Los vecinos de El Molle cuestionan la calificación ambiental del Proyecto Minero Arqueros, argumentando que el proceso ignoró impactos culturales y ambientales relevantes. La comunidad sostiene que la calificación ambiental del Proyecto Minero Arqueros pasó por alto antecedentes esenciales relacionados con la línea de transmisión y su posible afectación a un espacio de alto valor espiritual.
El abogado de la Junta de Vecinos El Molle, Juan Molina, presentó en audiencia los argumentos que sustentan la reclamación judicial contra la decisión del SEA. La comunidad afirma que la autoridad declaró inadmisible su solicitud sin analizar el fondo de los antecedentes presentados.
Molina explicó que la línea de transmisión afectaría sectores donde existen cementerios diaguitas. La comunidad entregó informes antropológicos y arqueológicos que acreditan el valor espiritual del área. Según la junta de vecinos, estos antecedentes no recibieron la atención adecuada durante la evaluación.
El SEA, representado por el abogado Benjamín González, defendió la legalidad del proceso y solicitó rechazar la reclamación. El servicio afirmó que la solicitud de invalidación ingresó fuera de plazo material, lo que impidió su análisis.
Además, el SEA sostuvo que la comunidad incorporó nuevas alegaciones en sede judicial. Entre ellas, mencionó la supuesta afectación a cementerios indígenas que no figuró en etapas anteriores del proceso.
Respuesta del titular del proyecto
La Compañía Minera Arqueros destacó que la línea eléctrica avanza en un 80% y que no afecta áreas visibles desde El Molle. La empresa afirmó que mantiene un buen vínculo con las comunidades y ha desarrollado acciones de seguridad vial y sensibilización.
Respecto a los cementerios indígenas, el titular aseguró que no existen registros formales que acrediten su presencia en el área intervenida por la línea de transmisión.
El Proyecto Minero Arqueros considera una mina subterránea, una planta concentradora, un depósito de relaves y obras para energía y agua. La iniciativa se ubica en las comunas de Vicuña, La Serena y Coquimbo. El proyecto contempla una inversión estimada de 200 millones de dólares y una vida útil de 21 años.
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