La acción judicial apuntó contra la empresa Desarrollo Ingeniería Limitada (DPI). La comunidad sostuvo que las actividades exploratorias afectaban territorio que considera propio. También denunció una presunta extracción de aguas desde el humedal de Lari. Según la presentación, estas acciones vulneraban diversas normas del Código de Aguas. Entre ellas se mencionaron los artículos 5, 6, 20 y 58. Además, se citó el artículo 10 letra p) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

Durante el proceso se incorporaron informes de distintos organismos públicos. Participaron la Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. También intervino la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En la etapa de apelación, la empresa presentó antecedentes administrativos clave. Entre ellos destacó la Resolución Exenta N° 290 de julio de 2025 emitida por la DGA de Antofagasta. La resolución rechazó la denuncia presentada por la comunidad indígena. El procedimiento administrativo concluyó que no existieron infracciones relacionadas con extracción de aguas.

El fallo también consideró el Informe Técnico de Fiscalización N° 020-2025 de la DGA regional. Este documento evaluó los sondajes ejecutados en el área de exploración. El informe indicó que las perforaciones se realizaron dentro de concesiones mineras de exploración. Dichas concesiones pertenecen a la Sociedad Contractual Minera La Huayca. La autoridad técnica determinó que los sondajes buscaban explorar sustancias minerales. Además, descartó que las perforaciones tuvieran como objetivo alumbrar aguas subterráneas. El análisis tampoco detectó recarga artificial de acuíferos ni intervenciones prohibidas en zonas protegidas por el Código de Aguas.

La Corte Suprema recordó que el recurso de protección tiene carácter cautelar. Este mecanismo busca restablecer derechos cuando existen actos ilegales o arbitrarios. Para el tribunal, los antecedentes administrativos desvirtuaron los hechos denunciados. La investigación técnica descartó infracciones y cerró el expediente respectivo.

En ese contexto, el tribunal concluyó que no existía un acto actual que vulnerara garantías constitucionales. Por esa razón, no resultaba procedente la intervención cautelar de la justicia. Con esta decisión, el máximo tribunal revocó el fallo anterior y rechazó el recurso de protección. Así, la exploración minera en Salar de Lari quedó sin medidas judiciales que ordenen su paralización.

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Acceso a la justicia ambiental fue el eje central del primer encuentro del IV Ciclo de Coloquios del Primer Tribunal Ambiental, realizado el 25 de junio. Esta iniciativa, en marcha desde 2022, busca acercar la justicia ambiental a la ciudadanía, promoviendo el diálogo entre expertos, instituciones y la comunidad.

En esta primera jornada expusieron los académicos José Ignacio Martínez (Universidad de Los Andes) y Pablo Méndez (Universidad de Chile), quienes abordaron el uso del recurso de protección en materias ambientales. La temática generó un intercambio de opiniones sobre los desafíos actuales del sistema judicial en el tratamiento de conflictos medioambientales.

Durante su intervención, la Ministra Presidenta (s) del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez, destacó la importancia de mostrar mecanismos de resolución para temas ambientales. “Este ciclo pretende visibilizar el acceso a la justicia ambiental, una preocupación constante para quienes buscan soluciones ante conflictos que afectan su entorno”, expresó.

Rumbo la de justicia ambiental

El profesor Martínez advirtió sobre la expansión del recurso de protección más allá de su diseño original, especialmente ante la falta de una jurisdicción contencioso-administrativa robusta en Chile. Planteó la necesidad de unificar el sistema judicial en materia ambiental para mayor coherencia y seguridad jurídica.

Pablo Méndez explicó que el recurso de protección sigue siendo ampliamente utilizado, incluso cuando hay tribunales ambientales especializados. A su juicio, la coexistencia de ambos sistemas ha generado contradicciones jurisprudenciales y falta de certeza para los ciudadanos.

Ambos expertos coincidieron en la urgencia de una reforma estructural que permita avanzar hacia una jurisdicción ambiental unificada. Mientras esto no ocurra, afirmaron, el recurso de protección continuará siendo un pilar en la defensa de los derechos ambientales.

Quienes deseen asistir deben completar un formulario disponible en el sitio web del Tribunal. Quienes participen en tres o más sesiones pueden solicitar un certificado de asistencia escribiendo a unidad.estudios@1ta.cl.

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El primer coloquio de esta edición abordará un tema crucial: “El recurso de protección y sus tensiones actuales en el ámbito del Derecho Ambiental”. La jornada contará con la participación de dos destacados académicos nacionales.

Pablo Méndez Ortiz, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, expondrá sobre “Tribunales Ambientales y recurso de protección: dos impugnaciones coexistentes frente a decisiones administrativas”.

A su vez, José Ignacio Martínez Estay, profesor de la Universidad de los Andes y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, presentará la ponencia “¿Es el recurso de protección un sustituto contencioso administrativo en materia medioambiental?”.

La actividad es gratuita, se desarrollará de manera virtual y está abierta a todo público. Las personas interesadas en participar deben completar un sencillo formulario de inscripción en línea. Además, quienes asistan a tres o más encuentros del ciclo pueden solicitar un certificado de participación escribiendo al correo unidad.estudios@1ta.cl.

El acceso a la justicia ambiental ha sido una temática de creciente interés entre la ciudadanía y el mundo académico. Por ello, el Tribunal espera una alta convocatoria en esta nueva versión de los coloquios, que se ha consolidado como una instancia clave de formación, diálogo y difusión en temas medioambientales.

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