El documento, titulado «Alternativas de negocio en la pequeña minería: ¿Integración vertical o venta directa?», fue elaborado por la Gerencia Técnica de Pequeña Minería y el Centro de Estudios Mineros de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI). El trabajo busca entregar herramientas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la pequeña minería en Chile.

Estudio compara dos modelos de negocio

La investigación evalúa dos estrategias para los pequeños productores. La primera considera la venta directa del mineral, mientras que la segunda analiza la instalación de una planta de flotación para producir y comercializar concentrados. Según explicó Vicente Cancino, ingeniero de la Gerencia Técnica de Pequeña Minería de SONAMI, el objetivo fue determinar cuándo resulta conveniente avanzar hacia el procesamiento propio.

«El estudio busca evaluar la viabilidad económica de instalar plantas de procesamiento frente a la tradicional venta directa de mineral. Su principal aporte es ofrecer al sector una visión clara sobre sus alternativas de crecimiento, entregando evidencia de cuándo es realmente rentable dar el salto hacia el procesamiento propio según sus niveles de producción».

La integración vertical no siempre es la mejor alternativa

El informe concluye que la integración vertical no representa una solución universal para la pequeña minería. La rentabilidad depende de múltiples factores que van más allá del precio del mineral. Entre ellos destacan el acceso al financiamiento, la continuidad operacional, la disponibilidad de personal especializado, el cumplimiento de las exigencias regulatorias y la capacidad de gestión. Estas condiciones pueden transformarse en barreras importantes para desarrollar proyectos de procesamiento.

Felipe Muñoz, analista de la Gerencia de Estudios de SONAMI, explicó que el estudio comenzó con la identificación del problema y la recopilación de información obtenida tanto de socios del gremio como de visitas a distintas faenas mineras. Con esos antecedentes, el equipo desarrolló modelos de costos y un modelo económico para comparar el retorno de la venta directa con el procesamiento del mineral mediante una planta propia.

Propuestas para fortalecer las políticas públicas

El informe sostiene que las políticas públicas deben reconocer la diversidad de realidades productivas presentes en la pequeña minería. En consecuencia, recomienda diseñar instrumentos de fomento adaptados a la escala y características de cada operación. Asimismo, el estudio propone promover modelos de asociatividad entre pequeños productores. Esta alternativa permitiría compartir infraestructura de procesamiento, alcanzar mayores volúmenes de producción y acceder a un mayor valor agregado sin asumir individualmente toda la inversión.

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Durante la reunión, el Presidente y el ministro abordaron los desafíos que enfrenta Chile para acelerar su crecimiento económico. Entre los temas destacados figuraron las políticas destinadas a fortalecer la competitividad y generar condiciones favorables para nuevas inversiones. Las autoridades también revisaron acciones enfocadas en ampliar las oportunidades laborales. El objetivo es impulsar una economía más dinámica y capaz de responder a las demandas de los distintos sectores productivos.

La minería ocupó un lugar central en la conversación. El sector continúa siendo uno de los principales motores del desarrollo económico del país y un actor clave para la atracción de inversiones. En este contexto, la agenda económica y minera considera medidas para fomentar la innovación y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías. Estas herramientas buscan aumentar la eficiencia y la competitividad de la industria.

Otro de los puntos abordados fue la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado. Esta coordinación resulta fundamental para enfrentar los desafíos que surgen en un escenario económico cada vez más exigente. Las autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar en iniciativas que permitan consolidar el crecimiento sostenible. También destacaron el aporte de la innovación como factor clave para el desarrollo del país.

Sectores estratégicos para diversificar el crecimiento

Además de la minería, la reunión consideró el rol de otros sectores productivos relevantes. Entre ellos destacaron la pesca, la salmonicultura y el turismo, actividades que contribuyen al desarrollo regional y a la generación de empleo. El Gobierno busca fortalecer estas áreas mediante políticas que promuevan la inversión, la productividad y la innovación. De esta forma, se espera consolidar una economía más diversificada y preparada para los desafíos del futuro.

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Sistema eléctrico seguro y resiliente

Uno de los ejes principales apunta a consolidar un sistema eléctrico más seguro y resiliente. La ministra enfatizó la necesidad de adaptar la regulación a un escenario con mayor penetración de energías renovables. En este contexto, el Gobierno busca asegurar la estabilidad del sistema ante nuevas exigencias operativas. La autoridad destacó la importancia de anticipar riesgos y fortalecer la coordinación del sistema eléctrico. Integración eficiente al sistema eléctrico La ministra abordó los desafíos del segmento de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Explicó que existen distorsiones que afectan su correcta integración al sistema.

