Los representantes de AGRUMIN sostuvieron que el actual sistema, establecido por la Ley N.º 21.420, ha incrementado los costos para los titulares de concesiones, dificultando la continuidad de numerosos proyectos mineros. Asimismo, advirtieron que la situación amenaza la permanencia de productores que han desarrollado actividades durante décadas.

AGRUMIN expone impacto del régimen de patentes mineras

La delegación estuvo integrada por el presidente de AGRUMIN, Patricio Gatica; el vicepresidente, Fernando Gattas, y el director legal, Juan Carlos Urquidi. Durante la sesión, Patricio Gatica afirmó que el aumento del valor de las patentes mineras, junto con nuevas exigencias administrativas, ha generado una fuerte presión económica sobre los pequeños productores.

Según explicó, muchos de ellos desarrollan proyectos en etapas iniciales o explotan yacimientos de menor escala, por lo que no cuentan con la capacidad financiera para asumir el incremento de los costos. El dirigente también cuestionó que la pequeña minería continúe enfrentando exigencias regulatorias similares a las de la gran minería, pese a las diferencias en producción, tamaño de las operaciones e impacto ambiental.

Como parte de sus propuestas, AGRUMIN planteó la creación de un Estatuto Especial para la Pequeña Minería, que reúna en un solo cuerpo normativo las disposiciones aplicables al sector. La iniciativa contempla regulaciones diferenciadas en materias ambientales, seguridad minera, operación de tranques de relaves y obtención de permisos. El objetivo es adecuar la normativa a la realidad de las operaciones de menor escala y facilitar su desarrollo. El gremio sostuvo que un marco regulatorio específico permitiría recuperar competitividad y generar mejores condiciones para la inversión en el segmento.

Durante la presentación, el vicepresidente Fernando Gattas reiteró la necesidad de postergar los remates de concesiones mineras mientras el Congreso debate las modificaciones legales al régimen de patentes. A su juicio, la suspensión evitaría que numerosos pequeños productores pierdan pertenencias mineras que han mantenido durante años debido a dificultades económicas derivadas del nuevo sistema.

AGRUMIN advierte disminución de pequeños productores

La organización manifestó además su preocupación por la reducción sostenida del número de pequeños productores, pese al favorable escenario que presentan actualmente los precios del cobre y del oro. Según expuso el gremio, muchas faenas y plantas de procesamiento podrían reactivarse en pocos meses si se introducen ajustes regulatorios y se fortalece el apoyo institucional.

AGRUMIN considera que esta reactivación impulsaría la producción minera, aumentaría la recaudación fiscal y contribuiría al desarrollo económico de las regiones con tradición minera. Al finalizar la sesión, los representantes del gremio reiteraron su disposición a colaborar con el Senado en la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer a la pequeña minería. Asimismo, destacaron que este segmento continúa siendo un actor relevante para la generación de empleo y el aprovechamiento sostenible de los recursos minerales del país

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La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (AGRUMIN), encabezada por Patricio Gatica, expuso sus propuestas durante una sesión que contó con la participación del biministro de Minería y Energía, Daniel Mas, y del subsecretario Álvaro González. Según el gremio, las modificaciones aplicadas durante los últimos años al régimen de patentes han incrementado los costos y las exigencias administrativas para los productores de menor escala. AGRUMIN propuso restablecer el sistema histórico de amparo minero. La iniciativa considera una patente fija de explotación equivalente a 0,1 UTM por hectárea y elimina requisitos adicionales de acreditación.

La agrupación afirmó que este mecanismo entregó certeza jurídica durante décadas. Además, permitió mantener las concesiones sin generar trámites adicionales para los titulares. El gremio también valoró la eliminación del artículo 142 ter del Código de Minería. A su juicio, esta norma no logró los objetivos esperados y terminó excluyendo a numerosos pequeños productores. “Necesitamos una regulación simple y eficiente. Los pequeños y medianos mineros deben concentrarse en producir y generar empleo”, señalaron desde AGRUMIN.

Junto con las propuestas sobre patentes mineras, la organización planteó actualizar el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La iniciativa propone elevar de 5.000 a 20.000 toneladas mensuales el umbral de extracción que obliga a los proyectos a ingresar al SEIA.

