GEM Mining Consulting desarrolló el Índice de Valor Potencial del Distrito (IVPD). Esta herramienta compara territorios mineros y determina si la cercanía entre operaciones puede traducirse en ventajas competitivas. El índice considera que la proximidad geográfica no basta para crear valor. La clave radica en la capacidad de compartir infraestructura, coordinar operaciones y fortalecer el desarrollo sostenible del territorio.

Chile destaca con cuatro distritos mineros de clase mundial

El ranking mundial de distritos mineros identifica a cuatro sistemas chilenos dentro del grupo líder. Se trata de Collahuasi–Quebrada Blanca, Andina–Los Bronces, Radomiro Tomic–Chuquicamata–Ministro Hales, conocido como Codelco Norte, y Escondida–Zaldívar. Según el informe, estos distritos concentran grandes operaciones, infraestructura estratégica y continuidad operacional. Además, presentan condiciones que favorecen la coordinación entre compañías y el desarrollo conjunto de proyectos. Los autores destacan que estos atributos permiten convertir la cercanía geográfica en una plataforma para generar mayor valor económico y mejorar la competitividad de la minería chilena.

El Índice de Valor Potencial del Distrito entrega una puntuación entre 0 y 100 puntos. La dimensión económica aporta hasta 50 puntos, mientras que las dimensiones social y ambiental contribuyen con 25 puntos cada una. La evaluación económica incorpora variables como reservas, recursos minerales, producción, sinergias operacionales y coordinación empresarial. En paralelo, los criterios sociales y ambientales analizan la conflictividad territorial, el riesgo hídrico, la institucionalidad y la viabilidad ambiental.

El análisis consideró 49 distritos mineros y 113 operaciones

Para elaborar el estudio, GEM revisó una base de 1.641 minas en operación y proyectos mineros alrededor del mundo. Tras aplicar criterios de distancia, calidad de la información y confiabilidad, seleccionó 49 distritos mineros que reúnen 113 operaciones y proyectos. El objetivo del IVPD no consiste en determinar la viabilidad definitiva de cada distrito. Su propósito es comparar el potencial relativo de los distintos territorios para generar y sostener valor en el largo plazo.

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El presidente del directorio señaló que la seguridad de las personas constituye la principal prioridad de la Corporación. Además, destacó la necesidad de aumentar la rentabilidad de las operaciones sin incrementar los niveles de endeudamiento. Otro eje estratégico apunta a fortalecer los mecanismos de control y transparencia. La compañía también busca consolidar una sostenibilidad integral que considere aspectos operacionales, económicos, ambientales y sociales.

“Estamos trabajando con todos para fortalecer Codelco y recuperar la confianza. Nuestro propósito es que la empresa vuelva a desplegar todo su potencial”, afirmó Fontaine ante los parlamentarios.

Durante la sesión, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnic, junto al auditor general, Raúl Puerto, presentaron las conclusiones del proceso de revisión. La investigación determinó que en las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales se clasificaron como productos terminados algunos materiales que no cumplían las condiciones establecidas por la normativa interna. Según los antecedentes expuestos, la situación generó incumplimientos normativos y una aplicación improcedente de criterios de excepción. Además, afectó indicadores de producción utilizados para calcular incentivos variables.

Como respuesta, el directorio instruyó una auditoría externa para revisar los reportes de producción correspondientes a 2024 y 2025. También ordenó recalcular los incentivos variables asociados a los indicadores de producción del año 2025. La compañía inició procesos para recuperar los bonos vinculados a ejecutivos, supervisores y trabajadores.

El presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, informó que los ejecutivos involucrados ya realizaron las devoluciones correspondientes. Asimismo, indicó que la empresa mantiene conversaciones con federaciones de trabajadores y supervisores para avanzar en soluciones respecto de los demás estamentos.

Evaluación de proyectos, costos y financiamiento

Fontaine anunció que Codelco desarrolla una revisión exhaustiva de sus procesos y estándares de gestión. Este trabajo busca identificar oportunidades de mejora en distintas áreas de la organización. En los próximos meses, la empresa avanzará en la definición de un nuevo Plan Estratégico. El proceso incluirá la evaluación de la estructura operacional y de costos, la cartera de proyectos, eventuales ventas de activos y alternativas de financiamiento.