El Ejecutivo propone exigir sistemas de monitoreo y control en tiempo real. Además, evalúa modificar el mecanismo de precios e incorporar a los PMGD en esquemas de vertimiento. Rincón afirmó que el objetivo no es frenar estos proyectos. Señaló que se busca integrarlos de manera eficiente y ordenada al Sistema Eléctrico Nacional.

La autoridad reconoció atrasos significativos en los procesos tarifarios. Indicó que el proceso de Valor Agregado de Distribución 2020–2024 acumula un retraso de 43 meses. Para abordar esta situación, el Gobierno impulsará un proyecto de ley. La iniciativa busca resolver de forma definitiva la deuda regulatoria del sector. En paralelo, el Ministerio actualizará reglamentos clave. Entre ellos se incluyen normas sobre precio de nudo y peaje de distribución.

Reformas estructurales e inversión

El cuarto eje considera avanzar en reformas institucionales. Estas medidas buscan mejorar la tramitación de permisos y facilitar la inversión energética. La ministra informó avances en la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Este proceso incluye declaraciones juradas y mayor coordinación interministerial. Además, el Gobierno activó una mesa permanente de inversión estratégica. Esta instancia se enfocará en proyectos de transmisión y contará con participación del sector público y privado.

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Este contexto impacta el mercado laboral. Se observan mayores tasas de desempleo y más informalidad. Además, la economía muestra menor capacidad para generar empleos de calidad. Mas atribuyó esta situación a un aumento sostenido de impuestos y regulaciones. Indicó que este enfoque ha frenado la inversión y el emprendimiento. Sin embargo, afirmó que el Gobierno apuesta por revertir esta tendencia.

Uno de los pilares centrales es la reducción de la denominada “permisología”. El ministro destacó la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Esta normativa busca ordenar y simplificar los trámites para proyectos de inversión. La autoridad explicó que estas medidas reducirán los tiempos de tramitación. También permitirán acelerar iniciativas de distintos tamaños. El objetivo es generar un entorno más favorable para invertir. Además, el Ejecutivo evalúa ajustes legales. Estas modificaciones apuntan a entregar mayor certeza jurídica. También consideran posibles cambios tributarios para reducir costos de inversión.

Medidas para fortalecer Mipymes y empleo

El biministro relevó el rol de las Mipymes en la economía nacional. Destacó la importancia del pago oportuno a 30 días, incluyendo al Estado. Esta medida busca mejorar la liquidez de las empresas de menor tamaño. Asimismo, planteó reducir barreras para emprender. Se priorizará simplificar trámites y disminuir costos. También se fortalecerá la información disponible para el sector.

El turismo aparece como un sector clave para la reactivación. Mas destacó su impacto en el empleo y el desarrollo regional. También subrayó su aporte a la participación laboral femenina. El Gobierno impulsará la Ley de Reactivación del Turismo. Esta iniciativa incluirá incentivos tributarios y un fondo de promoción internacional. Además, se incorporarán herramientas de inteligencia de mercado. Finalmente, el ministro llamó a los senadores a trabajar en conjunto. Señaló que la colaboración será clave para responder a las necesidades del país. Reiteró que el objetivo es recuperar el dinamismo económico y mejorar la calidad de vida.

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El Mandatario recorrió las instalaciones del Ministerio. Visitó el laboratorio y la sala de calibración del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire. También observó el funcionamiento de la red de monitoreo de ruido ambiental. Estas herramientas entregan información técnica clave. Permiten tomar decisiones basadas en evidencia y mejorar la gestión ambiental. La visita reforzó el enfoque en datos para fortalecer políticas públicas.

La ministra Toledo destacó avances en la revisión de reclamaciones. Señaló que el gobierno busca acortar los tiempos de respuesta. Además, indicó que el Comité de Ministros ya revisó iniciativas de energía renovable. El Ejecutivo impulsa ajustes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. También trabaja en mejoras para la Superintendencia del Medio Ambiente. Estas medidas buscan dar mayor certeza a los proyectos de inversión.