AGRUMIN explicó que el límite vigente fue definido hace casi tres décadas. Según la entidad, la minería chilena ha experimentado importantes avances tecnológicos y ambientales desde entonces. La agrupación destacó la incorporación de sistemas modernos para el control de emisiones, la reutilización de agua, el manejo de relaves y el monitoreo ambiental. A juicio del gremio, estas herramientas permiten reducir significativamente los impactos de la actividad minera. Por ello, consideran necesario adecuar la regulación a las capacidades actuales de la industria.

AGRUMIN afirmó que una actualización regulatoria permitiría acelerar el desarrollo de proyectos de pequeña y mediana escala. También favorecería la creación de empleo y el aumento de las inversiones en distintas regiones del país. La organización sostuvo que estas medidas fortalecerían la competitividad de Chile frente a otros destinos mineros internacionales.

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La resolución representa un avance para la institucionalidad minera chilena. Además, valida el cumplimiento de las exigencias destinadas a garantizar una gestión responsable de los riesgos posteriores al cierre. Mina Invierno operó como proyecto de extracción de carbón en la Región de Magallanes. Sus actividades concluyeron tras una resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia relacionada con aspectos socioambientales.

Sin embargo, la existencia de un plan de cierre aprobado permitió ejecutar el proceso de manera ordenada y segura. La iniciativa cumplió las condiciones establecidas por la legislación vigente. La resolución emitida por Sernageomin convierte al proyecto en un caso emblemático para la minería chilena. Durante toda su vida útil, el organismo fiscalizó el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el plan de cierre.

Sernageomin supervisó las actualizaciones del plan, las auditorías periódicas y las garantías financieras. También realizó fiscalizaciones para verificar la estabilidad física y química de las instalaciones. El proceso incluyó la coordinación de diversos organismos públicos. Esta colaboración permitió un seguimiento integral y facilitó la certificación final del proyecto.

El director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, destacó que este hito demuestra la capacidad del país para desarrollar operaciones mineras responsables desde su inicio hasta el término de su vida útil. A catorce años de la entrada en vigencia de la Ley de Cierre, la experiencia del cierre definitivo de Mina Invierno evidencia la efectividad de este instrumento regulatorio.

Las medidas implementadas permitieron garantizar la estabilidad física y química de las instalaciones. También ayudaron a reducir riesgos potenciales para las personas y el medio ambiente. Según el subdirector nacional de Minería, Andrés León, el resultado refleja años de trabajo técnico y acompañamiento institucional. Asimismo, confirma que las medidas comprometidas fueron ejecutadas conforme a los estándares exigidos.

La certificación final de Mina Invierno establece una referencia para futuros procesos de cierre en Chile. El caso demuestra la importancia de contar con herramientas regulatorias sólidas para gestionar el término de las operaciones mineras. Este precedente fortalece la confianza en la institucionalidad minera. Además, reafirma el compromiso del sector con la sostenibilidad, la seguridad y la protección ambiental de largo plazo.

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El subsecretario señaló que el gobierno trabaja en una agenda orientada a fortalecer el liderazgo de la minería chilena. Entre las prioridades destacan la modernización regulatoria, el fortalecimiento institucional y la agilización de permisos sectoriales. Según explicó la autoridad, el Ejecutivo ya observa señales positivas en el sector. Entre ellas, mencionó el máximo histórico de inversiones ingresadas a evaluación ambiental durante los primeros meses de gestión.

González indicó que las nuevas políticas buscan entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas. También resaltó la importancia de reducir tiempos de tramitación para aumentar la competitividad del país. En esa línea, destacó el proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional presentado al Congreso. La iniciativa contempla invariabilidad tributaria para proyectos estratégicos y nuevas herramientas para agilizar autorizaciones.

El subsecretario también relevó la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley MAS). La normativa incorpora plazos máximos, ventanillas únicas y eliminación de duplicidades en los procesos regulatorios. La autoridad sostuvo que estas medidas pro-inversión minera en Chile fortalecen la posición del país frente a otros mercados de la región. Asimismo, afirmó que el gobierno busca consolidar un Estado facilitador para el desarrollo de proyectos. “El tiempo de los inversionistas es valioso, y el Estado chileno ahora lo respetará”, afirmó González durante su intervención ante ejecutivos y representantes del sector financiero canadiense.

