La comunidad sostiene que la evaluación ambiental presentó deficiencias en el análisis de los impactos sobre el medio humano. También afirma que el proceso debió incorporar una Consulta Indígena y las reuniones establecidas en el artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Durante la audiencia, el abogado Ladislao Quevedo, representante de la Comunidad Indígena Colla Tata Inti, sostuvo que la determinación del área de influencia del proyecto fue insuficiente. Según expuso, la línea de base del medio humano omitió información relevante para evaluar adecuadamente los efectos sobre la comunidad.

El profesional argumentó que la evaluación no consideró el proyecto de optimización de Candelaria. A su juicio, esa omisión impidió analizar los impactos acumulativos en el sector de Nantoco, donde residen integrantes de la comunidad. Asimismo, cuestionó la modelación de emisiones atmosféricas. Indicó que el estudio utilizó un solo contaminante para definir el área de influencia, pese a que cada contaminante presenta un comportamiento distinto. La reclamante también afirmó que el proyecto podría generar riesgos para la salud de la población. Además, sostuvo que la autoridad ambiental debió desarrollar un proceso de Consulta Indígena debido a los eventuales efectos sobre integrantes del pueblo Colla.

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó el rechazo de la reclamación. Su representación sostuvo que la comunidad no acreditó antecedentes suficientes para justificar su interés durante la tramitación administrativa y que se encuentra fuera del área de influencia del proyecto. La abogada Karla Figueroa explicó que la evaluación concluyó que no existen rutas de trashumancia, sitios de significación cultural ni instalaciones comunitarias dentro del área de influencia definida para el medio humano.

En consecuencia, afirmó que no correspondía realizar una Consulta Indígena ni convocar las reuniones contempladas en el artículo 86 del Reglamento del SEIA. Respecto de la calidad del aire, la representante del SEA señaló que el proyecto se emplaza en una zona saturada por material particulado MP10. Sin embargo, aseguró que los aportes proyectados permanecen bajo los niveles de significancia establecidos por la normativa ambiental.

Titular del proyecto defiende la evaluación técnica

El abogado Enrique Oyarzún, en representación de Minera Altair S.A., respaldó los argumentos del SEA. Indicó que la comunidad reclamante no mantiene una vinculación territorial suficiente con el área de influencia del proyecto. Además, sostuvo que los informes de la evaluación ambiental descartan la existencia de rutas de trashumancia reconocidas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) dentro del área evaluada.

Respecto de las emisiones atmosféricas, afirmó que los aportes de MP10 y MP2,5 proyectados por la iniciativa son marginales. A su juicio, la reclamación no acredita una ilegalidad que permita invalidar la Resolución de Calificación Ambiental favorable.

Proyecto La Farola contempla una inversión de US$260 millones

Tras concluir la audiencia, Primer Tribunal Ambiental analiza reclamación contra proyecto minero La Farola y dejó la causa en estudio para revisar los antecedentes presentados por las partes. Posteriormente, los ministros deberán adoptar un acuerdo y designar al integrante encargado de redactar la sentencia.

Características del proyecto

El proyecto Explotación y Procesamiento de Minerales La Farola se ubicará en la comuna de Tierra Amarilla, aproximadamente a 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Nantoco. La iniciativa contempla una mina a rajo abierto, una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados. Su diseño considera una producción anual de 90 mil toneladas de concentrado de cobre con contenido de oro durante 15 años de operación. La inversión estimada alcanza US$260 millones, consolidándose como uno de los proyectos mineros relevantes actualmente en evaluación judicial en la Región de Atacama.

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Las acciones judiciales fueron interpuestas por el Sindicato N.° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Ltda. y el Sindicato Interempresa de Trabajadores de Servicios. Ambas apuntan contra la resolución del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que rechazó las reclamaciones administrativas presentadas durante la evaluación del proyecto.

Sindicatos cuestionan la evaluación ambiental del proyecto

Las dos reclamaciones contienen argumentos similares y solicitan que el Tribunal Ambiental anule la resolución emitida por el SEA. Los sindicatos sostienen que la evaluación no aplicó adecuadamente las normas de calidad del aire al campamento minero. Según los reclamantes, esa decisión excluye parte del territorio nacional y a determinados grupos de personas de la aplicación de dichas normas. Además, afirman que el titular del proyecto no presentó todos los antecedentes necesarios para demostrar la inexistencia de impactos significativos contemplados en el artículo 11 de la Ley N.º 19.300.

El Tribunal Ambiental declaró admisibles ambas acciones judiciales y ordenó acumularlas en un solo procedimiento debido a que presentan fundamentos comunes. Asimismo, solicitó a la Dirección Ejecutiva del SEA un informe que explique las razones de su decisión. El organismo también deberá remitir todos los antecedentes del procedimiento administrativo relacionado con la evaluación ambiental del proyecto.