Prioridades estratégicas del Ministerio

La autoridad definió tres ejes de trabajo. Primero, implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Segundo, agilizar la gestión institucional y reducir retrasos. Tercero, fortalecer la gestión de residuos. En este contexto, el Presidente Kast visita Ministerio del Medio Ambiente con el objetivo de consolidar una agenda que combine protección ambiental y desarrollo económico. La autoridad enfatizó la importancia de respuestas ágiles para todos los actores.

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Por tal motivo, es imperativo designar a nuestras autoridades en ENAMI y SERNAGEOMIN, pensando en personas que sean altamente competentes y con sólido conocimiento del sector. Con ello se logra tener equipos de alto desempeño para gestionar nuestras riquezas minerales.
¿Pero cómo se logra esto en el mundo de la Inteligencia artificial?
“Creemos que la IA no cambiara lo que hacemos sino como lo hacemos”

La confianza es un factor relevante para fortalecer el trabajo en equipo con metas claras y responsabilidades, así como tener un propósito compartido entre el Ministerio de Minería y todas las instituciones relacionadas. Otro factor es la eficacia organizacional para cumplir los programas de gobierno y, sobre todo, reencausar a ENAMI y SERNAGEOMIN a ser instituciones modelo, innovadoras y modernas.

¡Pero Chile no puede esperar más! Ahora que está comenzando un nuevo gobierno, no podemos desaprovechar el desarrollo y crecimiento de nuestra minería. Insistimos en que hay que reclasificar a la pequeña y mediana minería de manera urgente. Para ello, la Cámara Minera propone las siguientes medidas a nuestras autoridades:

1. Designar nuevas autoridades del SERNAGEOMIN y ENAMI, competentes y que conozcan el sector, ojalá sin la amistocracia y la politocracia existente.
2.  ¿El petróleo desnudó una vulnerabilidad que afecta a toda la cadena productiva y a la sociedad? ¿Dónde están nuestros legisladores que no ven esto?
3. La pequeña minería está en peligro de desaparecer, producto de malas políticas públicas y el aumento del 400% en patentes mineras. Hoy existen remates de propiedades de pequeños mineros por no poder pagar patentes. Esto pasa por ignorancia de autoridades de esa época.
4. Falta de nuevos proyectos para aprovechar el boom de altos precios.
5. Insistimos en industrializar nuestras riquezas minerales, único camino.
6. Respecto al litio, derogar artículos 7, 8 y 9 del Código de Minería para desarrollarlo con inversión privada o alianza público-privada.
7. Reclasificar a la pequeña minería desde 5.000 tpm hacia 20.000 tpm. Con ello se lograría enfrentar las bajas leyes de los yacimientos que requieren mover más material y eso aumenta los costos, así se puede fomentar la pequeña minería.
8. Modernizar a la ENAMI para que pueda comprar y comercializar más minerales como la plata, hierro, tierras raras, molibdeno, cobalto, entre otros.
9. Modernizar al SERNAGEOMIN mediante tecnología de IA y automatización de sus procesos. Es demasiado importante su rol para que se quede atrás en su función de fiscalizador.
10. La estrechez del recurso hídrico requiere planificar las plantas desaladoras, sobre todo el boom que se viene de los grandes proyectos de Argentina y que demandarán gran cantidad de agua de mar del Pacífico.
11. Generar una política nacional de las tierras raras y ENAMI con su rol de fomento y desarrollo.
12.  El renio y su falta de gobernanza, siendo Chile el primer productor de renio del mundo.
13.  Fomentar la agrominería, es decir, a las comunidades cercanas a yacimientos y faenas mineras, enseñarles y capacitarlos en producir hortalizas, frutos, paltas, papas, pistachos, etc., con ello no solo es una responsabilidad social empresarial, sino que se cumple el concepto de valor compartido con las comunidades.
14. Generar una política de fundiciones de cobre, hierro y oro/plata, con ello se tendría claro como país si exportamos solo concentrados y le damos mayor valor agregado

Con el debido respeto, la Cámara Minera de Chile hace un llamado a las nuevas autoridades a mirar a la minería como el foco central del crecimiento, apoyándola con políticas claras y, sobre todo, evitando las excesivas reformas tributarias. La minería exige reglas claras para invertir. No podemos farrearnos el boom de los precios de los metales.

«Sostenibilidad y eficiencia: construyendo un futuro mejor juntos”.