Durante el encuentro, el subsecretario enfatizó que la minería representa una actividad estratégica para el desarrollo económico y social del país. Además, comparó el vínculo de Chile con la minería al rol histórico que cumple esta industria en Canadá. La agenda de la autoridad comenzó junto a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, en el panel “¿Por qué invertir en Chile?”. Ambas autoridades analizaron la necesidad de avanzar hacia regulaciones más eficientes y procesos de evaluación más ágiles. Finalmente, González aseguró que Chile mantiene condiciones sólidas para atraer inversiones mineras. Entre ellas, mencionó el respeto a la propiedad privada, la certeza jurídica y el compromiso del gobierno con el crecimiento económico.

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De acuerdo con antecedentes del Servicio Nacional de Geología y Minería, contenidos en sus cuentas públicas y reportes institucionales, existen planes de cierre aprobados y garantías financieras que superan los US$ 12.000 millones. Es decir, estamos frente a un sistema maduro, que ha cumplido su objetivo original: evitar pasivos ambientales y asegurar la ejecución efectiva del cierre.

Pero ese mismo diseño —eficaz para ordenar la industria— comienza a mostrar límites frente a un nuevo estándar: la minería 2050, donde la sostenibilidad, la minería secundaria y la economía circular dejan de ser atributos reputacionales y pasan a ser condiciones de competitividad.

Un modelo eficiente, pero incompleto

El sistema vigente sigue operando bajo una lógica de término. El cierre está concebido como la última etapa del proyecto, donde se estabiliza y se desactiva el activo.

La economía circular plantea lo contrario: los activos mineros no se terminan, se transforman. Relaves con contenido metálico, infraestructura reutilizable y sistemas hídricos integrables a nuevos usos configuran una realidad distinta. Sin embargo, el modelo regulatorio exige estabilidad permanente, garantías completas y ausencia de riesgo residual significativo, mientras que la circularidad requiere intervención posterior y gestión dinámica del riesgo.

El resultado es una brecha operativa: iniciativas de reprocesamiento o reutilización quedan fuera del diseño original del cierre, obligando a reingresar al sistema regulatorio —particularmente al Servicio de Evaluación Ambiental— con pérdida de eficiencia y coherencia.

Diseñar el cierre: el punto de inflexión

El cambio no está en el final, está en el origen. Si el cierre se sigue abordando como una etapa terminal, la circularidad será siempre una excepción. En cambio, si se incorpora desde la ingeniería del proyecto, el cierre se transforma en una plataforma de continuidad.

Esto implica rediseñar el rol del desmantelamiento y la reutilización: deja de ser solo retiro, y pasa a ser gestión de activos, la infraestructura deja de ser pasivo, y pasa a ser base de nuevos usos productivos; y los relaves dejan de ser cierre, y pasan a ser reserva secundaria. En este enfoque, el cierre no clausura el valor: lo reconfigura.

Optimizar el modelo: garantías y control

Este cambio requiere ajustes concretos. Primero, modernizar el sistema de garantías. Hoy se calcula bajo un supuesto conservador: que el activo no tendrá uso futuro. Un esquema más eficiente debe reconocer el valor residual y ajustar las garantías en función del riesgo efectivo y de la existencia de proyectos de continuidad.

Segundo, fortalecer auditorías técnicas vinculantes. Si el sistema evoluciona hacia mayor flexibilidad, el control debe desplazarse desde la aprobación ex ante hacia una fiscalización ex post robusta, capaz de validar tanto la estabilidad como las condiciones de uso posterior.

Experiencias como la de Canadá muestran que esta evolución es viable. Bajo marcos como el Mining Act, el cierre se diseña desde el inicio del proyecto, incorporando rehabilitación progresiva, garantías ajustables y la posibilidad de usos posteriores del sitio, lo que permite compatibilizar control ambiental con generación de valor.

El principio es claro: el cierre no invalida el uso futuro; lo ordena.
Este enfoque no reduce exigencias. Las hace más precisas y, al mismo tiempo, corrige sobrecostos asociados a escenarios de cierre estático que no siempre reflejan la realidad operativa.

