El procedimiento sancionatorio comenzó tras una formulación de cargos presentada por la SMA. La autoridad imputó ocho infracciones ambientales a Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. Cuatro infracciones fueron calificadas como graves. Las otras cuatro recibieron la categoría de leves.

Entre los cargos graves figuran incumplimientos vinculados a la protección de formaciones vegetacionales azonales. También se identificaron deficiencias en el rescate y relocalización de la vizcacha. La SMA detectó incumplimientos en las medidas de protección de la golondrina de mar. Además, la autoridad advirtió una afectación potencial a individuos de la especie vegetal Metharme lanata.

Los cargos leves se relacionan con medidas de control de tránsito vehicular. También incluyen deficiencias en la protección del gaviotín chico. La autoridad ambiental detectó observaciones en el seguimiento de recursos bentónicos y ecosistemas marinos. Asimismo, constató retrasos en la actualización de información en el Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental.

El Programa de Cumplimiento de Teck Quebrada Blanca incorpora acciones enfocadas en la protección ambiental. Entre ellas destacan monitoreos en sectores sensibles y delimitaciones físicas de flora singular. La compañía también actualizará el plan de rescate y relocalización de la vizcacha. El plan considera mejoras metodológicas, capacitación de personal y medidas de enriquecimiento de hábitat.

En materia de fauna protegida, el programa incluye controles de iluminación en instalaciones mineras. Además, contempla estudios conductuales, rescate, liberación y seguimiento de ejemplares de golondrina de mar. La iniciativa también incorpora estudios y monitoreo ampliado para proteger la especie vegetal Metharme lanata. A ello se suman medidas de resguardo físico e inducciones ambientales para trabajadores.

SMA suspende procedimiento sancionatorio

La SMA informó que la aprobación del programa suspende el procedimiento sancionatorio. Sin embargo, la autoridad podrá reanudarlo si detecta incumplimientos en las acciones comprometidas. El monto total comprometido por la empresa asciende a $9.849.345.711. La ejecución de las medidas será supervisada por la autoridad ambiental durante los próximos dos años.

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Durante el proceso, la SMA imputó dos infracciones ambientales, de las cuales una quedó configurada. Esta infracción fue clasificada como leve, según los criterios establecidos por la autoridad. La SMA constató que la empresa no ejecutó el monitoreo obligatorio de recursos hídricos. En específico, no existen registros del pozo de exploración LE-1, exigidos por el Estudio de Impacto Ambiental. Además, la empresa no realizó las mediciones de caudal en la vertiente La Cascada con la frecuencia requerida. Ambas obligaciones estaban establecidas en el EIA del proyecto El Tesoro y en un programa de monitoreo adicional.

El proyecto Minera Centinela integra dos líneas de explotación minera. La primera corresponde al mineral oxidado, originalmente desarrollado como Minera El Tesoro. Esta operación produce cátodos de cobre y utiliza agua extraída desde un acuífero ubicado en Calama. La segunda línea corresponde al mineral sulfurado, iniciado como Minera Esperanza. En este último caso, el suministro hídrico proviene del mar, a través de una planta desaladora. Ambos proyectos operan de manera integrada bajo la actual titularidad.

Plazos para el pago de la sanción

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), la empresa deberá pagar la multa en la Tesorería General de la República. El plazo máximo es de diez días hábiles, contados desde la notificación oficial de la sanción. La SMA reiteró la importancia del cumplimiento ambiental en proyectos de alta complejidad. La resolución refuerza el rol fiscalizador del organismo en el seguimiento de compromisos ambientales del sector minero. La SMA multa a Minera Centinela en un contexto de mayor exigencia regulatoria.

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El proyecto extrae carbonato de calcio mediante un rajo abierto y una planta de conminución, con una capacidad superior a cinco mil toneladas mensuales. La operación también incluye un botadero de estériles vinculado a la extracción.

Las denuncias alertaron sobre daños en terrenos de pastoreo y vertientes intervenidas con estériles. La comunidad también acusó polvo en suspensión, ruidos molestos, tala de árboles y posibles riesgos para la salud de habitantes del sector.

Los fiscalizadores revisaron información del titular y de Sernageomin, lo que permitió confirmar que el proyecto no contaba con permiso ambiental. La SMA pidió el ingreso al SEIA en agosto de 2021 y reiteró la orden en octubre de 2021 y enero de 2022, sin obtener respuesta.

La autoridad formuló dos cargos graves. El primero se relaciona con ejecutar un proyecto minero de alta capacidad sin someterlo a evaluación ambiental. El segundo corresponde al incumplimiento del requerimiento de ingreso al SEIA, reiterado tres veces.

El jefe regional de la SMA en Coquimbo, Gonzalo Parot, destacó que el titular ignoró el requerimiento pese al riesgo ambiental del proyecto. La autoridad remarcó la obligación de someter estas iniciativas al SEIA para asegurar una operación responsable.

El titular arriesga multas de hasta 10 mil UTA, además de la clausura o la revocación del permiso ambiental. Desde la notificación, cuenta con 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y con 22 días hábiles para presentar descargos.

Con esta formulación de cargos, la SMA refuerza su rol fiscalizador y exige que los proyectos mineros cumplan las normativas ambientales vigentes. La SMA formula cargos graves contra Minera Piedras Blancas por riesgos que afectan el ecosistema local y a la comunidad.

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La Superintendencia del Medio Ambiente informó que ambos titulares del proyecto —Sociedad Minera Tres Valles en Liquidación Concursal SpA y Compañía Minera Tres Valles SpA— enfrentan cargos relacionados con el funcionamiento de distintas instalaciones productivas. Estas instalaciones forman parte de una unidad fiscalizable que integra procesos subterráneos y a rajo abierto.

