Los reclamantes sostienen que el proyecto constituye una modificación sustantiva de una faena minera previamente evaluada mediante un EIA. Por ello, consideran que su tramitación mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no cumplió con las exigencias establecidas en la normativa vigente.

Agricultores cuestionan la evaluación ambiental del proyecto

La reclamación también plantea que las observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación no fueron debidamente consideradas por la autoridad ambiental. Entre los principales cuestionamientos figuran los eventuales impactos sobre los recursos hídricos y los sistemas de agua potable rural de la Quebrada de Cárcamo. Asimismo, los reclamantes objetan la extensión de las operaciones mineras hasta 2037 y el cambio del método de explotación. Además, sostienen que la evaluación no analizó de manera adecuada los impactos acumulados del proyecto. También cuestionan la delimitación del área de influencia, al considerar que dejó fuera comunidades, actividades agrícolas y otros usuarios del territorio.

Solicitan anular la aprobación ambiental

Los agricultores argumentan que existían antecedentes técnicos de la Dirección General de Aguas (DGA) que impedían descartar efectos ambientales significativos. En ese contexto, solicitaron al tribunal dejar sin efecto tanto la resolución del director ejecutivo del SEA que rechazó los recursos administrativos como la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto.

Como alternativa, pidieron que la iniciativa sea sometida a una nueva evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental, incorporando una línea de base actualizada y una evaluación de impactos acumulados. También solicitaron que el SEA vuelva a pronunciarse sobre los recursos administrativos, considerando todas las observaciones formuladas e incorporando antecedentes del procedimiento sancionatorio seguido por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Tribunal solicita informe al Servicio de Evaluación Ambiental

Junto con la reclamación, los recurrentes solicitaron medidas cautelares para suspender los efectos de los actos administrativos impugnados mientras se resuelve el fondo del caso. Tras admitir la acción, el Primer Tribunal Ambiental requirió al Servicio de Evaluación Ambiental un informe que explique los fundamentos de su decisión. Además, solicitó el expediente administrativo completo relacionado con la evaluación del proyecto. Las medidas cautelares permanecen en análisis y serán resueltas en una próxima etapa del proceso judicial.

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La iniciativa fue presentada durante una mesa de trabajo con titulares de unidades fiscalizables sujetas a la Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico (D.S. N°28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente). La actividad permitió explicar el funcionamiento del piloto y resolver consultas técnicas sobre su implementación.

El piloto denominado «Reporte de Muestreo Isocinético de Material Particulado» reemplazará de forma gradual las planillas tradicionales por un sistema digital centralizado. La plataforma permitirá ingresar y administrar la información ambiental de manera más eficiente. Además, SISAT facilitará la revisión de los antecedentes entregados por las empresas. Esto reducirá tiempos de procesamiento y fortalecerá el seguimiento del cumplimiento ambiental.

Mayor calidad y trazabilidad de la información

La herramienta incorpora mecanismos automáticos de aseguramiento de la calidad de los datos mediante controles QA/QC. Estos procesos verificarán los parámetros técnicos de los muestreos de material particulado antes de su validación. Asimismo, el sistema consolidará el historial de los informes emitidos por las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA). Esta función mejorará la trazabilidad, la transparencia y el acceso a la información para la autoridad ambiental.

En esta primera etapa participan diversas instalaciones reguladas por el decreto vigente. Entre ellas se encuentran las fundiciones de Codelco en Caletones, Chuquicamata y Potrerillos, además de Glencore Altonorte y Anglo American Chagres. El piloto considera el reporte mensual de muestreos de material particulado en procesos específicos. Entre ellos destacan los secadores y los hornos de limpieza de escoria, equipos regulados por la normativa vigente.

Implementación gradual hasta 2027

La SMA estableció un periodo de marcha blanca que se extenderá hasta el reporte correspondiente a diciembre de 2026. Durante este proceso, las empresas podrán realizar pruebas de carga, familiarizarse con la plataforma y resolver aspectos técnicos antes de su entrada en régimen. La implementación definitiva comenzará en 2027. Con este avance, la SMA busca modernizar la fiscalización ambiental mediante herramientas digitales que permitan mejorar la calidad de los datos, fortalecer la transparencia y agilizar el seguimiento del cumplimiento de las normas de emisión en la industria de fundiciones de cobre.