El proyecto pretende optimizar las operaciones del Conjunto Planta Concentradora Laguna Seca frente a la disminución gradual de las leyes del mineral y al aumento de su dureza. Para lograr ese objetivo, considera adecuaciones de diseño e ingeniería destinadas a mantener las capacidades operacionales previamente autorizadas. Las obras se desarrollarán dentro del área comprendida entre la correa overland proveniente del chancado primario y los espesadores de relaves y concentrado actualmente en operación.

Iniciativa contempla una inversión de US$2.351 millones

La iniciativa presentada por Minera Escondida Ltda., operada por BHP, contempla una vida útil estimada de 25,5 años y una inversión cercana a los US$2.351 millones. Entre sus componentes figura una nueva línea eléctrica asociada a las mejoras operacionales de la planta. El proyecto busca mantener la continuidad de la producción mediante la adaptación de sus instalaciones a las nuevas características del mineral extraído.

Con la admisión de las reclamaciones, el Tribunal Ambiental iniciará la revisión judicial del proceso de evaluación. El resultado determinará si la resolución que confirmó la aprobación ambiental del proyecto se ajustó a la normativa vigente o si corresponde adoptar nuevas medidas dentro del procedimiento.

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Cuestionan evaluación ambiental del proyecto

Uno de los recursos sostiene que la evaluación ambiental no consideró adecuadamente observaciones ciudadanas relacionadas con la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Además, plantea que existía información insuficiente para descartar posibles impactos sobre la calidad del aire en el área de influencia del proyecto. La Municipalidad de La Ligua argumenta que la iniciativa debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental.

Según el municipio, la operación podría generar riesgos para la salud debido a los efluentes asociados al procesamiento mineral. También advierte posibles efectos sobre la cantidad y calidad de las aguas en una zona considerada de alta sensibilidad hídrica. La acción judicial agrega posibles alteraciones a sistemas de vida de grupos humanos y la cercanía del proyecto al Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma. Por su parte, vecinos de La Ligua y Papudo sostienen que la iniciativa se emplaza en un área restringida para el desarrollo urbano según la planificación territorial vigente.

SEA defiende la aprobación del proyecto

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó al Tribunal rechazar todas las reclamaciones. El organismo afirmó que la evaluación descartó correctamente impactos significativos sobre los recursos hídricos. La entidad señaló que los estudios consideraron escenarios conservadores de extracción de agua durante toda la vida útil del proyecto. Según el SEA, la iniciativa contempla un caudal máximo de extracción de 2,52 litros por segundo. Asimismo, indicó que los análisis de calidad del aire utilizaron modelos de dispersión de contaminantes y antecedentes meteorológicos validados por la normativa ambiental.

El SEA también sostiene que el proyecto no afectará directamente el Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma ni el bosque de olivillos protegido en la Quebrada Las Tablas. Respecto a la compatibilidad territorial, el organismo argumenta que la actividad minera cuenta con respaldo legal y que la normativa sectorial prevalece sobre las restricciones establecidas en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso.

 ¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto minero Pullalli busca extender la vida útil de la Planta Pullalli por cinco años. Para ello, propone modificar el proceso actual de lixiviación agitada por un sistema de lixiviación en pilas. La iniciativa incorpora nuevas instalaciones para aglomeración, lixiviación primaria y secundaria, además de una planta de Columna de Intercambio Catiónico y una planta de elución. Con estos cambios, la empresa busca mantener la continuidad operacional de la planta procesadora de minerales auríferos.

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Los reclamantes sostienen que la evaluación no consideró adecuadamente las observaciones relacionadas con las comunidades indígenas. También afirman que existieron deficiencias en el análisis de posibles efectos sobre recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas. Según la presentación judicial, el proyecto contempla 12 sondajes de exploración minera distribuidos en nueve plataformas ubicadas en el cerro Anocarire. La iniciativa busca determinar la presencia de cobre, oro y plata en la zona.

Las organizaciones señalan que el área del proyecto se encuentra en territorios ancestrales utilizados por comunidades Aymara y Quechua. En el sector existirían caminos troperos, zonas de pastoreo, vertientes, bofedales y espacios ceremoniales. Además, destacan que el cerro Anocarire posee un valor espiritual relevante dentro de la cosmovisión Aymara. Para las comunidades, el lugar representa un “Mallku” o cerro sagrado.

Los reclamantes cuestionan que la iniciativa ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). A su juicio, el proyecto debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental debido a sus posibles efectos sobre comunidades indígenas y ecosistemas sensibles. Entre las áreas cercanas mencionadas figuran la Reserva Nacional Las Vicuñas y la Reserva de la Biosfera Lauca. Por ello, solicitaron que sus observaciones ciudadanas sean revisadas nuevamente. El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación. Asimismo, requirió al SEA un informe detallado sobre los fundamentos de su decisión y los antecedentes administrativos asociados.

