Los reclamantes sostienen que el proyecto constituye una modificación sustantiva de una faena minera previamente evaluada mediante un EIA. Por ello, consideran que su tramitación mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no cumplió con las exigencias establecidas en la normativa vigente.

Agricultores cuestionan la evaluación ambiental del proyecto

La reclamación también plantea que las observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación no fueron debidamente consideradas por la autoridad ambiental. Entre los principales cuestionamientos figuran los eventuales impactos sobre los recursos hídricos y los sistemas de agua potable rural de la Quebrada de Cárcamo. Asimismo, los reclamantes objetan la extensión de las operaciones mineras hasta 2037 y el cambio del método de explotación. Además, sostienen que la evaluación no analizó de manera adecuada los impactos acumulados del proyecto. También cuestionan la delimitación del área de influencia, al considerar que dejó fuera comunidades, actividades agrícolas y otros usuarios del territorio.

Solicitan anular la aprobación ambiental

Los agricultores argumentan que existían antecedentes técnicos de la Dirección General de Aguas (DGA) que impedían descartar efectos ambientales significativos. En ese contexto, solicitaron al tribunal dejar sin efecto tanto la resolución del director ejecutivo del SEA que rechazó los recursos administrativos como la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto.

Como alternativa, pidieron que la iniciativa sea sometida a una nueva evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental, incorporando una línea de base actualizada y una evaluación de impactos acumulados. También solicitaron que el SEA vuelva a pronunciarse sobre los recursos administrativos, considerando todas las observaciones formuladas e incorporando antecedentes del procedimiento sancionatorio seguido por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Tribunal solicita informe al Servicio de Evaluación Ambiental

Junto con la reclamación, los recurrentes solicitaron medidas cautelares para suspender los efectos de los actos administrativos impugnados mientras se resuelve el fondo del caso. Tras admitir la acción, el Primer Tribunal Ambiental requirió al Servicio de Evaluación Ambiental un informe que explique los fundamentos de su decisión. Además, solicitó el expediente administrativo completo relacionado con la evaluación del proyecto. Las medidas cautelares permanecen en análisis y serán resueltas en una próxima etapa del proceso judicial.

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La iniciativa corresponde a una modificación del proyecto Prospección Minera Ternera, aprobado ambientalmente en junio de 2021 mediante la RCA N°146/2021. Al igual que la primera etapa, el objetivo principal consiste en reducir las incertidumbres geológicas mediante campañas de sondajes. Para ello, el proyecto considera la construcción de 300 plataformas de perforación, cada una de 15 por 15 metros, junto con una red de caminos interiores que permitirá acceder a los distintos puntos de exploración. Las nuevas obras se emplazarán en un área contigua a la Fase I, lo que permitirá extender las actividades actualmente en ejecución.

Regularización de instalaciones y continuidad operacional

Además de los nuevos sondajes, la iniciativa contempla la regularización de la instalación de faenas. Esta modificación responde al cambio de ubicación y superficie respecto del proyecto original. Asimismo, el titular reemplazará la planta de tratamiento de aguas servidas considerada inicialmente por una fosa séptica, la que se instalará junto a las dependencias operacionales. Según los antecedentes presentados al SEA, el cambio de ubicación fue necesario porque el área aprobada originalmente no cuenta con el espacio suficiente para albergar todas las instalaciones requeridas para la operación.

Debido a que la Fase I ya se encuentra operativa, la empresa utilizará la misma mano de obra durante la ejecución de la nueva etapa. De esta manera, la ampliación permitirá mantener la continuidad de las labores de prospección sin modificar la dotación existente. La compañía indicó que la iniciativa busca profundizar el conocimiento geológico del área antes de avanzar hacia eventuales etapas posteriores de desarrollo.

Área de intervención abarcará hasta 1.869 hectáreas

La Prospección Minera Ternera Fase II considera un polígono de prospección de 1.869 hectáreas como superficie máxima de intervención. El titular explicó que la incertidumbre geológica propia de esta etapa impide definir anticipadamente la ubicación exacta de cada plataforma de sondaje y de los caminos internos. Por esa razón, la DIA incorpora el área total donde podrían ejecutarse las actividades de exploración. Con esta aprobación ambiental, el proyecto podrá continuar con las siguientes etapas de planificación para ampliar las labores de prospección minera en la Región de Atacama y generar nueva información geológica sobre el potencial del yacimiento.

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La comunidad sostiene que la evaluación ambiental presentó deficiencias en el análisis de los impactos sobre el medio humano. También afirma que el proceso debió incorporar una Consulta Indígena y las reuniones establecidas en el artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Durante la audiencia, el abogado Ladislao Quevedo, representante de la Comunidad Indígena Colla Tata Inti, sostuvo que la determinación del área de influencia del proyecto fue insuficiente. Según expuso, la línea de base del medio humano omitió información relevante para evaluar adecuadamente los efectos sobre la comunidad.

