Los reclamantes sostienen que el proyecto constituye una modificación sustantiva de una faena minera previamente evaluada mediante un EIA. Por ello, consideran que su tramitación mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no cumplió con las exigencias establecidas en la normativa vigente.

Agricultores cuestionan la evaluación ambiental del proyecto

La reclamación también plantea que las observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación no fueron debidamente consideradas por la autoridad ambiental. Entre los principales cuestionamientos figuran los eventuales impactos sobre los recursos hídricos y los sistemas de agua potable rural de la Quebrada de Cárcamo. Asimismo, los reclamantes objetan la extensión de las operaciones mineras hasta 2037 y el cambio del método de explotación. Además, sostienen que la evaluación no analizó de manera adecuada los impactos acumulados del proyecto. También cuestionan la delimitación del área de influencia, al considerar que dejó fuera comunidades, actividades agrícolas y otros usuarios del territorio.

Solicitan anular la aprobación ambiental

Los agricultores argumentan que existían antecedentes técnicos de la Dirección General de Aguas (DGA) que impedían descartar efectos ambientales significativos. En ese contexto, solicitaron al tribunal dejar sin efecto tanto la resolución del director ejecutivo del SEA que rechazó los recursos administrativos como la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto.

Como alternativa, pidieron que la iniciativa sea sometida a una nueva evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental, incorporando una línea de base actualizada y una evaluación de impactos acumulados. También solicitaron que el SEA vuelva a pronunciarse sobre los recursos administrativos, considerando todas las observaciones formuladas e incorporando antecedentes del procedimiento sancionatorio seguido por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Tribunal solicita informe al Servicio de Evaluación Ambiental

Junto con la reclamación, los recurrentes solicitaron medidas cautelares para suspender los efectos de los actos administrativos impugnados mientras se resuelve el fondo del caso. Tras admitir la acción, el Primer Tribunal Ambiental requirió al Servicio de Evaluación Ambiental un informe que explique los fundamentos de su decisión. Además, solicitó el expediente administrativo completo relacionado con la evaluación del proyecto. Las medidas cautelares permanecen en análisis y serán resueltas en una próxima etapa del proceso judicial.

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La iniciativa corresponde a una modificación del proyecto Prospección Minera Ternera, aprobado ambientalmente en junio de 2021 mediante la RCA N°146/2021. Al igual que la primera etapa, el objetivo principal consiste en reducir las incertidumbres geológicas mediante campañas de sondajes. Para ello, el proyecto considera la construcción de 300 plataformas de perforación, cada una de 15 por 15 metros, junto con una red de caminos interiores que permitirá acceder a los distintos puntos de exploración. Las nuevas obras se emplazarán en un área contigua a la Fase I, lo que permitirá extender las actividades actualmente en ejecución.

Regularización de instalaciones y continuidad operacional

Además de los nuevos sondajes, la iniciativa contempla la regularización de la instalación de faenas. Esta modificación responde al cambio de ubicación y superficie respecto del proyecto original. Asimismo, el titular reemplazará la planta de tratamiento de aguas servidas considerada inicialmente por una fosa séptica, la que se instalará junto a las dependencias operacionales. Según los antecedentes presentados al SEA, el cambio de ubicación fue necesario porque el área aprobada originalmente no cuenta con el espacio suficiente para albergar todas las instalaciones requeridas para la operación.

Debido a que la Fase I ya se encuentra operativa, la empresa utilizará la misma mano de obra durante la ejecución de la nueva etapa. De esta manera, la ampliación permitirá mantener la continuidad de las labores de prospección sin modificar la dotación existente. La compañía indicó que la iniciativa busca profundizar el conocimiento geológico del área antes de avanzar hacia eventuales etapas posteriores de desarrollo.

Área de intervención abarcará hasta 1.869 hectáreas

La Prospección Minera Ternera Fase II considera un polígono de prospección de 1.869 hectáreas como superficie máxima de intervención. El titular explicó que la incertidumbre geológica propia de esta etapa impide definir anticipadamente la ubicación exacta de cada plataforma de sondaje y de los caminos internos. Por esa razón, la DIA incorpora el área total donde podrían ejecutarse las actividades de exploración. Con esta aprobación ambiental, el proyecto podrá continuar con las siguientes etapas de planificación para ampliar las labores de prospección minera en la Región de Atacama y generar nueva información geológica sobre el potencial del yacimiento.

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La comunidad sostiene que la evaluación ambiental presentó deficiencias en el análisis de los impactos sobre el medio humano. También afirma que el proceso debió incorporar una Consulta Indígena y las reuniones establecidas en el artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Durante la audiencia, el abogado Ladislao Quevedo, representante de la Comunidad Indígena Colla Tata Inti, sostuvo que la determinación del área de influencia del proyecto fue insuficiente. Según expuso, la línea de base del medio humano omitió información relevante para evaluar adecuadamente los efectos sobre la comunidad.

