En una maniobra con fuertes repercusiones geopolíticas, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para promover la minería en aguas profundas, con el objetivo de asegurar el acceso a minerales estratégicos clave para la seguridad y el desarrollo tecnológico de Estados Unidos. La medida, que busca reducir la dependencia del país respecto a China, ha generado tensiones con organismos internacionales y críticas por sus implicancias legales y ambientales.
La decisión marca un cambio significativo en la política minera estadounidense, al respaldar por primera vez la extracción de cobalto, níquel y manganeso en aguas internacionales y zonas bajo jurisdicción estadounidense. Estos minerales son considerados esenciales para la defensa, las energías renovables y la fabricación de tecnologías avanzadas.
Recursos estratégicos
“La seguridad de la nación exige que desarrollemos rápidamente nuestras capacidades de minería y procesamiento en los fondos marinos”, declaró Trump. “China consolidaría su control sobre la cadena de suministro global de minerales críticos” si Estados Unidos no actúa, advirtió.
El avance de esta estrategia pasa por alto a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), organismo de Naciones Unidas encargado de regular la minería en aguas internacionales. La ISA, con sede en Jamaica, lleva más de una década intentando establecer un código minero que aún no ha sido finalizado, lo que ha generado frustración entre actores privados.
Empresas como la canadiense The Metals Co. (TMC) han optado por avanzar sin esperar las licencias de la ONU. Tras mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses, TMC anunció que comenzará la explotación mediante su filial en EE. UU., amparándose en la Ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos Profundos de 1980. Esta legislación permite operar fuera de la jurisdicción nacional sin necesidad de adherirse a tratados internacionales.
Tensión internacional
La reacción de la ISA no se hizo esperar. Su secretaria general, Leticia Carvalho, advirtió que la acción de EE. UU. “socava la legitimidad del sistema multilateral” y constituye “una violación del derecho internacional”. Greenpeace también cuestionó la medida, calificándola como “una bofetada a la cooperación internacional”.
Pese al impulso político, la minería en aguas profundas enfrenta grandes obstáculos tecnológicos y financieros. Según Allison Federika, directora de análisis de Geopolitical Futures, aunque el proyecto responde a una necesidad estratégica, la tecnología actual para operar a profundidades de 3.000 a 6.000 metros es aún incipiente y de alto costo. La reciente quiebra de la noruega Loke Marine Minerals, que buscaba desarrollar proyectos similares, es una muestra de las dificultades que enfrenta el sector.
A esto se suma la incertidumbre regulatoria. “La minería en aguas profundas todavía no es legalmente viable a nivel internacional”, advirtió Walter Sognnes, exdirector de Loke, en declaraciones a The Wall Street Journal.
En el plano diplomático, la Casa Blanca estaría evaluando alianzas con países insulares del Pacífico como Nauru y Kiribati, cuyas zonas económicas exclusivas contienen depósitos de nódulos polimetálicos. Esto permitiría a Estados Unidos operar bajo el marco de la ISA mediante filiales patrocinadas por estos Estados, evitando confrontaciones legales directas.
Gerard Barron, CEO de TMC, expresó el alcance estratégico de esta carrera por los recursos del lecho marino: “Estamos a las puertas de una nueva era industrial. El país que domine los minerales de aguas profundas dominará el futuro tecnológico”.
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