El profesional argumentó que la evaluación no consideró el proyecto de optimización de Candelaria. A su juicio, esa omisión impidió analizar los impactos acumulativos en el sector de Nantoco, donde residen integrantes de la comunidad. Asimismo, cuestionó la modelación de emisiones atmosféricas. Indicó que el estudio utilizó un solo contaminante para definir el área de influencia, pese a que cada contaminante presenta un comportamiento distinto. La reclamante también afirmó que el proyecto podría generar riesgos para la salud de la población. Además, sostuvo que la autoridad ambiental debió desarrollar un proceso de Consulta Indígena debido a los eventuales efectos sobre integrantes del pueblo Colla.

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó el rechazo de la reclamación. Su representación sostuvo que la comunidad no acreditó antecedentes suficientes para justificar su interés durante la tramitación administrativa y que se encuentra fuera del área de influencia del proyecto. La abogada Karla Figueroa explicó que la evaluación concluyó que no existen rutas de trashumancia, sitios de significación cultural ni instalaciones comunitarias dentro del área de influencia definida para el medio humano.

En consecuencia, afirmó que no correspondía realizar una Consulta Indígena ni convocar las reuniones contempladas en el artículo 86 del Reglamento del SEIA. Respecto de la calidad del aire, la representante del SEA señaló que el proyecto se emplaza en una zona saturada por material particulado MP10. Sin embargo, aseguró que los aportes proyectados permanecen bajo los niveles de significancia establecidos por la normativa ambiental.

Titular del proyecto defiende la evaluación técnica

El abogado Enrique Oyarzún, en representación de Minera Altair S.A., respaldó los argumentos del SEA. Indicó que la comunidad reclamante no mantiene una vinculación territorial suficiente con el área de influencia del proyecto. Además, sostuvo que los informes de la evaluación ambiental descartan la existencia de rutas de trashumancia reconocidas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) dentro del área evaluada.

Respecto de las emisiones atmosféricas, afirmó que los aportes de MP10 y MP2,5 proyectados por la iniciativa son marginales. A su juicio, la reclamación no acredita una ilegalidad que permita invalidar la Resolución de Calificación Ambiental favorable.

Proyecto La Farola contempla una inversión de US$260 millones

Tras concluir la audiencia, Primer Tribunal Ambiental analiza reclamación contra proyecto minero La Farola y dejó la causa en estudio para revisar los antecedentes presentados por las partes. Posteriormente, los ministros deberán adoptar un acuerdo y designar al integrante encargado de redactar la sentencia.

Características del proyecto

El proyecto Explotación y Procesamiento de Minerales La Farola se ubicará en la comuna de Tierra Amarilla, aproximadamente a 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Nantoco. La iniciativa contempla una mina a rajo abierto, una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados. Su diseño considera una producción anual de 90 mil toneladas de concentrado de cobre con contenido de oro durante 15 años de operación. La inversión estimada alcanza US$260 millones, consolidándose como uno de los proyectos mineros relevantes actualmente en evaluación judicial en la Región de Atacama.

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Proyecto de US$7.500 millones

El proyecto Continuidad Operacional y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada contempla una inversión de US$7.500 millones. Su objetivo consiste en prolongar las operaciones de Minera El Abra más allá del año 2029. La iniciativa considera la construcción de una nueva línea de procesamiento de sulfuros. También incorpora la ampliación del rajo y una planta concentradora con capacidad para procesar 300 mil toneladas diarias de mineral. El proyecto incluye un depósito de relaves espesados, nuevas instalaciones de chancado, botaderos y una correa transportadora de aproximadamente 25 kilómetros.

Uno de los componentes principales corresponde a una planta desaladora ubicada al sur de Tocopilla. La infraestructura abastecerá de agua de mar desalada a la faena mediante un acueducto de cerca de 150 kilómetros, que llegará hasta las instalaciones ubicadas a 76 kilómetros de Calama. Las observaciones al proyecto de continuidad operacional de Minera El Abra incluyen consultas sobre la captación de agua de mar y la descarga de salmuera. Los organismos también solicitaron antecedentes sobre el uso de reactivos y las medidas para disminuir impactos en especies marinas. El ICSARA incorpora requerimientos relacionados con las obras submarinas, las tronaduras, la resuspensión de sedimentos y el transporte marítimo de tuberías necesarias para la construcción del sistema.

Balance hídrico y protección ambiental

El SEA también pidió complementar la información sobre la extracción de agua desde el salar de Ascotán. Entre los antecedentes solicitados figuran los caudales históricos de los pozos, el balance hídrico de la operación y la recuperación de agua desde el depósito de relaves. Además, los servicios públicos requirieron evaluar con mayor detalle los posibles efectos del cambio climático sobre la disponibilidad futura del recurso hídrico y su impacto en la operación.

Seguridad operacional y aspectos laborales

El informe incluye observaciones relacionadas con la seguridad del depósito de relaves y los sistemas de drenaje. Asimismo, solicita antecedentes adicionales sobre los planes de emergencia y el manejo de residuos durante la construcción y operación del proyecto. Los organismos revisores también formularon requerimientos sobre transporte, contratación de trabajadores y la capacidad de los campamentos previstos para las distintas etapas de ejecución. Con la emisión del primer ICSARA, el proyecto continúa su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La respuesta de la empresa permitirá al SEA y a los organismos competentes continuar con el análisis técnico de una de las mayores inversiones mineras actualmente en evaluación en Chile.

