Comunidad de Peine cuestiona evaluación hidrogeológica

La Comunidad Indígena Atacameña de Peine sostiene que el Comité de Ministros excedió sus atribuciones al pronunciarse sobre materias hidrogeológicas vinculadas al Permiso Ambiental Sectorial N.° 88. Según la reclamación, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) había advertido en distintas etapas que la información entregada por el titular resultaba insuficiente para descartar riesgos de infiltración o lixiviación que pudieran alterar los flujos de aguas subterráneas.

La comunidad también afirma que la resolución se sustentó en una línea base elaborada en 2009, la que, a su juicio, no refleja la situación hídrica actual del Salar de Atacama. Además, sostiene que la evaluación vulnera los principios precautorio y de no regresión. También acusa un eventual fraccionamiento del proyecto al no considerar su potencial asociado a la explotación de litio y denuncia una exclusión de la comunidad durante la etapa recursiva.

Toconao cuestiona datos técnicos y protección del sistema Soncor

La Comunidad Indígena Atacameña de Toconao sostiene que la resolución incumple lo ordenado previamente por el Primer Tribunal Ambiental en la causa Rol R-58-2022. Entre sus principales argumentos, señala que el titular no presentó información primaria suficiente sobre el área del proyecto y que reutilizó modelos regionales desarrollados para planificación de cuencas, los cuales no serían adecuados para evaluar los impactos específicos de una iniciativa privada.

Observaciones sobre el sistema hídrico

La comunidad cuestiona que la evaluación ambiental no incorporara una modelación específica para el sistema lagunar Soncor. En cambio, indica que el análisis utilizó antecedentes correspondientes a Aguas de Quelana, pese a las diferencias existentes entre ambos sistemas. Asimismo, sostiene que el Plan de Alerta Temprana perdería efectividad porque considera un pozo cuyos mecanismos de contingencia ya operan debido a la sobreexplotación generada por otros proyectos. También advierte que la evaluación no abordó de manera suficiente el riesgo de subsidencia asociado a la extracción de salmueras.

La reclamación también apunta al otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial N.° 88. Según la comunidad, la autorización se concedió sin una caracterización adecuada de las canchas de acopio y sin evaluar completamente riesgos relacionados con estabilidad, percolación, dispersión de polvo y presencia de elementos potencialmente tóxicos. Además, argumenta que la evaluación no consideró el contexto de sobreexplotación que enfrenta actualmente la cuenca ni los derechos de la comunidad sobre los recursos naturales y las actividades tradicionales vinculadas al sistema Soncor.

Solicitan suspender los efectos de la resolución

Las dos comunidades solicitaron al Primer Tribunal Ambiental anular la resolución del Comité de Ministros y mantener el rechazo ambiental del proyecto. De forma subsidiaria, pidieron que el tribunal adopte las medidas que correspondan conforme a la Ley N.° 20.600. Junto con las reclamaciones, ambas organizaciones solicitaron medidas cautelares para suspender inmediatamente los efectos de la resolución impugnada. El objetivo es impedir el inicio de obras físicas, especialmente aquellas vinculadas al Permiso Ambiental Sectorial N.° 88, mientras el tribunal resuelve el fondo del proceso. El Primer Tribunal Ambiental decidió solicitar antecedentes a las demás partes antes de pronunciarse sobre esta petición cautelar.

La iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 2009 y ya había sido analizada por el Primer Tribunal Ambiental. En la causa Rol R-58-2022, el tribunal acogió parcialmente una reclamación del titular y ordenó retrotraer la evaluación ambiental. La sentencia instruyó emitir un nuevo y último ICSARA para incorporar una modelación hidrogeológica ajustada a las exigencias técnicas de los organismos competentes.

Proyecto contempla inversión de US$43 millones

El proyecto propone recuperar sales de potasio presentes en las salmueras del Salar de Atacama para producir hasta 200.000 toneladas anuales de cloruro de potasio. La iniciativa contempla una inversión de US$43 millones, una vida útil estimada de 20 años y la construcción de instalaciones de molienda, chancado, flotación y una línea eléctrica de aproximadamente 300 metros en la comuna de San Pedro de Atacama. Con estas reclamaciones, Comunidades indígenas atacameñas presentan reclamaciones contra proyecto de recuperación de sales de potasio buscando revertir la decisión del Comité de Ministros y evitar el avance de una iniciativa que, según sostienen, mantiene incertidumbres ambientales y riesgos para los recursos hídricos del Salar de Atacama.

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