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El encuentro reunió a representantes de la Multigremial Nacional y del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Las citas se realizaron con carácter de urgencia en el Ministerio de Economía. El objetivo fue recoger inquietudes y proyecciones de corto plazo. También participaron la Confederación de la Producción y del Comercio, la Sociedad Nacional de Minería y el Consejo Minero. Estas organizaciones representan sectores clave para la economía nacional. Su visión resulta relevante para definir medidas concretas.

La jornada concluyó con una reunión virtual con gremios regionales. Estos actores expusieron dificultades asociadas a transporte, energía e insumos. Las zonas alejadas enfrentan impactos más intensos por su dependencia logística. El encarecimiento de los combustibles afecta la competitividad y la calidad de vida. Los gremios advirtieron sobre presiones en costos operacionales. También alertaron sobre efectos en cadenas de suministro.

El biministro Daniel Mas señaló que el Gobierno busca mantenerse conectado con los sectores productivos. La autoridad afirmó que se analizan mecanismos responsables para mitigar impactos. El foco está en proteger empleo y actividad económica. Además, destacó la necesidad de resguardar la sostenibilidad fiscal. Las medidas apuntan especialmente a pymes y hogares. El escenario exige equilibrio entre apoyo económico y responsabilidad fiscal.

Desde el Ejecutivo reconocen que el fenómeno tiene origen internacional. Sin embargo, el diálogo permite avanzar en soluciones focalizadas. La coordinación público-privada aparece como clave en este contexto. El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, valoró el proceso. Señaló que el intercambio permite construir una visión compartida. También facilita medidas concretas en sectores con mayores urgencias.

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Uno de los principales focos del acuerdo será llevar la electromovilidad a regiones. Para ello, se organizará una feria fuera de la Región Metropolitana. Además, se desarrollarán espacios de difusión para compartir avances y experiencias. Estas acciones buscan acercar la tecnología a más territorios. También apuntan a reducir brechas en el acceso a soluciones de transporte limpio. El enfoque territorial se posiciona como una prioridad estratégica.

El subsecretario de Energía destacó el rol del trabajo conjunto entre sectores. Señaló que la electromovilidad representa una solución concreta para reducir emisiones. También permite avanzar hacia mayor independencia energética. Desde la Agencia de Sostenibilidad Energética valoraron la participación de las organizaciones. Indicaron que el acuerdo permite generar evidencia y promover beneficios económicos, sociales y ambientales. La colaboración se consolida como eje clave.

Electromovilidad frente a desafíos globales

Autoridades del Ministerio de Energía subrayaron el contexto internacional. El alza en los precios del petróleo refuerza la necesidad de alternativas energéticas. En ese escenario, la movilidad eléctrica surge como una oportunidad. El acuerdo busca transformar estos desafíos en impulso para la innovación. También promueve el desarrollo de soluciones sostenibles en transporte. La electromovilidad gana relevancia en la agenda pública.

El Acuerdo por la Electromovilidad nació en 2017. Desde entonces, ha crecido de forma sostenida. En 2025 alcanzó 196 organizaciones adheridas en distintas versiones. Gracias a esta iniciativa, se han impulsado avances relevantes. Entre ellos destacan el aumento de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga. También se han desarrollado proyectos de investigación y formación de capital humano. Hoy, el acuerdo se posiciona como una plataforma clave. Su objetivo es articular esfuerzos y acelerar la transición hacia un transporte más sostenible. El compromiso multisectorial resulta fundamental para el futuro energético del país.

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Durante la jornada, la ministra de Minería, Aurora Williams, expuso los principales alcances de la propuesta. La autoridad explicó que el texto recoge conclusiones de una comisión especial investigadora desarrollada durante el año 2025.

Según detalló la ministra, el proyecto incorpora directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estas recomendaciones buscan mejorar el funcionamiento de empresas públicas estratégicas como Enami. La modernización considera cambios relevantes en la estructura de gobierno corporativo. El foco principal se sitúa en el fortalecimiento del directorio y en la definición de estándares más exigentes para su funcionamiento.

El diputado Cristián Tapia valoró positivamente la iniciativa presentada por el Ejecutivo. A su juicio, la modernización del gobierno corporativo de Enami resulta clave para fortalecer la gestión de la estatal. El parlamentario afirmó que la composición del directorio constituye el núcleo central de la reforma. Sin embargo, indicó que esta materia quedó pendiente durante la votación inicial del proyecto.