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Como parte de la investigación, equipos de la Superintendencia realizaron actividades de fiscalización para levantar información sobre los hechos ocurridos. El organismo revisará los antecedentes técnicos entregados por la empresa y los resultados obtenidos durante las inspecciones. Esta información permitirá determinar si las acciones ejecutadas se ajustan a las obligaciones establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental y en la legislación vigente. Asimismo, la SMA continuará coordinando el trabajo con Sernageomin y la Dirección General de Aguas para analizar los efectos derivados del evento climático y las medidas implementadas por la operación minera.

Próximas acciones dependerán de los resultados de la investigación

La Superintendencia informó que evaluará de manera permanente la adopción de las acciones administrativas que resulten necesarias durante el desarrollo de la investigación.  La contingencia ocurrió en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país y que ha generado precipitaciones, remociones en masa y problemas de conectividad en distintos sectores de la provincia del Choapa. Con esta investigación, la SMA busca verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y determinar si corresponde adoptar medidas adicionales para resguardar el medio ambiente y la seguridad de las operaciones.

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Los equipos fiscalizadores recorrieron distintos sectores de la faena para evaluar el desarrollo de las obras de cierre. Durante la visita, revisaron las condiciones operacionales y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los instrumentos aprobados. Sernageomin inspeccionó especialmente las condiciones de seguridad de la mina. Además, comprobó la implementación de las medidas contempladas en los planes de cierre Temporal, Parcial y Definitivo aplicables a las diferentes áreas de Pascua Lama.

La revisión permitió confirmar que las actividades avanzan conforme a la planificación vigente. Los fiscalizadores no detectaron desviaciones relevantes respecto de las acciones comprometidas en los planes de cierre. Asimismo, verificaron que las instalaciones permanecen estables durante la ejecución de las obras. Esta condición resulta fundamental para garantizar la seguridad de la faena mientras continúa el proceso de cierre definitivo.

Sernageomin informó que estas inspecciones forman parte de su programa permanente de fiscalización. El organismo supervisa la correcta ejecución de los planes de cierre autorizados y el cumplimiento de la normativa que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. El trabajo coordinado con la SMA fortalece el seguimiento técnico del proceso. Además, permite verificar que cada etapa se desarrolle conforme a las exigencias ambientales y de seguridad establecidas por la legislación vigente.

Las fiscalizaciones también buscan asegurar que las medidas comprometidas se implementen oportunamente. De esta forma, las autoridades resguardan la estabilidad de las instalaciones y promueven un cierre seguro y ordenado de la faena Pascua Lama.

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La instancia se desarrolló en el marco del Convenio de Colaboración firmado entre ambos organismos el 22 de enero de 2026. El acuerdo busca fortalecer la coordinación institucional y generar conocimiento técnico para implementar la nueva institucionalidad ambiental. La SMA presentó criterios técnicos y experiencias adquiridas en procesos de fiscalización vinculados a biodiversidad y áreas protegidas. Además, revisó mecanismos de trabajo conjunto para evitar duplicidad de funciones.

Durante el taller, los equipos analizaron procedimientos aplicables cuando el SBAP ejecute labores encomendadas por la SMA. Estas acciones se desarrollan bajo programas y subprogramas de fiscalización establecidos en el artículo 109 de la Ley N° 21.600. La jornada también incluyó casos prácticos relacionados con medidas de biodiversidad y cumplimiento normativo. Los participantes revisaron experiencias concretas y criterios utilizados en procesos de control ambiental.

La superintendenta (s) de la SMA, Claudia Pastore, destacó la importancia de compartir experiencia institucional en materias de fiscalización ambiental. Según explicó, el trabajo coordinado fortalece la eficiencia y mejora la aplicación de la normativa vigente. “Nuestra prioridad es compartir la experiencia adquirida por esta Superintendencia respecto de la fiscalización ambiental en áreas protegidas”, señaló la autoridad. Pastore agregó que el intercambio técnico permite unificar criterios de fiscalización y fortalecer el cumplimiento ambiental. También destacó la relevancia de avanzar en mecanismos de coordinación entre organismos públicos.