El presidente del directorio señaló que esta revisión permitirá contar con una hoja de ruta clara para fortalecer la sostenibilidad operacional y financiera de la Corporación. La iniciativa también busca consolidar una gestión más robusta y transparente. De esta manera, la auditoría de producción 2025 de Codelco se transforma en un punto de partida para reforzar los controles internos y definir el rumbo futuro de la principal empresa minera del país.

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El Ebitda alcanzó US$ 2.143 millones durante el trimestre. Esto representa un incremento de US$ 795 millones respecto al mismo período del año anterior. La utilidad consolidada atribuible a la empresa llegó a US$ 290 millones. El resultado es casi cinco veces superior a los US$ 60 millones registrados en el primer trimestre de 2025. Además, los aportes al Fisco totalizaron US$ 430 millones. La cifra incluye pagos por royalty y otros mecanismos tributarios, registrando un crecimiento de 94%.

La producción total de Codelco, incluyendo su participación en otras operaciones, alcanzó 300 mil toneladas de cobre fino. Esto equivale a una caída de 7,5% respecto a las 324 mil toneladas obtenidas un año antes. Entre las divisiones con mejor desempeño destacó Radomiro Tomic. La operación aumentó su producción en 12% gracias a mejores leyes minerales y mayores envíos de sulfuros. División Salvador también mostró avances relevantes. Su producción creció 80% tras la puesta en marcha del proyecto Rajo Inca. Por otro lado, El Teniente, Chuquicamata, Ministro Hales, Gabriela Mistral y Andina registraron menores niveles productivos. Factores como accidentes previos, mantenciones programadas y menores leyes incidieron en estos resultados.

El costo directo C1 alcanzó 231,8 centavos de dólar por libra. La cifra representa un aumento de 10% respecto al mismo período de 2025. En tanto, el costo neto a cátodo C3 llegó a 397,5 centavos de dólar por libra. El incremento alcanzó 6,3%, influido por mayores costos de mantención, servicios y una menor producción. El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, destacó que la empresa mantiene su foco en la seguridad, la continuidad operacional y el control de costos para asegurar excedentes sostenibles para el Estado.

Los proyectos estructurales continuaron avanzando durante el período. La primera fase de continuidad operacional de Chuquicamata Subterránea alcanzó un progreso de 92%. En El Teniente, los proyectos Andes Norte y Diamante registraron avances de 81% y 55%, respectivamente. Ambas iniciativas retomaron actividades de construcción durante el trimestre. Rajo Inca, en División Salvador, alcanzó un avance total de 95%. El proyecto inició producción en 2024 y espera alcanzar su capacidad de diseño durante 2027.

Hitos estratégicos del trimestre

Durante el primer trimestre, Codelco obtuvo la aprobación ambiental para el proyecto Desarrollo Futuro División Ministro Hales. La iniciativa contempla una inversión de US$ 2.800 millones. La estatal también concretó una emisión de bonos por US$ 1.250 millones. Además, firmó acuerdos de colaboración tecnológica con Schneider Electric y Microsoft para impulsar automatización, inteligencia artificial y transformación digital. Los resultados de Codelco primer trimestre 2026 reflejan una combinación de desafíos operacionales y sólidos indicadores financieros. La compañía apuesta por sus proyectos estructurales y la innovación para fortalecer su competitividad en los próximos años.

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Aunque la cifra representa aproximadamente el 2% de la producción anual y la empresa señala que no obliga a modificar sus estados financieros auditados, el episodio golpea un activo más sensible que el balance: la credibilidad de las cifras que Codelco entrega al mercado, al Estado y a sus contrapartes comerciales. El presente documento analiza tres dimensiones de impacto — imagen país, contratos comerciales y reputación corporativa — y propone un conjunto de medidas correctivas.

Impacto sobre la imagen del país

Codelco no es una empresa más: es la mayor productora de cobre del mundo, es 100% propiedad del Estado de Chile y constituye un pilar estructural de las finanzas públicas. Por ello, una falla en la fiabilidad de sus cifras se proyecta directamente sobre la marca país.