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Las acciones judiciales fueron interpuestas por el Sindicato N.° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Ltda. y el Sindicato Interempresa de Trabajadores de Servicios. Ambas apuntan contra la resolución del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que rechazó las reclamaciones administrativas presentadas durante la evaluación del proyecto.

Sindicatos cuestionan la evaluación ambiental del proyecto

Las dos reclamaciones contienen argumentos similares y solicitan que el Tribunal Ambiental anule la resolución emitida por el SEA. Los sindicatos sostienen que la evaluación no aplicó adecuadamente las normas de calidad del aire al campamento minero. Según los reclamantes, esa decisión excluye parte del territorio nacional y a determinados grupos de personas de la aplicación de dichas normas. Además, afirman que el titular del proyecto no presentó todos los antecedentes necesarios para demostrar la inexistencia de impactos significativos contemplados en el artículo 11 de la Ley N.º 19.300.

El Tribunal Ambiental declaró admisibles ambas acciones judiciales y ordenó acumularlas en un solo procedimiento debido a que presentan fundamentos comunes. Asimismo, solicitó a la Dirección Ejecutiva del SEA un informe que explique las razones de su decisión. El organismo también deberá remitir todos los antecedentes del procedimiento administrativo relacionado con la evaluación ambiental del proyecto.

El proyecto pretende optimizar las operaciones del Conjunto Planta Concentradora Laguna Seca frente a la disminución gradual de las leyes del mineral y al aumento de su dureza. Para lograr ese objetivo, considera adecuaciones de diseño e ingeniería destinadas a mantener las capacidades operacionales previamente autorizadas. Las obras se desarrollarán dentro del área comprendida entre la correa overland proveniente del chancado primario y los espesadores de relaves y concentrado actualmente en operación.

Iniciativa contempla una inversión de US$2.351 millones

La iniciativa presentada por Minera Escondida Ltda., operada por BHP, contempla una vida útil estimada de 25,5 años y una inversión cercana a los US$2.351 millones. Entre sus componentes figura una nueva línea eléctrica asociada a las mejoras operacionales de la planta. El proyecto busca mantener la continuidad de la producción mediante la adaptación de sus instalaciones a las nuevas características del mineral extraído.

Con la admisión de las reclamaciones, el Tribunal Ambiental iniciará la revisión judicial del proceso de evaluación. El resultado determinará si la resolución que confirmó la aprobación ambiental del proyecto se ajustó a la normativa vigente o si corresponde adoptar nuevas medidas dentro del procedimiento.

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Cuestionan evaluación ambiental del proyecto

Uno de los recursos sostiene que la evaluación ambiental no consideró adecuadamente observaciones ciudadanas relacionadas con la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Además, plantea que existía información insuficiente para descartar posibles impactos sobre la calidad del aire en el área de influencia del proyecto. La Municipalidad de La Ligua argumenta que la iniciativa debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental.

Según el municipio, la operación podría generar riesgos para la salud debido a los efluentes asociados al procesamiento mineral. También advierte posibles efectos sobre la cantidad y calidad de las aguas en una zona considerada de alta sensibilidad hídrica. La acción judicial agrega posibles alteraciones a sistemas de vida de grupos humanos y la cercanía del proyecto al Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma. Por su parte, vecinos de La Ligua y Papudo sostienen que la iniciativa se emplaza en un área restringida para el desarrollo urbano según la planificación territorial vigente.

SEA defiende la aprobación del proyecto

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó al Tribunal rechazar todas las reclamaciones. El organismo afirmó que la evaluación descartó correctamente impactos significativos sobre los recursos hídricos. La entidad señaló que los estudios consideraron escenarios conservadores de extracción de agua durante toda la vida útil del proyecto. Según el SEA, la iniciativa contempla un caudal máximo de extracción de 2,52 litros por segundo. Asimismo, indicó que los análisis de calidad del aire utilizaron modelos de dispersión de contaminantes y antecedentes meteorológicos validados por la normativa ambiental.

El SEA también sostiene que el proyecto no afectará directamente el Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma ni el bosque de olivillos protegido en la Quebrada Las Tablas. Respecto a la compatibilidad territorial, el organismo argumenta que la actividad minera cuenta con respaldo legal y que la normativa sectorial prevalece sobre las restricciones establecidas en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso.

 ¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto minero Pullalli busca extender la vida útil de la Planta Pullalli por cinco años. Para ello, propone modificar el proceso actual de lixiviación agitada por un sistema de lixiviación en pilas. La iniciativa incorpora nuevas instalaciones para aglomeración, lixiviación primaria y secundaria, además de una planta de Columna de Intercambio Catiónico y una planta de elución. Con estos cambios, la empresa busca mantener la continuidad operacional de la planta procesadora de minerales auríferos.

