El tribunal no solo admitió el recurso, sino que también suspendió los efectos del fallo emitido en febrero. Esta medida deja en pausa la resolución previa mientras la Corte Suprema analiza el caso. Según reportes de prensa, la decisión restablece en la práctica la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental. Este punto resulta clave para la continuidad del proyecto en el corto plazo.

El caso tiene un antecedente inmediato en febrero de 2026. En esa ocasión, la misma corte anuló actuaciones del Primer Tribunal Ambiental en la etapa de cumplimiento. El tribunal consideró improcedente el mecanismo utilizado para ejecutar la resolución. Con ello, ya había generado un cambio relevante en el curso del proceso.

Rol de la Corte Suprema en la definición

Con esta nueva decisión, la controversia vuelve a quedar abierta. La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo del recurso presentado. El fallo actual no resuelve el conflicto de manera definitiva. Sin embargo, redefine el escenario judicial y administrativo del proyecto.

El recurso fue impulsado por una organización de pescadores que apoya la iniciativa. Sus representantes sostienen que el proyecto ha sido evaluado en múltiples instancias. También advierten que el proceso judicial se ha extendido por más de una década. Esta situación mantiene la incertidumbre en la zona. El caso Dominga se mantiene como uno de los más complejos del país. Su evolución refleja tensiones entre inversión, evaluación ambiental y certeza regulatoria.

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Andes Iron asegura que el Comité excedió sus atribuciones. A su juicio, el órgano no puede reabrir materias ya calificadas ambientalmente. También cuestiona la incorporación de fundamentos que no integraban las reclamaciones originales. La empresa afirma que esa acción vulnera principios del derecho administrativo. Entre ellos menciona la congruencia y la seguridad jurídica. Asimismo, advierte una eventual desviación de poder en la decisión adoptada. La firma recalca que el Comité debía ceñirse a los límites fijados por una sentencia previa. No correspondía efectuar una nueva revisión integral del proyecto.

El gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, defendió la acción judicial. Señaló que la justicia ambiental ya declaró ilegales dos pronunciamientos del Comité. Ducci afirmó que confían en que las instancias técnicas respalden nuevamente el Proyecto Dominga. Aseguró que no existe una nueva discusión técnica en curso. “El punto central es que se respeten las reglas del juego”, sostuvo el ejecutivo. Reiteró que la empresa busca restablecer la legalidad del procedimiento.

Recurso ante la Corte Suprema

En paralelo, Andes Iron presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile. La acción surge tras una resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ese tribunal anuló un procedimiento que pretendía obligar al Comité a cumplir un fallo favorable al proyecto. Según la empresa, esa decisión impide ejecutar una sentencia firme.

Andes Iron advierte que la situación afecta la certeza jurídica. Además, sostiene que compromete la correcta aplicación del derecho. El Proyecto Dominga vuelve así al centro del debate judicial. La definición ahora queda en manos de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema.

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El fallo sostiene que se aplicó un procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley. Según el tribunal, ello generó un vicio procesal que debía corregirse de oficio. La resolución cita criterios de la Corte Suprema. Indica que la sentencia previa no declaró derechos a favor de ninguna de las partes. Además, el dictamen aclara que la decisión anterior no confirmó ni revocó lo resuelto por el Comité de Ministros. Solo ordenó un nuevo pronunciamiento del órgano administrativo.

El proyecto, valorado en US$ 2.500 millones, busca instalar faenas mineras y un puerto en La Higuera. La ubicación genera controversia por su cercanía a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Organizaciones ambientales y comunidades locales han manifestado oposición. Argumentan riesgos para la biodiversidad y el ecosistema marino. En enero del año pasado, el Comité de Ministros rechazó la iniciativa de forma unánime. Posteriormente, Andes Iron recurrió al tribunal ambiental para impugnar esa decisión.

Alcance del nuevo fallo

La Corte anuló todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental en la causa R-95-2023. Declaró improcedente aplicar la resolución en alzada por su naturaleza jurídica. El tribunal enfatizó que la sentencia anterior no puso fin a la instancia. Tampoco resolvió el fondo del asunto sobre la calificación ambiental. Este nuevo escenario profundiza la incertidumbre regulatoria. El proyecto Dominga revés judicial mantiene abierto un conflicto que combina desarrollo minero y protección ambiental.

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Con el fallo, Andes Iron inició la contratación de empresas de ingeniería para optimizar su propuesta y asegurar que las obras cumplan con estándares modernos de eficiencia y sostenibilidad. La inversión comprometida alcanza los US$ 3.000 millones, superando los US$ 2.500 millones inicialmente previstos, mientras que la tramitación de los aproximadamente 700 permisos sectoriales continúa de manera activa, de los cuales unos 200 son esenciales para comenzar trabajos iniciales como caminos, cierres perimetrales y campamentos. Se estima que solo este proceso demandará alrededor de US$ 20 millones.

