La Ley de Autorizaciones Sectoriales dio un nuevo paso con la dictación de un decreto que ordena la revisión de procesos en siete servicios estratégicos del Estado. La medida busca simplificar y modernizar los permisos requeridos para ejecutar proyectos de inversión en Chile.
El Decreto Exento, emitido el 1 de diciembre, establece lineamientos generales para el primer ejercicio de diagnóstico de modernización de autorizaciones sectoriales. Con este instrumento, el Estado consolida una política permanente de revisión continua de la regulación de permisos.
El decreto fija la supervisión de siete instituciones clave en la gestión de autorizaciones. Estas son el Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Bienes Nacionales. También participan el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Todos deberán revisar, cada tres años, la conformidad de su normativa y gestión de permisos.
Entre los permisos priorizados se encuentran las autorizaciones para excavaciones arqueológicas. También se incluyen informes favorables de construcción y concesiones de uso oneroso. El decreto incorpora, además, la revisión de informes de mitigación de impacto vial. Estos trámites suelen concentrar alta demanda en proyectos de inversión pública y privada.
El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, destacó que la ley ya se encuentra en marcha. Señaló que el decreto permite avanzar hacia trámites más simples, modernos y rápidos. El Ministerio de Economía supervisará este trabajo junto a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Esta nueva entidad formulará recomendaciones normativas para fortalecer la institucionalidad.
Alineación con estándares OCDE
El proceso sigue las mejores prácticas definidas por la OCDE en 2025. Cada organismo deberá elaborar un informe fundado con hallazgos, conclusiones y medidas concretas de mejora. La Ley de Autorizaciones Sectoriales, vigente desde septiembre, busca reducir entre 30% y 70% los tiempos de espera. En proyectos estratégicos, la meta alcanza un 50%.
La normativa incorpora tramitación paralela, ventanilla única digital y técnicas habilitantes alternativas. El marco legal modifica más de 40 cuerpos normativos y refuerza la certeza para la inversión.
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