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Durante mayo, las Comisiones de Evaluación Ambiental y la Dirección Ejecutiva del SEA aprobaron proyectos por US$13.962 millones. Esta cifra convirtió al mes en el período con mayor inversión aprobada desde la creación del sistema. Entre los proyectos destacados figuran Aguas Marítimas en Antofagasta, el Puerto Exterior de San Antonio y la Línea 8 del Metro de Santiago. También recibieron luz verde diversas iniciativas de energías renovables y almacenamiento energético.

La ministra Francisca Toledo informó que durante los primeros tres meses de gestión ingresaron 75 proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental. Estas iniciativas representan una inversión de US$22.819 millones. Según la autoridad, el monto supera ampliamente los niveles registrados durante los inicios de las tres administraciones anteriores. El resultado refleja un mayor dinamismo en la presentación de proyectos de inversión.

El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, señaló que actualmente existen 379 proyectos en evaluación. En conjunto, estas iniciativas representan más de US$91 mil millones de inversión. Las regiones con mayores montos corresponden a Magallanes y la Antártica Chilena, con US$27.022 millones. Antofagasta ocupa el segundo lugar con US$26.844 millones. Farías explicó que los sectores de Energía y Minería concentran más de US$53 mil millones. Ambos rubros lideran la cartera de proyectos que actualmente analiza el sistema.

La aprobación ambiental de proyectos también avanzó gracias a medidas orientadas a resolver procesos pendientes. En menos de 90 días, el SEA destrabó más de 50 iniciativas que mantenían reclamaciones administrativas. Estas acciones involucraron inversiones cercanas a los US$15 mil millones. Además, el Comité de Ministros sesionó en seis ocasiones y revisó 16 proyectos de inversión. La revisión permitió avanzar en iniciativas por más de US$6.900 millones. Según las autoridades, este trabajo fortaleció la certeza regulatoria y mejoró la eficiencia institucional.

La ministra Toledo informó que la administración prácticamente concluyó la revisión de reclamaciones heredadas. Asimismo, el SEA redujo los tiempos de emisión de resoluciones desde seis meses a solo 15 días, fortaleciendo las condiciones para atraer nuevas inversiones y generar empleo en el país.

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La publicación de las Declaraciones de Impacto Ambiental permite que la ciudadanía conozca los proyectos que iniciaron su proceso de evaluación ambiental durante el período informado. El SEA destacó que esta información forma parte de su compromiso permanente con la transparencia institucional. También busca facilitar el acceso oportuno a antecedentes relevantes para las comunidades y actores interesados.

Los proyectos incluidos en el listado corresponden a iniciativas que ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este instrumento permite evaluar los potenciales efectos ambientales de los proyectos antes de su ejecución. La información se encuentra disponible para consulta pública a través de los canales oficiales del SEA.

El SEA recordó que la ciudadanía puede solicitar la apertura de un Proceso de Participación Ciudadana (PAC) para las Declaraciones de Impacto Ambiental. Este mecanismo permite que las comunidades presenten observaciones y aporten antecedentes durante la evaluación ambiental de los proyectos.

La solicitud puede ser presentada por al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, representadas por sus dirigentes. También puede ser realizada por un grupo mínimo de diez personas naturales que resulten directamente afectadas por el proyecto o actividad evaluada.

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La autoridad destacó el peso estratégico de la región para el desarrollo nacional. Indicó que Antofagasta reúne cerca del 30% de la inversión que actualmente se analiza en Chile. Farías explicó que esta realidad exige una gestión eficiente. También remarcó la necesidad de responder con altos estándares técnicos y dentro de los plazos establecidos.

Durante el primer mes de la actual administración, ingresaron nuevas iniciativas por US$17 mil millones a nivel regional. La cifra refleja un fuerte dinamismo en materia de inversión. El SEA señaló que evaluará medidas para fortalecer al equipo local. El objetivo apunta a enfrentar la creciente demanda y mejorar tiempos de tramitación.

En la jornada participaron la delegada presidencial regional, Katherine López, y la seremi del Medio Ambiente, Verónica Araneda. También asistieron representantes de la SMA, SBAP y del SEA Antofagasta. Las autoridades revisaron los principales desafíos de coordinación institucional. Además, analizaron mecanismos para compatibilizar inversión y cumplimiento normativo.

Inversión y calidad de vida

La delegada presidencial afirmó que el aumento de proyectos debe traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía. Mencionó áreas como salud, educación, vivienda y seguridad. Añadió que esos avances requieren inversión responsable. También subrayó la importancia de respetar la normativa vigente en cada proceso.

Farías cerró la jornada con una reunión junto al equipo regional del servicio. En la instancia conoció los principales retos técnicos y operativos que enfrenta la zona. La evaluación ambiental en Antofagasta seguirá siendo clave para el crecimiento económico del país. El desempeño regional será decisivo para destrabar inversiones estratégicas.

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La ministra Toledo enfatizó que el Gobierno busca responder con mayor rapidez a las necesidades del país. Señaló que el Servicio de Evaluación Ambiental debe entregar resoluciones técnicas, fundamentadas y oportunas. Además, subrayó que la gestión del nuevo director enfrentará el desafío de mejorar los tiempos de respuesta. Este enfoque apunta a fortalecer la confianza en la institucionalidad ambiental.