El profesional argumentó que la evaluación no consideró el proyecto de optimización de Candelaria. A su juicio, esa omisión impidió analizar los impactos acumulativos en el sector de Nantoco, donde residen integrantes de la comunidad. Asimismo, cuestionó la modelación de emisiones atmosféricas. Indicó que el estudio utilizó un solo contaminante para definir el área de influencia, pese a que cada contaminante presenta un comportamiento distinto. La reclamante también afirmó que el proyecto podría generar riesgos para la salud de la población. Además, sostuvo que la autoridad ambiental debió desarrollar un proceso de Consulta Indígena debido a los eventuales efectos sobre integrantes del pueblo Colla.

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó el rechazo de la reclamación. Su representación sostuvo que la comunidad no acreditó antecedentes suficientes para justificar su interés durante la tramitación administrativa y que se encuentra fuera del área de influencia del proyecto. La abogada Karla Figueroa explicó que la evaluación concluyó que no existen rutas de trashumancia, sitios de significación cultural ni instalaciones comunitarias dentro del área de influencia definida para el medio humano.

En consecuencia, afirmó que no correspondía realizar una Consulta Indígena ni convocar las reuniones contempladas en el artículo 86 del Reglamento del SEIA. Respecto de la calidad del aire, la representante del SEA señaló que el proyecto se emplaza en una zona saturada por material particulado MP10. Sin embargo, aseguró que los aportes proyectados permanecen bajo los niveles de significancia establecidos por la normativa ambiental.

Titular del proyecto defiende la evaluación técnica

El abogado Enrique Oyarzún, en representación de Minera Altair S.A., respaldó los argumentos del SEA. Indicó que la comunidad reclamante no mantiene una vinculación territorial suficiente con el área de influencia del proyecto. Además, sostuvo que los informes de la evaluación ambiental descartan la existencia de rutas de trashumancia reconocidas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) dentro del área evaluada.

Respecto de las emisiones atmosféricas, afirmó que los aportes de MP10 y MP2,5 proyectados por la iniciativa son marginales. A su juicio, la reclamación no acredita una ilegalidad que permita invalidar la Resolución de Calificación Ambiental favorable.

Proyecto La Farola contempla una inversión de US$260 millones

Tras concluir la audiencia, Primer Tribunal Ambiental analiza reclamación contra proyecto minero La Farola y dejó la causa en estudio para revisar los antecedentes presentados por las partes. Posteriormente, los ministros deberán adoptar un acuerdo y designar al integrante encargado de redactar la sentencia.

Características del proyecto

El proyecto Explotación y Procesamiento de Minerales La Farola se ubicará en la comuna de Tierra Amarilla, aproximadamente a 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Nantoco. La iniciativa contempla una mina a rajo abierto, una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados. Su diseño considera una producción anual de 90 mil toneladas de concentrado de cobre con contenido de oro durante 15 años de operación. La inversión estimada alcanza US$260 millones, consolidándose como uno de los proyectos mineros relevantes actualmente en evaluación judicial en la Región de Atacama.

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Proyecto de US$7.500 millones

El proyecto Continuidad Operacional y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada contempla una inversión de US$7.500 millones. Su objetivo consiste en prolongar las operaciones de Minera El Abra más allá del año 2029. La iniciativa considera la construcción de una nueva línea de procesamiento de sulfuros. También incorpora la ampliación del rajo y una planta concentradora con capacidad para procesar 300 mil toneladas diarias de mineral. El proyecto incluye un depósito de relaves espesados, nuevas instalaciones de chancado, botaderos y una correa transportadora de aproximadamente 25 kilómetros.

Uno de los componentes principales corresponde a una planta desaladora ubicada al sur de Tocopilla. La infraestructura abastecerá de agua de mar desalada a la faena mediante un acueducto de cerca de 150 kilómetros, que llegará hasta las instalaciones ubicadas a 76 kilómetros de Calama. Las observaciones al proyecto de continuidad operacional de Minera El Abra incluyen consultas sobre la captación de agua de mar y la descarga de salmuera. Los organismos también solicitaron antecedentes sobre el uso de reactivos y las medidas para disminuir impactos en especies marinas. El ICSARA incorpora requerimientos relacionados con las obras submarinas, las tronaduras, la resuspensión de sedimentos y el transporte marítimo de tuberías necesarias para la construcción del sistema.

Balance hídrico y protección ambiental

El SEA también pidió complementar la información sobre la extracción de agua desde el salar de Ascotán. Entre los antecedentes solicitados figuran los caudales históricos de los pozos, el balance hídrico de la operación y la recuperación de agua desde el depósito de relaves. Además, los servicios públicos requirieron evaluar con mayor detalle los posibles efectos del cambio climático sobre la disponibilidad futura del recurso hídrico y su impacto en la operación.

