Entre los cambios aprobados destaca la extensión de dos años para implementar el Plan de Restauración de Vegas Altoandinas. La iniciativa contempla el retiro de material coluvial y la recuperación de las condiciones hídricas del ecosistema. Los informes de seguimiento mostraron avances en la recuperación ambiental. Sin embargo, la regeneración de la vegetación y las condiciones de humedad evolucionaron más lentamente de lo esperado.

La actualización incorpora acciones destinadas a fortalecer la humedad superficial de las vegas. Entre ellas destaca el rebaje manual del suelo en sectores específicos para favorecer la retención hídrica. Además, el plan considera nuevos monitoreos de las condiciones hídricas. También incluye la recuperación de casillas de extracción y evaluaciones sobre la regeneración natural de la vegetación.

La resolución establece un nuevo indicador para medir el éxito de la restauración. El objetivo exige que al menos el 60% de la superficie de la vega de salvataje presente humedad detectable entre 80 y 100 centímetros de profundidad durante la época seca. Especialistas evaluarán esta condición mediante estudios geofísicos. El mecanismo busca entregar información más precisa sobre la evolución del ecosistema intervenido. Asimismo, las partes acordaron eliminar algunas actividades de monitoreo consideradas innecesarias para los objetivos de restauración. Entre ellas figuran registros fotográficos de fauna y evaluaciones del desempeño fotosintético.

La mayoría del tribunal concluyó que los cambios mantienen el propósito original del acuerdo. Los ministros señalaron que las medidas continúan orientadas a recuperar las condiciones hídricas y la funcionalidad ecológica del sistema. La resolución también indicó que la extensión del seguimiento permitirá evaluar con mayor solidez los procesos de regeneración y recuperación ambiental. No obstante, la ministra Sandra Álvarez votó en contra. A su juicio, la propuesta carecía de fundamentos suficientes para justificar la prórroga y asegurar el cumplimiento integral de los objetivos establecidos.

La demanda por daño ambiental se inició en abril de 2019. El Consejo de Defensa del Estado acusó a Compañía Minera Nevada SpA por afectar superficies de Azorella madrepórica y vegas altoandinas por encima de lo autorizado. En mayo de 2020, las partes alcanzaron un acuerdo conciliatorio aprobado por el tribunal. El instrumento contempló medidas de restauración, conservación, monitoreo y seguimiento ambiental en el área del proyecto.

La modificación de acuerdo conciliatorio por daño ambiental en Pascua Lama forma parte del seguimiento permanente que realiza el Primer Tribunal Ambiental. El objetivo es verificar el cumplimiento efectivo de las medidas destinadas a reparar los ecosistemas afectados.

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Durante el traspaso, Alfaro destacó los principales desafíos que marcarán su gestión, tanto a nivel institucional como jurisdiccional. Entre sus prioridades mencionó el fortalecimiento de la organización interna, el impulso a un mejor clima laboral y la actualización de la planificación estratégica del tribunal.

En lo jurisdiccional, el nuevo Ministro Presidente del Primer Tribunal Ambiental señaló que uno de sus focos será mejorar los tiempos de tramitación y asegurar la calidad de las sentencias. Además, anunció que se promoverán nuevas herramientas para verificar la ejecución efectiva de los fallos.

El ministro enfatizó también la importancia de acercar la labor del tribunal a la comunidad. «Reforzar vínculos nacionales e internacionales y consolidando la presencia de la institución en la macrozona norte es clave». indicó. También mencionó los compromisos que derivan del Acuerdo de Escazú, clave para la transparencia y participación ciudadana en temas ambientales.

Alamiro Alfaro es abogado de la Universidad de Atacama y cuenta con un Master of Energy and Resources Law de la Universidad de Melbourne, Australia. Su trayectoria incluye cargos como ministro suplente del Primer Tribunal Ambiental, relator del Segundo Tribunal Ambiental y consultor en energía y recursos naturales.

Con este nombramiento, el Primer Tribunal Ambiental queda conformado por tres ministros titulares, permaneciendo vacantes los cargos de ministros suplentes.

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Acceso a la justicia ambiental fue el eje central del primer encuentro del IV Ciclo de Coloquios del Primer Tribunal Ambiental, realizado el 25 de junio. Esta iniciativa, en marcha desde 2022, busca acercar la justicia ambiental a la ciudadanía, promoviendo el diálogo entre expertos, instituciones y la comunidad.

En esta primera jornada expusieron los académicos José Ignacio Martínez (Universidad de Los Andes) y Pablo Méndez (Universidad de Chile), quienes abordaron el uso del recurso de protección en materias ambientales. La temática generó un intercambio de opiniones sobre los desafíos actuales del sistema judicial en el tratamiento de conflictos medioambientales.

Durante su intervención, la Ministra Presidenta (s) del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez, destacó la importancia de mostrar mecanismos de resolución para temas ambientales. “Este ciclo pretende visibilizar el acceso a la justicia ambiental, una preocupación constante para quienes buscan soluciones ante conflictos que afectan su entorno”, expresó.

Rumbo la de justicia ambiental

El profesor Martínez advirtió sobre la expansión del recurso de protección más allá de su diseño original, especialmente ante la falta de una jurisdicción contencioso-administrativa robusta en Chile. Planteó la necesidad de unificar el sistema judicial en materia ambiental para mayor coherencia y seguridad jurídica.

Pablo Méndez explicó que el recurso de protección sigue siendo ampliamente utilizado, incluso cuando hay tribunales ambientales especializados. A su juicio, la coexistencia de ambos sistemas ha generado contradicciones jurisprudenciales y falta de certeza para los ciudadanos.

Ambos expertos coincidieron en la urgencia de una reforma estructural que permita avanzar hacia una jurisdicción ambiental unificada. Mientras esto no ocurra, afirmaron, el recurso de protección continuará siendo un pilar en la defensa de los derechos ambientales.

Quienes deseen asistir deben completar un formulario disponible en el sitio web del Tribunal. Quienes participen en tres o más sesiones pueden solicitar un certificado de asistencia escribiendo a unidad.estudios@1ta.cl.

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