Tapia advirtió que la propuesta excluye a organizaciones como Sonami, representantes de la pequeña y mediana minería. Según el legislador, estas entidades no deberían quedar fuera de la instancia directiva. Además, planteó la necesidad de definir con mayor claridad el perfil de los directores designados por el Gobierno. También abordó el rol de los trabajadores y su relación con los sindicatos dentro de la empresa.

Concesibilidad del litio

En la misma sesión, la Comisión analizó un proyecto que deroga la no concesibilidad del litio. La iniciativa establece una tasa única para su adquisición dentro de concesiones de explotación. El ingeniero experto en litio, Daniel Jiménez, expuso ante la Comisión. Señaló que la reforma permitiría aprovechar mejor recursos estratégicos y mejorar la competitividad de Chile en el mercado global. La modernización del gobierno corporativo de Enami continuará su tramitación en las próximas sesiones parlamentarias, en un contexto de debate sobre el rol estratégico de las empresas estatales.

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El biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, lideró la sesión realizada en el edificio de Corfo. La autoridad destacó el carácter estratégico de esta política pública iniciada en 2020. Según explicó, la actualización entrega señales de continuidad y estabilidad institucional. Este enfoque busca generar confianza para atraer inversión y consolidar el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados. García subrayó que la estrategia combina ambición, pragmatismo y realismo. Estos principios permitirán avanzar de manera ordenada en la consolidación de esta industria durante los próximos años.

La reunión contó con la participación de destacadas autoridades y representantes del mundo público, académico y técnico. Entre ellos, asistieron la expresidenta Michelle Bachelet y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. También participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. Se sumaron la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y la investigadora Anahí Urquiza.

Próximos pasos y consulta pública

La propuesta de actualización se construyó a partir de los aportes recogidos en sesiones previas del Comité Estratégico. Los integrantes realizaron observaciones que se incorporarán al documento final. El texto será sometido a consulta pública durante febrero. Posteriormente, se entregará a las nuevas autoridades que asumirán en marzo, reforzando la continuidad de esta política de Estado. En la sesión participó el economista Tomás Bunster, en representación de la Oficina del Presidente Electo. Su presencia respondió a una invitación del biministro García, como señal de apertura y diálogo transversal.

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El primer estudio se titula “Incentivos para el Desarrollo de Infraestructura Compartida en la Industria Minera”. T&T Consultores elaboró el informe con financiamiento del programa Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía. La investigación identificó barreras regulatorias, económicas y operativas que dificultan la infraestructura compartida. Además, propuso medidas concretas para avanzar hacia modelos multicliente y multipropósito.

El estudio plantea ajustes normativos y nuevos incentivos económicos. Estas medidas permitirían optimizar inversiones y reducir duplicidades en proyectos mineros de gran escala. La infraestructura compartida permitiría una mejor evaluación de proyectos. También facilitaría la integración con otros sectores productivos y territoriales.

El segundo estudio fue “Eficiencia, factibilidad y diseño de un sistema integrado de abastecimiento hídrico en el Norte de Chile”. La Asociación Chilena de Desalación y Reúso, ACADES, lideró la investigación. El Grupo Banco Mundial y el Gobierno de Japón apoyaron su financiamiento. El análisis incluyó modelamiento de sistemas hídricos y evaluación económica de distintos escenarios.

La investigación propuso un diseño óptimo para una red hídrica integrada. El objetivo es mejorar la eficiencia del uso del agua y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Este enfoque refuerza la infraestructura compartida en la industria minera como una solución estratégica. La propuesta considera desalación, reúso y coordinación entre actores.

Autoridades destacan el valor de compartir infraestructura

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó la relevancia de estos estudios. Señaló que la minería desarrolla infraestructura robusta y de alto nivel. La autoridad enfatizó la necesidad de compartir estos activos. El objetivo es mejorar la eficiencia y facilitar procesos de evaluación más integrados con los territorios. La instancia busca fortalecer el diálogo público-privado. Además, apunta a preparar al sector minero frente a los desafíos climáticos del país.

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El Decreto Exento, emitido el 1 de diciembre, establece lineamientos generales para el primer ejercicio de diagnóstico de modernización de autorizaciones sectoriales. Con este instrumento, el Estado consolida una política permanente de revisión continua de la regulación de permisos.

El decreto fija la supervisión de siete instituciones clave en la gestión de autorizaciones. Estas son el Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Bienes Nacionales. También participan el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Todos deberán revisar, cada tres años, la conformidad de su normativa y gestión de permisos.