La apertura del taller estuvo a cargo de la División de Fiscalización de la SMA y del Departamento de Evaluación Ambiental del SBAP. Ambas jefaturas resaltaron la importancia de la colaboración técnica para enfrentar desafíos asociados a biodiversidad y protección ambiental. La actividad reafirmó el compromiso institucional entre ambas entidades. Además, consolidó acciones orientadas a fortalecer la fiscalización ambiental en áreas protegidas y ecosistemas sensibles.

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El procedimiento sancionatorio comenzó tras una formulación de cargos presentada por la SMA. La autoridad imputó ocho infracciones ambientales a Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. Cuatro infracciones fueron calificadas como graves. Las otras cuatro recibieron la categoría de leves.

Entre los cargos graves figuran incumplimientos vinculados a la protección de formaciones vegetacionales azonales. También se identificaron deficiencias en el rescate y relocalización de la vizcacha. La SMA detectó incumplimientos en las medidas de protección de la golondrina de mar. Además, la autoridad advirtió una afectación potencial a individuos de la especie vegetal Metharme lanata.

Los cargos leves se relacionan con medidas de control de tránsito vehicular. También incluyen deficiencias en la protección del gaviotín chico. La autoridad ambiental detectó observaciones en el seguimiento de recursos bentónicos y ecosistemas marinos. Asimismo, constató retrasos en la actualización de información en el Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental.

El Programa de Cumplimiento de Teck Quebrada Blanca incorpora acciones enfocadas en la protección ambiental. Entre ellas destacan monitoreos en sectores sensibles y delimitaciones físicas de flora singular. La compañía también actualizará el plan de rescate y relocalización de la vizcacha. El plan considera mejoras metodológicas, capacitación de personal y medidas de enriquecimiento de hábitat.

En materia de fauna protegida, el programa incluye controles de iluminación en instalaciones mineras. Además, contempla estudios conductuales, rescate, liberación y seguimiento de ejemplares de golondrina de mar. La iniciativa también incorpora estudios y monitoreo ampliado para proteger la especie vegetal Metharme lanata. A ello se suman medidas de resguardo físico e inducciones ambientales para trabajadores.

SMA suspende procedimiento sancionatorio

La SMA informó que la aprobación del programa suspende el procedimiento sancionatorio. Sin embargo, la autoridad podrá reanudarlo si detecta incumplimientos en las acciones comprometidas. El monto total comprometido por la empresa asciende a $9.849.345.711. La ejecución de las medidas será supervisada por la autoridad ambiental durante los próximos dos años.

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Sin embargo, los datos reportados no reflejarían la realidad. La información habría sido alterada antes de su entrega a la autoridad. Esta situación motivó una revisión interna solicitada por el directorio a comienzos de este año. El caso tomó fuerza durante la junta de accionistas realizada a puertas cerradas. En la instancia participaron autoridades de gobierno en representación del accionista estatal. La discusión se centró en las implicancias legales y regulatorias del caso.

La ministra de Energía confirmó la existencia de contingencias legales ambientales consideradas graves. También instruyó la elaboración de un informe en un plazo máximo de 15 días. Este documento deberá aclarar los hechos y definir responsabilidades. El directorio evalúa acciones administrativas, regulatorias y penales. El proceso se aceleró tras la llegada del nuevo presidente del directorio en marzo.

En paralelo, la estatal reportó utilidades por US$ 848 millones en 2025. El 70% de esos recursos se transferirá al Estado. A pesar de estos resultados, la atención se centró en la controversia ambiental. El caso abre un nuevo foco de escrutinio sobre la gestión ambiental de la empresa. Además, refuerza la importancia de la transparencia en la entrega de información regulatoria.

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La SMA determinó que 105 establecimientos cumplen los criterios para el pago del impuesto en 2025. Esta cifra representa el 43,03% de los 244 recintos identificados previamente como potenciales afectos. El proceso consideró los reportes trimestrales entregados por las empresas. Con estos datos, la autoridad verificó el cumplimiento de los umbrales establecidos. A nivel nacional, la mayor concentración de establecimientos se ubica en la Región del Biobío, con un 20,95%. Le siguen Valparaíso con un 14,29% y Antofagasta con un 13,33%. Esta distribución refleja la presencia de actividades industriales intensivas en emisiones. También evidencia los desafíos territoriales en materia de gestión ambiental.

