Durante mayo, las Comisiones de Evaluación Ambiental y la Dirección Ejecutiva del SEA aprobaron proyectos por US$13.962 millones. Esta cifra convirtió al mes en el período con mayor inversión aprobada desde la creación del sistema. Entre los proyectos destacados figuran Aguas Marítimas en Antofagasta, el Puerto Exterior de San Antonio y la Línea 8 del Metro de Santiago. También recibieron luz verde diversas iniciativas de energías renovables y almacenamiento energético.

La ministra Francisca Toledo informó que durante los primeros tres meses de gestión ingresaron 75 proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental. Estas iniciativas representan una inversión de US$22.819 millones. Según la autoridad, el monto supera ampliamente los niveles registrados durante los inicios de las tres administraciones anteriores. El resultado refleja un mayor dinamismo en la presentación de proyectos de inversión.

El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, señaló que actualmente existen 379 proyectos en evaluación. En conjunto, estas iniciativas representan más de US$91 mil millones de inversión. Las regiones con mayores montos corresponden a Magallanes y la Antártica Chilena, con US$27.022 millones. Antofagasta ocupa el segundo lugar con US$26.844 millones. Farías explicó que los sectores de Energía y Minería concentran más de US$53 mil millones. Ambos rubros lideran la cartera de proyectos que actualmente analiza el sistema.

La aprobación ambiental de proyectos también avanzó gracias a medidas orientadas a resolver procesos pendientes. En menos de 90 días, el SEA destrabó más de 50 iniciativas que mantenían reclamaciones administrativas. Estas acciones involucraron inversiones cercanas a los US$15 mil millones. Además, el Comité de Ministros sesionó en seis ocasiones y revisó 16 proyectos de inversión. La revisión permitió avanzar en iniciativas por más de US$6.900 millones. Según las autoridades, este trabajo fortaleció la certeza regulatoria y mejoró la eficiencia institucional.

La ministra Toledo informó que la administración prácticamente concluyó la revisión de reclamaciones heredadas. Asimismo, el SEA redujo los tiempos de emisión de resoluciones desde seis meses a solo 15 días, fortaleciendo las condiciones para atraer nuevas inversiones y generar empleo en el país.

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Medidas para crecimiento

Según la autoridad, las medidas presentadas consolidan el trabajo que ambos ministerios han impulsado para recuperar el dinamismo económico y entregar mayores oportunidades a las familias chilenas. En ese contexto, subrayó que el objetivo es avanzar hacia un escenario de mayor crecimiento, inversión y certeza para el desarrollo de nuevos proyectos.

Entre los anuncios destacados de la Cuenta Pública figura la meta de alcanzar un crecimiento económico del 4% y recuperar al menos 300 mil empleos. Para Daniel Mas, estas cifras representan una señal clara de la prioridad que el Gobierno otorga a la reactivación económica. El ministro sostuvo que el fortalecimiento de la actividad productiva permitirá generar nuevas oportunidades laborales y dinamizar las economías regionales. Además, indicó que el crecimiento constituye una condición fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y aumentar la inversión.

Proyectos de desarrollo

Otro de los puntos relevados por la autoridad fue el avance de 389 proyectos actualmente en evaluación ambiental, los que representan inversiones por aproximadamente US$89 mil millones. Daniel Mas destacó que la agilización de procesos y la reducción de un 45% en los tiempos de resolución de reclamaciones contribuyen a fortalecer la confianza de los inversionistas. A su juicio, estas medidas permiten entregar mayor certeza a quienes buscan desarrollar iniciativas productivas en Chile.

La autoridad también valoró el trabajo realizado por el Comité de Ministros para destrabar proyectos equivalentes a cerca de US$7 mil millones. Según explicó, estas decisiones permiten acelerar inversiones relevantes para distintos sectores económicos. Además, generan condiciones más favorables para el crecimiento y la creación de empleo en las regiones. La minería tuvo un papel relevante dentro de los anuncios destacados por Daniel Mas. El ministro resaltó especialmente la simplificación de las patentes mineras, medida orientada a fortalecer la pequeña y mediana minería. La iniciativa busca facilitar la gestión administrativa de los productores y mejorar las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos. Asimismo, apunta a fortalecer la competitividad del sector y su aporte a la economía nacional.

