Durante la sesión, encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, los secretarios de Estado revisaron las reclamaciones relacionadas con la continuidad operacional de la División Ministro Hales. La iniciativa considera la extensión de la vida útil de la faena y el desarrollo futuro del yacimiento. Además, contempla incrementar el procesamiento de mineral y elevar la producción de concentrado de cobre desde 700.000 toneladas anuales hasta 830.000 toneladas. Con el rechazo de las reclamaciones, la Resolución de Calificación Ambiental permanece vigente, permitiendo que el proyecto continúe avanzando conforme a la normativa ambiental.

Comité de Ministros suma proyectos por más de US$11.455 millones

La instancia sesionó por octava vez durante la administración del Presidente José Antonio Kast y por décima ocasión en lo que va del año. Con esta reunión, el Comité de Ministros ya ha revisado 20 proyectos que mantenían recursos de reclamación pendientes. En conjunto, estas iniciativas representan inversiones superiores a US$11.455 millones, fortaleciendo la certeza regulatoria para proyectos públicos y privados.

En la sesión extraordinaria participaron los ministros de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas, y de Agricultura, Jaime Campos. Las autoridades rechazaron todas las reclamaciones presentadas respecto de los tres proyectos revisados. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que el funcionamiento periódico del Comité ha permitido agilizar la resolución de estos procesos.

«El compromiso que asumimos de sesionar mensualmente como Comité de Ministros nos ha permitido dar agilidad institucional a este proceso. Este calendario entrega certeza a todos los actores involucrados y beneficia directamente a la ciudadanía. Gracias a este compromiso pudimos resolver rápidamente las reclamaciones que mantenía pendientes el nuevo Instituto Nacional del Cáncer, por lo que su ejecución podrá seguir adelante».

Las autoridades también subrayaron que los tres proyectos analizados fueron revisados dentro de los plazos establecidos por la legislación ambiental, en línea con el mandato del Ejecutivo.

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La comunidad sostiene que la evaluación ambiental presentó deficiencias en el análisis de los impactos sobre el medio humano. También afirma que el proceso debió incorporar una Consulta Indígena y las reuniones establecidas en el artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Durante la audiencia, el abogado Ladislao Quevedo, representante de la Comunidad Indígena Colla Tata Inti, sostuvo que la determinación del área de influencia del proyecto fue insuficiente. Según expuso, la línea de base del medio humano omitió información relevante para evaluar adecuadamente los efectos sobre la comunidad.

El profesional argumentó que la evaluación no consideró el proyecto de optimización de Candelaria. A su juicio, esa omisión impidió analizar los impactos acumulativos en el sector de Nantoco, donde residen integrantes de la comunidad. Asimismo, cuestionó la modelación de emisiones atmosféricas. Indicó que el estudio utilizó un solo contaminante para definir el área de influencia, pese a que cada contaminante presenta un comportamiento distinto. La reclamante también afirmó que el proyecto podría generar riesgos para la salud de la población. Además, sostuvo que la autoridad ambiental debió desarrollar un proceso de Consulta Indígena debido a los eventuales efectos sobre integrantes del pueblo Colla.

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó el rechazo de la reclamación. Su representación sostuvo que la comunidad no acreditó antecedentes suficientes para justificar su interés durante la tramitación administrativa y que se encuentra fuera del área de influencia del proyecto. La abogada Karla Figueroa explicó que la evaluación concluyó que no existen rutas de trashumancia, sitios de significación cultural ni instalaciones comunitarias dentro del área de influencia definida para el medio humano.

En consecuencia, afirmó que no correspondía realizar una Consulta Indígena ni convocar las reuniones contempladas en el artículo 86 del Reglamento del SEIA. Respecto de la calidad del aire, la representante del SEA señaló que el proyecto se emplaza en una zona saturada por material particulado MP10. Sin embargo, aseguró que los aportes proyectados permanecen bajo los niveles de significancia establecidos por la normativa ambiental.

Titular del proyecto defiende la evaluación técnica

El abogado Enrique Oyarzún, en representación de Minera Altair S.A., respaldó los argumentos del SEA. Indicó que la comunidad reclamante no mantiene una vinculación territorial suficiente con el área de influencia del proyecto. Además, sostuvo que los informes de la evaluación ambiental descartan la existencia de rutas de trashumancia reconocidas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) dentro del área evaluada.

Respecto de las emisiones atmosféricas, afirmó que los aportes de MP10 y MP2,5 proyectados por la iniciativa son marginales. A su juicio, la reclamación no acredita una ilegalidad que permita invalidar la Resolución de Calificación Ambiental favorable.