Medida cautelar busca paralizar las obras

Junto con la reclamación, los solicitantes pidieron una medida cautelar para suspender los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Argumentan que el proyecto no habría evaluado de forma íntegra todas las obras necesarias para su ejecución. Según el escrito, el inicio de los trabajos podría generar impactos permanentes sobre recursos hídricos, biodiversidad y el cerro Anocarire. También advierten riesgos para áreas protegidas y actividades tradicionales de las comunidades. El tribunal resolvió solicitar antecedentes adicionales a la parte reclamada antes de pronunciarse sobre la medida cautelar.

Detalles del proyecto minero Champagne

El proyecto minero Champagne considera la ejecución de 12 sondajes mediante aire reverso o diamantina. También contempla la construcción de caminos de acceso, plataformas de perforación, piscinas de lodo e infraestructura de apoyo. La iniciativa se desarrollará durante 28 meses en un sector ubicado entre las comunas de Putre y Camarones, en la Región de Arica y Parinacota. La inversión estimada alcanza los US$18 millones.

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Los demandantes sostienen que diversos botaderos, acopios y depósitos de residuos se ubican cerca e incluso dentro del radio urbano de la comuna. Según la presentación, estos sectores contendrían material particulado fino y metales que podrían afectar distintos componentes ambientales.

La acción judicial fue presentada contra el Fisco de Chile, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado. Los demandantes afirman que las emisiones provenientes de estos depósitos habrían generado impactos sobre el aire, el suelo, la flora, la fauna y los ecosistemas locales. Además, sostienen que existirían efectos sobre la salud de la población y el entorno sociocultural de la comuna.

Entre las medidas requeridas destacan la remoción o estabilización de depósitos de residuos mineros. También solicitan el confinamiento o cobertura definitiva de estos materiales. La demanda incluye la prohibición del tránsito de camiones sin sistemas adecuados de contención de carga en sectores urbanos. Asimismo, plantea la implementación de programas permanentes de monitoreo ambiental. Los habitantes también piden estudios independientes sobre la dispersión de material particulado. Junto a ello, solicitan acciones de remediación, prevención y seguimiento ambiental.

Junto con la demanda, los habitantes solicitaron una medida cautelar innovativa. Esta buscaba realizar análisis químicos y mineralógicos de materiales presentes en sectores cercanos a Villa Estadio y la Escuela Luis Uribe. El objetivo era elaborar un informe técnico sobre la composición de estos materiales y sus eventuales riesgos ambientales y sanitarios.

Tras revisar los antecedentes, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar una presunción grave del derecho reclamado. Además, estimó que no se acreditó un riesgo actual e inminente que justificara la medida cautelar. La decisión contó con el voto disidente del ministro Marcelo Hernández Rojas. El magistrado consideró necesario solicitar mayores antecedentes antes de resolver la solicitud.

La admisión a trámite de la demanda por daño ambiental en Tierra Amarilla marca el inicio formal del proceso judicial. Durante esta etapa, el tribunal deberá determinar si existe el daño ambiental denunciado. En caso de acreditarse la existencia del daño, la instancia judicial podrá establecer responsabilidades y ordenar medidas de reparación material. El siguiente paso corresponde a la notificación de la demanda a las partes demandadas. Posteriormente, estas dispondrán de un plazo legal para presentar sus descargos y responder a la acción judicial.

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La presentación fue realizada por la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas naturales. Los reclamantes sostienen que la autoridad ambiental no consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas durante el proceso de evaluación.

Según la reclamación, el proyecto se ubicaría en una zona de alta sensibilidad ecológica. El área se encuentra próxima al Sitio Ramsar Salar de Tara y a la Reserva Nacional Los Flamencos. Los demandantes expresan preocupación por eventuales efectos sobre recursos hídricos, vegas, bofedales y ecosistemas altoandinos. También advierten posibles consecuencias para la biodiversidad presente en el territorio.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al posible impacto de las perforaciones sobre acuíferos y aguas subterráneas. Los reclamantes señalan que estas intervenciones podrían afectar vertientes que abastecen al río Jere. Este recurso hídrico resulta fundamental para las actividades agrícolas y de subsistencia que desarrolla la comunidad de Toconao. Por ello, solicitan una revisión más exhaustiva de los antecedentes técnicos.

La reclamación también plantea posibles efectos sobre especies nativas y corredores biológicos. Entre ellas destacan especies de uso etnobotánico y ceremonial para el pueblo Lickan Antai, como la tola y la chachacoma. Además, los demandantes sostienen que la iniciativa podría generar impactos sobre prácticas tradicionales vinculadas al territorio ancestral. Entre ellas mencionan el pastoreo, la trashumancia, la agricultura local y actividades ceremoniales.

Dentro de los antecedentes presentados, se menciona que la Dirección General de Aguas formuló observaciones al modelo hidrogeológico del proyecto. Estas observaciones apuntarían a incertidumbres respecto de una posible interceptación de aguas subterráneas. Los reclamantes también cuestionan las medidas propuestas por el titular. A su juicio, estas acciones tendrían un carácter reactivo y no permitirían descartar impactos ambientales significativos.

