El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una reclamación contra el SEA por proyecto minero Playa Verde, ubicado en la comuna de Chañaral, Región de Atacama. La acción fue presentada por el particular Manuel Cortés Alfaro en contra del Comité de Ministros. La reclamación impugna la resolución que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, luego de que el Comité de Ministros acogiera una reclamación administrativa presentada por el titular de la iniciativa minera.
El reclamante sustenta su acción en cuatro cuestionamientos centrales. El primero apunta a la falta de descarte de impactos sobre la salud de la población. Señala deficiencias en la evaluación de contaminantes y en el análisis de riesgos presentado por el titular. El segundo eje se relaciona con los impactos sobre el medio marino. El reclamante advierte debilidades en el modelo hidrogeológico utilizado para predecir los efectos del proyecto. También cuestiona la ausencia de antecedentes que descarten la interacción entre el acuífero costero y el mar.
A ello se suma la falta de evaluación del riesgo de rebalses o filtraciones bajo condiciones extremas. Según la reclamación, estos escenarios no habrían sido considerados adecuadamente durante la evaluación ambiental. El tercer punto aborda la ausencia de información suficiente para evaluar los efectos del proyecto sobre el recurso hídrico. El reclamante sostiene que no existen antecedentes concluyentes para descartar impactos significativos.
Antecedentes del proceso de evaluación ambiental
Finalmente, la reclamación cuestiona la falta de evaluación de impactos respecto del sitio prioritario Peralillo. Este aspecto resulta clave dada su relevancia ambiental en la zona costera de Chañaral. El proyecto Playa Verde ingresó su Estudio de Impacto Ambiental al SEIA en 2017. En 2019, Manuel Cortés presentó una reclamación administrativa que fue acogida parcialmente, ordenándose retrotraer el proceso.
En 2021, el reclamante acudió al Tribunal Ambiental, causa Rol R-44-2021. Esta acción fue rechazada en todas sus partes. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó dicha decisión en diciembre de 2022. En febrero de 2024, la COEVA de Atacama calificó desfavorablemente el proyecto. Sin embargo, el titular presentó una nueva reclamación administrativa, que culminó con la calificación favorable otorgada por el Comité de Ministros en octubre de 2025.

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