La agenda presentada durante la Cuenta Pública también contempla el ingreso de un nuevo Estatuto Laboral destinado a potenciar el turismo y la generación de empleo en las regiones. Para Daniel Mas, esta propuesta permitirá responder de mejor manera a las necesidades de sectores económicos con características particulares. Además, contribuirá a ampliar las oportunidades laborales y fomentar el desarrollo regional.

Una agenda para volver a crecer

El biministro concluyó que la Cuenta Pública 2026 ratifica el compromiso del Gobierno con una agenda centrada en el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo productivo. “Seguiremos trabajando para que invertir en Chile vuelva a ser sinónimo de certeza, crecimiento y oportunidades”, señaló la autoridad, destacando que las medidas anunciadas buscan fortalecer la confianza y consolidar las bases para el desarrollo futuro del país.

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El Mandatario recorrió las instalaciones del Ministerio. Visitó el laboratorio y la sala de calibración del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire. También observó el funcionamiento de la red de monitoreo de ruido ambiental. Estas herramientas entregan información técnica clave. Permiten tomar decisiones basadas en evidencia y mejorar la gestión ambiental. La visita reforzó el enfoque en datos para fortalecer políticas públicas.

La ministra Toledo destacó avances en la revisión de reclamaciones. Señaló que el gobierno busca acortar los tiempos de respuesta. Además, indicó que el Comité de Ministros ya revisó iniciativas de energía renovable. El Ejecutivo impulsa ajustes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. También trabaja en mejoras para la Superintendencia del Medio Ambiente. Estas medidas buscan dar mayor certeza a los proyectos de inversión.

Prioridades estratégicas del Ministerio

La autoridad definió tres ejes de trabajo. Primero, implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Segundo, agilizar la gestión institucional y reducir retrasos. Tercero, fortalecer la gestión de residuos. En este contexto, el Presidente Kast visita Ministerio del Medio Ambiente con el objetivo de consolidar una agenda que combine protección ambiental y desarrollo económico. La autoridad enfatizó la importancia de respuestas ágiles para todos los actores.

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Los proyectos evaluados representan una inversión relevante para el desarrollo económico regional. La cifra total aprobada supera los USD 5.277 millones, consolidando un inicio de año con alta actividad evaluadora. Este volumen de inversión evidencia el dinamismo de sectores estratégicos y la continuidad de iniciativas que avanzan en su tramitación ambiental.

Las comisiones regionales calificaron proyectos en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. También participaron Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. A estas regiones se suman La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. Esta distribución confirma la presencia de iniciativas en gran parte del territorio nacional.

Los proyectos pertenecen principalmente a los sectores de Energía, Saneamiento Ambiental e Inmobiliario. Estas áreas concentran una parte significativa de las iniciativas revisadas durante el período. La diversidad sectorial muestra el alcance del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en distintas actividades productivas.

Predominan las Declaraciones de Impacto Ambiental

Del total de iniciativas, 27 fueron evaluadas mediante Declaraciones de Impacto Ambiental. Los siete proyectos restantes ingresaron como Estudios de Impacto Ambiental. Estos EIA se presentaron en Antofagasta, Atacama, Valparaíso, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes. Este tipo de evaluación se aplica a proyectos con mayores exigencias ambientales.

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Las iniciativas aprobadas corresponden a sectores estratégicos como Energía, Inmobiliario y Saneamiento Ambiental. Estos proyectos buscan fortalecer la inversión, el desarrollo productivo y la infraestructura a nivel regional. Las regiones donde sesionaron las comisiones fueron Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

Del total de proyectos evaluados, 29 ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Los nueve restantes presentaron Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Los EIA se concentraron en las regiones de Los Lagos, Metropolitana, Atacama y Biobío. A estos se sumó una iniciativa interregional que también fue calificada favorablemente. Este proceso refleja el rol técnico y normativo del SEA en la evaluación ambiental de proyectos de inversión pública y privada.

Las Comisiones de Evaluación Ambiental, conocidas como Coeva, son órganos regionales responsables de calificar ambientalmente los proyectos ingresados al SEIA. Estas comisiones están presididas por los delegados presidenciales regionales. Además, las integran los secretarios regionales ministeriales con competencias ambientales, según la Ley N°19.300.