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La resolución judicial ordenó retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental. Con ello, el proyecto queda nuevamente sujeto a revisión pese a que el Comité de Ministros ratificó la aprobación en agosto de 2023. Desde SONAMI señalaron que la decisión introduce incertidumbre para el desarrollo de inversiones de largo plazo. El presidente del gremio, Jorge Riesco, afirmó que este tipo de fallos afecta la confianza del mercado.

El dirigente sostuvo que la resolución “envía una señal preocupante para el clima de inversión en Chile”. También indicó que el proyecto ya había superado instancias técnicas y regulatorias durante los últimos años. Riesco agregó que la iniciativa registra inversiones sobre los US$3.200 millones y se encuentra prácticamente terminada. Sin embargo, el proceso vuelve a enfrentar incertidumbre regulatoria.

SONAMI afirmó que el caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades para desarrollar proyectos estratégicos en Chile. El gremio criticó la excesiva permisología y la falta de estabilidad en los procesos de autorización ambiental. Según Riesco, resulta complejo compatibilizar el impulso al crecimiento económico con decisiones que revisan permisos ya otorgados por el Estado. En ese contexto, llamó a fortalecer la confianza y la certeza jurídica para incentivar nuevas inversiones. El fallo Collahuasi también reactivó el debate sobre la competitividad minera del país. Diversos actores del sector han advertido que la incertidumbre regulatoria puede retrasar iniciativas clave para la economía nacional.

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El fallo del Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la RCA otorgada al proyecto de expansión de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. La sentencia determinó que el SEA deberá revisar nuevamente antecedentes relacionados con impactos sociales y marítimos. La causa se originó tras reclamaciones presentadas por comunidades y representantes locales. Los reclamantes cuestionaron aspectos de la evaluación ambiental desarrollada durante la tramitación del proyecto.

La iniciativa representa una inversión ejecutada cercana a US$3.200 millones. El proyecto incluye obras de infraestructura y una planta desaladora que actualmente se encuentra en etapa final de construcción. La expansión busca fortalecer la capacidad productiva de Collahuasi. Además, pretende asegurar suministro hídrico mediante infraestructura de desalinización para las operaciones mineras.

La minera sostuvo que el proceso ambiental cumplió la normativa vigente y los procedimientos institucionales. La empresa recordó que el Comité de Ministros rechazó en agosto de 2023 las reclamaciones presentadas contra la iniciativa. Ese pronunciamiento respaldó la continuidad del proyecto antes de la resolución judicial. Sin embargo, el tribunal acogió posteriormente los recursos tras más de 800 días de tramitación.

Desde la compañía afirmaron que la evaluación ambiental respetó los estándares exigidos por la legislación chilena. También indicaron que actualmente analizan las acciones legales que podrían presentar frente a la sentencia. El caso vuelve a instalar el debate sobre los procesos de evaluación ambiental de grandes proyectos mineros en Chile. La decisión podría generar nuevas revisiones regulatorias para futuras iniciativas de inversión en el sector.

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Durante la audiencia, el abogado del reclamante sostuvo que la aprobación no descartó adecuadamente los impactos del proyecto. Argumentó que existen dudas sobre el manejo de arenas de retorno y su efecto en la salud de la población. El representante legal indicó que faltan antecedentes sobre contaminantes presentes en suelo, agua y aire. También señaló que la autoridad sanitaria detectó deficiencias en la evaluación de exposición.

El reclamante criticó que las medidas ambientales se concentran solo en el arsénico. Afirmó que se requiere mayor análisis sobre otros metales presentes en los relaves. Además, cuestionó la falta de criterios objetivos basados en normas de referencia. También advirtió sobre posibles impactos en el Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo.

El SEA defendió la legalidad de la resolución. Su representante aseguró que el Comité de Ministros evaluó antecedentes suficientes sobre riesgos sanitarios. El organismo indicó que no se ha comprobado un impacto significativo asociado al manejo de residuos. Añadió que el proyecto incorpora compromisos ambientales que reducen la concentración de arsénico en más de un 50%. También afirmó que los estudios descartan efectos relevantes sobre recursos hídricos. Según el SEA, la empresa cumplió con las exigencias técnicas durante la evaluación.

Defensa de la compañía

La defensa de la compañía señaló que el proyecto mejorará la condición ambiental del área. Explicó que la playa ya presenta relaves históricos y residuos de eventos pasados. El abogado indicó que el proceso permitirá recuperar cobre y devolver arenas tratadas. Estas tendrían menor concentración de contaminantes que las actuales. Recalcó que el proyecto no agrava la situación existente. Afirmó que contribuirá a una recuperación ambiental progresiva del sector.

Tras la audiencia, el proyecto minero Playa Verde en Chañaral quedó en estado de acuerdo. El tribunal designó al ministro Marcelo Hernández Rojas para redactar la sentencia. La resolución será clave para definir el futuro de la iniciativa. El fallo abordará los cuestionamientos sobre evaluación ambiental y riesgos asociados.

