La crisis en Sernageomin por falta de especialistas marcó la investigación del accidente fatal ocurrido el 31 de julio en la División El Teniente. El organismo enfrenta un sumario por presuntas contrataciones sin perfiles técnicos adecuados, situación que aumenta las dudas sobre su capacidad para analizar fallas estructurales en minería subterránea.
La investigación interna expuso cuestionamientos a la contratación de Antonio Muñoz Caballero, exseremi de Minería y exdirector regional. Funcionarios expresaron inquietud porque su formación no incluiría geomecánica, disciplina esencial para evaluar estabilidad de labores subterráneas. El Mostrador señaló que Muñoz obtuvo la evaluación técnica más baja, pese a que Dipres había entregado recursos para contratar profesionales altamente calificados.
El déficit técnico del servicio quedó nuevamente en evidencia. Sernageomin opera con solo tres geomecánicos en su nivel central y ninguno en regiones. Más de tres mil faenas requieren fiscalización periódica, lo que demuestra un desbalance crítico entre carga operativa y capacidad técnica.
La crisis se profundizó con cuatro denuncias por maltrato, hostigamiento y presuntas represalias. Estas acciones se presentaron bajo la Ley Karin ante Contraloría y el Ministerio de Minería. Los denunciantes aseguran que enfrentan sumarios tras exponer irregularidades, lo que vulneraría las garantías que entrega la nueva normativa. Una encuesta interna de la ACHS reveló que 54,3% de los funcionarios se siente vulnerable y 63% percibe falta de justicia organizacional.
El director nacional subrogante, Andrés León Riquelme, confirmó que fue notificado del sumario. Afirmó que las irregularidades serían anteriores a su llegada. Sin embargo, el Ministerio de Minería optó por no emitir comentarios. Esta ausencia de definiciones amplifica las dudas sobre el respaldo político y técnico al servicio.
La crisis en Sernageomin por falta de especialistas revive críticas sobre la ausencia de perfiles técnicos en cargos directivos clave, especialmente en un organismo que fiscaliza operaciones de alto riesgo.
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