Integrar cierre de faenas, minería secundaria y economía circular no es una discusión teórica. Es una condición para una minería responsable, competitiva y alineada con estándares internacionales.
El cierre deja de ser solo un costo. Se convierte en una plataforma de valor económico. Ese es el estándar que una minería 2050 exige. Y Chile tiene cómo alcanzarlo.

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El proceso comenzó el 1 de abril de 2026. El plazo finaliza el 31 de julio del mismo año. Sernageomin exige realizar la postulación únicamente a través de su sitio web oficial. La entidad recomienda revisar los requisitos con anticipación. También sugiere preparar toda la documentación antes de enviar la solicitud. No se aceptarán postulaciones fuera de plazo ni por canales alternativos. La ley define cinco escenarios que permiten solicitar la rebaja. Cada postulante debe seleccionar la opción que corresponda y presentar respaldo documental.

Hipótesis del artículo 142 bis

• Trabajo efectivo en la concesión minera.
• Proyecto con Resolución de Calificación Ambiental vigente o en trámite.
• Proyecto vinculado al Reglamento de Seguridad Minera.
• Iniciativas que consideren expansiones futuras.
• Hipótesis del artículo 142 ter

Este beneficio aplica a titulares con pertenencias limitadas. Incluye personas naturales, sociedades legales mineras, empresas de responsabilidad limitada y cooperativas. El requisito clave exige que la superficie total no supere las 500 hectáreas. Este criterio resulta obligatorio para acceder a esta modalidad.

Sernageomin enfatiza la importancia de cumplir los plazos. También destaca la necesidad de ingresar correctamente la información requerida. Un error en los antecedentes puede afectar la postulación. La institución invita a utilizar los portales oficiales disponibles. Allí los usuarios pueden acceder a formularios y detalles del proceso.

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El despliegue se ejecutó en la División El Teniente, la mina subterránea operada por Codelco. El director nacional (s) de Servicio Nacional de Geología y Minería, Mauricio Lorca, encabezó la fiscalización. Quince expertos multidisciplinarios llegaron al sector Colón Alto en seis vehículos institucionales. El equipo inició la toma de datos técnicos y revisó galerías y sistemas de monitoreo geomecánico. La autoridad notificó formalmente a la alta gerencia el inicio del proceso. El objetivo es contrastar la información técnica real con los formularios E-300 reportados por la empresa.

Mauricio Lorca afirmó que el proceso será continuo y exhaustivo. El equipo busca determinar posibles desviaciones respecto a los permisos otorgados por el servicio. La fiscalización en El Teniente pretende garantizar la seguridad de los trabajadores. Además, busca reconstruir la trazabilidad comprometida tras el presunto ocultamiento de datos.

“La seguridad y la fe pública no pueden depender de información alterada”, enfatizó la autoridad.

Denuncias ante Ministerio Público

Sernageomin presentó denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Las acciones buscan establecer responsabilidades penales y administrativas. Los antecedentes se relacionan con el quiebre de protocolos de reporte tras el estallido de roca de 2023. También apuntan al uso indebido de instrumentos oficiales de seguridad minera.

Los hallazgos de esta inspección serán insumos clave para la Mesa de Trabajo Técnica. La instancia sesionará el 23 de febrero y operará hasta esclarecer los hechos. La autoridad reafirmó que la ley minera exige soberanía técnica y transparencia total. El operativo busca restituir la confianza en los sistemas de control y supervisión.

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El decreto establece estándares técnicos y sanitarios para autorizar proyectos que incorporen escoria de cobre. Cada iniciativa deberá identificar la obra, el volumen a utilizar y cumplir estrictas medidas de control. La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que el reglamento consolida una industria sostenible y competitiva. Señaló que la medida transforma un pasivo ambiental en un recurso estratégico para infraestructura. La autoridad afirmó que el avance se alinea con la Política Nacional Minera 2050. Agregó que esta política promueve una minería más responsable y orientada a la economía circular.

La subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, valoró el trabajo colaborativo que permitió concretar la normativa. Participaron los ministerios de Salud, Minería, Medio Ambiente, Obras Públicas y Economía. También contribuyeron representantes de la academia y empresas como Codelco y Anglo American. El trabajo conjunto buscó equilibrar desarrollo productivo y protección ambiental.

Impacto en infraestructura

El reglamento abre nuevas oportunidades para la reutilización de escorias de cobre en proyectos de infraestructura pública y privada. La medida reduce la extracción de áridos naturales y disminuye la acumulación histórica de residuos. El Ministerio de Minería liderará acciones de difusión técnica y coordinación sectorial. El objetivo es asegurar una implementación ágil en todo el país. Con esta normativa, Chile avanza hacia una gestión más eficiente de residuos mineros. El sector fortalece su competitividad y aporta al desarrollo sostenible del territorio.

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La autoridad instruyó el viernes 13 de febrero la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa analizada por el directorio de la estatal. Codelco remitió los antecedentes dentro del plazo exigido por el servicio. Según Sernageomin, los documentos confirman diferencias relevantes entre los reportes oficiales y los datos operativos de la mina. Estos hallazgos activaron nuevas acciones administrativas y judiciales.

El 16 de febrero, el director nacional (s), Mauricio Lorca, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de la compañía. La autoridad notificó el inicio de una revisión exhaustiva de los antecedentes. Sernageomin exigió acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico. El organismo descartó aceptar informes procesados como única fuente de información. La entidad enfatizó que no tolerará desviaciones en el flujo de datos. Además, advirtió que aplicará las máximas sanciones legales ante eventuales incumplimientos.

Denuncia ante el Ministerio Público

Tras el análisis preliminar, Sernageomin presentó una denuncia ante el Ministerio Público. La acción busca que la justicia investigue la eventual comisión de delitos vinculados al ocultamiento o alteración de información técnica clave. La autoridad considera que estos antecedentes resultan esenciales para resguardar la seguridad minera en la operación. La investigación permitirá esclarecer responsabilidades y determinar eventuales sanciones.

Acción ante la Contraloría

Debido al carácter estatal de la empresa, el servicio también recurrió a la Contraloría General de la República. El organismo deberá evaluar posibles responsabilidades administrativas. La Contraloría analizará el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que rigen a las entidades públicas. Este proceso podría derivar en medidas correctivas adicionales.

Sernageomin reafirmó su compromiso irrestricto con la seguridad minera nacional. La institución subrayó que la colaboración técnica debe sustentarse en datos fidedignos y oportunos. El organismo recordó que estándares estrictos protegen la integridad de trabajadores y trabajadoras. La autoridad continuará fortaleciendo la fiscalización para garantizar operaciones seguras en la minería chilena.

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De acuerdo con Cochilco, la minería submarina despierta interés debido a la creciente demanda de minerales como cobre, níquel, cobalto, litio y tierras raras. Estos recursos resultan claves para la transición energética y el avance de la economía verde. Al mismo tiempo, las reservas terrestres muestran señales de agotamiento en algunos mercados.

El informe señala que esta actividad tiene relevancia estratégica tanto para países interesados en su explotación como para aquellos con una industria minera terrestre consolidada. Sin embargo, su desarrollo depende del avance tecnológico y de la capacidad para proteger ecosistemas marinos altamente frágiles. Actualmente, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) trabaja en la elaboración del Código de Explotación. Este marco regulatorio busca ordenar una actividad que ya cuenta con 31 contratos de exploración. La mayoría se concentra en nódulos polimetálicos ubicados en aguas internacionales.

Regulación, desafíos y postura de Chile

Cochilco advierte que el proceso regulatorio ha avanzado con lentitud debido a la complejidad técnica y ambiental. La protección del medio marino, la gestión de riesgos y la distribución de beneficios concentran los principales debates. En este contexto, 37 países, incluido Chile, han solicitado una pausa precautoria. El objetivo es profundizar la investigación científica sobre impactos ambientales potencialmente irreversibles asociados a la minería submarina. El informe concluye que no se observan impactos significativos en el mercado del cobre durante los próximos 15 a 20 años. Aun así, reconoce avances técnicos que podrían permitir el inicio de los primeros proyectos entre 2032 y 2036.