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El fallo concluyó que durante la tramitación se vulneró el principio de contradictoriedad. Según la resolución, el titular no conoció oportunamente cuestionamientos técnicos surgidos desde observaciones ciudadanas. Eso impidió que la empresa respondiera antes de la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable. Para el Tribunal, esa omisión afectó garantías básicas del proceso administrativo.

La sentencia también cuestionó actuaciones posteriores del SEA. Tras una orden de la Corte Suprema para abrir una nueva etapa de participación ciudadana, surgieron observaciones sobre polvo, ruido y vibraciones. Sin embargo, la autoridad utilizó esos antecedentes para rechazar el proyecto. No entregó una instancia equivalente para que la empresa aclarara o complementara información técnica.

Qué implica la decisión judicial

El fallo obliga al SEA a retomar la evaluación en una etapa previa al informe consolidado. Esto permitirá revisar nuevamente antecedentes y otorgar oportunidades formales de respuesta al titular. La sentencia recordó además que el proyecto había contado inicialmente con una RCA favorable. Por ello, exigió mayor claridad de la autoridad al modificar una evaluación previa positiva.

El Proyecto Minero San Cayetano corresponde a una faena de cobre ubicada en el sector El Reloj, comuna de Ovalle, provincia del Limarí. Busca ampliar la producción desde 5.000 toneladas mensuales hasta 60.000 toneladas por mes. Para concretarlo, considera ampliar botaderos de estériles y construir uno nuevo. También incluye una planta de procesamiento, un depósito de relaves filtrados e instalaciones de apoyo. La iniciativa abarca cerca de 320 hectáreas. Además, contempla una inversión superior a US$20 millones.

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La medida sigue vigente en términos generales. Sin embargo, el tribunal autorizó actividades específicas sujetas a estrictas condiciones ambientales y técnicas. La suspensión total se mantendrá hasta la sentencia definitiva o un eventual acuerdo entre las partes.

La resolución permite ejecutar labores de nivelación en áreas intervenidas durante 2024 y 2025. También autoriza el retiro y transporte de ulexita acopiada en un sector ubicado fuera del Monumento Natural Salar de Surire. Estas acciones deberán respetar todas las restricciones ya impuestas por el tribunal. La autorización tiene carácter excepcional y busca resguardar el entorno ambiental del sitio Ramsar.

El tribunal aprobó un régimen acotado de explotación solicitado por la empresa, aunque introdujo modificaciones relevantes. Las faenas solo podrán desarrollarse entre mayo y noviembre de 2026. La extracción se limitará a 12 polígonos ubicados fuera de zonas de alta sensibilidad ambiental. Además, el máximo total autorizado será de 320.000 toneladas, con un tope mensual de 55.000 toneladas.

La resolución mantuvo el límite de 60 centímetros de profundidad de extracción. También prohibió expresamente alumbrar agua durante las operaciones. Antes de iniciar trabajos, Quiborax deberá presentar en 10 días hábiles un plan actualizado. El documento deberá incluir medidas técnicas, ambientales y reportes mensuales de cumplimiento.

Nuevas exigencias ambientales

La empresa también deberá entregar una delimitación precisa de los polígonos autorizados. A ello se suma la caracterización topográfica, ambiental, de fauna y avifauna del sector. El tribunal exigió además identificar impactos, riesgos operacionales y el detalle técnico de la nivelación posterior a la extracción. Estas medidas apuntan a reforzar el control sobre Quiborax en Salar de Surire. La fiscalización quedará en manos de SERNAGEOMIN, CONAF y la Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota. Los organismos supervisarán el cumplimiento de todas las exigencias impuestas.

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La primera reclamación fue presentada por la comunidad indígena Wayra Mata Tujsi. Su representación sostuvo que las opiniones entregadas en reuniones del proceso ambiental debían considerarse como observaciones ciudadanas formales. Según su defensa, la autoridad debió responder esas inquietudes y permitir la reclamación administrativa posterior. Además, expusieron preocupación por emisiones de polvo, avance de la mina subterránea y riesgos sísmicos en Tierra Amarilla.

Postura del Servicio de Evaluación Ambiental

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó esos argumentos. Su defensa indicó que la comunidad no presentó observaciones ciudadanas dentro de los plazos legales. El organismo afirmó que el proceso participativo cumplió la normativa vigente. También señaló que el proyecto incorporó medidas para reducir emisiones de MP10 y MP2,5. Entre ellas figuran humectación de caminos, asfaltado, monitoreo ambiental y recambio de buses diésel por eléctricos. Además, se suman programas de salud y plantación de árboles nativos.

La segunda reclamación fue presentada por la comunidad Colla Tata Inti del Pueblo de Los Loros. Su abogado cuestionó la evaluación de impactos en salud, agricultura y presencia de receptores humanos cercanos al proyecto. También planteó falta de consulta indígena y ausencia de análisis sobre cambio climático. El SEA respondió que no existían condiciones legales para activar dicho proceso. La empresa Minera Candelaria respaldó la postura del servicio. Sostuvo que los impactos ambientales fueron evaluados y que existen medidas suficientes de mitigación.