Arturo Farías cuenta con más de ocho años de experiencia en el organismo. Inició su carrera como abogado en la Dirección Ejecutiva y luego lideró el área jurídica en la Dirección Regional Metropolitana. Desde 2021, ejerció como director regional, primero en calidad subrogante y luego como titular tras un proceso de Alta Dirección Pública. Su experiencia técnica refuerza su perfil para liderar el servicio.

Formación académica especializada

El nuevo director es abogado de la Universidad Alberto Hurtado. Posee un magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo y estudios en recursos naturales en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El Nuevo Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental afirmó que asume el cargo con sentido de responsabilidad. Agradeció la confianza del Ejecutivo y reafirmó su compromiso con una gestión eficiente. Farías indicó que su objetivo será fortalecer el sistema para entregar certezas. También destacó la importancia de responder oportunamente a los desafíos del desarrollo sostenible, respetando la normativa vigente.

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Los textos establecen lineamientos para los proyectos que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, buscan mejorar la consistencia técnica de la evaluación y facilitar su aplicación. Las nuevas orientaciones se dirigen a titulares de proyectos, organismos con competencia ambiental y evaluadores del servicio. También buscan entregar información más clara para las comunidades.

Uno de los documentos corresponde a la Guía metodológica para la estimación y reporte de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta. La guía entrega una metodología general para calcular emisiones atmosféricas en proyectos que ingresen al SEIA. También define un formato estándar para reportar estos datos. El instrumento responde a las modificaciones introducidas por el Decreto Supremo N°30 de 2023, que ajustó el Reglamento del SEIA. La norma exige incluir la variable cambio climático en los procesos de evaluación ambiental. Los artículos 18 y 19 del reglamento establecen contenidos mínimos para estudios y declaraciones de impacto ambiental. Entre ellos se incluyen las emisiones del proyecto, medidas de control y estrategias de abatimiento. Con esta guía, el SEA busca mejorar la calidad de la información climática presentada por los titulares de proyectos.

El segundo documento establece el criterio de evaluación para aves y quirópteros en proyectos de líneas de transmisión eléctrica y parques eólicos. Este instrumento entrega lineamientos para caracterizar la presencia de aves y murciélagos. También orienta la delimitación del área de influencia considerando hábitats relevantes. El documento describe impactos frecuentes y propone herramientas para su análisis. Además, orienta el diseño de medidas de mitigación y compromisos ambientales voluntarios. Entre las acciones sugeridas se incluye la búsqueda de carcasas para evaluar la efectividad de las medidas aplicadas. Este método permite detectar desviaciones y activar planes adaptativos.

Trabajo colaborativo entre instituciones

El documento se elaboró mediante un trabajo colaborativo liderado por el SEA. Participaron la División de Evaluación Ambiental, las direcciones regionales y la División Jurídica del organismo. También colaboró el Ministerio del Medio Ambiente, especialmente sus divisiones de Cambio Climático y Calidad del Aire. La entrada en vigencia de estos instrumentos se concretó tras la publicación de los extractos de sus resoluciones en el Diario Oficial. Este procedimiento se establece en el instructivo emitido por la Dirección Ejecutiva del SEA en julio de 2024. Con estas nuevas herramientas, la autoridad busca fortalecer la evaluación ambiental SEIA y mejorar la predictibilidad técnica en la revisión de proyectos.

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Este año, la Academia SEA cursos gratuitos contempla un total de 17 capacitaciones. Los cursos se impartirán de forma periódica entre marzo y noviembre. Las actividades formativas abordan distintos aspectos del proceso de evaluación ambiental. El objetivo es mejorar la comprensión técnica y normativa del SEIA. Las capacitaciones están dirigidas a titulares de proyectos, consultores ambientales y funcionarios públicos. También pueden participar estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanía interesada.

Temáticas clave sobre evaluación ambiental

La oferta formativa incluye contenidos técnicos relevantes para la gestión ambiental en Chile. Entre ellos destacan cursos sobre funcionamiento del SEIA y análisis de impactos ambientales. Los cursos se realizan completamente en línea. Las personas interesadas solo necesitan un computador, tablet o dispositivo con conexión a internet. El registro en la plataforma Academia SEA requiere contar con Clave Única. Las personas extranjeras sin este sistema pueden solicitar acceso mediante el Centro de Usuarios. Para completar el registro se debe indicar nombre completo, país, documento de identidad, institución opcional y correo electrónico.

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El tribunal concluyó que la autoridad consideró debidamente las observaciones ciudadanas. Además, determinó que el área de influencia se ajustó al estándar técnico vigente. La sentencia estableció que el proyecto no contempla nueva extracción de agua. Tampoco modifica la autorización de uso hídrico actualmente vigente. Los posibles efectos sobre recursos hídricos se limitan al área mina. El fallo indicó que la evaluación descartó impactos significativos.

