El Primer Tribunal Ambiental acogió la presentación a trámite. Ahora, la SMA deberá informar los fundamentos de su decisión y acompañar los antecedentes correspondientes. Los reclamantes impugnan el rechazo de un recurso de reposición presentado ante la autoridad ambiental. Ese recurso buscaba reconsiderar una resolución vinculada al cumplimiento de una sentencia dictada en 2020.

El origen de las sanciones contra Pascua Lama

Los antecedentes se remontan al procedimiento sancionatorio iniciado por la SMA contra el proyecto. La autoridad investigó diversos incumplimientos asociados a su ejecución. En enero de 2018, la SMA puso término al procedimiento y aplicó más de 30 sanciones. Posteriormente, esa decisión llegó al Primer Tribunal Ambiental mediante distintas reclamaciones.

El 17 de septiembre de 2020, el tribunal confirmó la clausura definitiva de Pascua Lama. La resolución afectó al proyecto de Compañía Minera Nevada SpA., filial de Barrick. Sin embargo, el tribunal acogió parcialmente una reclamación de la empresa. Por ello, ordenó reclasificar los cargos 4 y 23.2 y determinar sus consecuencias.

Los cargos que la SMA reclasificó

El cargo 4 se relacionó con la intervención de 13,8 hectáreas de Azorella madreporica. Según los antecedentes, la superficie intervenida superó lo autorizado. En tanto, el cargo 23.2 se vinculó con la intervención de 2,16 hectáreas de vegas altoandinas. También abordó deficiencias en una obra asociada a un canal perimetral.

En noviembre de 2024, la SMA dictó una resolución para cumplir la sentencia. La autoridad reclasificó ambos cargos como infracciones leves. Además, decidió no imponer nuevas sanciones por esos hechos. La SMA aplicó el principio de prohibición de la reformatio in peius para adoptar esa determinación.

Este principio busca impedir que una persona quede en una situación más desfavorable tras recurrir contra una decisión. La autoridad consideró que nuevas sanciones perjudicarían adicionalmente a la empresa.

Agricultores cuestionan decisión de la SMA

Los agricultores solicitaron reconsiderar la resolución mediante un recurso de reposición. Sin embargo, la SMA rechazó esa solicitud en junio de 2026. Esa decisión dio origen a la nueva reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental. Los demandantes cuestionan tanto la falta de nuevas sanciones como la reclasificación de los cargos.

Según los reclamantes, el principio aplicado por la SMA no permitiría eximir de sanción ambos cargos. También sostienen que la sentencia de 2020 ordenó determinar las sanciones respectivas. Los agricultores cuestionan que la autoridad calificara las infracciones como leves. A su juicio, las resoluciones no fundamentan adecuadamente por qué descartaron una clasificación más grave.

La presentación también cuestiona el cumplimiento de la sentencia respecto del Sistema de Manejo de Aguas. Los reclamantes sostienen que continúa vigente la obligación de construir este sistema. Los agricultores discrepan de la interpretación realizada por la SMA. La autoridad consideró que la clausura definitiva sería incompatible con implementar íntegramente esa infraestructura.

Por ello, los reclamantes solicitan al tribunal revocar la resolución impugnada. También piden ordenar a la SMA cumplir la sentencia de septiembre de 2020 conforme a derecho. La causa ya fue admitida a tramitación. El Primer Tribunal Ambiental solicitó a la SMA informar los fundamentos de su decisión y entregar los antecedentes respectivos.

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