La iniciativa contempla una inversión de US$600 millones. Además, proyecta una vida útil de 23 años. El plan considera explotar cerca de 350 millones de toneladas adicionales. La operación aumentaría su extracción promedio anual a 384.000 toneladas diarias de material.

Tras las audiencias, las reclamaciones contra proyecto Mina Candelaria quedaron en estudio. El tribunal solicitó nuevos antecedentes a distintas instituciones antes de emitir su resolución final. La decisión será clave para el futuro del proyecto y para la relación entre minería, comunidades y regulación ambiental en Atacama.

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Durante la audiencia, la defensa de Quiborax sostuvo que la continuidad de la cautelar genera graves efectos económicos. Según su representación legal, la situación incluso podría llevar a una liquidación forzada de la compañía. La empresa pidió autorizar un régimen acotado entre mayo y diciembre. También propuso una extracción limitada de mineral en 12 polígonos específicos dentro del área desafectada del salar.

La defensa señaló que las operaciones solicitadas cuentan con antecedentes conocidos y fiscalización pública. Además, afirmó que existen experiencias previas sobre sus efectos en la fauna protegida del sector. Quiborax insistió en que ha desarrollado actividades autorizadas durante años. Por ello, considera viable una fórmula parcial mientras avanza el juicio principal.

Representantes de comunidades cercanas al Salar de Surire apoyaron la solicitud de la empresa. Indicaron que la paralización ha provocado impactos económicos, sociales y culturales en el territorio. Los sindicatos de trabajadores también expusieron sus argumentos. Señalaron que la incertidumbre afecta a empleados y familias vinculadas a la operación minera.

El Consejo de Defensa del Estado rechazó el alzamiento parcial. Afirmó que cualquier actividad extractiva podría afectar el equilibrio integral del ecosistema y los procesos reproductivos de flamencos presentes en la zona. El organismo sostuvo que no existen nuevos antecedentes científicos suficientes para modificar la cautelar. También advirtió que la propuesta actual amplía plazos y zonas respecto de autorizaciones anteriores.

La demanda fue presentada en julio de 2024. El CDE solicitó medidas de reparación y compensación por un presunto daño ambiental en el Salar de Surire. Entre los impactos mencionados figuran alteraciones en topografía, escorrentía superficial, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Desde entonces, la suspensión de faenas de Quiborax se ha mantenido con revisiones periódicas.

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La comunidad sostiene que la evaluación presenta vicios de legalidad relevantes. Entre ellos, menciona falencias en el análisis del transporte y sus impactos. También advierte posibles efectos en la calidad del aire y en la salud de la población. A esto se suma la omisión de información sobre comunidades indígenas cercanas.

El recurso acusa la ausencia de un proceso de consulta indígena. Además, señala que no se realizaron reuniones obligatorias establecidas en el Reglamento del SEIA. La acción también cuestiona la falta de evaluación adecuada de impactos acumulativos. Esto incluye la relación con el proyecto Minera Candelaria en la zona.

Uno de los puntos centrales de la reclamación contra proyecto minero La Farola es el componente aire. La comunidad afirma que no se consideraron adecuadamente los niveles de contaminación existentes. Tierra Amarilla se encuentra declarada zona saturada por material particulado MP10. Según el recurso, existen antecedentes de superación de MP10 y MP2,5 en el sector. Esto habría impedido establecer una línea de base confiable. Además, dificultaría descartar efectos ambientales significativos.

Características del proyecto minero La Farola

El proyecto se ubicará en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama. Considera una explotación a rajo abierto en una superficie de 353 hectáreas. La iniciativa contempla una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados. Se proyecta una producción anual de 90.000 toneladas de concentrado de cobre con oro. La operación tendrá una vida útil estimada de 17 años. Además, considera una inversión de 260 millones de dólares.

El Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación a trámite. Con esto, solicitó los informes que respaldan la resolución impugnada. Este proceso marcará el inicio de la revisión judicial del proyecto. El avance del caso podría influir en el desarrollo de la iniciativa minera en la región.

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El equipo multidisciplinario estuvo encabezado por el ministro presidente Alamiro Alfaro Zepeda. También participó el ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas. La inspección se enmarca en las causas R-134-2025 y R-136-2025. Ambas reclamaciones cuestionan la resolución que declaró el humedal urbano del Río Loa. El tribunal ordenó la visita para verificar antecedentes aportados por las partes. Durante el recorrido, los ministros revisaron distintos puntos del cauce. También observaron sectores incluidos en el polígono definido por la autoridad ambiental.

Reclamación de SQM

La segunda reclamación corresponde a la causa R-136-2025. En ella, SQM cuestiona la fundamentación técnica de la declaratoria. La empresa sostiene que no se acreditaron de forma adecuada los criterios exigidos para delimitar el ecosistema. También cuestiona la identificación de vegetación hidrófita en ciertos sectores.