Fiscalización y monitoreo

Desde la SMA destacaron que el Impuesto Verde busca reducir emisiones y promover el desarrollo sostenible. La institución cumple un rol clave en la fiscalización de las fuentes emisoras. Para ello, utiliza el Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT). Esta herramienta permite monitorear emisiones y mantener actualizado el catastro de establecimientos.

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La Comunidad Indígena Ancestral Wara Quebrada Chañaral Alto y sus Quebrados Copiapó-Diego de Almagro lidera la reclamación. El objetivo principal es que se declare ilegal la resolución de la SMA. Además, los reclamantes solicitan que la autoridad ambiental inicie un procedimiento sancionatorio. Argumentan que la decisión de archivar la denuncia carece de fundamentos sólidos.

La reclamación apunta a la Resolución Exenta N° 469. Según el documento, la SMA reconoció que se ejecutaron obras sin evaluación ambiental previa. Sin embargo, la entidad concluyó que no existía mérito suficiente para sancionar. La comunidad considera que esa interpretación contradice el principio preventivo. También sostiene que la infracción ocurre al ejecutar proyectos sin ingreso previo al SEIA. Este criterio no depende de la existencia de efectos ambientales actuales.

La denuncia original se ingresó en marzo de 2022. Se relaciona con el proyecto “Sistema Global de Saneamiento” vinculado a Kinross La Coipa. Según la comunidad, este sistema debía someterse a evaluación ambiental. La obligación estaba establecida en la Resolución de Calificación Ambiental N° 117/2015. El proyecto considera la gestión de aguas en Quebrada La Coipa. La comunidad afirma que no se evaluó antes del cierre o paralización de la faena minera.

Tribunal solicita antecedentes a la SMA

Con la admisión a trámite, el tribunal dio inicio al proceso judicial. Como primera medida, solicitó a la SMA un informe detallado. Este documento deberá explicar los fundamentos del archivo de la denuncia. La información será clave para resolver la controversia. El avance de la reclamación ambiental proyecto Kinross La Coipa podría sentar un precedente. El caso pone en discusión la aplicación del principio preventivo en materia ambiental.

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La SMA ejecuta actividades de fiscalización en instalaciones que cesaron operaciones o que avanzan en procesos de reconversión. El objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la normativa vigente. Entre las acciones realizadas se incluyen inspecciones en terreno y requerimientos de información a proyectos energéticos. Estas medidas se aplican tanto a instalaciones con Resolución de Calificación Ambiental como a proyectos sin este instrumento.

Actualmente, el proceso de retiro de centrales contempla 28 unidades termoeléctricas a carbón en el país. De ellas, 14 unidades ya dejaron de operar en distintas regiones de Chile. Este escenario genera nuevas etapas de control ambiental. Las autoridades deben supervisar el cierre adecuado de las instalaciones y el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias.

Rol de la SMA en el proceso de descarbonización

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, destacó la importancia del monitoreo institucional. Señaló que el proceso de descarbonización representa un desafío relevante para el país. Según explicó, el cierre o reconversión de centrales debe cumplir plenamente las exigencias ambientales vigentes. Por ello, la institución reforzó sus acciones de seguimiento y fiscalización. La fiscalización a termoeléctricas en descarbonización permite asegurar que las instalaciones cumplan sus compromisos ambientales. También garantiza un proceso ordenado hacia una matriz energética más limpia.

La SMA continuará coordinando acciones con distintas instituciones públicas. Entre ellas se encuentran los ministerios de Energía y del Medio Ambiente. Este trabajo busca fortalecer el seguimiento del proceso de transición energética en Chile. Además, apunta a asegurar el cumplimiento de los compromisos climáticos de largo plazo. El avance del Plan de Descarbonización constituye uno de los pilares de la política energética nacional. La supervisión ambiental resulta clave para garantizar una transición responsable y sostenible.