Proyecto La Farola contempla una inversión de US$260 millones

Tras concluir la audiencia, Primer Tribunal Ambiental analiza reclamación contra proyecto minero La Farola y dejó la causa en estudio para revisar los antecedentes presentados por las partes. Posteriormente, los ministros deberán adoptar un acuerdo y designar al integrante encargado de redactar la sentencia.

Características del proyecto

El proyecto Explotación y Procesamiento de Minerales La Farola se ubicará en la comuna de Tierra Amarilla, aproximadamente a 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Nantoco. La iniciativa contempla una mina a rajo abierto, una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados. Su diseño considera una producción anual de 90 mil toneladas de concentrado de cobre con contenido de oro durante 15 años de operación. La inversión estimada alcanza US$260 millones, consolidándose como uno de los proyectos mineros relevantes actualmente en evaluación judicial en la Región de Atacama.

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Cuestionan evaluación ambiental del proyecto

Uno de los recursos sostiene que la evaluación ambiental no consideró adecuadamente observaciones ciudadanas relacionadas con la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Además, plantea que existía información insuficiente para descartar posibles impactos sobre la calidad del aire en el área de influencia del proyecto. La Municipalidad de La Ligua argumenta que la iniciativa debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental.

Según el municipio, la operación podría generar riesgos para la salud debido a los efluentes asociados al procesamiento mineral. También advierte posibles efectos sobre la cantidad y calidad de las aguas en una zona considerada de alta sensibilidad hídrica. La acción judicial agrega posibles alteraciones a sistemas de vida de grupos humanos y la cercanía del proyecto al Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma. Por su parte, vecinos de La Ligua y Papudo sostienen que la iniciativa se emplaza en un área restringida para el desarrollo urbano según la planificación territorial vigente.

SEA defiende la aprobación del proyecto

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó al Tribunal rechazar todas las reclamaciones. El organismo afirmó que la evaluación descartó correctamente impactos significativos sobre los recursos hídricos. La entidad señaló que los estudios consideraron escenarios conservadores de extracción de agua durante toda la vida útil del proyecto. Según el SEA, la iniciativa contempla un caudal máximo de extracción de 2,52 litros por segundo. Asimismo, indicó que los análisis de calidad del aire utilizaron modelos de dispersión de contaminantes y antecedentes meteorológicos validados por la normativa ambiental.

El SEA también sostiene que el proyecto no afectará directamente el Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma ni el bosque de olivillos protegido en la Quebrada Las Tablas. Respecto a la compatibilidad territorial, el organismo argumenta que la actividad minera cuenta con respaldo legal y que la normativa sectorial prevalece sobre las restricciones establecidas en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso.

 ¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto minero Pullalli busca extender la vida útil de la Planta Pullalli por cinco años. Para ello, propone modificar el proceso actual de lixiviación agitada por un sistema de lixiviación en pilas. La iniciativa incorpora nuevas instalaciones para aglomeración, lixiviación primaria y secundaria, además de una planta de Columna de Intercambio Catiónico y una planta de elución. Con estos cambios, la empresa busca mantener la continuidad operacional de la planta procesadora de minerales auríferos.

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La resolución judicial ordenó retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental. Con ello, el proyecto queda nuevamente sujeto a revisión pese a que el Comité de Ministros ratificó la aprobación en agosto de 2023. Desde SONAMI señalaron que la decisión introduce incertidumbre para el desarrollo de inversiones de largo plazo. El presidente del gremio, Jorge Riesco, afirmó que este tipo de fallos afecta la confianza del mercado.

El dirigente sostuvo que la resolución “envía una señal preocupante para el clima de inversión en Chile”. También indicó que el proyecto ya había superado instancias técnicas y regulatorias durante los últimos años. Riesco agregó que la iniciativa registra inversiones sobre los US$3.200 millones y se encuentra prácticamente terminada. Sin embargo, el proceso vuelve a enfrentar incertidumbre regulatoria.

SONAMI afirmó que el caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades para desarrollar proyectos estratégicos en Chile. El gremio criticó la excesiva permisología y la falta de estabilidad en los procesos de autorización ambiental. Según Riesco, resulta complejo compatibilizar el impulso al crecimiento económico con decisiones que revisan permisos ya otorgados por el Estado. En ese contexto, llamó a fortalecer la confianza y la certeza jurídica para incentivar nuevas inversiones. El fallo Collahuasi también reactivó el debate sobre la competitividad minera del país. Diversos actores del sector han advertido que la incertidumbre regulatoria puede retrasar iniciativas clave para la economía nacional.

