La producción de cobre en Chile alcanzaría nuevamente niveles cercanos a las 6 millones de toneladas anuales hacia el final de la próxima década, según un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). El informe analiza el comportamiento productivo del período 2025–2034 y advierte sobre los desafíos estructurales del sector.
El estudio titulado “Proyección de la producción de cobre en Chile. Periodo 2025–2034” estima un crecimiento en el corto plazo. Este aumento permitiría alcanzar un máximo productivo en torno al año 2027, impulsado por proyectos actualmente en ejecución. Sin embargo, a partir de ese punto, la trayectoria productiva muestra un ajuste progresivo. Este comportamiento responde al agotamiento natural de los yacimientos y a los planes de explotación vigentes en las principales operaciones mineras.
Entre 2027 y 2030, Cochilco proyecta una disminución relevante de la producción nacional. Esta caída se explica principalmente por el descenso de leyes en yacimientos de gran escala que hoy sostienen la oferta nacional. El nivel mínimo se alcanzaría en 2030, con una producción estimada de 5,43 millones de toneladas de cobre fino. En este escenario, la materialización oportuna de los proyectos de inversión se vuelve clave para mitigar el decaimiento productivo.
Entre 2030 y 2034, el informe proyecta una recuperación gradual de la producción. Esta mejora estaría asociada a proyectos de reposición de capacidad, expansiones y nuevos desarrollos greenfield. Aun así, Cochilco advierte que los plazos de maduración de la industria limitan impactos inmediatos. Incluso en escenarios favorables, persiste un rezago entre la decisión de inversión y su efecto productivo.
Competitividad y liderazgo internacional
El estudio subraya que el liderazgo de Chile como principal productor mundial no está garantizado. Otros países muestran un mayor dinamismo productivo, presionando la participación relativa del país. Sostener la producción de cobre en Chile exigirá decisiones estratégicas en inversión, permisos, infraestructura y certeza regulatoria. El desafío apunta a ampliar la base productiva y viabilizar nuevos proyectos de largo plazo.
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