Las Coeva pueden aprobar, rechazar o aprobar con condiciones los proyectos evaluados. Su labor resulta clave para compatibilizar desarrollo económico, protección ambiental y cumplimiento normativo. La aprobación total registrada en diciembre refuerza la relevancia de las comisiones de evaluación ambiental en la tramitación de iniciativas estratégicas para el país.

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La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, encabezó la actualización del Instructivo que regula el Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI). La nueva versión reemplaza al instrumento vigente desde 2016, tras casi diez años de aplicación continua. La actualización recoge la experiencia acumulada por el SEA en la implementación del PCPI. Estos procesos se desarrollan en cumplimiento del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El nuevo instructivo busca reforzar la certeza jurídica para los pueblos indígenas, los titulares de proyectos y la Administración. Además, promueve criterios claros y uniformes en todo el país. Uno de los cambios centrales es la precisión y sistematización de las etapas del PCPI. El documento refuerza su carácter incidental dentro del procedimiento de evaluación ambiental.

El instructivo establece que, si se incorporan nuevos grupos humanos a una consulta ya iniciada, se debe respetar el estado del proceso. También se mantiene la validez de todo lo actuado previamente. El texto incorpora criterios más claros para la inclusión de Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI). También regula el desistimiento y el término anticipado del proceso.

Además, el instructivo define la articulación del PCPI con eventuales modificaciones sustantivas de proyectos. Esto fortalece la coherencia del proceso con el desarrollo general del SEIA. La actualización incluye formatos obligatorios para los distintos hitos del PCPI. Entre ellos se encuentran actas de reunión, listas de asistencia y protocolos de acuerdo final.

El instructivo responde al plan de acción del Acuerdo de Escazú del SEA. Está dirigido principalmente a funcionarios y funcionarias del Servicio, como herramienta orientadora para una correcta implementación del proceso. La actualización del instructivo de Consulta a Pueblos Indígenas también considera instancias de capacitación. Estas serán informadas y difundidas oportunamente por la autoridad ambiental.

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El récord supera el hito de agosto de 2018, cuando se aprobaron proyectos por USD 8.200 millones. Ambos meses son los únicos que han sobrepasado esa cifra desde que se lleva registro oficial.

Entre las iniciativas destacan proyectos de vivienda, un puerto, minería y salmonicultura. Sin embargo, el sector energético lideró con 13 aprobaciones, que incluyen parques eólicos, fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento y líneas de transmisión. Todos recibieron recomendación técnica favorable por parte del SEA.

Dentro de los proyectos con mayor inversión sobresalen las modificaciones operacionales de Minera Escondida, con USD 2.351 millones en la Región de Antofagasta. También figura el Parque Fotovoltaico Solar Oriente (USD 990 millones, Tarapacá), la Etapa II del Parque Eólico Antofagasta (USD 671 millones), el puerto Copiaport-E (USD 450 millones, Atacama) y el sistema de almacenamiento BESS Pueblo Hundido (USD 400 millones, Atacama).

En total, 29 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y 3 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) recibieron aprobación. De ellas, 24 DIAs y un EIA fueron calificados en plazos menores al promedio de 2025, lo que refleja una mayor eficiencia en la tramitación.

Por áreas de inversión, energía encabezó con USD 4.000 millones, seguida por minería con USD 3.000 millones. La Región de Antofagasta lideró el listado con casi USD 5.000 millones aprobados en proyectos.

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Marcel destacó que Chile cuenta con la cartera de inversión más sólida de la última década para el período 2024-2028. Anuncios recientes de Minera Escondida, Amazon Web Services, Freeport McMoran y TotalEnergies suman casi US$39 mil millones.

El secretario de estado destacó seis sectores estratégicos: minería, litio, energías renovables, hidrógeno verde, economía digital y turismo. En minería, la meta es aumentar en 1 millón de toneladas la producción al 2030. En litio, ya se superan las metas iniciales. Además, hay más de 70 proyectos en hidrógeno verde y avances clave en economía digital.

El ministro enfatizó que fuentes de incertidumbre como los retiros de fondos o el proceso constitucional han quedado atrás. Se impulsará una directiva presidencial para agilizar más de 100 proyectos y un proyecto de ley para facilitar inversiones en descarbonización.

Marcel afirmó que la economía chilena está mejor preparada para enfrentar conflictos globales y que el crecimiento potencial ya supera el 2%. También hizo un llamado a mejorar el diálogo político para avanzar en temas como la gestión fiscal y la protección ambiental.

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