Principales efectos

Erosión de la “marca Chile” como exportador confiable. Chile ha construido su prestigio minero sobre la seriedad técnica e institucional. Que la empresa insignia del Estado reporte cifras que luego deben corregirse debilita la percepción de Chile como jurisdicción minera predecible y rigurosa.
Señal negativa sobre la gobernanza de las empresas públicas. El caso alimenta la narrativa de que las empresas estatales chilenas carecen de controles internos robustos, justo cuando el país compite por atraer inversión en minería y energías de transición.

Exposición política y mediática amplificada. El episodio ha sido calificado por autoridades de gobierno como una “falla grave” y se ha planteado la conformación de una comisión investigadora en el Congreso. La discusión pública prolongada mantiene el tema en la agenda internacional especializada.
Efecto sobre la prima de riesgo del cobre chileno. Analistas advierten que las dudas sobre la consistencia de las metas productivas pueden incidir en la prima de riesgo asociada al cobre, encareciendo marginalmente el financiamiento y la valoración de proyectos del país.

Factor atenuante: la irregularidad fue detectada por los propios sistemas de auditoría interna de Codelco, y la empresa adoptó medidas y presentó antecedentes a la Fiscalía. Comunicada correctamente, la autodetección puede transformarse en evidencia de que los mecanismos de control institucional funcionan.

Impacto sobre los contratos comerciales

La principal exposición comercial no proviene de un incumplimiento de entregas físicas — las ventas reales no fueron alteradas — si no de la confianza contractual y del riesgo de que las contrapartes endurezcan sus condiciones.

Principales efectos

Mayor escrutinio de clientes y traders. Los compradores de largo plazo (fundiciones, manufactureras y traders internacionales) pueden exigir verificación independiente de inventarios, producción y calidad antes de renovar contratos.

Endurecimiento de cláusulas en futuras negociaciones. Es previsible la incorporación de auditorías externas obligatorias, cláusulas de representación y garantía más estrictas y penalidades reforzadas por discrepancias de información.

Riesgo en contratos financieros y de financiamiento. Contratos de prepago, ventas a futuro y emisiones de deuda suelen contener cláusulas de declaración de información veraz; cualquier hallazgo material puede activar revisiones, requerimientos de información adicional o ajustes de condiciones por parte de bancos y tenedores de bonos.
Atención de clasificadoras de riesgo. Las agencias de rating evalúan la gobernanza como componente del perfil crediticio. Un caso de control interno deficiente puede traducirse en observaciones sobre la calidad de la gestión, aun sin un cambio inmediato de clasificación.

Sensibilidad reputacional ante socios en joint ventures. Socios en asociaciones y proyectos conjuntos podrían solicitar mayores garantías de transparencia en el reporte de información operacional compartida.

Impacto sobre la reputación corporativa

Principales efectos

Pérdida de confianza en la calidad de la información. El activo reputacional más valioso de una minera es la fiabilidad de sus cifras de producción y reservas. El episodio instala una duda que requerirá tiempo y resultados consistentes para revertir.

Cuestionamiento del gobierno corporativo y del directorio. El caso reabre el debate sobre la efectividad de los controles internos, el rol del Comité de Auditoría y la capacidad del directorio para supervisar a la administración.
Tensión interna y clima organizacional. La auditoría estableció responsabilidades sobre ocho ejecutivos — con una desvinculación y amonestaciones internas — y los hallazgos afectan el cálculo de metas e incentivos, lo que puede generar conflictividad con trabajadores y sindicatos.

Riesgo de relato de “maquillaje de cifras”. Que la sobreestimación coincidiera con un récord histórico de producción en diciembre de 2025 alimenta la percepción de que las cifras se ajustaron para cumplir metas, el daño narrativo más difícil de neutralizar.

Investigaciones paralelas que prolongan la exposición. El Comité de Auditoría también tiene en curso una investigación, encargada a una firma externa, sobre presuntos ascensos irregulares de dirigentes sindicales, lo que mantiene a la empresa bajo escrutinio en varios frentes simultáneamente.

Propuestas de solución

Las medidas se ordenan en tres horizontes complementarios.