Seguridad operacional y aspectos laborales

El informe incluye observaciones relacionadas con la seguridad del depósito de relaves y los sistemas de drenaje. Asimismo, solicita antecedentes adicionales sobre los planes de emergencia y el manejo de residuos durante la construcción y operación del proyecto. Los organismos revisores también formularon requerimientos sobre transporte, contratación de trabajadores y la capacidad de los campamentos previstos para las distintas etapas de ejecución. Con la emisión del primer ICSARA, el proyecto continúa su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La respuesta de la empresa permitirá al SEA y a los organismos competentes continuar con el análisis técnico de una de las mayores inversiones mineras actualmente en evaluación en Chile.

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Las acciones judiciales fueron interpuestas por el Sindicato N.° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Ltda. y el Sindicato Interempresa de Trabajadores de Servicios. Ambas apuntan contra la resolución del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que rechazó las reclamaciones administrativas presentadas durante la evaluación del proyecto.

Sindicatos cuestionan la evaluación ambiental del proyecto

Las dos reclamaciones contienen argumentos similares y solicitan que el Tribunal Ambiental anule la resolución emitida por el SEA. Los sindicatos sostienen que la evaluación no aplicó adecuadamente las normas de calidad del aire al campamento minero. Según los reclamantes, esa decisión excluye parte del territorio nacional y a determinados grupos de personas de la aplicación de dichas normas. Además, afirman que el titular del proyecto no presentó todos los antecedentes necesarios para demostrar la inexistencia de impactos significativos contemplados en el artículo 11 de la Ley N.º 19.300.

El Tribunal Ambiental declaró admisibles ambas acciones judiciales y ordenó acumularlas en un solo procedimiento debido a que presentan fundamentos comunes. Asimismo, solicitó a la Dirección Ejecutiva del SEA un informe que explique las razones de su decisión. El organismo también deberá remitir todos los antecedentes del procedimiento administrativo relacionado con la evaluación ambiental del proyecto.

El proyecto pretende optimizar las operaciones del Conjunto Planta Concentradora Laguna Seca frente a la disminución gradual de las leyes del mineral y al aumento de su dureza. Para lograr ese objetivo, considera adecuaciones de diseño e ingeniería destinadas a mantener las capacidades operacionales previamente autorizadas. Las obras se desarrollarán dentro del área comprendida entre la correa overland proveniente del chancado primario y los espesadores de relaves y concentrado actualmente en operación.

Iniciativa contempla una inversión de US$2.351 millones

La iniciativa presentada por Minera Escondida Ltda., operada por BHP, contempla una vida útil estimada de 25,5 años y una inversión cercana a los US$2.351 millones. Entre sus componentes figura una nueva línea eléctrica asociada a las mejoras operacionales de la planta. El proyecto busca mantener la continuidad de la producción mediante la adaptación de sus instalaciones a las nuevas características del mineral extraído.

Con la admisión de las reclamaciones, el Tribunal Ambiental iniciará la revisión judicial del proceso de evaluación. El resultado determinará si la resolución que confirmó la aprobación ambiental del proyecto se ajustó a la normativa vigente o si corresponde adoptar nuevas medidas dentro del procedimiento.

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Cuestionan evaluación ambiental del proyecto

Uno de los recursos sostiene que la evaluación ambiental no consideró adecuadamente observaciones ciudadanas relacionadas con la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Además, plantea que existía información insuficiente para descartar posibles impactos sobre la calidad del aire en el área de influencia del proyecto. La Municipalidad de La Ligua argumenta que la iniciativa debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental.

Según el municipio, la operación podría generar riesgos para la salud debido a los efluentes asociados al procesamiento mineral. También advierte posibles efectos sobre la cantidad y calidad de las aguas en una zona considerada de alta sensibilidad hídrica. La acción judicial agrega posibles alteraciones a sistemas de vida de grupos humanos y la cercanía del proyecto al Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma. Por su parte, vecinos de La Ligua y Papudo sostienen que la iniciativa se emplaza en un área restringida para el desarrollo urbano según la planificación territorial vigente.

SEA defiende la aprobación del proyecto

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó al Tribunal rechazar todas las reclamaciones. El organismo afirmó que la evaluación descartó correctamente impactos significativos sobre los recursos hídricos. La entidad señaló que los estudios consideraron escenarios conservadores de extracción de agua durante toda la vida útil del proyecto. Según el SEA, la iniciativa contempla un caudal máximo de extracción de 2,52 litros por segundo. Asimismo, indicó que los análisis de calidad del aire utilizaron modelos de dispersión de contaminantes y antecedentes meteorológicos validados por la normativa ambiental.

El SEA también sostiene que el proyecto no afectará directamente el Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma ni el bosque de olivillos protegido en la Quebrada Las Tablas. Respecto a la compatibilidad territorial, el organismo argumenta que la actividad minera cuenta con respaldo legal y que la normativa sectorial prevalece sobre las restricciones establecidas en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso.

 ¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto minero Pullalli busca extender la vida útil de la Planta Pullalli por cinco años. Para ello, propone modificar el proceso actual de lixiviación agitada por un sistema de lixiviación en pilas. La iniciativa incorpora nuevas instalaciones para aglomeración, lixiviación primaria y secundaria, además de una planta de Columna de Intercambio Catiónico y una planta de elución. Con estos cambios, la empresa busca mantener la continuidad operacional de la planta procesadora de minerales auríferos.

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Los reclamantes sostienen que la evaluación no consideró adecuadamente las observaciones relacionadas con las comunidades indígenas. También afirman que existieron deficiencias en el análisis de posibles efectos sobre recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas. Según la presentación judicial, el proyecto contempla 12 sondajes de exploración minera distribuidos en nueve plataformas ubicadas en el cerro Anocarire. La iniciativa busca determinar la presencia de cobre, oro y plata en la zona.

Las organizaciones señalan que el área del proyecto se encuentra en territorios ancestrales utilizados por comunidades Aymara y Quechua. En el sector existirían caminos troperos, zonas de pastoreo, vertientes, bofedales y espacios ceremoniales. Además, destacan que el cerro Anocarire posee un valor espiritual relevante dentro de la cosmovisión Aymara. Para las comunidades, el lugar representa un “Mallku” o cerro sagrado.

Los reclamantes cuestionan que la iniciativa ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). A su juicio, el proyecto debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental debido a sus posibles efectos sobre comunidades indígenas y ecosistemas sensibles. Entre las áreas cercanas mencionadas figuran la Reserva Nacional Las Vicuñas y la Reserva de la Biosfera Lauca. Por ello, solicitaron que sus observaciones ciudadanas sean revisadas nuevamente. El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación. Asimismo, requirió al SEA un informe detallado sobre los fundamentos de su decisión y los antecedentes administrativos asociados.

Medida cautelar busca paralizar las obras

Junto con la reclamación, los solicitantes pidieron una medida cautelar para suspender los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Argumentan que el proyecto no habría evaluado de forma íntegra todas las obras necesarias para su ejecución. Según el escrito, el inicio de los trabajos podría generar impactos permanentes sobre recursos hídricos, biodiversidad y el cerro Anocarire. También advierten riesgos para áreas protegidas y actividades tradicionales de las comunidades. El tribunal resolvió solicitar antecedentes adicionales a la parte reclamada antes de pronunciarse sobre la medida cautelar.

Detalles del proyecto minero Champagne

El proyecto minero Champagne considera la ejecución de 12 sondajes mediante aire reverso o diamantina. También contempla la construcción de caminos de acceso, plataformas de perforación, piscinas de lodo e infraestructura de apoyo. La iniciativa se desarrollará durante 28 meses en un sector ubicado entre las comunas de Putre y Camarones, en la Región de Arica y Parinacota. La inversión estimada alcanza los US$18 millones.

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Durante mayo, las Comisiones de Evaluación Ambiental y la Dirección Ejecutiva del SEA aprobaron proyectos por US$13.962 millones. Esta cifra convirtió al mes en el período con mayor inversión aprobada desde la creación del sistema. Entre los proyectos destacados figuran Aguas Marítimas en Antofagasta, el Puerto Exterior de San Antonio y la Línea 8 del Metro de Santiago. También recibieron luz verde diversas iniciativas de energías renovables y almacenamiento energético.

La ministra Francisca Toledo informó que durante los primeros tres meses de gestión ingresaron 75 proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental. Estas iniciativas representan una inversión de US$22.819 millones. Según la autoridad, el monto supera ampliamente los niveles registrados durante los inicios de las tres administraciones anteriores. El resultado refleja un mayor dinamismo en la presentación de proyectos de inversión.

El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, señaló que actualmente existen 379 proyectos en evaluación. En conjunto, estas iniciativas representan más de US$91 mil millones de inversión. Las regiones con mayores montos corresponden a Magallanes y la Antártica Chilena, con US$27.022 millones. Antofagasta ocupa el segundo lugar con US$26.844 millones. Farías explicó que los sectores de Energía y Minería concentran más de US$53 mil millones. Ambos rubros lideran la cartera de proyectos que actualmente analiza el sistema.

La aprobación ambiental de proyectos también avanzó gracias a medidas orientadas a resolver procesos pendientes. En menos de 90 días, el SEA destrabó más de 50 iniciativas que mantenían reclamaciones administrativas. Estas acciones involucraron inversiones cercanas a los US$15 mil millones. Además, el Comité de Ministros sesionó en seis ocasiones y revisó 16 proyectos de inversión. La revisión permitió avanzar en iniciativas por más de US$6.900 millones. Según las autoridades, este trabajo fortaleció la certeza regulatoria y mejoró la eficiencia institucional.

