El Proyecto Dominga enfrenta un nuevo capítulo judicial. Andes Iron presentó un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para impugnar el rechazo del Comité de Ministros. La empresa busca revertir la decisión adoptada en enero de 2025. El Comité de Ministros rechazó nuevamente la iniciativa minera portuaria. Según Andes Iron, la resolución se basó en materias ya evaluadas. Entre ellas mencionan la algarrobilla, el pacul y el plan de contingencias ante derrames. La compañía sostiene que esos puntos fueron analizados y zanjados durante la evaluación ambiental. Además, afirma que no formaron parte de las reclamaciones revisadas por el Comité.
Andes Iron asegura que el Comité excedió sus atribuciones. A su juicio, el órgano no puede reabrir materias ya calificadas ambientalmente. También cuestiona la incorporación de fundamentos que no integraban las reclamaciones originales. La empresa afirma que esa acción vulnera principios del derecho administrativo. Entre ellos menciona la congruencia y la seguridad jurídica. Asimismo, advierte una eventual desviación de poder en la decisión adoptada. La firma recalca que el Comité debía ceñirse a los límites fijados por una sentencia previa. No correspondía efectuar una nueva revisión integral del proyecto.
El gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, defendió la acción judicial. Señaló que la justicia ambiental ya declaró ilegales dos pronunciamientos del Comité. Ducci afirmó que confían en que las instancias técnicas respalden nuevamente el Proyecto Dominga. Aseguró que no existe una nueva discusión técnica en curso. “El punto central es que se respeten las reglas del juego”, sostuvo el ejecutivo. Reiteró que la empresa busca restablecer la legalidad del procedimiento.
Recurso ante la Corte Suprema
En paralelo, Andes Iron presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile. La acción surge tras una resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ese tribunal anuló un procedimiento que pretendía obligar al Comité a cumplir un fallo favorable al proyecto. Según la empresa, esa decisión impide ejecutar una sentencia firme.
Andes Iron advierte que la situación afecta la certeza jurídica. Además, sostiene que compromete la correcta aplicación del derecho. El Proyecto Dominga vuelve así al centro del debate judicial. La definición ahora queda en manos de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema.

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