La reclamación sostiene que el proyecto podría afectar el sistema hídrico del Salar de Tara. El sector cuenta con protección ambiental por su condición de Reserva Nacional y Sitio Ramsar. La comunidad indígena argumentó que la evaluación ambiental presentó deficiencias en la caracterización hidrogeológica. Además, acusó falta de información y errores metodológicos en el modelo utilizado por la empresa minera. Según el escrito, estas falencias impedirían descartar impactos sobre vegas, bofedales y acuíferos protegidos. La organización también afirmó que el proceso no consideró correctamente los efectos sobre sus sistemas de vida y costumbres.

La reclamación expone que el análisis ambiental omitió elementos culturales y espirituales asociados al territorio. También cuestionó la caracterización del componente humano durante la evaluación del proyecto. La comunidad solicitó al tribunal dejar sin efecto la resolución del SEA. Además, pidió mantener la calificación ambiental desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa. Junto con ello, solicitó la suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La petición incluye la paralización temporal de las obras mientras el tribunal analiza los antecedentes. El Primer Tribunal Ambiental informó que esa solicitud cautelar sigue en evaluación. La resolución sobre esa materia se conocería durante los próximos días.

El proyecto de exploración minera en San Pedro de Atacama busca determinar la presencia de cuerpos mineralizados en profundidad. Para ello, considera la perforación de ocho sondajes mediante el método de diamantina. La iniciativa contempla una inversión cercana a un millón de dólares. Además, considera una ejecución aproximada de tres meses. El proyecto se emplazará a unos 120 kilómetros al este de San Pedro de Atacama. La empresa pretende caracterizar y delimitar concentraciones minerales en la zona de exploración.

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La medida sigue vigente en términos generales. Sin embargo, el tribunal autorizó actividades específicas sujetas a estrictas condiciones ambientales y técnicas. La suspensión total se mantendrá hasta la sentencia definitiva o un eventual acuerdo entre las partes.

La resolución permite ejecutar labores de nivelación en áreas intervenidas durante 2024 y 2025. También autoriza el retiro y transporte de ulexita acopiada en un sector ubicado fuera del Monumento Natural Salar de Surire. Estas acciones deberán respetar todas las restricciones ya impuestas por el tribunal. La autorización tiene carácter excepcional y busca resguardar el entorno ambiental del sitio Ramsar.

El tribunal aprobó un régimen acotado de explotación solicitado por la empresa, aunque introdujo modificaciones relevantes. Las faenas solo podrán desarrollarse entre mayo y noviembre de 2026. La extracción se limitará a 12 polígonos ubicados fuera de zonas de alta sensibilidad ambiental. Además, el máximo total autorizado será de 320.000 toneladas, con un tope mensual de 55.000 toneladas.

La resolución mantuvo el límite de 60 centímetros de profundidad de extracción. También prohibió expresamente alumbrar agua durante las operaciones. Antes de iniciar trabajos, Quiborax deberá presentar en 10 días hábiles un plan actualizado. El documento deberá incluir medidas técnicas, ambientales y reportes mensuales de cumplimiento.

Nuevas exigencias ambientales

La empresa también deberá entregar una delimitación precisa de los polígonos autorizados. A ello se suma la caracterización topográfica, ambiental, de fauna y avifauna del sector. El tribunal exigió además identificar impactos, riesgos operacionales y el detalle técnico de la nivelación posterior a la extracción. Estas medidas apuntan a reforzar el control sobre Quiborax en Salar de Surire. La fiscalización quedará en manos de SERNAGEOMIN, CONAF y la Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota. Los organismos supervisarán el cumplimiento de todas las exigencias impuestas.

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La decisión permite a Quiborax continuar con la carga y retiro de material de ulexita previamente acopiado y extraer el mineral en seis polígonos fuera del área Ramsar. Estas labores solo podrán realizarse entre junio y noviembre de 2025.

El régimen aprobado exige que Quiborax presente un Plan de Trabajo detallado. Este debe incluir información sobre los sectores de explotación, medidas de protección a la fauna, límites de profundidad de extracción y protocolos de monitoreo ambiental.

La resolución se basa en el principio de proporcionalidad y en el cambio de circunstancias respecto al contexto que motivó la paralización total. El Tribunal valoró que la nueva propuesta limita los impactos y permite compatibilizar la actividad con la protección ambiental.

El plan deberá contemplar la delimitación precisa de los polígonos, la identificación de impactos, medidas de manejo ambiental y un sistema de verificación en zonas de exclusión. También debe incluir información topográfica, ambiental y un inventario actualizado de fauna.

Entre las condiciones exigidas está el respeto a zonas de nidificación de flamencos, distancia mínima respecto a cuerpos de agua permanentes, nivelación inmediata del terreno y monitoreo ambiental continuo con mecanismos de paralización si se detecta fauna sensible.

Dentro del área protegida correspondiente al Monumento Natural, la paralización total de actividades de Quiborax sigue vigente. No se permite ninguna operación extractiva en este sector para resguardar los valores ecológicos del sitio Ramsar.

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En 2024, el CDE demandó a Quiborax por causar daños ambientales irreparables tras 37 años de explotación minera en el Salar de Surire, un ecosistema de alto valor ecológico y parte del sitio Ramsar protegido por la legislación ambiental chilena. Entre los impactos denunciados se incluye la afectación de especies vulnerables como los flamencos andinos.

Como parte del proceso, en septiembre de 2024 el Primer Tribunal Ambiental dictó la paralización total de las faenas dentro de los límites del sitio Ramsar. Posteriormente, en octubre del mismo año, autorizó de forma parcial labores de nivelación en las zonas intervenidas durante ese año. En diciembre, el tribunal extendió las medidas cautelares sobre las operaciones de la empresa hasta el 31 de mayo de 2025.

El Primer Tribunal Ambiental ha citado a las partes para una nueva audiencia de modificación de medidas cautelares, programada para el próximo 13 de mayo, con el objetivo de revisar el régimen de restricciones vigente.

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