Los nódulos polimetálicos aparecen como los depósitos más viables desde el punto de vista técnico. Sin embargo, persisten incertidumbres regulatorias, tecnológicas y económicas que condicionan su desarrollo comercial. Finalmente, Cochilco destaca que la minería submarina podría transformarse en una nueva fuente de minerales críticos en el largo plazo. Para ello, resulta clave fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y una regulación robusta que garantice sostenibilidad ambiental y viabilidad económica.

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El informe señaló que Sernageomin fiscalizó, en promedio, solo el 20% de las faenas mineras del país durante el periodo analizado. En total, el servicio registró 43.595 inspecciones, cifra que considera múltiples controles realizados en una misma faena. La cobertura nacional mostró una tendencia descendente. En 2022 alcanzó un 25%, bajó a 21% en 2023 y cayó a solo 14% durante 2024.

Las regiones con menor porcentaje de fiscalización fueron Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%). Estos territorios concentran una alta actividad minera. En contraste, Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%) registraron los mayores niveles de control.

Según el CIC, entre 2022 y 2024 se identificaron 7.150 faenas mineras sin fiscalización, concentradas principalmente en Atacama (2.863), Coquimbo (1.863) y Valparaíso (1.048). Les siguen Antofagasta y la Región Metropolitana. La Contraloría también detectó una marcada desigualdad en la carga laboral de los fiscalizadores. Durante el periodo, 105 funcionarios realizaron labores de inspección.

Algunos fiscalizadores efectuaron más de 2.000 inspecciones en tres años, mientras otros no superaron las 100. En regiones como Atacama y Coquimbo, cada fiscalizador debió cubrir entre 490 y 800 faenas. El organismo ordenó a Sernageomin mejorar la asignación territorial de sus fiscalizadores. Además, exigió priorizar las faenas mineras sin fiscalización y fortalecer de forma urgente su rol de supervisión.

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La directiva definió 2025 como un año especialmente desafiante. Se analizó el avance de la Ley SBAP, la incorporación de nuevos sitios prioritarios y la creación de áreas protegidas. SONAMI informó que ha sostenido reuniones permanentes con el Congreso, ministerios y mesas técnicas para resguardar la proporcionalidad normativa y evitar afectaciones a inversiones en curso.

El gremio también destacó la presentación de un recurso ante el Tribunal Ambiental por la creación del Parque Nacional Desierto Florido. Según la organización, esta medida podría generar efectos sobre concesiones mineras y requerir mayor claridad institucional.

Jorge Riesco, presidente de SONAMI, valoró la instancia y destacó la participación activa de los consejeros. Señaló que la unidad del gremio será clave para abordar desafíos regulatorios y avanzar con responsabilidad en los lineamientos definidos por la mesa directiva.

Durante la sesión, los consejeros revisaron la agenda legislativa vinculada a permisos, productividad, minerales críticos y aranceles. También destacaron reuniones sostenidas con las carteras de Minería, Hacienda, Economía, Medio Ambiente, Energía y Relaciones Exteriores.

El gremio subrayó su despliegue a nivel territorial con un fuerte acompañamiento a la pequeña y mediana minería. Este trabajo incluyó charlas en seguridad, diagnósticos operacionales y programas destinados a mejorar la gestión y el desempeño de faenas.

SONAMI también compartió avances en estudios técnicos y documentos estratégicos que han fortalecido su rol como referente sectorial. De cara a 2026, definió prioridades en permisología, apoyo a la pequeña minería, exploraciones, proveedores y minerales críticos.

El encuentro incluyó un análisis detallado de la Ley SBAP, presentado por representantes del Ministerio del Medio Ambiente. Los asociados plantearon inquietudes sobre cómo la normativa podría afectar operaciones en regiones reguladas. SONAMI reiteró que la certeza jurídica en minería sigue siendo crucial para el desarrollo responsable del sector.

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SONAMI explicó que las guías y criterios del Servicio de Evaluación Ambiental, creados inicialmente como orientaciones técnicas, hoy operan como exigencias obligatorias. Esta situación incrementa costos y extiende plazos, afectando la competitividad minera y retrasando iniciativas de inversión que cumplen con estándares ambientales.