La resolución también analizó un eventual fraccionamiento respecto del proyecto “Extensión de vida útil con transición hídrica”. El tribunal descartó esa hipótesis. Señaló que no existe ejecución simultánea ni superposición temporal entre ambas iniciativas. Además, difieren en naturaleza, objetivos y obras. El proyecto de transición hídrica ingresó mediante un Estudio de Impacto Ambiental. Por ello, el tribunal estimó que no se configuran los presupuestos de fraccionamiento.

La sentencia concluyó que no existen impactos significativos sobre grupos indígenas dentro del área de influencia. Las comunidades se ubican a una distancia considerable del proyecto. El tribunal no identificó usos, asentamientos ni receptores indígenas en las zonas intervenidas. En consecuencia, descartó susceptibilidad de afectación directa. Por ello, determinó que no correspondía abrir un proceso de consulta indígena.

El ministro presidente, Alamiro Alfaro Zepeda, sostuvo que la reclamación no logró desvirtuar la legalidad del acto impugnado. Indicó que la evidencia técnica respaldó la evaluación ambiental. El ministro Marcelo Hernández Rojas previno que la consulta indígena debe interpretarse en sentido amplio. Señaló que no debe limitarse solo a los supuestos del artículo 11 de la Ley 19.300.

La ministra Sandra Álvarez Torres agregó que la reclamación también podía rechazarse por pérdida de objeto. El proyecto extendía la vida útil por 20 meses, plazo ya cumplido. Con estos fundamentos, el tribunal ratificó la legalidad del actuar administrativo. Así, confirmó la aprobación ambiental de Ajustes Operacionales Área Mina en la faena Zaldívar.

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El protocolo se enmarca en el Plan de Modernización Tecnológico del SEA. Este plan incorporó inteligencia artificial en buscadores y comparadores de resoluciones ambientales. Estas herramientas optimizan la revisión de antecedentes y agilizan procesos administrativos. La institución mejora tiempos de respuesta y eficiencia operativa.

El documento se alinea con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y con la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Define estándares de legalidad, ética y transparencia. El protocolo también refuerza la protección de datos personales. Exige cumplimiento estricto de la normativa vigente.

El SEA identificó riesgos asociados al uso de IA. Entre ellos figuran sesgos algorítmicos, perfilamiento indebido y falta de explicabilidad. El texto exige supervisión humana permanente. Además, establece controles para evitar vulneraciones a la privacidad y discriminación en decisiones administrativas.

La creciente disponibilidad de herramientas digitales impulsó su uso institucional e individual. Funcionarios emplean IA para automatizar procesos, generar documentos y gestionar trámites. Este escenario exige fortalecer capacidades técnicas internas. El SEA adecuará plataformas y definirá criterios claros de implementación. El Protocolo de Inteligencia Artificial en el SEA consolida así un marco institucional para innovar con responsabilidad. La medida equilibra eficiencia tecnológica con garantías jurídicas y éticas.

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Jorge Riesco destacó que la modernización del sistema resulta clave para la continuidad operacional de las faenas mineras. Subrayó que los plazos, la claridad y la certeza regulatoria inciden directamente en la viabilidad de los proyectos.

El dirigente enfatizó que la incorporación de tecnología permite abordar procesos complejos con mayor objetividad. Según indicó, estas herramientas fortalecen el carácter técnico del sistema y reducen espacios de discrecionalidad. Durante su presentación, Valentina Durán explicó que el plan permitirá transformar en información útil más de 27 millones de páginas. La plataforma del SEIA reúne actualmente más de 29 mil proyectos evaluados.

El Plan de Modernización Tecnológica del SEIA proyecta preparar al servicio para los próximos 15 años de evaluación ambiental. Para ello, considera inteligencia artificial, nuevos flujos digitales y mejoras en la experiencia de usuario. La exposición abordó avances concretos ya operativos en la plataforma. Entre ellos destacan buscadores inteligentes capaces de analizar millones de documentos ambientales. También se incorporaron comparadores de resoluciones con enfoque territorial. A esto se suma la automatización de la gestión de observaciones ciudadanas.

Certeza jurídica y fortalecimiento institucional

Durán señaló que el sistema chileno cuenta con reconocimiento internacional. La modernización busca reforzar la protección ambiental y hacer el proceso más eficiente y transparente. La autoridad indicó que los desafíos futuros incluyen asegurar recursos, profundizar el uso de inteligencia artificial y garantizar la continuidad del plan. Todo apunta a mayores niveles de certeza técnica y jurídica. La jornada concluyó con un espacio de diálogo entre los asistentes. Desde SONAMI valoraron estas instancias como un aporte al fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y al desarrollo productivo sostenible.

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La valorización de residuos mineros ya no es una tendencia ni una buena práctica voluntaria. Es, cada vez más, una exigencia estratégica y legal para las empresas que buscan operar con visión de futuro. En los últimos años, la legislación chilena ha comenzado a empujar decididamente a la minería hacia modelos de producción más sostenibles, incorporando principios de economía circular, eficiencia y responsabilidad extendida.