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La plataforma funcionará como punto de entrada para los procedimientos administrativos entre la SMA y los titulares de proyectos. Este proceso se enmarca en la Ley de Transformación Digital del Estado. En esta primera etapa se incorporó el módulo de Requerimientos de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Este procedimiento permite gestionar de manera electrónica los casos de eventual elusión al sistema. Los titulares podrán acceder mediante Clave Única. Desde el portal podrán cargar antecedentes y dar seguimiento a los expedientes.

El sistema asegura la integridad del expediente electrónico. También permite rastrear cada modificación realizada durante el procedimiento administrativo. Este modelo fortalece la transparencia institucional. Además, mejora el acceso a información relevante dentro de la institucionalidad ambiental.

Información ambiental integrada

La nueva plataforma integra distintos sistemas institucionales de la SMA. Esto permite consolidar información clave sobre los proyectos regulados. Los titulares con RCA vigente registrados en el Sistema de Administración de Regulados podrán visualizar antecedentes relevantes. Entre ellos destacan unidades fiscalizables, fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios y reportes de seguimiento ambiental. Esta integración reduce la dispersión de la información. También facilita la gestión del cumplimiento ambiental por parte de las empresas.

La SMA proyecta que la plataforma se convierta en el principal canal de interacción con el sector regulado. En los próximos años se incorporarán nuevas funcionalidades. Entre las mejoras se consideran alertas de plazos de reporte, notificaciones automáticas y recordatorios de obligaciones ambientales. También se ampliará la visualización de datos y el acceso a procedimientos administrativos. El objetivo es evolucionar hacia un panel de gestión activa que apoye la prevención de incumplimientos.

Transformación digital

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, destacó que la plataforma mejora la relación con los regulados y fortalece el acceso a la información ambiental. Según explicó, la herramienta entrega mayor claridad sobre obligaciones y el estado de los procedimientos administrativos. Con esta iniciativa, la institución refuerza su compromiso con la transformación digital del Estado. Además, promueve mayor transparencia y una gestión ambiental más eficiente.

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El procedimiento se originó en el marco del Programa de Fiscalización de la SMA. Inspectores de la Oficina Regional de Antofagasta realizaron una inspección junto a la Dirección Regional de Sernageomin. Durante la actividad, el equipo revisó el área de acopio del proyecto minero. El análisis incluyó imágenes satelitales actualizadas y verificación en terreno.

Los antecedentes permitieron constatar que el acopio de minerales se extiende aproximadamente sobre 22 hectáreas. Esta superficie se ubica al sureste del proyecto, fuera del área evaluada ambientalmente. El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental aprobada en 2015. Considera la explotación de minerales oxidados de cobre mediante rajo abierto.

Las operaciones incluyen perforación, tronadura, carguío y transporte. El mineral extraído se traslada a la planta de beneficio de la Mina Mantos de la Luna para su procesamiento. Tras el análisis técnico y legal, la SMA formuló un cargo leve contra Compañía Minera Gatico S.A. La autoridad verificó que el acopio de minerales marginales excede el área autorizada en la RCA. La jefa regional de la SMA en Antofagasta, Javiera de la Cerda, destacó la importancia del cumplimiento ambiental. Señaló que los proyectos deben ajustarse estrictamente a lo aprobado durante su evaluación.

Plazos para descargos

El titular del proyecto dispone de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento. Además, cuenta con 22 días hábiles para formular sus descargos ante la SMA. El procedimiento busca corregir los incumplimientos ambientales Mina Mantos del Pacífico y asegurar el respeto a la normativa vigente.

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Durante el proceso, la SMA imputó dos infracciones ambientales, de las cuales una quedó configurada. Esta infracción fue clasificada como leve, según los criterios establecidos por la autoridad. La SMA constató que la empresa no ejecutó el monitoreo obligatorio de recursos hídricos. En específico, no existen registros del pozo de exploración LE-1, exigidos por el Estudio de Impacto Ambiental. Además, la empresa no realizó las mediciones de caudal en la vertiente La Cascada con la frecuencia requerida. Ambas obligaciones estaban establecidas en el EIA del proyecto El Tesoro y en un programa de monitoreo adicional.