Según la compañía, en algunos puntos existiría vegetación helófita típica de riberas. Además, afirma que no se verificó de manera suficiente la presencia de suelos hídricos. La empresa también cuestiona la continuidad ecológica del polígono declarado. A su juicio, no existen antecedentes que demuestren que todo el sector corresponde a un solo humedal.

Próximos pasos del proceso judicial

Tras la inspección, el tribunal elaborará un acta con las observaciones realizadas. Ese documento formará parte del análisis jurídico y científico de las causas. Los antecedentes recopilados se discutirán en acuerdo por los ministros. Posteriormente, el tribunal dictará la sentencia definitiva sobre las reclamaciones. La decisión definirá el futuro de la declaratoria del humedal urbano del Río Loa. El fallo también aclarará los criterios técnicos aplicados en su delimitación.

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La sentencia analizó primero la solicitud de invalidación presentada ante la autoridad ambiental. El tribunal determinó que esa acción resultaba procedente según el artículo 53 de la Ley N° 19.880. Sin embargo, el rechazo de dicha invalidación no influyó en la decisión final de la COEVA. La comisión regional analizó igualmente los argumentos de fondo presentados por los reclamantes. El fallo también indicó que los reclamantes infringieron el principio de congruencia. Plantearon argumentos sobre contribuciones climáticas y objetivos de desarrollo sostenible no presentados durante la evaluación administrativa. A pesar de ello, el tribunal revisó esas materias para efectos de mayor claridad jurídica.

El tribunal concluyó que el Proyecto Central Termoeléctrica Andina biomasa fue descrito correctamente durante la evaluación ambiental. Además, determinó que no existía obligación de informar el origen específico de la biomasa utilizada como combustible. La sentencia también estableció que el proyecto no contraviene la normativa de cambio climático. Esa legislación no se encontraba vigente cuando el proyecto ingresó al proceso de evaluación ambiental.

Asimismo, el tribunal destacó que la iniciativa se alinea con el plan de descarbonización de la matriz energética nacional. Este plan promueve el retiro o reconversión de centrales a carbón en distintas comunas del país, entre ellas Mejillones.

El fallo descartó impactos significativos sobre el componente aire. La reconversión energética permitirá reducir de forma relevante las emisiones contaminantes. El tribunal también determinó que no existe ilegalidad asociada al artículo 19 inciso tercero de la Ley N° 19.300. Eventuales errores u omisiones fueron subsanados durante la evaluación ambiental. Estas correcciones se reflejaron en los informes favorables de los organismos con competencia ambiental.

El proyecto busca reemplazar completamente el carbón por biomasa en las unidades generadoras de la Central Termoeléctrica Andina (CTA) y la Central Termoeléctrica Hornitos (CTH). La biomasa se transportará desde instalaciones portuarias mediante el sistema de correas existente hacia la actual cancha de carbón de ambas centrales. La iniciativa contempla una inversión estimada de 12 millones de dólares.

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Andes Iron asegura que el Comité excedió sus atribuciones. A su juicio, el órgano no puede reabrir materias ya calificadas ambientalmente. También cuestiona la incorporación de fundamentos que no integraban las reclamaciones originales. La empresa afirma que esa acción vulnera principios del derecho administrativo. Entre ellos menciona la congruencia y la seguridad jurídica. Asimismo, advierte una eventual desviación de poder en la decisión adoptada. La firma recalca que el Comité debía ceñirse a los límites fijados por una sentencia previa. No correspondía efectuar una nueva revisión integral del proyecto.

El gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, defendió la acción judicial. Señaló que la justicia ambiental ya declaró ilegales dos pronunciamientos del Comité. Ducci afirmó que confían en que las instancias técnicas respalden nuevamente el Proyecto Dominga. Aseguró que no existe una nueva discusión técnica en curso. “El punto central es que se respeten las reglas del juego”, sostuvo el ejecutivo. Reiteró que la empresa busca restablecer la legalidad del procedimiento.

Recurso ante la Corte Suprema

En paralelo, Andes Iron presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile. La acción surge tras una resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ese tribunal anuló un procedimiento que pretendía obligar al Comité a cumplir un fallo favorable al proyecto. Según la empresa, esa decisión impide ejecutar una sentencia firme.

Andes Iron advierte que la situación afecta la certeza jurídica. Además, sostiene que compromete la correcta aplicación del derecho. El Proyecto Dominga vuelve así al centro del debate judicial. La definición ahora queda en manos de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema.

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Los vecinos sostuvieron que la construcción podría generar un daño ambiental y patrimonial irreversible. Afirmaron que una torre de alta tensión se ubicaría sobre el cementerio. Respaldaron su argumento en un informe del Consejo de Monumentos Nacionales. Indicaron que existiría riesgo de destrucción de mausoleos de piedra y ajuares funerarios. El tribunal concluyó que no se acreditaron los requisitos para una medida innovativa. Señaló que no se demostró la existencia de peligro inminente.