La ministra Toledo informó que la administración prácticamente concluyó la revisión de reclamaciones heredadas. Asimismo, el SEA redujo los tiempos de emisión de resoluciones desde seis meses a solo 15 días, fortaleciendo las condiciones para atraer nuevas inversiones y generar empleo en el país.

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La publicación de las Declaraciones de Impacto Ambiental permite que la ciudadanía conozca los proyectos que iniciaron su proceso de evaluación ambiental durante el período informado. El SEA destacó que esta información forma parte de su compromiso permanente con la transparencia institucional. También busca facilitar el acceso oportuno a antecedentes relevantes para las comunidades y actores interesados.

Los proyectos incluidos en el listado corresponden a iniciativas que ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este instrumento permite evaluar los potenciales efectos ambientales de los proyectos antes de su ejecución. La información se encuentra disponible para consulta pública a través de los canales oficiales del SEA.

El SEA recordó que la ciudadanía puede solicitar la apertura de un Proceso de Participación Ciudadana (PAC) para las Declaraciones de Impacto Ambiental. Este mecanismo permite que las comunidades presenten observaciones y aporten antecedentes durante la evaluación ambiental de los proyectos.

La solicitud puede ser presentada por al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, representadas por sus dirigentes. También puede ser realizada por un grupo mínimo de diez personas naturales que resulten directamente afectadas por el proyecto o actividad evaluada.

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La presentación fue realizada por la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas naturales. Los reclamantes sostienen que la autoridad ambiental no consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas durante el proceso de evaluación.

Según la reclamación, el proyecto se ubicaría en una zona de alta sensibilidad ecológica. El área se encuentra próxima al Sitio Ramsar Salar de Tara y a la Reserva Nacional Los Flamencos. Los demandantes expresan preocupación por eventuales efectos sobre recursos hídricos, vegas, bofedales y ecosistemas altoandinos. También advierten posibles consecuencias para la biodiversidad presente en el territorio.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al posible impacto de las perforaciones sobre acuíferos y aguas subterráneas. Los reclamantes señalan que estas intervenciones podrían afectar vertientes que abastecen al río Jere. Este recurso hídrico resulta fundamental para las actividades agrícolas y de subsistencia que desarrolla la comunidad de Toconao. Por ello, solicitan una revisión más exhaustiva de los antecedentes técnicos.

La reclamación también plantea posibles efectos sobre especies nativas y corredores biológicos. Entre ellas destacan especies de uso etnobotánico y ceremonial para el pueblo Lickan Antai, como la tola y la chachacoma. Además, los demandantes sostienen que la iniciativa podría generar impactos sobre prácticas tradicionales vinculadas al territorio ancestral. Entre ellas mencionan el pastoreo, la trashumancia, la agricultura local y actividades ceremoniales.

Dentro de los antecedentes presentados, se menciona que la Dirección General de Aguas formuló observaciones al modelo hidrogeológico del proyecto. Estas observaciones apuntarían a incertidumbres respecto de una posible interceptación de aguas subterráneas. Los reclamantes también cuestionan las medidas propuestas por el titular. A su juicio, estas acciones tendrían un carácter reactivo y no permitirían descartar impactos ambientales significativos.

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El fallo del Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la RCA otorgada al proyecto de expansión de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. La sentencia determinó que el SEA deberá revisar nuevamente antecedentes relacionados con impactos sociales y marítimos. La causa se originó tras reclamaciones presentadas por comunidades y representantes locales. Los reclamantes cuestionaron aspectos de la evaluación ambiental desarrollada durante la tramitación del proyecto.

La iniciativa representa una inversión ejecutada cercana a US$3.200 millones. El proyecto incluye obras de infraestructura y una planta desaladora que actualmente se encuentra en etapa final de construcción. La expansión busca fortalecer la capacidad productiva de Collahuasi. Además, pretende asegurar suministro hídrico mediante infraestructura de desalinización para las operaciones mineras.

La minera sostuvo que el proceso ambiental cumplió la normativa vigente y los procedimientos institucionales. La empresa recordó que el Comité de Ministros rechazó en agosto de 2023 las reclamaciones presentadas contra la iniciativa. Ese pronunciamiento respaldó la continuidad del proyecto antes de la resolución judicial. Sin embargo, el tribunal acogió posteriormente los recursos tras más de 800 días de tramitación.

Desde la compañía afirmaron que la evaluación ambiental respetó los estándares exigidos por la legislación chilena. También indicaron que actualmente analizan las acciones legales que podrían presentar frente a la sentencia. El caso vuelve a instalar el debate sobre los procesos de evaluación ambiental de grandes proyectos mineros en Chile. La decisión podría generar nuevas revisiones regulatorias para futuras iniciativas de inversión en el sector.

