Exfuncionario de la Seremi de Minería de Coquimbo fue condenado por fraude al Fisco

El fraude al Fisco en la Seremi de Minería de Coquimbo quedó acreditado tras una investigación liderada por la Fiscalía de La Serena. El tribunal condenó a un exfuncionario por apropiarse de fondos públicos destinados a un proyecto minero en la comuna de Canela. El Juzgado de Garantía de La Serena dictó sentencia en procedimiento abreviado contra Patricio Bolvarán. El exfuncionario recibió una pena de tres años de presidio, cinco años de inhabilitación para cargos públicos y una multa de $14.400.000.

La investigación estableció que el 6 de enero de 2020 la Seremi de Minería de Coquimbo entregó $103.500.000. El dinero fue girado al Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros Nueva Esperanza. Los recursos buscaban mejorar una planta gravimétrica de procesamiento de oro en Canela. El proyecto se desarrolló a través de una empresa privada y contó con financiamiento del Fondo de Desarrollo Regional.

Según la Fiscalía, el acusado se presentó como representante del ministerio y como ingeniero comercial. Usó su conocimiento institucional para engañar a los dirigentes del sindicato. Entre enero y junio de 2020, indujo a los trabajadores a generar vales vista endosables en BancoEstado. Luego cobró personalmente cuatro de los seis documentos, sin autorización y con abuso de confianza.

El Ministerio Público acreditó que el acusado se apropió de $72.200.000. La entidad bancaria confirmó los cobros directos por ventanilla a nombre del exfuncionario. El fiscal Marcial Pérez detalló que la investigación reunió declaraciones de funcionarios públicos, antecedentes bancarios y documentos oficiales. La PDI aportó un informe con testimonios clave.

Resolución judicial y pena sustitutiva

El tribunal consideró la conducta anterior del acusado y su colaboración con la investigación. Por ello, resolvió conceder la remisión condicional de la pena. Este caso de fraude al Fisco en la Seremi de Minería de Coquimbo refuerza la relevancia del control en el uso de recursos públicos. También evidencia la vulnerabilidad de organizaciones mineras frente a abusos de confianza.