La reclamación sostiene que el proyecto podría afectar el sistema hídrico del Salar de Tara. El sector cuenta con protección ambiental por su condición de Reserva Nacional y Sitio Ramsar. La comunidad indígena argumentó que la evaluación ambiental presentó deficiencias en la caracterización hidrogeológica. Además, acusó falta de información y errores metodológicos en el modelo utilizado por la empresa minera. Según el escrito, estas falencias impedirían descartar impactos sobre vegas, bofedales y acuíferos protegidos. La organización también afirmó que el proceso no consideró correctamente los efectos sobre sus sistemas de vida y costumbres.

La reclamación expone que el análisis ambiental omitió elementos culturales y espirituales asociados al territorio. También cuestionó la caracterización del componente humano durante la evaluación del proyecto. La comunidad solicitó al tribunal dejar sin efecto la resolución del SEA. Además, pidió mantener la calificación ambiental desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa. Junto con ello, solicitó la suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La petición incluye la paralización temporal de las obras mientras el tribunal analiza los antecedentes. El Primer Tribunal Ambiental informó que esa solicitud cautelar sigue en evaluación. La resolución sobre esa materia se conocería durante los próximos días.

El proyecto de exploración minera en San Pedro de Atacama busca determinar la presencia de cuerpos mineralizados en profundidad. Para ello, considera la perforación de ocho sondajes mediante el método de diamantina. La iniciativa contempla una inversión cercana a un millón de dólares. Además, considera una ejecución aproximada de tres meses. El proyecto se emplazará a unos 120 kilómetros al este de San Pedro de Atacama. La empresa pretende caracterizar y delimitar concentraciones minerales en la zona de exploración.

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El reclamante sustenta su acción en cuatro cuestionamientos centrales. El primero apunta a la falta de descarte de impactos sobre la salud de la población. Señala deficiencias en la evaluación de contaminantes y en el análisis de riesgos presentado por el titular. El segundo eje se relaciona con los impactos sobre el medio marino. El reclamante advierte debilidades en el modelo hidrogeológico utilizado para predecir los efectos del proyecto. También cuestiona la ausencia de antecedentes que descarten la interacción entre el acuífero costero y el mar.

A ello se suma la falta de evaluación del riesgo de rebalses o filtraciones bajo condiciones extremas. Según la reclamación, estos escenarios no habrían sido considerados adecuadamente durante la evaluación ambiental. El tercer punto aborda la ausencia de información suficiente para evaluar los efectos del proyecto sobre el recurso hídrico. El reclamante sostiene que no existen antecedentes concluyentes para descartar impactos significativos.

Antecedentes del proceso de evaluación ambiental

Finalmente, la reclamación cuestiona la falta de evaluación de impactos respecto del sitio prioritario Peralillo. Este aspecto resulta clave dada su relevancia ambiental en la zona costera de Chañaral. El proyecto Playa Verde ingresó su Estudio de Impacto Ambiental al SEIA en 2017. En 2019, Manuel Cortés presentó una reclamación administrativa que fue acogida parcialmente, ordenándose retrotraer el proceso.

En 2021, el reclamante acudió al Tribunal Ambiental, causa Rol R-44-2021. Esta acción fue rechazada en todas sus partes. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó dicha decisión en diciembre de 2022. En febrero de 2024, la COEVA de Atacama calificó desfavorablemente el proyecto. Sin embargo, el titular presentó una nueva reclamación administrativa, que culminó con la calificación favorable otorgada por el Comité de Ministros en octubre de 2025.

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La comunidad argumenta que el proceso no consideró de forma correcta los receptores sensibles. Esto afectaría la modelación de la dispersión de emisiones y la estimación de efectos en la calidad del aire. También denuncian una evaluación insuficiente del riesgo para la salud y de los impactos del material particulado sedimentable dentro de la faena y en sectores cercanos.

La acción advierte una omisión de información sobre pueblos indígenas, lo que incluye la falta de consulta y la ausencia de datos sobre la Comunidad Colla Tata Inti. Suman a esto una presunta infracción al Reglamento del SEIA debido a la falta de reuniones con los grupos humanos afectados.

Próximos pasos

Con la admisión a trámite, el Tribunal inició la revisión de la decisión de la COEVA. La autoridad deberá enviar los antecedentes que justifican el rechazo de la solicitud de invalidación presentada por la comunidad. El Ministro Presidente Alamiro Alfaro emitió un voto preventivo y propuso acumular el caso a otro expediente relacionado con observaciones ciudadanas.

El proyecto busca extender por diez años la vida útil de la operación de Minera Candelaria. Considera la explotación de 350 millones de toneladas adicionales y una inversión de USD 600 millones. La iniciativa también incluye la ampliación de obras existentes y nuevas instalaciones en las áreas mina, puerto y obras lineales, ubicadas en Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera.

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