El transporte de sustancias peligrosas en Chile vuelve al centro del debate tras recientes accidentes en rutas. La Asociación Gremial de Industriales Químicos impulsa una propuesta para fortalecer la regulación vigente. Los incidentes ocurridos en febrero y en semanas recientes reactivaron las dudas sobre la normativa actual. El gremio considera que existen espacios claros para mejorar los estándares de seguridad.
La Asociación Gremial de Industriales Químicos analiza actualizar un estudio comparativo con regulaciones de Brasil, Argentina y el sistema europeo ADR. Este modelo destaca por su alto nivel de exigencia en transporte de materiales peligrosos. La propuesta busca integrar prácticas que la industria ya aplica de forma voluntaria. Estas medidas superan la normativa vigente en varios aspectos operacionales y de seguridad.
El gremio respalda su iniciativa en el programa Responsible Care y el Sistema de Homologación del Transporte Carretero (SHTC®). Ambos mecanismos evalúan proveedores en protocolos, equipamiento y capacitación. Según explicó Ernst Von Leyser, este sistema cuenta con más de 20 años de experiencia. Además, incluye indicadores medibles y auditorías permanentes.
El dirigente afirmó que las empresas homologadas no solo cumplen la ley. También aplican estándares que aún no exige la regulación chilena. Este enfoque preventivo resulta clave frente a riesgos asociados a sustancias peligrosas. Los accidentes recientes refuerzan la necesidad de considerar todas las variables de riesgo.
Diálogo con autoridades para actualizar normativa
ASIQUIM espera reunirse con autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El objetivo es presentar la propuesta e iniciar un diálogo técnico. El gremio sostiene que el sistema actual puede mejorar con evidencia y experiencia comparada. La industria busca aportar soluciones concretas y aplicables.
El transporte de sustancias peligrosas en Chile requiere avanzar hacia estándares más exigentes. ASIQUIM apuesta por una regulación que incorpore buenas prácticas ya probadas. La propuesta apunta a reducir riesgos y prevenir nuevos accidentes. El sector confía en que la colaboración público-privada permitirá avanzar en esta materia.
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