El proyecto considera la producción de cátodos de cobre provenientes de la mina subterránea Papomono y la mina a rajo abierto Don Gabriel. Además, contempla la compra de minerales a terceros. Su operación integra métodos de lixiviación en pilas, extracción por solventes y electroobtención, todos orientados a generar cobre fino.

Dentro de la infraestructura evaluada por el organismo destacan dos depósitos de estériles, uno para cada mina. La faena también cuenta con una planta de chancado de cuatro etapas con tambor aglomerador y canales para desviar aguas lluvias. Estos elementos buscan mantener continuidad operacional y reducir impactos sobre el entorno.

La unidad fiscalizable incluye una pila de lixiviación estática en Quilmenco. Esta instalación posee estanques, piscinas de emergencia, sistemas de bombeo y un mecanismo de riego por goteo para el tratamiento del mineral. A ello se suma una nave de electro–depositación utilizada para obtener los cátodos finales.

La SMA sostuvo que las diferencias detectadas podrían afectar el desempeño ambiental del proyecto. El proceso sancionatorio continuará con la revisión de antecedentes técnicos y posibles descargos por parte de la empresa.

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Aunque la minera cuenta con derechos de aprovechamiento, las extracciones se efectuaron fuera de lo permitido por las medidas de redistribución, que priorizan el consumo humano y el saneamiento. Los registros entregados por la propia empresa confirmaron el uso irregular de las bocatomas 2400 y 2700 durante fines de semana.

La resolución de la DGA concluyó que, pese a que los volúmenes extraídos fueron menores a la capacidad instalada, sí impactaron a más de 5.000 usuarios aguas abajo pertenecientes a la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua. Por ello, se impusieron dos sanciones de 700,6 UTM cada una, aumentadas en 75% por tratarse de una zona de escasez hídrica y de un cauce declarado agotado. La multa total ascendió a 2.452,1 UTM, equivalentes a $168.329.309.

Además, la DGA remitió los antecedentes al Ministerio Público para indagar un eventual delito de extracción ilegal de agua, lo que podría derivar en responsabilidades penales.

La empresa ya había recibido cuatro multas previas entre 2023 y 2024 en la Región de Valparaíso, relacionadas con incumplimientos en el monitoreo de extracciones, captaciones no autorizadas en el estero Riecillos, uso irregular de aguas subterráneas en Nogales y obras sin permiso en el estero El Sauce.

Con este nuevo proceso, la DGA refuerza su rol fiscalizador en el uso sustentable de los recursos hídricos, especialmente en cuencas bajo presión hídrica severa como el Aconcagua.

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La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas otorgó un plazo de 90 días a la empresa para presentar un proyecto de modificación de cauce para su evaluación o, en su defecto, proceder a la demolición completa de las estructuras. La revisión busca determinar si las obras pueden ajustarse a la normativa vigente para su eventual aprobación.

En caso de no cumplir con lo ordenado, la empresa arriesga nuevas multas que pueden ir entre 100 y 1.000 UTM adicionales. Según el informe técnico, las construcciones representan una alteración significativa del cauce natural y un riesgo para la seguridad hídrica del sector.

El SEREMI de Obras Públicas, Dennys Mendoza, subrayó la importancia de respetar la legislación. “Toda intervención en cauce debe regirse por la normativa, presentar un proyecto y someterlo a evaluación técnica”. Por su parte, el director regional de Aguas, Camilo Mansilla, recalcó que contar con las autorizaciones es clave para resguardar la vida, los bienes y la tranquilidad de la comunidad.

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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos contra la empresa Minera Las Piedras Limitada, titular de la unidad fiscalizable “Mina El Turco”, ubicada en la comuna de Cartagena, Región de Valparaíso. La acción se enmarca en una investigación iniciada tras denuncias por incumplimientos ambientales en Cartagena, entre ellos, el corte no autorizado de bosque nativo esclerófilo.

La denuncia fue presentada por la Municipalidad de Cartagena e incluye observaciones por omisiones en el monitoreo de material particulado respirable MP10, fallas en la ejecución del plan de cierre de faenas y la no implementación de medidas de compensación ambiental. Esta situación generó la realización de fiscalizaciones conjuntas entre la SMA, CONAF y SERNAGEOMIN en 2021 y 2024, constatándose una serie de faltas al marco normativo vigente.

Graves denuncias

Entre los cargos, se incluye el no haber tramitado la pertinencia de monitoreo de MP10 ante la autoridad sanitaria y la omisión en la donación comprometida a una organización dedicada a la protección del humedal de Cartagena.

Por otro lado, se detectaron infracciones graves, como el incumplimiento del programa de cierre anual —donde no se aplicaron capas de guano ni se ejecutó la revegetación comprometida— y la corta no autorizada de bosque nativo, sin presentar planes de corrección ante CONAF. Estas acciones configuran serias faltas dentro del marco de protección ambiental.

La superintendenta Marie Claude Plumer explicó que la empresa tiene 22 días hábiles para presentar sus descargos o 15 días para un Programa de Cumplimiento. Según la Ley Orgánica de la SMA, las infracciones podrían implicar multas de hasta 12.000 UTA, equivalentes a más de $9.924 millones.

Este procedimiento reafirma la importancia del cumplimiento normativo en la minería, especialmente en zonas sensibles como Cartagena. Los incumplimientos ambientales en Cartagena ponen en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la viabilidad de los proyectos mineros en la región.

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