Con el fallo, Andes Iron inició la contratación de empresas de ingeniería para optimizar su propuesta y asegurar que las obras cumplan con estándares modernos de eficiencia y sostenibilidad. La inversión comprometida alcanza los US$ 3.000 millones, superando los US$ 2.500 millones inicialmente previstos, mientras que la tramitación de los aproximadamente 700 permisos sectoriales continúa de manera activa, de los cuales unos 200 son esenciales para comenzar trabajos iniciales como caminos, cierres perimetrales y campamentos. Se estima que solo este proceso demandará alrededor de US$ 20 millones.

Reactivación del proyecto

El nuevo escenario judicial también activó la búsqueda de un socio estratégico que aporte capital y sostenibilidad al proyecto. Para ello, Andes Iron contrató un banco de inversión. Actualmente, la propiedad del proyecto se distribuye entre la familia Délano Méndez (80%), José Antonio Garcés Silva (15%) y ejecutivos de la firma (5%). Según la compañía, el fallo “aumentó significativamente el valor del proyecto al tiempo que disminuyó su riesgo”, en un contexto marcado por la alta demanda de minerales y precios al alza.

Dominga contempla la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de cobre como subproducto durante 22 años. Su magnetita, con más del 67% de hierro y baja presencia de impurezas, es altamente valorada en la producción de acero verde y en tecnologías limpias como turbinas eólicas y motores eléctricos. El proyecto se divide en tres áreas: Dominga, con rajos a cielo abierto, planta de procesos y depósitos de relaves; Lineal, con acueductos, concentraducto, línea de transmisión y caminos; y Totoralillo, que concentra la planta desalinizadora y el sistema de embarque.

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