Reclamación contra proyecto minero La Farola avanza en Tribunal Ambiental

La reclamación contra proyecto minero La Farola ingresó a trámite en el Primer Tribunal Ambiental, abriendo un proceso judicial sobre su aprobación ambiental. La acción fue presentada por la Comunidad Indígena Colla Tata Inti del Pueblo de Los Loros. El recurso cuestiona la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama. Esta instancia rechazó la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.

La comunidad sostiene que la evaluación presenta vicios de legalidad relevantes. Entre ellos, menciona falencias en el análisis del transporte y sus impactos. También advierte posibles efectos en la calidad del aire y en la salud de la población. A esto se suma la omisión de información sobre comunidades indígenas cercanas.

El recurso acusa la ausencia de un proceso de consulta indígena. Además, señala que no se realizaron reuniones obligatorias establecidas en el Reglamento del SEIA. La acción también cuestiona la falta de evaluación adecuada de impactos acumulativos. Esto incluye la relación con el proyecto Minera Candelaria en la zona.

Uno de los puntos centrales de la reclamación contra proyecto minero La Farola es el componente aire. La comunidad afirma que no se consideraron adecuadamente los niveles de contaminación existentes. Tierra Amarilla se encuentra declarada zona saturada por material particulado MP10. Según el recurso, existen antecedentes de superación de MP10 y MP2,5 en el sector. Esto habría impedido establecer una línea de base confiable. Además, dificultaría descartar efectos ambientales significativos.

Características del proyecto minero La Farola

El proyecto se ubicará en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama. Considera una explotación a rajo abierto en una superficie de 353 hectáreas. La iniciativa contempla una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados. Se proyecta una producción anual de 90.000 toneladas de concentrado de cobre con oro. La operación tendrá una vida útil estimada de 17 años. Además, considera una inversión de 260 millones de dólares.

El Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación a trámite. Con esto, solicitó los informes que respaldan la resolución impugnada. Este proceso marcará el inicio de la revisión judicial del proyecto. El avance del caso podría influir en el desarrollo de la iniciativa minera en la región.