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La reclamación sostiene que el proyecto podría afectar el sistema hídrico del Salar de Tara. El sector cuenta con protección ambiental por su condición de Reserva Nacional y Sitio Ramsar. La comunidad indígena argumentó que la evaluación ambiental presentó deficiencias en la caracterización hidrogeológica. Además, acusó falta de información y errores metodológicos en el modelo utilizado por la empresa minera. Según el escrito, estas falencias impedirían descartar impactos sobre vegas, bofedales y acuíferos protegidos. La organización también afirmó que el proceso no consideró correctamente los efectos sobre sus sistemas de vida y costumbres.

La reclamación expone que el análisis ambiental omitió elementos culturales y espirituales asociados al territorio. También cuestionó la caracterización del componente humano durante la evaluación del proyecto. La comunidad solicitó al tribunal dejar sin efecto la resolución del SEA. Además, pidió mantener la calificación ambiental desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa. Junto con ello, solicitó la suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La petición incluye la paralización temporal de las obras mientras el tribunal analiza los antecedentes. El Primer Tribunal Ambiental informó que esa solicitud cautelar sigue en evaluación. La resolución sobre esa materia se conocería durante los próximos días.

El proyecto de exploración minera en San Pedro de Atacama busca determinar la presencia de cuerpos mineralizados en profundidad. Para ello, considera la perforación de ocho sondajes mediante el método de diamantina. La iniciativa contempla una inversión cercana a un millón de dólares. Además, considera una ejecución aproximada de tres meses. El proyecto se emplazará a unos 120 kilómetros al este de San Pedro de Atacama. La empresa pretende caracterizar y delimitar concentraciones minerales en la zona de exploración.

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Durante la audiencia, el abogado del reclamante sostuvo que la aprobación no descartó adecuadamente los impactos del proyecto. Argumentó que existen dudas sobre el manejo de arenas de retorno y su efecto en la salud de la población. El representante legal indicó que faltan antecedentes sobre contaminantes presentes en suelo, agua y aire. También señaló que la autoridad sanitaria detectó deficiencias en la evaluación de exposición.

El reclamante criticó que las medidas ambientales se concentran solo en el arsénico. Afirmó que se requiere mayor análisis sobre otros metales presentes en los relaves. Además, cuestionó la falta de criterios objetivos basados en normas de referencia. También advirtió sobre posibles impactos en el Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo.

El SEA defendió la legalidad de la resolución. Su representante aseguró que el Comité de Ministros evaluó antecedentes suficientes sobre riesgos sanitarios. El organismo indicó que no se ha comprobado un impacto significativo asociado al manejo de residuos. Añadió que el proyecto incorpora compromisos ambientales que reducen la concentración de arsénico en más de un 50%. También afirmó que los estudios descartan efectos relevantes sobre recursos hídricos. Según el SEA, la empresa cumplió con las exigencias técnicas durante la evaluación.

Defensa de la compañía

La defensa de la compañía señaló que el proyecto mejorará la condición ambiental del área. Explicó que la playa ya presenta relaves históricos y residuos de eventos pasados. El abogado indicó que el proceso permitirá recuperar cobre y devolver arenas tratadas. Estas tendrían menor concentración de contaminantes que las actuales. Recalcó que el proyecto no agrava la situación existente. Afirmó que contribuirá a una recuperación ambiental progresiva del sector.

Tras la audiencia, el proyecto minero Playa Verde en Chañaral quedó en estado de acuerdo. El tribunal designó al ministro Marcelo Hernández Rojas para redactar la sentencia. La resolución será clave para definir el futuro de la iniciativa. El fallo abordará los cuestionamientos sobre evaluación ambiental y riesgos asociados.

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El fallo concluyó que durante la tramitación se vulneró el principio de contradictoriedad. Según la resolución, el titular no conoció oportunamente cuestionamientos técnicos surgidos desde observaciones ciudadanas. Eso impidió que la empresa respondiera antes de la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable. Para el Tribunal, esa omisión afectó garantías básicas del proceso administrativo.

La sentencia también cuestionó actuaciones posteriores del SEA. Tras una orden de la Corte Suprema para abrir una nueva etapa de participación ciudadana, surgieron observaciones sobre polvo, ruido y vibraciones. Sin embargo, la autoridad utilizó esos antecedentes para rechazar el proyecto. No entregó una instancia equivalente para que la empresa aclarara o complementara información técnica.

Qué implica la decisión judicial

El fallo obliga al SEA a retomar la evaluación en una etapa previa al informe consolidado. Esto permitirá revisar nuevamente antecedentes y otorgar oportunidades formales de respuesta al titular. La sentencia recordó además que el proyecto había contado inicialmente con una RCA favorable. Por ello, exigió mayor claridad de la autoridad al modificar una evaluación previa positiva.

