento del organismo.
Las medidas M2, M3, M11, M12 y M13 dependen del avance de la M0. Por ello, aún no comienzan su implementación. En cuanto a las medidas sociales, la comunidad solicitó reprogramar su inicio para marzo. Estas incluyen planes de gestión social, infraestructura y fondos de desarrollo. La Mesa de Gobernanza ya funciona. Las empresas transfirieron recursos a la Comunidad de Peine para asesoría y gestión.
El Consejo de Pueblos Atacameños decidió no integrarse a la Mesa de Gobernanza. Sin embargo, los recursos permanecen disponibles si modifican su decisión. El abogado Sergio Chamorro confirmó que la asamblea mantiene su postura. El diseño del acuerdo permite continuidad operativa pese a esta determinación.
Origen de la demanda por daño ambiental
En marzo de 2022, la Comunidad de Peine demandó a Minera Escondida por reparación de daño ambiental. Acusó sobreexplotación del acuífero y descenso del nivel freático en Tilopozo. El Consejo de Defensa del Estado también presentó demanda en representación del Estado. La acción incluyó a Minera Escondida, Zaldivar y Albemarle. En diciembre de 2024, las partes alcanzaron una conciliación. El acuerdo estableció 14 acciones para recuperar el ecosistema.
Las partes envían reportes anuales al tribunal. El primer informe se presentó en diciembre de 2025. El tribunal solicitó información específica y citó a audiencia de seguimiento. La revisión periódica permite verificar el cumplimiento efectivo de las medidas ambientales en conciliación por daño ambiental y asegurar su correcta ejecución.

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