Minería Verde: cambio de paradigma

Estamos frente a un cambio de paradigma. Normas como la Ley Marco de Cambio Climático, los nuevos criterios del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) respecto de relaves, y las modificaciones en los Planes de Cierre Minero, configuran un entorno regulatorio que exige a las compañías no solo mitigar impactos, sino repensar el ciclo completo de sus residuos y subproductos. Ya no se trata de confinar pasivos ambientales, sino de transformarlos en nuevas fuentes de valor.

Un hito clave en este proceso ha sido la Política Nacional Minera 2050, que reconoce explícitamente el rol de la economía circular como uno de los pilares de sostenibilidad del sector. Esto ha abierto espacio para que muchas empresas comiencen a invertir en tecnologías de recuperación de minerales desde relaves históricos, rediseñando sus procesos con criterios de eficiencia, trazabilidad y menor huella ambiental.

En paralelo, legislaciones como la Ley REP, aunque no aplican directamente al sector minero, han permeado culturalmente la forma en que las industrias comprenden su rol en el ciclo de vida de los materiales. Desde nuestra experiencia asesorando a compañías mineras, vemos cómo los principios que inspira esta normativa están influyendo en la redacción de contratos, el diseño de operaciones y la adopción de tecnologías más limpias.

Dispersión normativa

No obstante, la transición hacia una minería verde no está exenta de obstáculos. Uno de los principales es la dispersión normativa: la falta de integración entre regulaciones ambientales, sectoriales y territoriales genera incertidumbre jurídica, sobre todo en proyectos que apuestan por innovaciones tecnológicas aún no estandarizadas, como el reprocesamiento de relaves o la recuperación de metales desde pasivos ambientales.

A ello se suma la necesidad de desarrollar herramientas contractuales sólidas y sistemas de cumplimiento ESG verificables, que no solo aseguren el cumplimiento regulatorio, sino que permitan a las empresas demostrar, ante inversionistas, comunidades y autoridades, un compromiso real con la sostenibilidad. Hoy, el cumplimiento ambiental es apenas el piso. Lo que diferencia a las empresas líderes es su capacidad de anticiparse a las nuevas exigencias y convertirlas en ventajas competitivas.

Desde VA – Vidal Abogados hemos estructurado una propuesta de valor que responde a este nuevo escenario: combinamos conocimiento jurídico, visión estratégica y comprensión técnica del negocio minero, apoyando a nuestros clientes en la obtención de permisos, estructuración legal de proyectos, incorporación de cláusulas ESG en contratos de largo plazo, y defensa ante procesos de fiscalización.

El cambio está en marcha. Y aunque los desafíos son múltiples, las oportunidades también lo son. Hoy existen instrumentos normativos que habilitan la reutilización de materiales y promueven la circularidad. El verdadero reto está en saber cómo activarlos y alinearlos con el modelo de negocio. Ahí está, precisamente, nuestra especialidad.

La minería verde no es una aspiración futura: es un proceso en desarrollo, impulsado por marcos legales más exigentes, pero también por una transformación cultural que redefine el estándar de lo que significa ser una empresa responsable.

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Cerro Colorado se encuentra en cierre temporal desde noviembre de 2023, tras el vencimiento de sus permisos de operación y dificultades asociadas al suministro de agua. Con este nuevo ingreso, la minera busca ajustar los términos previamente rechazados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2024, proponiendo ahora 201 sondajes —una cifra considerablemente menor a los 380 inicialmente considerados— distribuidos en 182 plataformas terrestres y 4 flotantes.

Planificación

Del total de sondajes, 97 se destinarían a caracterización minera, 27 a estudios hidrogeológicos, 73 a análisis geotécnicos del suelo y 4 a estudios marinos. En caso de obtener la aprobación ambiental, las actividades comenzarían en julio de 2026 y se extenderían por un plazo de 31 meses.

Según BHP, el yacimiento Cerro Colorado, que junto a Spence conforma el distrito minero Pampa Norte, posee recursos estimados en 2,3 billones de toneladas de sulfuros primarios y secundarios. La firma ha proyectado que, de materializarse su reapertura, la mina podría operar durante al menos 20 años más, con una inversión inicial que oscilaría entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones.

Por otro lado, el SEA admitió a trámite un segundo proyecto ingresado por BHP para fortalecer el suministro eléctrico de la faena Spence. Se trata de la construcción de una nueva línea de alta tensión de 220 kV, con una longitud de 20,7 kilómetros y 77 estructuras, cuya inversión se estima en US$ 51 millones. Este sistema busca dar mayor confiabilidad al abastecimiento energético de la operación, cuya proyección actual se extiende hasta el año 2039.

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Durante el primer trimestre del año pasado, las iniciativas mineras aprobadas apenas alcanzaban US$78 millones, lo que demuestra una variación interanual que refleja la renovada confianza de los inversionistas en el sector minero chileno.

“La inversión en proyectos mineros ha experimentado un importante aumento durante el primer trimestre”, señaló el SEA en su informe. La entidad también destacó que este volumen de inversión aprobada es solo una parte del dinamismo actual del sector.