La resolución indicó que los solicitantes no aportaron pruebas suficientes. No presentaron antecedentes que confirmaran vestigios arqueológicos bajo la Torre N°13. El fallo cuestionó la metodología del informe del Consejo. Indicó que no cumplió los estándares técnicos ni incluyó medios de verificación. El tribunal también señaló que no se acreditó la ejecución actual de obras en el área específica. Tampoco se probaron trabajos de mantención u operación en ese punto.

La decisión fue adoptada por mayoría. Votaron a favor el ministro presidente Alamiro Alfaro Zepeda y la ministra Sandra Álvarez Torres. El ministro Marcelo Hernández Rojas votó en contra. Señaló que el análisis ambiental debe considerar los principios preventivo y precautorio. Propuso una suspensión acotada al área en controversia. También sugirió solicitar antecedentes técnicos complementarios al CMN.

El tribunal analiza actualmente la reclamación presentada por la Junta de Vecinos El Molle. La acción se dirige contra la aprobación ambiental del proyecto. El Proyecto Minero Arqueros pertenece a Compañía Minera Arqueros S.A. La empresa es filial de Nittetsu Mining Co..

Características del Proyecto Minero Arqueros

El proyecto contempla la extracción y procesamiento de cobre. Operará mediante una mina subterránea y una planta concentradora. Incluye un depósito de relaves y obras complementarias. Considera sistemas de agua, energía y acceso vial. La iniciativa contempla una inversión de 200 millones de dólares. Su vida útil proyectada alcanza 21 años. Con esta resolución, el tribunal rechaza suspensión del Proyecto Minero Arqueros y mantiene vigentes las obras mientras se dicta sentencia definitiva.

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El fallo sostiene que se aplicó un procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley. Según el tribunal, ello generó un vicio procesal que debía corregirse de oficio. La resolución cita criterios de la Corte Suprema. Indica que la sentencia previa no declaró derechos a favor de ninguna de las partes. Además, el dictamen aclara que la decisión anterior no confirmó ni revocó lo resuelto por el Comité de Ministros. Solo ordenó un nuevo pronunciamiento del órgano administrativo.

El proyecto, valorado en US$ 2.500 millones, busca instalar faenas mineras y un puerto en La Higuera. La ubicación genera controversia por su cercanía a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Organizaciones ambientales y comunidades locales han manifestado oposición. Argumentan riesgos para la biodiversidad y el ecosistema marino. En enero del año pasado, el Comité de Ministros rechazó la iniciativa de forma unánime. Posteriormente, Andes Iron recurrió al tribunal ambiental para impugnar esa decisión.

Alcance del nuevo fallo

La Corte anuló todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental en la causa R-95-2023. Declaró improcedente aplicar la resolución en alzada por su naturaleza jurídica. El tribunal enfatizó que la sentencia anterior no puso fin a la instancia. Tampoco resolvió el fondo del asunto sobre la calificación ambiental. Este nuevo escenario profundiza la incertidumbre regulatoria. El proyecto Dominga revés judicial mantiene abierto un conflicto que combina desarrollo minero y protección ambiental.

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El reclamante sustenta su acción en cuatro cuestionamientos centrales. El primero apunta a la falta de descarte de impactos sobre la salud de la población. Señala deficiencias en la evaluación de contaminantes y en el análisis de riesgos presentado por el titular. El segundo eje se relaciona con los impactos sobre el medio marino. El reclamante advierte debilidades en el modelo hidrogeológico utilizado para predecir los efectos del proyecto. También cuestiona la ausencia de antecedentes que descarten la interacción entre el acuífero costero y el mar.

A ello se suma la falta de evaluación del riesgo de rebalses o filtraciones bajo condiciones extremas. Según la reclamación, estos escenarios no habrían sido considerados adecuadamente durante la evaluación ambiental. El tercer punto aborda la ausencia de información suficiente para evaluar los efectos del proyecto sobre el recurso hídrico. El reclamante sostiene que no existen antecedentes concluyentes para descartar impactos significativos.

Antecedentes del proceso de evaluación ambiental

Finalmente, la reclamación cuestiona la falta de evaluación de impactos respecto del sitio prioritario Peralillo. Este aspecto resulta clave dada su relevancia ambiental en la zona costera de Chañaral. El proyecto Playa Verde ingresó su Estudio de Impacto Ambiental al SEIA en 2017. En 2019, Manuel Cortés presentó una reclamación administrativa que fue acogida parcialmente, ordenándose retrotraer el proceso.

En 2021, el reclamante acudió al Tribunal Ambiental, causa Rol R-44-2021. Esta acción fue rechazada en todas sus partes. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó dicha decisión en diciembre de 2022. En febrero de 2024, la COEVA de Atacama calificó desfavorablemente el proyecto. Sin embargo, el titular presentó una nueva reclamación administrativa, que culminó con la calificación favorable otorgada por el Comité de Ministros en octubre de 2025.

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