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El fallo concluyó que durante la tramitación se vulneró el principio de contradictoriedad. Según la resolución, el titular no conoció oportunamente cuestionamientos técnicos surgidos desde observaciones ciudadanas. Eso impidió que la empresa respondiera antes de la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable. Para el Tribunal, esa omisión afectó garantías básicas del proceso administrativo.

La sentencia también cuestionó actuaciones posteriores del SEA. Tras una orden de la Corte Suprema para abrir una nueva etapa de participación ciudadana, surgieron observaciones sobre polvo, ruido y vibraciones. Sin embargo, la autoridad utilizó esos antecedentes para rechazar el proyecto. No entregó una instancia equivalente para que la empresa aclarara o complementara información técnica.

Qué implica la decisión judicial

El fallo obliga al SEA a retomar la evaluación en una etapa previa al informe consolidado. Esto permitirá revisar nuevamente antecedentes y otorgar oportunidades formales de respuesta al titular. La sentencia recordó además que el proyecto había contado inicialmente con una RCA favorable. Por ello, exigió mayor claridad de la autoridad al modificar una evaluación previa positiva.

El Proyecto Minero San Cayetano corresponde a una faena de cobre ubicada en el sector El Reloj, comuna de Ovalle, provincia del Limarí. Busca ampliar la producción desde 5.000 toneladas mensuales hasta 60.000 toneladas por mes. Para concretarlo, considera ampliar botaderos de estériles y construir uno nuevo. También incluye una planta de procesamiento, un depósito de relaves filtrados e instalaciones de apoyo. La iniciativa abarca cerca de 320 hectáreas. Además, contempla una inversión superior a US$20 millones.

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La comunidad sostiene que la evaluación presenta vicios de legalidad relevantes. Entre ellos, menciona falencias en el análisis del transporte y sus impactos. También advierte posibles efectos en la calidad del aire y en la salud de la población. A esto se suma la omisión de información sobre comunidades indígenas cercanas.

El recurso acusa la ausencia de un proceso de consulta indígena. Además, señala que no se realizaron reuniones obligatorias establecidas en el Reglamento del SEIA. La acción también cuestiona la falta de evaluación adecuada de impactos acumulativos. Esto incluye la relación con el proyecto Minera Candelaria en la zona.

Uno de los puntos centrales de la reclamación contra proyecto minero La Farola es el componente aire. La comunidad afirma que no se consideraron adecuadamente los niveles de contaminación existentes. Tierra Amarilla se encuentra declarada zona saturada por material particulado MP10. Según el recurso, existen antecedentes de superación de MP10 y MP2,5 en el sector. Esto habría impedido establecer una línea de base confiable. Además, dificultaría descartar efectos ambientales significativos.

Características del proyecto minero La Farola

El proyecto se ubicará en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama. Considera una explotación a rajo abierto en una superficie de 353 hectáreas. La iniciativa contempla una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados. Se proyecta una producción anual de 90.000 toneladas de concentrado de cobre con oro. La operación tendrá una vida útil estimada de 17 años. Además, considera una inversión de 260 millones de dólares.

El Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación a trámite. Con esto, solicitó los informes que respaldan la resolución impugnada. Este proceso marcará el inicio de la revisión judicial del proyecto. El avance del caso podría influir en el desarrollo de la iniciativa minera en la región.

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El tribunal no solo admitió el recurso, sino que también suspendió los efectos del fallo emitido en febrero. Esta medida deja en pausa la resolución previa mientras la Corte Suprema analiza el caso. Según reportes de prensa, la decisión restablece en la práctica la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental. Este punto resulta clave para la continuidad del proyecto en el corto plazo.

El caso tiene un antecedente inmediato en febrero de 2026. En esa ocasión, la misma corte anuló actuaciones del Primer Tribunal Ambiental en la etapa de cumplimiento. El tribunal consideró improcedente el mecanismo utilizado para ejecutar la resolución. Con ello, ya había generado un cambio relevante en el curso del proceso.

Rol de la Corte Suprema en la definición

Con esta nueva decisión, la controversia vuelve a quedar abierta. La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo del recurso presentado. El fallo actual no resuelve el conflicto de manera definitiva. Sin embargo, redefine el escenario judicial y administrativo del proyecto.