El proyecto Minera Centinela integra dos líneas de explotación minera. La primera corresponde al mineral oxidado, originalmente desarrollado como Minera El Tesoro. Esta operación produce cátodos de cobre y utiliza agua extraída desde un acuífero ubicado en Calama. La segunda línea corresponde al mineral sulfurado, iniciado como Minera Esperanza. En este último caso, el suministro hídrico proviene del mar, a través de una planta desaladora. Ambos proyectos operan de manera integrada bajo la actual titularidad.

Plazos para el pago de la sanción

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), la empresa deberá pagar la multa en la Tesorería General de la República. El plazo máximo es de diez días hábiles, contados desde la notificación oficial de la sanción. La SMA reiteró la importancia del cumplimiento ambiental en proyectos de alta complejidad. La resolución refuerza el rol fiscalizador del organismo en el seguimiento de compromisos ambientales del sector minero. La SMA multa a Minera Centinela en un contexto de mayor exigencia regulatoria.

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El convenio establece un mecanismo formal para compartir datos relevantes entre ambas entidades públicas. Este intercambio se realizará exclusivamente para el cumplimiento de las funciones legales de cada organismo.

El acuerdo considera de manera expresa el cumplimiento de la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada. La información compartida mantendrá carácter confidencial y no podrá destinarse a fines distintos a los establecidos.

Solo tendrán acceso a los datos aquellos funcionarios que deban conocerlos por razones funcionales. El convenio impide expresamente el acceso de terceros no autorizados.

En el marco del convenio, el SII proporcionará a la SMA la nómina de empresas y personas naturales y jurídicas. También entregará información cartográfica digital relevante para las labores fiscalizadoras.

Estos antecedentes permitirán a la SMA agilizar fiscalizaciones y procedimientos sancionatorios. Además, potenciarán investigaciones vinculadas a eventuales casos de elusión de la normativa ambiental.

La SMA entregará al SII información sobre unidades fiscalizables y fiscalizaciones realizadas. También remitirá antecedentes de procedimientos sancionatorios y beneficios económicos obtenidos por infracciones ambientales.

Fortalecimiento de la fiscalización pública

El convenio incluye el traspaso de datos sobre emisiones anuales de establecimientos afectos al impuesto verde. Este tributo está regulado en el artículo 8° de la Ley N°20.780, modificada por la Ley 21.210.

La superintendenta Marie Claude Plumer destacó que el convenio mejora la eficiencia de los procesos fiscalizadores. Subrayó que la coordinación interinstitucional fortalece el rol del Estado.

Por su parte, la directora (s) del SII, Carolina Saravia, valoró el acceso a información de mayor calidad. Señaló que permitirá focalizar la fiscalización en quienes incumplen deliberadamente sus obligaciones.

Este convenio de colaboración SMA y SII representa un avance concreto en el control ambiental y tributario. La iniciativa refuerza la capacidad del Estado para proteger el interés público.

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La Superintendencia del Medio Ambiente inició el proceso sancionatorio contra Enap Refinerías S.A., titular de la operación ubicada en la comuna de Concón, en la región de Valparaíso. La refinería descarga residuos líquidos tratados al mar y opera un sistema aprobado ambientalmente desde 2003, que incluye un emisario submarino en la Bahía de Concón.

El establecimiento mantiene un Programa de Monitoreo fijado por la SMA desde marzo de 2020. Este programa define los parámetros de control y los límites máximos que debe cumplir la descarga de residuos industriales líquidos.

El equipo fiscalizador de la SMA en Valparaíso realizó una inspección el 22 y 23 de octubre de 2024. Los funcionarios instalaron un equipo de monitoreo por 24 horas para tomar muestras del efluente. La DIRECTEMAR apoyó el operativo. En paralelo, el titular ejecutó su propio monitoreo como contramuestra.

Los fiscalizadores solicitaron los tres últimos informes de autocontrol de la empresa. También pidieron información sobre la mantención reciente del sistema de tratamiento de residuos y los resultados de las muestras tomadas por el propio titular durante la fiscalización.

Tras analizar los antecedentes, la SMA presentó dos cargos leves. El primero se relaciona con la superación reiterada de los límites máximos permitidos en el programa de monitoreo. Las muestras revelaron excedencias de hidrocarburos volátiles en varios meses de 2023 y entre junio y noviembre de 2024.