Entre los permisos priorizados se encuentran las autorizaciones para excavaciones arqueológicas. También se incluyen informes favorables de construcción y concesiones de uso oneroso. El decreto incorpora, además, la revisión de informes de mitigación de impacto vial. Estos trámites suelen concentrar alta demanda en proyectos de inversión pública y privada.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, destacó que la ley ya se encuentra en marcha. Señaló que el decreto permite avanzar hacia trámites más simples, modernos y rápidos. El Ministerio de Economía supervisará este trabajo junto a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Esta nueva entidad formulará recomendaciones normativas para fortalecer la institucionalidad.

Alineación con estándares OCDE

El proceso sigue las mejores prácticas definidas por la OCDE en 2025. Cada organismo deberá elaborar un informe fundado con hallazgos, conclusiones y medidas concretas de mejora. La Ley de Autorizaciones Sectoriales, vigente desde septiembre, busca reducir entre 30% y 70% los tiempos de espera. En proyectos estratégicos, la meta alcanza un 50%.

La normativa incorpora tramitación paralela, ventanilla única digital y técnicas habilitantes alternativas. El marco legal modifica más de 40 cuerpos normativos y refuerza la certeza para la inversión.

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La iniciativa busca reducir brechas entre territorios, considerando las diferencias en capacidades técnicas, acceso a información y planificación energética. Ambas instituciones apuestan por una colaboración activa entre academia y sector público.

Chile ha registrado avances relevantes en desarrollo sostenible, aunque persisten desafíos a nivel regional y comunal. La falta de articulación entre actores limita la implementación de políticas energéticas con impacto local.

En este contexto, el trabajo conjunto entre el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Agencia SE se inició en abril de este año. Esta colaboración se consolida ahora con un marco institucional formal.

La directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética, Rosa Riquelme, destacó el valor del convenio para fortalecer la toma de decisiones. Señaló que la alianza permitirá generar información de calidad para el desarrollo local basado en evidencia.

Desde la Universidad Adolfo Ibáñez, el director del Centro de Inteligencia Territorial, Luis Valenzuela, valoró la complementariedad del acuerdo. Resaltó la relevancia de vincular conocimiento académico con la implementación de políticas públicas energéticas.

El convenio establece un marco amplio y no exclusivo para desarrollar proyectos de interés común. Considera la creación de capacidades locales, el intercambio de información y la elaboración de estudios aplicados.

Planificación energética

Además, contempla el desarrollo de metodologías y espacios de aprendizaje colaborativo orientados a la gestión energética local. El acuerdo no incluye transferencia de recursos y tendrá una duración indefinida.

Entre los compromisos asumidos, ambas entidades coordinarán planes de trabajo específicos. Estos planes promoverán el desarrollo territorial sostenible, resiliente y descentralizado.

La planificación energética territorial se consolida así como una herramienta clave para mejorar la gestión local. El enfoque permitirá integrar datos, capacidades técnicas y conocimiento del territorio en decisiones estratégicas.

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El encuentro se realizó en las oficinas de la Cámara Chilena de la Construcción y buscó definir actividades comunes que fortalezcan el diálogo interinstitucional. SONAMI presentó un plan estructurado por trimestres que integra mecanismos de cooperación y objetivos compartidos.

Reinaldo Salazar, gerente de Estudios de SONAMI, destacó el valor del espacio. Señaló que la colaboración permite identificar desafíos transversales y construir conversaciones que impulsen la actividad económica del país.

Los participantes coincidieron en que la minería actúa como motor estratégico para el desarrollo nacional. El desempeño del sector influye de forma directa en el movimiento económico, lo que la convierte en un punto de encuentro ideal para el trabajo conjunto.

Paz Urzúa López, gerente de Datos y Tecnología de CBC, valoró la diversidad institucional del grupo. Explicó que la coordinación evita duplicar esfuerzos y permite diseñar iniciativas que aporten al crecimiento económico. También destacó el compromiso de proyectar actividades para todo el 2026.

Durante la jornada, la Cámara Chilena de la Construcción presentó los principales desafíos de su sector. La exposición incluyó antecedentes de los últimos años y proyecciones que consideran infraestructura habilitante, sostenibilidad y capital humano especializado.

Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, señaló que la información compartida busca apoyar decisiones estratégicas frente a la creciente demanda asociada al desarrollo minero. Agradeció la invitación de SONAMI y reafirmó el interés por trabajar coordinadamente.

Esta iniciativa, impulsada por SONAMI, busca fortalecer la alianza estratégica entre centros de estudios con la minería, consolidando un modelo de colaboración que aporte al desarrollo económico y social del país. La participación de múltiples instituciones refuerza el compromiso por avanzar en un trabajo articulado y sostenido.

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El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, señaló que la medida entrega una señal clara a los sectores productivos. También afirmó que esta revisión permitirá fortalecer el sustento técnico del proceso. Según Riesco, el Gobierno reconoció la relevancia de proteger la biodiversidad sin afectar el desarrollo económico que Chile necesita.

Hace algunas semanas, diversos gremios productivos expusieron inquietudes sobre el avance de los reglamentos de la Ley SBAP. Los gremios fueron convocados por SONAMI debido al impacto que generarían los 99 sitios prioritarios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente. Representantes del sector expresaron que el listado mostraba una elaboración apresurada y con escaso análisis técnico.

Riesco reiteró el llamado para impulsar mesas de trabajo multisectoriales. También planteó que estos espacios permitirán un análisis riguroso que incorpore la mirada de los sectores involucrados. SONAMI insistió en su disposición para colaborar con propuestas que resguarden la biodiversidad y eviten impactos innecesarios en actividades productivas.

El presidente del gremio minero destacó la coordinación alcanzada entre los distintos sectores productivos. Según afirmó, esta articulación demostró la capacidad del sector privado para mejorar políticas públicas y evitar efectos negativos asociados a una implementación deficiente.

SONAMI expresó que continuará trabajando junto a otros gremios para contribuir a una aplicación responsable de la Ley SBAP y desarrollo económico. La organización señaló que el país requiere un equilibrio entre conservación, progreso productivo y bienestar social.

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Uno de los aportes más destacados ha sido la organización eficiente de turnos especiales. A diferencia de las jornadas tradicionales, la minería desarrolló esquemas que permiten mantener operaciones las 24 horas sin afectar el bienestar físico y mental de los colaboradores. Este sistema, validado por organismos reguladores, ha sido adoptado en sectores que requieren continuidad operacional.

La gestión de riesgos es otro pilar fundamental. En la minería, la seguridad no es un valor simbólico, sino un mandato respaldado por tecnología avanzada, protocolos estandarizados y auditorías permanentes. Estos mecanismos han inspirado a industrias donde antes predominaba la improvisación, dando paso a una planificación rigurosa y a capacitaciones constantes.

El enfoque en el bienestar laboral también ha marcado la diferencia. Los procesos de inducción, herederos del onboarding minero, garantizan que cada trabajador conozca los riesgos desde su primer día. Esta práctica ha logrado reducir accidentes y consolidar una cultura preventiva incluso en sectores históricamente menos regulados.

No obstante, trasladar estos sistemas a otros rubros implica desafíos. Las grandes mineras cuentan con recursos financieros que no siempre están disponibles en empresas medianas o pequeñas. Implementar protocolos similares requiere inversión en tecnología y formación, lo que obliga a pensar en soluciones adaptadas a distintos contextos.

En este escenario, el rol del Estado resulta clave. Facilitar la certificación de competencias y fomentar políticas públicas que incentiven la adopción de estándares más exigentes son pasos esenciales. La minería ya demostró que un modelo de gestión riguroso puede transformar la cultura organizacional; ahora el reto es expandir esa transformación al conjunto de la economía.

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Los resultados iniciales se presentaron en el marco del ciclo de conversatorios “Compromiso Regional”, con participación de autoridades como el Delegado Presidencial Galo Luna, quien valoró el estudio como una herramienta fundamental para monitorear el efecto de las políticas públicas a lo largo del tiempo. El enfoque comunal del análisis permite observar realidades locales con precisión, fortaleciendo la planificación sostenible.

David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales, destacó que la disponibilidad de indicadores comunales permite visibilizar problemas y establecer metas reales para el desarrollo de la Región de Coquimbo. Según sus palabras, esta información facilita la planificación, evaluación y ajuste de políticas públicas basadas en evidencia.

La Gerenta de Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres, Marisol Díaz, subrayó que el compromiso con este estudio responde a la necesidad de mirar el futuro de la región con datos sólidos, promoviendo una alianza estratégica entre sector privado, gobierno y academia.