El recurso fue impulsado por una organización de pescadores que apoya la iniciativa. Sus representantes sostienen que el proyecto ha sido evaluado en múltiples instancias. También advierten que el proceso judicial se ha extendido por más de una década. Esta situación mantiene la incertidumbre en la zona. El caso Dominga se mantiene como uno de los más complejos del país. Su evolución refleja tensiones entre inversión, evaluación ambiental y certeza regulatoria.

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El tribunal concluyó que la autoridad consideró debidamente las observaciones ciudadanas. Además, determinó que el área de influencia se ajustó al estándar técnico vigente. La sentencia estableció que el proyecto no contempla nueva extracción de agua. Tampoco modifica la autorización de uso hídrico actualmente vigente. Los posibles efectos sobre recursos hídricos se limitan al área mina. El fallo indicó que la evaluación descartó impactos significativos.

La resolución también analizó un eventual fraccionamiento respecto del proyecto “Extensión de vida útil con transición hídrica”. El tribunal descartó esa hipótesis. Señaló que no existe ejecución simultánea ni superposición temporal entre ambas iniciativas. Además, difieren en naturaleza, objetivos y obras. El proyecto de transición hídrica ingresó mediante un Estudio de Impacto Ambiental. Por ello, el tribunal estimó que no se configuran los presupuestos de fraccionamiento.

La sentencia concluyó que no existen impactos significativos sobre grupos indígenas dentro del área de influencia. Las comunidades se ubican a una distancia considerable del proyecto. El tribunal no identificó usos, asentamientos ni receptores indígenas en las zonas intervenidas. En consecuencia, descartó susceptibilidad de afectación directa. Por ello, determinó que no correspondía abrir un proceso de consulta indígena.

El ministro presidente, Alamiro Alfaro Zepeda, sostuvo que la reclamación no logró desvirtuar la legalidad del acto impugnado. Indicó que la evidencia técnica respaldó la evaluación ambiental. El ministro Marcelo Hernández Rojas previno que la consulta indígena debe interpretarse en sentido amplio. Señaló que no debe limitarse solo a los supuestos del artículo 11 de la Ley 19.300.

La ministra Sandra Álvarez Torres agregó que la reclamación también podía rechazarse por pérdida de objeto. El proyecto extendía la vida útil por 20 meses, plazo ya cumplido. Con estos fundamentos, el tribunal ratificó la legalidad del actuar administrativo. Así, confirmó la aprobación ambiental de Ajustes Operacionales Área Mina en la faena Zaldívar.

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El procedimiento se originó en el marco del Programa de Fiscalización de la SMA. Inspectores de la Oficina Regional de Antofagasta realizaron una inspección junto a la Dirección Regional de Sernageomin. Durante la actividad, el equipo revisó el área de acopio del proyecto minero. El análisis incluyó imágenes satelitales actualizadas y verificación en terreno.

Los antecedentes permitieron constatar que el acopio de minerales se extiende aproximadamente sobre 22 hectáreas. Esta superficie se ubica al sureste del proyecto, fuera del área evaluada ambientalmente. El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental aprobada en 2015. Considera la explotación de minerales oxidados de cobre mediante rajo abierto.

Las operaciones incluyen perforación, tronadura, carguío y transporte. El mineral extraído se traslada a la planta de beneficio de la Mina Mantos de la Luna para su procesamiento. Tras el análisis técnico y legal, la SMA formuló un cargo leve contra Compañía Minera Gatico S.A. La autoridad verificó que el acopio de minerales marginales excede el área autorizada en la RCA. La jefa regional de la SMA en Antofagasta, Javiera de la Cerda, destacó la importancia del cumplimiento ambiental. Señaló que los proyectos deben ajustarse estrictamente a lo aprobado durante su evaluación.

Plazos para descargos

El titular del proyecto dispone de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento. Además, cuenta con 22 días hábiles para formular sus descargos ante la SMA. El procedimiento busca corregir los incumplimientos ambientales Mina Mantos del Pacífico y asegurar el respeto a la normativa vigente.

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El proyecto considera un incremento en los movimientos mina, que pasarán de 675 a 725 mil toneladas por día promedio anual. Para ello, se contempla la expansión y profundización del rajo de Radomiro Tomic. También se proyecta la ampliación de botaderos de lastre y la incorporación de nuevas áreas de acopio de mineral. Estas adecuaciones permiten sostener el plan minero de largo plazo.

