Entre los cambios aprobados destaca la extensión de dos años para implementar el Plan de Restauración de Vegas Altoandinas. La iniciativa contempla el retiro de material coluvial y la recuperación de las condiciones hídricas del ecosistema. Los informes de seguimiento mostraron avances en la recuperación ambiental. Sin embargo, la regeneración de la vegetación y las condiciones de humedad evolucionaron más lentamente de lo esperado.

La actualización incorpora acciones destinadas a fortalecer la humedad superficial de las vegas. Entre ellas destaca el rebaje manual del suelo en sectores específicos para favorecer la retención hídrica. Además, el plan considera nuevos monitoreos de las condiciones hídricas. También incluye la recuperación de casillas de extracción y evaluaciones sobre la regeneración natural de la vegetación.

La resolución establece un nuevo indicador para medir el éxito de la restauración. El objetivo exige que al menos el 60% de la superficie de la vega de salvataje presente humedad detectable entre 80 y 100 centímetros de profundidad durante la época seca. Especialistas evaluarán esta condición mediante estudios geofísicos. El mecanismo busca entregar información más precisa sobre la evolución del ecosistema intervenido. Asimismo, las partes acordaron eliminar algunas actividades de monitoreo consideradas innecesarias para los objetivos de restauración. Entre ellas figuran registros fotográficos de fauna y evaluaciones del desempeño fotosintético.

La mayoría del tribunal concluyó que los cambios mantienen el propósito original del acuerdo. Los ministros señalaron que las medidas continúan orientadas a recuperar las condiciones hídricas y la funcionalidad ecológica del sistema. La resolución también indicó que la extensión del seguimiento permitirá evaluar con mayor solidez los procesos de regeneración y recuperación ambiental. No obstante, la ministra Sandra Álvarez votó en contra. A su juicio, la propuesta carecía de fundamentos suficientes para justificar la prórroga y asegurar el cumplimiento integral de los objetivos establecidos.

La demanda por daño ambiental se inició en abril de 2019. El Consejo de Defensa del Estado acusó a Compañía Minera Nevada SpA por afectar superficies de Azorella madrepórica y vegas altoandinas por encima de lo autorizado. En mayo de 2020, las partes alcanzaron un acuerdo conciliatorio aprobado por el tribunal. El instrumento contempló medidas de restauración, conservación, monitoreo y seguimiento ambiental en el área del proyecto.

La modificación de acuerdo conciliatorio por daño ambiental en Pascua Lama forma parte del seguimiento permanente que realiza el Primer Tribunal Ambiental. El objetivo es verificar el cumplimiento efectivo de las medidas destinadas a reparar los ecosistemas afectados.

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Las partes informaron sobre el desarrollo de estudios y monitoreos enfocados en la recuperación de vegas altoandinas. Estas acciones buscan restablecer funciones ecológicas clave. También se reportaron avances en seguimiento técnico. Los informes periódicos permiten evaluar el progreso de las medidas implementadas.

El plan incluye acciones específicas para proteger la especie Azorella madreporica. Esta vegetación resulta clave para el equilibrio del ecosistema altoandino. Las medidas consideran conservación, monitoreo y puesta en valor. Además, se busca fortalecer su resiliencia frente a intervenciones pasadas.

Durante la audiencia, las partes presentaron ajustes en una de las líneas del plan. Estos cambios se analizaron en instancias técnicas con organismos competentes. Según lo expuesto, las modificaciones buscan mejorar la implementación de las medidas. El objetivo es mantener el propósito original del acuerdo conciliatorio. Sin embargo, terceros intervinientes plantearon reparos. El abogado Sergio Millamán cuestionó la compatibilidad de los cambios con los compromisos iniciales.

Origen de la demanda ambiental

El Consejo de Defensa del Estado presentó la demanda por afectación de vegetación altoandina. Se estimó la intervención de 13,832 hectáreas de Azorella madreporica. Además, se reportó impacto en 0,16 hectáreas de vegas altoandinas. Estas cifras superan lo autorizado ambientalmente. El acuerdo conciliatorio estableció medidas de restauración, conservación y monitoreo. También incluyó coordinación institucional y apoyo a iniciativas sustentables.

La audiencia permitió al tribunal conocer avances y diferencias entre las partes. La instancia también visibilizó los desafíos en la ejecución del acuerdo. El proceso continúa bajo supervisión judicial. El cumplimiento de las medidas resulta clave para la recuperación del ecosistema afectado.

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