Reactivación del proyecto

El nuevo escenario judicial también activó la búsqueda de un socio estratégico que aporte capital y sostenibilidad al proyecto. Para ello, Andes Iron contrató un banco de inversión. Actualmente, la propiedad del proyecto se distribuye entre la familia Délano Méndez (80%), José Antonio Garcés Silva (15%) y ejecutivos de la firma (5%). Según la compañía, el fallo “aumentó significativamente el valor del proyecto al tiempo que disminuyó su riesgo”, en un contexto marcado por la alta demanda de minerales y precios al alza.

Dominga contempla la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de cobre como subproducto durante 22 años. Su magnetita, con más del 67% de hierro y baja presencia de impurezas, es altamente valorada en la producción de acero verde y en tecnologías limpias como turbinas eólicas y motores eléctricos. El proyecto se divide en tres áreas: Dominga, con rajos a cielo abierto, planta de procesos y depósitos de relaves; Lineal, con acueductos, concentraducto, línea de transmisión y caminos; y Totoralillo, que concentra la planta desalinizadora y el sistema de embarque.

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Este dictamen, según la Corte Suprema, no constituía una sentencia definitiva, lo que impidió acoger los recursos presentados. De esta manera, se consolidó un avance judicial favorable para Andes Iron, que calificó el fallo como “histórico”, asegurando que se despejan los cuestionamientos técnicos y jurídicos que pesaban sobre el proyecto.

El tribunal precisó que los recursos interpuestos carecían de admisibilidad, al no ajustarse a los requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, explicó que el fallo del Primer Tribunal Ambiental no resolvió de manera definitiva el fondo del asunto, sino que ordenó un nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros.

En su resolución, los ministros detallaron que la sentencia recurrida no pone fin al juicio ni hace imposible su continuación, por lo que no corresponde tramitar recursos de casación. El texto fue redactado por el ministro Jean Pierre Matus y firmado por Adelita Ravanales, Diego Simpértigue y la abogada integrante María Angélica Benavides.

Reacciones tras el fallo

La compañía celebró la resolución como un triunfo histórico, señalando que se abre el camino para avanzar en la construcción de Dominga, un proyecto largamente esperado por la Región de Coquimbo. Andes Iron reiteró que este fallo confirma la solidez técnica y jurídica de la iniciativa.

En contraste, representantes de la Alianza Humboldt y ONG Fima advirtieron que la decisión de la Corte Suprema no implica una aprobación definitiva. Recordaron que el Comité de Ministros ya rechazó el proyecto en enero de 2025 y que la iniciativa sigue sin autorización para operar, mientras persiste la oposición ciudadana y ambiental en defensa del Archipiélago de Humboldt.

El triunfo del Proyecto Dominga de Andes Iron en la Corte Suprema marca un nuevo capítulo en una disputa judicial que se ha extendido por más de una década, y que continúa generando intensos debates en torno a la minería, el desarrollo económico y la protección ambiental en Chile.

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El requerimiento fue presentado este martes por el gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci. En el escrito, la compañía argumenta que la definición del TC será clave para el futuro del proyecto, ya que busca resolver una contienda de competencias entre el Gobierno y el Primer Tribunal Ambiental.

El conflicto surgió cuando el tribunal ambiental ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga, anulando el rechazo previo del Comité de Ministros. Desde el Ejecutivo, se considera que dicha instrucción excede las atribuciones del tribunal, dado que la legislación establece que las decisiones finales en materia ambiental corresponden exclusivamente al Comité de Ministros. Por ello, el Gobierno presentó un requerimiento ante el TC, solicitando que se resuelva esta disputa de competencias y se suspendan los procesos judiciales relacionados al proyecto.

El proyecto

Dominga contempla una inversión de más de US$ 2.500 millones y busca explotar hierro y cobre en la zona, incluyendo la construcción de una mina a rajo abierto y un puerto para exportación. Desde su ingreso al sistema de evaluación ambiental en 2013, el proyecto ha estado marcado por una fuerte controversia, que involucra cuestionamientos medioambientales, sociales y políticos.

Mientras organizaciones científicas y ambientalistas han advertido sobre los riesgos para el ecosistema costero y el Archipiélago de Humboldt —una de las zonas marinas de mayor biodiversidad en el país—, sus impulsores destacan el potencial económico de la iniciativa y su capacidad para generar más de 10 mil empleos directos e indirectos.

En su escrito ante el TC, Andes Iron sostiene que múltiples terceros participaron tanto en la evaluación ambiental como en los reclamos ante el tribunal, y que el fallo podría afectar directamente sus intereses. Si el TC determina que el tribunal ambiental actuó fuera de sus atribuciones, el proyecto podría verse obligado a repetir etapas ya finalizadas, enfrentando nuevas demoras o incluso la frustración definitiva de la inversión. En cambio, si se valida el actuar del tribunal, Dominga podría avanzar hacia su ejecución, considerando que ya cuenta con una sentencia favorable.

La empresa también invocó antecedentes de casos previos en los que terceros con interés directo fueron autorizados a intervenir en audiencias del TC, como en conflictos vinculados a la Universidad de Chile o al Registro Civil. En ese marco, solicitó formalmente su participación en la audiencia y subrayó que el fallo del tribunal tendrá un impacto decisivo no solo para Dominga, sino también para el clima de inversión en el país.

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