Codelco presentó una querella por cohecho y lavado de activos contra la exministra Ángela Vivanco, su pareja y otros involucrados, luego de que la Fiscalía revelara antecedentes contundentes. La estatal afirmó que las nuevas pruebas confirmaron un patrón de intervenciones irregulares vinculadas al caso del Consorcio Belaz Movitec.
La compañía decidió actuar tras la formalización de Migueles, Vargas y Lagos, donde la Fiscalía detalló graves irregularidades en la tramitación del recurso presentado por Movitec. La exposición confirmó sospechas que Codelco mantenía desde el inicio del proceso judicial contra el consorcio.
El Ministerio Público describió acciones coordinadas que favorecieron a CBM mediante resoluciones judiciales aceleradas y beneficios económicos sin justificación aparente.
En la querella se acusó a la exministra Ángela Vivanco de intervenir de forma reiterada para acelerar resoluciones y apoyar intereses del consorcio. La estatal sostuvo que estas acciones ocurrieron sin autorizaciones internas de la Corte Suprema y vulneraron deberes esenciales del cargo.
El documento mencionó gestiones directas para validar resoluciones sin los decretos previos requeridos por la normativa judicial vigente.
Codelco detalló depósitos en efectivo realizados a la pareja de la exministra después de que la empresa pagara miles de millones a Movitec. Parte de esos fondos llegó a la cuenta de Migueles mediante operaciones atribuidas a Yáber, Najle y Pizarro, quienes actuaron como intermediarios para ocultar el origen de los recursos.
La querella afirmó que estos flujos respaldan la existencia de beneficios económicos ilegítimos vinculados al caso.
La empresa recordó su calidad de víctima desde septiembre de 2024 y su colaboración constante con el Ministerio Público. También destacó su aporte de antecedentes y solicitudes de diligencias que fortalecieron las líneas investigativas.
Codelco señaló que la querella por cohecho y lavado de activos permitirá fortalecer su rol en la causa y exigir responsabilidades penales. La estatal afirmó que actuará con rigor para proteger los recursos públicos y asegurar transparencia.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la acción judicial el 18 de noviembre de 2025.
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