Acciones inmediatas: transparencia y control de daños

Comunicación proactiva y única versión. Entregar una explicación clara, oportuna y técnicamente fundada de qué ocurrió, su magnitud, su efecto sobre estados financieros y las medidas adoptadas, evitando vacíos de información que el mercado llenaría con especulación.

Auditoría externa independiente. Encargar a una firma de prestigio internacional una revisión independiente de las cifras de producción 2025 y de los procesos de reconocimiento, y publicar sus conclusiones. La confianza y trasparencia esta mermada.

Información a reguladores y contrapartes. Mantener informados de manera formal a la Comisión para el Mercado Financiero, a bancos acreedores, tenedores de bonos y clientes clave, anticipándose a sus consultas.
Determinación de responsabilidades con debido proceso. Concluir las sanciones internas y la denuncia ante la Fiscalía con criterios consistentes y proporcionales, comunicando que la empresa no tolera el incumplimiento normativo.
Vocería técnica unificada. Designar voceros acotados y preparados para evitar mensajes contradictorios entre administración, directorio y autoridades.

Acciones de mediano plazo (3–12 meses): rediseño de controles y gobernanza

Refuerzo del control interno de producción. Revisar y rediseñar los procesos de reconocimiento de producción, eliminando el uso discrecional de normas de excepción y exigiendo doble validación y trazabilidad documental para todo material en proceso. Fortalecimiento del Comité de Auditoría y de la Auditoría Interna. Dotar al Comité y a la Gerencia de Auditoría Interna de mayores atribuciones, recursos e independencia, con reporte directo al directorio.

Revisión del esquema de metas e incentivos. Rediseñar los bonos de desempeño para que no premien el cumplimiento aparente de metas, incorporando ajustes ex post cuando la auditoría detecte sobreestimaciones. Controles digitales y alertas automáticas. Implementar sistemas que detecten en tiempo real desviaciones anómalas entre producción declarada, inventarios y capacidad de procesamiento. Canal de denuncias reforzado. Garantizar un canal independiente, confidencial y con protección efectiva al denunciante, dado que la detección temprana es la mejor defensa reputacional.

Acciones estructurales: reconstrucción de confianza

Cultura de integridad y cumplimiento. Programas de capacitación y un mensaje sostenido desde la alta dirección de que ninguna meta justifica reportar información que no cumple las normas. Estándar de transparencia ejemplar. Adoptar y certificar estándares internacionales de reporte de producción y reservas, y publicar reportes de aseguramiento periódicos como práctica permanente. Reportabilidad pública verificable. Establecer un calendario estable de divulgación de cifras operacionales con verificación externa, transformando la transparencia en un atributo de marca.

Profesionalización del gobierno corporativo. Promover criterios técnicos y estables de designación del directorio, reduciendo la exposición de la gestión a los ciclos políticos. Plan de relacionamiento con grupos de interés. Diálogo estructurado y sostenido con clientes, financistas, sindicatos, autoridades y comunidades para reconstruir confianza con resultados medibles en el tiempo.

Conclusión

El daño central del caso no es financiero sino de confianza. La sobreestimación es acotada en volumen y no obliga a corregir los estados financieros auditados, pero afecta el activo intangible más valioso de Codelco y, por extensión, de Chile: la credibilidad de su información. La gestión de la crisis determinará si el episodio se consolida como un golpe reputacional duradero o si, gestionado con transparencia y reformas verificables, se convierte en una oportunidad para demostrar que los controles funcionan y que la empresa es capaz de corregirse. La autodetección de la irregularidad es el punto de partida favorable; la respuesta institucional definirá el resultado.

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La División Ministro Hales formó parte de una muestra representativa que incluyó a Casa Matriz y a las divisiones Andina y Gabriela Mistral. En el caso de DMH, el equipo auditor revisó 12 áreas directamente en terreno. Durante la evaluación, los auditores destacaron el orden operacional y la trazabilidad de la información ambiental. También valoraron la disposición de los equipos para responder consultas técnicas durante todo el proceso.