En cuanto al procesamiento de minerales sulfurados, el proyecto actualiza parámetros aprobados previamente. Se contempla el transporte de mineral mediante correas hacia la Concentradora de Chuquicamata a una tasa de 100 ktpd promedio anual durante 22 años. El proyecto considera el envío inicial de 100 ktpd a la nueva concentradora de Radomiro Tomic. Esta tasa aumentará gradualmente hasta alcanzar las 200 ktpd promedio anual. Además, se incorpora el transporte de mineral y lastre en camiones hacia Chuquicamata durante los primeros 10 años de operación.

Infraestructura de apoyo

La iniciativa incluye la ampliación de instalaciones de soporte, como el relleno sanitario y el patio de neumáticos. También contempla la reubicación de infraestructura afectada por el crecimiento del rajo. Finalmente, se incorpora una barrera hidráulica preventiva para controlar infiltraciones históricas. Esta barrera considera dos pozos de extracción y dos de inyección de agua en el sector industrial. El proyecto de la División Radomiro Tomic representa uno de los principales procesos de continuidad operacional en la minería del cobre en Chile.

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El Tribunal analizó los argumentos presentados por los reclamantes, quienes sostenían que el aumento del flujo vehicular afectaba los sistemas de vida de la población cercana. Sin embargo, la sentencia determinó que el comportamiento real de la ruta G-21 se mantuvo dentro de los parámetros evaluados durante la tramitación ambiental del proyecto.

Antes de resolver, el Tribunal definió el alcance de la variable ambiental “uso de la ruta G-21” y la forma en que debía medirse. Luego comparó los escenarios proyectados durante la evaluación ambiental con los datos registrados durante la operación del proyecto.

El análisis consideró informes técnicos elaborados por GPS Chile y Ambitrans Ingenieros Consultores. Estos antecedentes evaluaron distribución modal, flujo vehicular, tiempos de viaje, nivel de servicio y seguridad vial en el tramo entre Las Puertas y Corral Quemado. Los resultados mostraron que no existieron diferencias significativas entre el escenario evaluado en 2010 y el comportamiento observado hasta 2018.

Sin cambios sustantivos

La sentencia estableció que el flujo vehicular, los tiempos de viaje y el nivel de servicio se mantuvieron estables. Incluso, para vehículos livianos se observó una reducción en los tiempos de desplazamiento en algunos tramos. Por ello, el fallo concluyó que no se cumplen los requisitos del artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300 para modificar la RCA.

Contexto del proyecto Los Bronces

El proyecto busca aumentar la producción de cobre fino mediante concentrados y cátodos. Se desarrolla en las áreas de Los Bronces, Las Tórtolas y el Sistema de Transporte de Pulpas, donde la ruta G-21 cumple un rol clave. Con esta decisión, el Segundo Tribunal Ambiental ratifica decisión del Comité de Ministros sobre proyecto Los Bronces y ruta G-21, cerrando un proceso iniciado en 2015 por organizaciones vecinales.

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El abogado de la Junta de Vecinos El Molle, Juan Molina, presentó en audiencia los argumentos que sustentan la reclamación judicial contra la decisión del SEA. La comunidad afirma que la autoridad declaró inadmisible su solicitud sin analizar el fondo de los antecedentes presentados.

Molina explicó que la línea de transmisión afectaría sectores donde existen cementerios diaguitas. La comunidad entregó informes antropológicos y arqueológicos que acreditan el valor espiritual del área. Según la junta de vecinos, estos antecedentes no recibieron la atención adecuada durante la evaluación.

El SEA, representado por el abogado Benjamín González, defendió la legalidad del proceso y solicitó rechazar la reclamación. El servicio afirmó que la solicitud de invalidación ingresó fuera de plazo material, lo que impidió su análisis.

Además, el SEA sostuvo que la comunidad incorporó nuevas alegaciones en sede judicial. Entre ellas, mencionó la supuesta afectación a cementerios indígenas que no figuró en etapas anteriores del proceso.

Respuesta del titular del proyecto

La Compañía Minera Arqueros destacó que la línea eléctrica avanza en un 80% y que no afecta áreas visibles desde El Molle. La empresa afirmó que mantiene un buen vínculo con las comunidades y ha desarrollado acciones de seguridad vial y sensibilización.

Respecto a los cementerios indígenas, el titular aseguró que no existen registros formales que acrediten su presencia en el área intervenida por la línea de transmisión.

El Proyecto Minero Arqueros considera una mina subterránea, una planta concentradora, un depósito de relaves y obras para energía y agua. La iniciativa se ubica en las comunas de Vicuña, La Serena y Coquimbo. El proyecto contempla una inversión estimada de 200 millones de dólares y una vida útil de 21 años.