Según el análisis elaborado por el Centro de Estudios y Documentación Minera (CEMS), en colaboración con el Comité de Sustentabilidad de SONAMI y Puga Ortiz, la aplicación actual de estos instrumentos genera sobrecostos cercanos a 10.000 UF y retrasos de hasta un año en proyectos. Esta presión administrativa limita la eficiencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Cinco ejes estratégicos

• El estudio plantea cinco líneas de acción para equilibrar rigurosidad y eficiencia:
• Certeza y flexibilidad normativa
• Proporcionalidad en las exigencias técnicas
• Coordinación interinstitucional
• Control de legalidad
• Transparencia y trazabilidad regulatoria

Las propuestas buscan convertir las guías del SEA en herramientas técnicas de apoyo y no en barreras que frenen iniciativas de inversión ambientalmente responsables.

La presentación estuvo liderada por Reinaldo Salazar, gerente de Estudios de SONAMI, y Eduardo Muñoz, socio de Puga Ortiz. Ambos señalaron que el objetivo no es reducir estándares ambientales, sino promover evaluaciones con criterios claros y proporcionales.

Un panel integrado por representantes del sector público y privado coincidió en la urgencia de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la transparencia del SEIA.

El estudio surge en medio del debate legislativo sobre la reforma “Evaluación Ambiental 2.0”, y busca aportar evidencia técnica para una regulación moderna, alineada con la modernización de guías y criterios del SEA en minería y los desafíos actuales de la industria.

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Uno de los puntos destacados por la encuesta es la necesidad de avanzar en un marco normativo más claro y estable. Un 66% de los encuestados señala la urgencia de mejorar las regulaciones para potenciar aún más la contribución de la minería en el país. Esta visión se alinea con el contexto de bonanza minera que vive Chile y la oportunidad de aprovechar de mejor manera su potencial.

El estudio también subraya que el cobre y el litio son percibidos como minerales estratégicos para el futuro del país. La ciudadanía valora su impacto en términos de ingresos, impuestos y exportaciones, proyectando a Chile como líder en la transición energética global. Esta percepción fortalece la confianza en que la minería chilena es decisiva para el progreso nacional.

Sin embargo, el informe también identifica desafíos importantes. Los encuestados mencionan la contaminación y el uso del agua como principales preocupaciones ambientales, lo que plantea la necesidad de equilibrar desarrollo económico y sostenibilidad. Asimismo, se resaltan la seguridad laboral y la capacitación como factores críticos para un crecimiento responsable.

Valoración de la minería privada y estatal

En cuanto a la percepción sobre la gestión, la minería privada es valorada por su innovación, eficiencia y aporte económico, mientras que la minería estatal es reconocida por su rol en el cuidado ambiental, la seguridad y la relación con comunidades.

La encuesta también recogió opiniones tras la tragedia ocurrida en la mina El Teniente de Codelco, donde seis trabajadores perdieron la vida. La mayoría de los encuestados atribuyó el accidente a fallas en medidas de seguridad, aunque destacaron la transparencia y rápida reacción de la empresa.

En síntesis, la minería se mantiene como un pilar clave para el desarrollo de Chile, con grandes fortalezas y retos pendientes en regulación, medioambiente y seguridad.

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La empresa asiática adquirió en 2018 el 23,77% de la chilena SQM por US$4.070 millones. A cambio, aceptó restricciones corporativas y un estricto régimen de reportes periódicos ante la FNE, con vigencia de seis años hasta abril de 2025.

Durante todo este período, la FNE no detectó incumplimientos por parte de Tianqi. Además, el análisis de mercado concluyó que los riesgos anticompetitivos originales se redujeron gracias a una mayor competencia y baja de participación conjunta de SQM, Tianqi y Albemarle.

Otros factores que incidieron fueron la expansión de nuevos actores en la industria y una reducción en la capacidad de extracción concentrada de las empresas involucradas. Por eso, el organismo decidió cerrar la fiscalización y no renovar las medidas.

Aun así, Tianqi continuará sujeta a la normativa chilena sobre libre competencia, en especial a la prohibición de interlocking entre directorios. También se deberá observar la evolución de la nueva alianza entre Codelco y SQM, aprobada recientemente por la FNE bajo condiciones de mitigación.

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