El Proyecto Minero San Cayetano corresponde a una faena de cobre ubicada en el sector El Reloj, comuna de Ovalle, provincia del Limarí. Busca ampliar la producción desde 5.000 toneladas mensuales hasta 60.000 toneladas por mes. Para concretarlo, considera ampliar botaderos de estériles y construir uno nuevo. También incluye una planta de procesamiento, un depósito de relaves filtrados e instalaciones de apoyo. La iniciativa abarca cerca de 320 hectáreas. Además, contempla una inversión superior a US$20 millones.

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La autoridad destacó el peso estratégico de la región para el desarrollo nacional. Indicó que Antofagasta reúne cerca del 30% de la inversión que actualmente se analiza en Chile. Farías explicó que esta realidad exige una gestión eficiente. También remarcó la necesidad de responder con altos estándares técnicos y dentro de los plazos establecidos.

Durante el primer mes de la actual administración, ingresaron nuevas iniciativas por US$17 mil millones a nivel regional. La cifra refleja un fuerte dinamismo en materia de inversión. El SEA señaló que evaluará medidas para fortalecer al equipo local. El objetivo apunta a enfrentar la creciente demanda y mejorar tiempos de tramitación.

En la jornada participaron la delegada presidencial regional, Katherine López, y la seremi del Medio Ambiente, Verónica Araneda. También asistieron representantes de la SMA, SBAP y del SEA Antofagasta. Las autoridades revisaron los principales desafíos de coordinación institucional. Además, analizaron mecanismos para compatibilizar inversión y cumplimiento normativo.

Inversión y calidad de vida

La delegada presidencial afirmó que el aumento de proyectos debe traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía. Mencionó áreas como salud, educación, vivienda y seguridad. Añadió que esos avances requieren inversión responsable. También subrayó la importancia de respetar la normativa vigente en cada proceso.

Farías cerró la jornada con una reunión junto al equipo regional del servicio. En la instancia conoció los principales retos técnicos y operativos que enfrenta la zona. La evaluación ambiental en Antofagasta seguirá siendo clave para el crecimiento económico del país. El desempeño regional será decisivo para destrabar inversiones estratégicas.

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La primera reclamación fue presentada por la comunidad indígena Wayra Mata Tujsi. Su representación sostuvo que las opiniones entregadas en reuniones del proceso ambiental debían considerarse como observaciones ciudadanas formales. Según su defensa, la autoridad debió responder esas inquietudes y permitir la reclamación administrativa posterior. Además, expusieron preocupación por emisiones de polvo, avance de la mina subterránea y riesgos sísmicos en Tierra Amarilla.

Postura del Servicio de Evaluación Ambiental

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó esos argumentos. Su defensa indicó que la comunidad no presentó observaciones ciudadanas dentro de los plazos legales. El organismo afirmó que el proceso participativo cumplió la normativa vigente. También señaló que el proyecto incorporó medidas para reducir emisiones de MP10 y MP2,5. Entre ellas figuran humectación de caminos, asfaltado, monitoreo ambiental y recambio de buses diésel por eléctricos. Además, se suman programas de salud y plantación de árboles nativos.

La segunda reclamación fue presentada por la comunidad Colla Tata Inti del Pueblo de Los Loros. Su abogado cuestionó la evaluación de impactos en salud, agricultura y presencia de receptores humanos cercanos al proyecto. También planteó falta de consulta indígena y ausencia de análisis sobre cambio climático. El SEA respondió que no existían condiciones legales para activar dicho proceso. La empresa Minera Candelaria respaldó la postura del servicio. Sostuvo que los impactos ambientales fueron evaluados y que existen medidas suficientes de mitigación.

La iniciativa contempla una inversión de US$600 millones. Además, proyecta una vida útil de 23 años. El plan considera explotar cerca de 350 millones de toneladas adicionales. La operación aumentaría su extracción promedio anual a 384.000 toneladas diarias de material.

Tras las audiencias, las reclamaciones contra proyecto Mina Candelaria quedaron en estudio. El tribunal solicitó nuevos antecedentes a distintas instituciones antes de emitir su resolución final. La decisión será clave para el futuro del proyecto y para la relación entre minería, comunidades y regulación ambiental en Atacama.

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Ubicado entre 160 y 170 kilómetros de Copiapó, el yacimiento contempla explotación secuencial a rajo abierto. El plan considera desarrollar los depósitos Lobo y Marte. Según antecedentes de la empresa, la operación podría producir cerca de 4,7 millones de onzas de oro. Ese volumen permitiría fortalecer la continuidad operativa de Kinross en el norte del país.

La admisión a trámite representa un paso relevante para la economía regional. Si obtiene aprobación ambiental, la iniciativa podría generar un fuerte impacto en empleo e inversión. Durante la construcción, Kinross proyecta entre 2.800 y 3.400 puestos de trabajo. En la etapa operativa, la faena requeriría cerca de 1.000 trabajadores directos, además de empresas colaboradoras.