26 proyectos

Además de las iniciativas ya aprobadas, el SEA reportó que durante el mismo periodo se ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un total de 26 proyectos mineros, los cuales representan una inversión potencial adicional de US$3.783 millones. Este flujo sugiere que la minería seguirá mostrando una alta actividad regulatoria y de inversión a lo largo del año.

“El incremento en la inversión minera es un reflejo de la confianza de los inversionistas en el sector”, sostiene el documento. En línea con esto, se espera que los nuevos proyectos no solo fortalezcan la cadena productiva del país, sino que también tengan un impacto positivo en la generación de empleo y el desarrollo regional.

“La aprobación de estos proyectos mineros generará empleo y contribuirá al crecimiento económico del país”, agrega el informe. Además, se enfatiza el papel estratégico de la industria minera como motor de desarrollo a largo plazo: “El sector minero desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible de la economía”.

Con un horizonte marcado por la creciente demanda global de minerales y una agenda energética en transición, Chile parece consolidar su posición como destino atractivo para nuevas inversiones en minería. El desempeño del primer trimestre apunta a un año de alto dinamismo, con expectativas de que el sector continúe impulsando el crecimiento económico del país.

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Con una inversión estimada de US$5 millones, el proyecto contempla utilizar exclusivamente las instalaciones y equipos ya existentes en la mina. Este aumento es posible gracias a la capacidad ociosa generada por la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de innovación, que han mejorado la eficiencia operativa en el yacimiento.

En términos concretos, se eleva la producción anual desde las 2.880.000 toneladas aprobadas en la Resolución de Calificación Ambiental N°108/2018, hasta un total de 3.168.000 toneladas al año. Esto representa un incremento mensual de 240.000 a 264.000 toneladas extraídas, sin cambios en la huella física ni en la operación autorizada previamente.

La calificación favorable permite a la compañía avanzar en la implementación de esta mejora productiva manteniendo el mismo estándar ambiental, operacional y de infraestructura ya existente en la faena Mina Carola.

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El proyecto contempla la construcción de un recinto de 200.000 m², completamente cercado y dividido en áreas funcionales. La empresa detalló que su propósito es “almacenar y bodegar distintos tipos de cargas para la industria minera de la región de Antofagasta, las cuales serán acopiadas de manera transitoria en nuestro sitio”. En total, se proyecta el almacenamiento de hasta 48 toneladas mensuales de materiales no peligrosos, incluyendo productos metálicos, maquinaria, equipos industriales y chatarra ferrosa y no ferrosa, excluyendo sustancias contaminantes, combustibles y productos alimentarios.

El centro contará con canchas de almacenamiento a intemperie, construidas con material compactado y estabilizado de 20 cm de profundidad para asegurar la organización de los materiales. Además, se pavimentarán las vías de tránsito de vehículos y maquinaria pesada para evitar la dispersión de polvo. Como parte de su infraestructura, se instalarán oficinas administrativas modulares con espacios destinados a reuniones, cafetería y baños, construidas con chasis de acero soldado y paneles SIP sobre apoyos de hormigón armado.

En términos operativos, el proyecto seguirá un flujo estructurado que garantizará la trazabilidad y seguridad de los materiales. La empresa explicó que “el proceso comienza con la recepción de carga por parte del cliente, seguida por una inspección detallada y, si es necesario, un proceso de pesaje antes de su almacenamiento en áreas designadas”. Posteriormente, los materiales serán preparados para despacho, verificando nuevamente la documentación antes de su salida del recinto.

Medidas ambientales y abastecimiento

Si bien la minera sostiene que el proyecto no generará impactos ambientales significativos, ha considerado diversas medidas de mitigación. Entre ellas, destaca el riego de vías internas dos veces al día con agua salada, lo que permitirá reducir en 10% la emisión de partículas en suspensión. Asimismo, el mantenimiento periódico de los equipos buscará disminuir las emisiones contaminantes, con inspecciones semestrales que permitirán “abatir un 5% los gases de combustión generados por los equipos”.

En cuanto a la gestión de residuos, la compañía aseguró que los desechos generados serán retirados por empresas especializadas y depositados en lugares autorizados. Respecto al abastecimiento de servicios básicos, el suministro de agua potable se realizará a través de camiones aljibes, almacenada en dos estanques de polietileno de 15 m³ cada uno, mientras que las aguas servidas serán tratadas en fosas sépticas con sistema de drenes de infiltración.

Evaluación ambiental y plazos del proyecto

Como parte del proceso, la empresa solicitó al SEA la confirmación de que el proyecto no requiere someterse a una evaluación de impacto ambiental, argumentando que el centro no se ubica en zonas protegidas ni maneja sustancias peligrosas, explosivas o contaminantes.

Se proyecta que la construcción del Centro Logístico CCL comience en junio de 2025, mientras que su operación iniciará en septiembre del mismo año. La empresa estima que el centro se mantendrá en funcionamiento hasta 2125, momento en que se procederá a su cierre con el retiro de estructuras, la limpieza del terreno y la restauración del área utilizada.

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