Desde el Gobierno, la Seremi Paulina Mora indicó que estos datos permitirán tener una visión detallada de múltiples áreas prioritarias para la región. En tanto, el alcalde de Illapel, Denis Cortés, resaltó la importancia del trabajo colaborativo entre instituciones para avanzar hacia una región más equitativa y planificada.

Compromiso regional

El ciclo de conversatorios “Compromiso Regional” se consolida como un espacio de reflexión multisectorial. Su objetivo es generar propuestas para el desarrollo sostenible del territorio, fortaleciendo la planificación de largo plazo con base en información precisa.

Gracias al Estudio Longitudinal, se abre una nueva etapa para el desarrollo de la Región de Coquimbo, con miras a una toma de decisiones más informada, efectiva y participativa.

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La minería enfrenta una demanda creciente a nivel global, impulsada no solo por la industrialización y la urbanización, sino también por la transición energética, la digitalización y la electromovilidad. En este contexto, Chile tiene un papel clave que cumplir, gracias a su liderazgo en producción de minerales como el cobre y el litio, sus importantes reservas, y una cartera de proyectos en expansión.

El Consejo Minero resalta que el país cuenta con ventajas geológicas, una oferta formativa consolidada, y un ecosistema empresarial diverso que incluye grandes, medianas y pequeñas compañías. A ello se suma un entorno institucional sólido y una industria proveedora sofisticada.

Sin embargo, el documento también identifica obstáculos relevantes: menor ley de los minerales, altos costos, escasez de trabajadores calificados y problemas en la tramitación de permisos. Frente a esto, las políticas públicas para una minería competitiva y responsable surgen como hoja de ruta para mejorar el entorno regulatorio y social.

La propuesta busca aumentar el impacto positivo del sector en la economía nacional y subraya el papel que puede tener Chile en enfrentar desafíos globales, como la transición energética y la seguridad del suministro de minerales críticos.

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La actividad fue encabezada por la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, y contó con la participación de representantes clave del sector minero. La ministra de Minería, Aurora Williams, envió un mensaje desde Osaka, Japón, valorando el rol de Cochilco como generador de valor público.

Durante 2024, Cochilco desarrolló 29 estudios técnicos, incluyendo investigaciones sobre litio, ESG, abastecimiento sostenible y minerales estratégicos. También elaboró reportes estadísticos y minutas, aportando insumos fundamentales para la toma de decisiones públicas en minería.

En su rol fiscalizador, Cochilco recomendó 242 proyectos de inversión de Codelco por US$4.107 millones en 2024 y 58 proyectos de Enami por US$53 millones. Además, se ejecutaron 24 auditorías y se atendieron 47 denuncias, evidenciando un robusto sistema de control interno.

La institución revisó el 99,33% de los Informes de Variación de Valor (IVV) de exportación de cobre y subproductos, abarcando 55 empresas exportadoras. Asimismo, se aplicaron sanciones por $91 millones a siete compañías por incumplimientos normativos en el sistema SEM.

Entre los principales desafíos de Cochilco se incluyen el fortalecimiento de su marco normativo, la transformación digital, la mejora en la gestión interna y el liderazgo en la implementación del estándar internacional EITI. El Informe de Gestión 2024 se encuentra disponible en versión borrador en el sitio web de la institución.

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En la actividad participaron los consejeros del Cosoc, entre ellos María Elisa Quinteros, presidenta del Consejo y representante del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; Paulina Riquelme, de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Elba Matuz Aburto, de Conadi; Flavia Liberona, de Fundación Terram; y Paulina González, de Fundación Tanti.

Durante su presentación, Durán expuso los avances institucionales del SEA, los desafíos para el próximo periodo y los resultados alcanzados durante el último año. La instancia busca fortalecer la confianza ciudadana mediante una gestión transparente, permitiendo que la comunidad conozca el uso de los recursos y las políticas implementadas.

La Cuenta Pública Participativa 2024-2025 es parte de un proceso más amplio que incluye una fase de observaciones ciudadanas a través de un formulario online. Posteriormente, se llevará a cabo una nueva presentación presencial el próximo 2 de julio en la ciudad de Punta Arenas. Aquello concluirá con la publicación del documento final.

Este ejercicio de rendición de cuentas permite consolidar una gestión ambiental más inclusiva y abierta, alineada con los estándares de gobernanza que demanda la ciudadanía.

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