El segundo cargo apunta al exceso en el volumen de descarga registrado en agosto de 2024. Esta superación incumple los valores autorizados para la operación.

La jefa regional de la SMA, María José Silva, destacó los riesgos ambientales de estos incumplimientos. Señaló que una descarga con contaminantes sobre lo permitido puede afectar el ecosistema marino. También recordó la importancia de cumplir los límites establecidos por la normativa.

Desde ahora, Enap cuenta con 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento. Además, tiene 22 días hábiles para ingresar sus descargos ante la autoridad. Con estas acciones, la SMA formula cargos por manejo de residuos industriales en un proceso que continuará bajo supervisión ambiental.

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El acuerdo une a la SMA con el Regulation, Evaluation, and Governance Lab (RegLab), reconocido por su liderazgo en innovación regulatoria. Ambas instituciones trabajarán en soluciones que aumenten la cobertura de monitoreo, automatizen análisis y optimicen procesos de fiscalización ambiental. El objetivo es promover el cumplimiento normativo mediante decisiones informadas basadas en datos.

El convenio considera el desarrollo de algoritmos y modelos que apoyen la priorización de fiscalizaciones según riesgo. También busca identificar patrones que permitan anticipar posibles impactos ambientales. Estas herramientas facilitarán respuestas oportunas y una gestión más eficiente de los recursos disponibles.

La SMA impulsará el fortalecimiento de capacidades internas mediante metodologías avanzadas de evaluación de políticas públicas. Además, se incorporarán actividades de transferencia tecnológica para mejorar la efectividad institucional. La superintendenta Marie Claude Plumer destacó que la SMA ha reforzado sus acciones disuasivas con tecnología y que esta alianza consolida ese camino.

Plumer afirmó que el uso de analítica avanzada permitirá agilizar trámites, optimizar recursos y aumentar la trazabilidad en la toma de decisiones. La iniciativa avanzará con altos estándares de privacidad, seguridad y transparencia.

Desarrollo tecnológico

Daniel Ho, director del RegLab de Stanford, valoró los avances digitales de la SMA y señaló que el acuerdo habilita pilotos para mejorar el análisis de denuncias y crear sistemas de alerta temprana. También destacó la importancia de promover transparencia y explicabilidad en todas las soluciones tecnológicas.

El convenio tendrá una duración inicial de tres años. Su trabajo comenzará con dos focos principales: la estrategia de acuicultura y el apoyo a la gestión de denuncias. Estas líneas incluyen el uso de imágenes satelitales, monitoreo en línea de variables ambientales y generación de modelos para decisiones críticas. De esta manera, el monitoreo preventivo ambiental se fortalecerá con innovación aplicada y cooperación internacional.

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El proyecto extrae carbonato de calcio mediante un rajo abierto y una planta de conminución, con una capacidad superior a cinco mil toneladas mensuales. La operación también incluye un botadero de estériles vinculado a la extracción.

Las denuncias alertaron sobre daños en terrenos de pastoreo y vertientes intervenidas con estériles. La comunidad también acusó polvo en suspensión, ruidos molestos, tala de árboles y posibles riesgos para la salud de habitantes del sector.

Los fiscalizadores revisaron información del titular y de Sernageomin, lo que permitió confirmar que el proyecto no contaba con permiso ambiental. La SMA pidió el ingreso al SEIA en agosto de 2021 y reiteró la orden en octubre de 2021 y enero de 2022, sin obtener respuesta.

La autoridad formuló dos cargos graves. El primero se relaciona con ejecutar un proyecto minero de alta capacidad sin someterlo a evaluación ambiental. El segundo corresponde al incumplimiento del requerimiento de ingreso al SEIA, reiterado tres veces.

El jefe regional de la SMA en Coquimbo, Gonzalo Parot, destacó que el titular ignoró el requerimiento pese al riesgo ambiental del proyecto. La autoridad remarcó la obligación de someter estas iniciativas al SEIA para asegurar una operación responsable.

El titular arriesga multas de hasta 10 mil UTA, además de la clausura o la revocación del permiso ambiental. Desde la notificación, cuenta con 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y con 22 días hábiles para presentar descargos.