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La aprobación llegó tras más de un año de evaluación. La RCA autoriza actividades estratégicas para la siguiente fase de exploración, incluyendo pozos de perforación destinados a mejorar la definición de recursos y probar nuevas extensiones mineralizadas. Con esta resolución, la empresa fortalece su posicionamiento en el desarrollo de cobre y oro en Chile.

Brian McEwen, vicepresidente de Exploración y Desarrollo de Golden Arrow, destacó el trabajo del equipo local y afirmó que el programa permitirá aumentar la calidad del recurso y explorar áreas abiertas entre depósitos. Además, adelantó que la compañía avanza en objetivos de exploración de oro como Noemí y Cerro Sur, que se preparan para futuras perforaciones.

El proceso ambiental fue ejecutado por la consultora Ambiental y Sectorial SpA e incluyó estudios de línea base, análisis arqueológicos, monitoreo hídrico y trabajo con comunidades. La presentación del proyecto se realizó mediante una Declaración de Impacto Ambiental, que concluyó con una RCA emitida el 6 de noviembre.

La resolución también establece obligaciones ambientales en materias como gestión de residuos, obras sanitarias y cierre de faenas, garantizando estándares para el desarrollo sostenible. Con esta aprobación ambiental para proyecto minero en Chile, Golden Arrow se prepara para iniciar una fase clave de perforación y avanzar en su cartera de activos en Atacama.

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Según la reclamante, la aprobación sería ilegal debido a un conflicto judicial pendiente sobre los deslindes del terreno donde se emplazará el proyecto. SAK sostiene que durante la evaluación ambiental se omitió información territorial relevante que podría generar impactos sobre el suelo y afectar la obtención de permisos sectoriales.

La sociedad agrícola alega ser propietaria de la “Estancia Chañaral Lote Norte”, que colinda con la “Estancia Higuera de las Minillas”, propiedad de CMP. Sin embargo, no existiría claridad en la delimitación material que separa ambas propiedades, lo que generó una acción reivindicatoria en 2011, rechazada en instancias judiciales posteriores, incluida la Corte Suprema.

En su reclamación, SAK pidió al Tribunal Ambiental decretar una medida cautelar para impedir que CMP ejecute obras de construcción, movimiento de tierra o reprocesamiento de minerales en el área en disputa, que abarca 125 hectáreas del polígono total de 9.470 hectáreas. El tribunal resolvió dar traslado a CMP para que exponga sus descargos antes de pronunciarse.

Proyecto de CMP

La iniciativa de CMP, ingresada en febrero de 2023, busca recuperar y procesar minerales de hierro de acopios históricos de la Faena Algarrobo, ubicada a 35 kilómetros al suroeste de Vallenar, en la Región de Atacama. El proyecto considera una inversión de US$17,2 millones, una vida útil de 17 años y la producción de pre-concentrado de hierro para abastecer distintas instalaciones de la compañía.

Con esta admisión, el Tribunal Ambiental deberá analizar los antecedentes y resolver si acoge la reclamación contra RCA del proyecto minero Recuperación de Acopios de Algarrobo, lo que podría frenar temporalmente la ejecución de la iniciativa.

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La compañía informó que refinanció los préstamos Project Finance tomados en 2021, con los cuales se ejecutó el Proyecto de Desarrollo Mantoverde, una inversión de US$870 millones inaugurada en noviembre de 2024. Este incluyó la instalación de una nueva planta concentradora y la ampliación de la planta desaladora de agua de mar.

Como parte del proceso, se cancelaron anticipadamente US$477 millones de deuda previa y se formalizaron nuevos créditos por US$483,3 millones.

Fernando García Lázaro, gerente de Finanzas Corporativo de Capstone Copper Chile, explicó que el refinanciamiento reducirá el costo financiero, ampliará los plazos de pago y entregará mayor flexibilidad para avanzar en el proyecto Mantoverde Optimizado y fortalecer las actividades de exploración.

Por su parte, Óscar Flores, gerente general de la operación, destacó que este paso “reafirma el compromiso con el desarrollo sustentable de Mantoverde y la creación de valor a largo plazo para todos nuestros stakeholders”.

Con la aprobación ambiental ya obtenida, Mantoverde Optimizado contempla la expansión de la planta de sulfuros y permitirá elevar significativamente la producción de cobre, desde las actuales 36.000-40.000 toneladas anuales a cerca de 120.000 toneladas.

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