Autoridades regionales valoraron el ingreso del proyecto al sistema ambiental. También destacaron el potencial efecto sobre proveedores locales y servicios asociados. La delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid Versalovic, señaló que el avance dentro de la institucionalidad entrega una señal positiva para la región. Además, resaltó la importancia de nuevas inversiones productivas.

Kinross afirmó que el proyecto usará derechos de agua ya existentes. La empresa indicó que no aumentará la extracción actual e incorporará recirculación y eficiencia hídrica. La compañía también destacó un proceso de Participación Ciudadana Temprana. Según informó, más de 5.000 personas participaron en encuentros presenciales y virtuales. Entre los asistentes hubo comunidades indígenas Colla, autoridades locales y actores del territorio. Ese trabajo permitió recoger observaciones e incorporar mejoras al diseño.

El Proyecto Lobo-Marte entra ahora en una fase clave de evaluación ambiental. Su avance será seguido por la industria, las comunidades y las autoridades de Atacama. Con más de tres décadas en la región, Kinross busca consolidar una estrategia de largo plazo. Lobo-Marte aparece como una pieza central dentro de ese objetivo.

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La ministra Toledo enfatizó que el Gobierno busca responder con mayor rapidez a las necesidades del país. Señaló que el Servicio de Evaluación Ambiental debe entregar resoluciones técnicas, fundamentadas y oportunas. Además, subrayó que la gestión del nuevo director enfrentará el desafío de mejorar los tiempos de respuesta. Este enfoque apunta a fortalecer la confianza en la institucionalidad ambiental.

Arturo Farías cuenta con más de ocho años de experiencia en el organismo. Inició su carrera como abogado en la Dirección Ejecutiva y luego lideró el área jurídica en la Dirección Regional Metropolitana. Desde 2021, ejerció como director regional, primero en calidad subrogante y luego como titular tras un proceso de Alta Dirección Pública. Su experiencia técnica refuerza su perfil para liderar el servicio.

Formación académica especializada

El nuevo director es abogado de la Universidad Alberto Hurtado. Posee un magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo y estudios en recursos naturales en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El Nuevo Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental afirmó que asume el cargo con sentido de responsabilidad. Agradeció la confianza del Ejecutivo y reafirmó su compromiso con una gestión eficiente. Farías indicó que su objetivo será fortalecer el sistema para entregar certezas. También destacó la importancia de responder oportunamente a los desafíos del desarrollo sostenible, respetando la normativa vigente.

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El Mandatario recorrió las instalaciones del Ministerio. Visitó el laboratorio y la sala de calibración del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire. También observó el funcionamiento de la red de monitoreo de ruido ambiental. Estas herramientas entregan información técnica clave. Permiten tomar decisiones basadas en evidencia y mejorar la gestión ambiental. La visita reforzó el enfoque en datos para fortalecer políticas públicas.

La ministra Toledo destacó avances en la revisión de reclamaciones. Señaló que el gobierno busca acortar los tiempos de respuesta. Además, indicó que el Comité de Ministros ya revisó iniciativas de energía renovable. El Ejecutivo impulsa ajustes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. También trabaja en mejoras para la Superintendencia del Medio Ambiente. Estas medidas buscan dar mayor certeza a los proyectos de inversión.

Prioridades estratégicas del Ministerio

La autoridad definió tres ejes de trabajo. Primero, implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Segundo, agilizar la gestión institucional y reducir retrasos. Tercero, fortalecer la gestión de residuos. En este contexto, el Presidente Kast visita Ministerio del Medio Ambiente con el objetivo de consolidar una agenda que combine protección ambiental y desarrollo económico. La autoridad enfatizó la importancia de respuestas ágiles para todos los actores.

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El Proyecto Nueva Concentradora Escondida permitirá mantener la capacidad total de procesamiento en 460 mil toneladas por día. Este nivel asegura que la producción se mantenga dentro de los límites actualmente aprobados. La nueva instalación se posiciona como un eje central del plan de inversión de la compañía. Además, permitirá sostener la competitividad de Escondida en el mercado global del cobre.

La iniciativa generará efectos positivos en la economía regional, especialmente en Antofagasta. BHP proyecta un impulso relevante en el desarrollo de proveedores locales. Durante la fase de construcción, el proyecto requerirá un promedio de 2.500 trabajadores. En los momentos de mayor actividad, la dotación podría alcanzar cerca de 6.000 personas.

El proyecto iniciará ahora su proceso de evaluación ambiental ante el SEA. En esta etapa, los organismos competentes revisarán los impactos y las medidas de mitigación. Si obtiene la aprobación, la construcción comenzará en los próximos años. La primera producción se estima entre 2031 y 2032. Este cronograma permitirá que la nueva concentradora entre en operación tras completar su desarrollo. Así, Escondida podrá mantener su liderazgo en la producción mundial de cobre.

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