Con esta formulación de cargos, la SMA refuerza su rol fiscalizador y exige que los proyectos mineros cumplan las normativas ambientales vigentes. La SMA formula cargos graves contra Minera Piedras Blancas por riesgos que afectan el ecosistema local y a la comunidad.

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La Superintendencia del Medio Ambiente informó que ambos titulares del proyecto —Sociedad Minera Tres Valles en Liquidación Concursal SpA y Compañía Minera Tres Valles SpA— enfrentan cargos relacionados con el funcionamiento de distintas instalaciones productivas. Estas instalaciones forman parte de una unidad fiscalizable que integra procesos subterráneos y a rajo abierto.

El proyecto considera la producción de cátodos de cobre provenientes de la mina subterránea Papomono y la mina a rajo abierto Don Gabriel. Además, contempla la compra de minerales a terceros. Su operación integra métodos de lixiviación en pilas, extracción por solventes y electroobtención, todos orientados a generar cobre fino.

Dentro de la infraestructura evaluada por el organismo destacan dos depósitos de estériles, uno para cada mina. La faena también cuenta con una planta de chancado de cuatro etapas con tambor aglomerador y canales para desviar aguas lluvias. Estos elementos buscan mantener continuidad operacional y reducir impactos sobre el entorno.

La unidad fiscalizable incluye una pila de lixiviación estática en Quilmenco. Esta instalación posee estanques, piscinas de emergencia, sistemas de bombeo y un mecanismo de riego por goteo para el tratamiento del mineral. A ello se suma una nave de electro–depositación utilizada para obtener los cátodos finales.

La SMA sostuvo que las diferencias detectadas podrían afectar el desempeño ambiental del proyecto. El proceso sancionatorio continuará con la revisión de antecedentes técnicos y posibles descargos por parte de la empresa.

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El procedimiento se inició tras una inspección ambiental a la Planta de Cloruro de Litio y la revisión de reportes de seguimiento ingresados por la empresa en el sistema de la SMA. También se consideraron antecedentes remitidos por la minera en respuesta a requerimientos durante la investigación.

Uno de los cargos formulados en marzo de 2022 se refiere a la sobre extracción de salmuera. En el período comprendido entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, Albemarle alcanzó un caudal medio anual de 452,3 L/s, cifra que superó el límite autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°21/2016).

El segundo cargo dice relación con el incumplimiento de medidas comprometidas en el PAT del Sector de Alerta Acuífero en marzo de 2021. Entre las faltas detectadas se encuentra no notificar a la SMA la activación del indicador BA-07 y no reducir de forma inmediata las extracciones de salmuera durante febrero y marzo de ese año.

Ambas infracciones fueron catalogadas como graves en la resolución sancionatoria. La multa a Albemarle por infracciones ambientales en el Salar de Atacama se enmarca en los esfuerzos de la autoridad por fortalecer la fiscalización de proyectos mineros que operan en ecosistemas sensibles del norte de Chile.

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La Superintendencia del Medio Ambiente formuló dos cargos leves contra la Empresa Nacional de Minería (Enami), titular del proyecto Panulcillo. Estas infracciones están relacionadas con la ausencia de certificación que acredite el cumplimiento de los límites de emisión de las luminarias industriales y con el incumplimiento del límite de intensidad luminosa permitida.

Durante la inspección, la SMA constató que la empresa no contaba con los certificados requeridos. Además, encontró inconsistencias entre la información declarada y los productos identificados, detectando también diferencias entre el catastro de luminarias (32) y las facturas de compra (38). A esto se suma que, mediante fotografías, se verificó una instalación con ángulos de inclinación que superaban los límites de emisión establecidos en la normativa.

El jefe regional de la SMA en Coquimbo, Gonzalo Parot, explicó que estas infracciones son relevantes porque la contaminación lumínica puede afectar la salud de las personas, la biodiversidad y la calidad de los cielos nocturnos.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), las infracciones leves pueden sancionarse con amonestación escrita o con multas que van desde una hasta mil unidades tributarias anuales (UTA).

En este escenario, Enami Panulcillo dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para efectuar sus descargos. La resolución final dependerá de la evaluación de la SMA y de la aplicación de las medidas correctivas correspondientes.

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