Durante la sesión, el Consejo revisó su rol en el presupuesto del Servicio. La discusión buscó alinear recursos con las necesidades de la sociedad civil y los desafíos técnicos del sector. Además, los participantes acordaron fortalecer los mecanismos de seguimiento. Esto permitirá evaluar la ejecución de recursos y mejorar la toma de decisiones. La hoja de ruta presupuestaria y tecnológica 2026 también incorpora el desarrollo tecnológico como eje estratégico. Este enfoque busca modernizar procesos y optimizar la entrega de información.

El trabajo considera la integración de la academia. Así se fortalece el conocimiento científico en áreas clave como geología y minería. Mauricio Lorca destacó la relevancia del trabajo conjunto. Señaló que la planificación integra visiones técnicas y académicas. Marco García, en tanto, enfatizó la importancia del seguimiento presupuestario. Indicó que la coordinación permitirá impulsar proyectos de innovación y mejorar la gestión institucional.

La hoja de ruta establece una base para la coordinación futura entre Sernageomin y el COSOC. El enfoque prioriza la vinculación entre industria, academia y sociedad civil. El proceso busca consolidar una gestión más transparente y eficiente. También apunta a fortalecer la innovación en el sector minero.

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Cochilco reafirma con esta instancia su compromiso con la transparencia y la participación pública. La entidad promueve un diálogo directo con la comunidad para orientar de mejor forma su labor. Este proceso facilita una retroalimentación clara y permite comprender las inquietudes que existen en torno a la gestión minera.

La vicepresidenta ejecutiva (s), Claudia Rodríguez, destacó el valor de este instrumento participativo. Señaló que la participación ciudadana orienta el trabajo institucional y refuerza la legitimidad de sus políticas y estudios. Agregó que esta consulta abre una oportunidad para avanzar hacia una minería más transparente y conectada con las personas.

Los resultados permitirán enriquecer el Plan de Trabajo Institucional 2026. La información ayudará a identificar mejoras, definir prioridades y detectar oportunidades de innovación. El proceso busca aportar nuevas miradas para enfrentar los desafíos del sector con una visión integral.

En esta edición, la Consulta Ciudadana 2025 de Cochilco se centra en medir cómo la ciudadanía percibe su gestión. El proceso ofrece un espacio simple y accesible para que cualquier persona pueda participar. La institución habilitó un formulario digital que facilita el acceso desde cualquier punto del país.

Cochilco invita a todas las personas interesadas a ser parte de esta construcción colectiva. La participación permite aportar a una mejor gestión pública y contribuye a fortalecer el desarrollo de la minería en Chile. La institución destaca que cada opinión ayuda a consolidar un vínculo más sólido con la ciudadanía.

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El texto surge en un contexto global donde la demanda por minerales críticos crece rápido debido a la transición energética. Chile posee ventajas relevantes en cobre, litio, renio y tierras raras. Estas condiciones sitúan al país ante una decisión estratégica: continuar como proveedor periférico o avanzar hacia un rol central en la cadena de suministro global.

La Plataforma Ciudadana “Más que Minería” se creó en 2023. Este espacio reúne organizaciones de la sociedad civil, expertos y académicos. Su misión es influir de forma activa en las políticas mineras y promover un nuevo enfoque sobre el desarrollo del sector. Desde la coalición señalan que el relato tradicional ha omitido impactos acumulativos en los territorios y ha impulsado políticas que reproducen desigualdades.

Ocho objetivos

El documento presenta ocho prioridades consideradas críticas para 2026-2030.

• Transparencia y rendición de cuentas propone fortalecer fiscalización y trazabilidad.
• Gobernanza del litio y salares plantea un modelo soberano y sustentable con participación previa e informada.
• Aguas destaca la urgencia de proteger glaciares, ecosistemas y uso humano.
• Crisis ecológica exige respuestas ante pérdida de biodiversidad y emergencia climática.
• Relaves y pasivos ambientales mineros requieren un marco legal, fiscalización efectiva e innovación en remediación.
• Salud y contaminación visibiliza riesgos para comunidades expuestas a contaminantes.
• Comunidades y derechos humanos enfatiza el respeto al consentimiento libre y la protección de defensores ambientales.
• Modelo de desarrollo minero plantea superar la lógica extractivista y avanzar hacia diversificación y justicia territorial.

La Plataforma integra a CEUS Chile, Fundación Ecosur, Fundación Terram, Fundación Relaves, ONG Ecosistemas y Observatorio Ciudadano, junto a expertos en salud pública, ciencias, estudios latinoamericanos y antropología. Otras organizaciones participan como observadoras.

Este conjunto busca que las demandas ciudadanas influyan directamente en el debate minero en Chile y en la construcción de una política minera más justa y sostenible.

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La Ley SBAP y pequeña minería se encuentran nuevamente en el centro del debate tras la reciente consulta pública sobre sitios prioritarios para la biodiversidad. Aunque esta iniciativa busca fortalecer la conservación ambiental, diversos actores advierten un impacto negativo en el desarrollo del sector.

El proceso, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, amplió su plazo por diez días hábiles. Sin embargo, la Cámara Minera de Chile alertó que más de 300 instalaciones podrían verse afectadas por las restricciones derivadas de la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Las medidas podrían incluir mayores exigencias de permisos y costosas compensaciones ambientales.

Según Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, muchas faenas pequeñas operan en zonas que podrían ser declaradas sitios prioritarios, lo que dificultaría su continuidad. A su juicio, estas normativas se desarrollan sin la participación efectiva del sector, lo que genera incertidumbre y desincentiva la inversión.

El dirigente recordó que la industria ya enfrenta desafíos como el aumento de tributos y las modificaciones en el pago de patentes. En un contexto de precios históricamente altos del cobre, oro y plata, considera que se deben promover incentivos a la producción, respetando las normas ambientales existentes.

La Ley SBAP y pequeña minería simbolizan una nueva tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Desde la Cámara Minera de Chile llaman al diálogo y a incluir a los pequeños productores en la mesa de trabajo anunciada por el Gobierno. “Chile sin minería no tendría las posibilidades que tiene hoy”, enfatizó Viera, instando a compatibilizar la sustentabilidad con el crecimiento del país.

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