Javier Arcos, director de Medio Ambiente y Territorio de Ministro Hales, subrayó el esfuerzo transversal que permitió alcanzar la recertificación. Señaló que el resultado refleja el compromiso de las áreas operativas y de apoyo. “El liderazgo fue clave para preparar y acompañar este proceso”, afirmó. Además, recalcó que la recertificación refuerza la mejora continua y la producción responsable en la División.

Cultura preventiva y mejora continua en Codelco

Desde la estatal explicaron que este resultado evidencia una cultura preventiva consolidada en la gestión ambiental. Los requisitos legales y corporativos forman parte de las operaciones diarias de la División Ministro Hales. La recertificación del Sistema de Gestión Ambiental de Codelco también reafirma el cumplimiento de estándares internacionales exigidos por los mercados globales. Este avance asegura la trazabilidad y sustentabilidad del cobre producido. En ese contexto, Codelco fortalece su posicionamiento como productor responsable. La compañía consolida una gestión ambiental alineada con las expectativas regulatorias y los desafíos de la minería moderna.

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El SEA confirmó que el ICE tendrá una extensión cercana a las 500 páginas. El documento concluye con una recomendación favorable para el proyecto “Desarrollo Futuro DMH”. La iniciativa alcanzó el día 882 de evaluación, un plazo inferior al promedio de tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados. Según datos oficiales, ese promedio llega a 1.035 días.

El proyecto de Codelco Ministro Hales busca seguir explotando el yacimiento ubicado en la Región de Antofagasta. La mina opera a cielo abierto y se encuentra a tres kilómetros de la ciudad de Calama. El plan considera un movimiento mina promedio de 550 mil toneladas diarias y un procesamiento de 65.000 toneladas al día. La producción anual proyectada alcanza las 830.000 toneladas de concentrado de cobre.

Codelco explicó en su Estudio de Impacto Ambiental que la división produce concentrado de cobre, plata y calcina. Este último corresponde a un concentrado de cobre de alta pureza. El yacimiento se ubica a una altura media de 2.400 metros sobre el nivel del mar. El proyecto mantendrá el proceso productivo actualmente aprobado, incorporando modificaciones operacionales específicas.

Vida útil y etapas del proyecto

La vida útil total del proyecto se estima en 37 años. La fase de construcción se extenderá por tres años, mientras que la operación durará 30 años. La etapa de cierre contempla dos años de actividades, seguidos por cinco años de post cierre. Inicialmente, la inversión se estimó en US$ 2.500 millones, cifra que luego aumentó a US$ 2.800 millones.

Si la Coeva de Antofagasta ratifica la recomendación favorable, el proyecto recibiría su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en los días siguientes.

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Las pruebas buscan evaluar el desempeño del vehículo en condiciones reales de operación minera. El foco está puesto en la seguridad, la autonomía y la resistencia de sus componentes críticos. El gerente de Mina de Ministro Hales, Thomas Gleisner, explicó que la evaluación considera el comportamiento del equipo en terrenos exigentes. También se analizan las protecciones de baterías y motores eléctricos. Según detalló, la camioneta cuenta con una autonomía cercana a los 300 kilómetros. Esa capacidad resulta adecuada para supervisores y jefes de turno que recorren extensas áreas del rajo durante una jornada.

Electromovilidad

La entrada en operación del punto de carga eléctrica permite reducir una de las principales barreras para adoptar vehículos eléctricos. Esta infraestructura facilita el uso cotidiano de tecnologías limpias dentro de la División. Andrés Aliaga, ingeniero gestor de Excelencia Operacional e impulsor del proyecto, destacó la importancia de contar con recarga disponible. Señaló que esta medida crea condiciones reales para que la electromovilidad sea viable en faena. La iniciativa promueve un ecosistema de movilidad más limpio, tecnológico y alineado con los desafíos ambientales de la industria minera.

Estas acciones se enmarcan en los compromisos de desarrollo sustentable 2030 de Codelco. La División ya proyecta sumar nuevas innovaciones junto a la gerencia corporativa de Acción Climática. Con estas medidas, la electromovilidad en Ministro Hales refuerza el camino hacia la descarbonización operacional. La División reafirma su compromiso con una producción responsable y con el desarrollo sustentable del territorio y del país.

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El conductor del equipo detectó humo y llamas de forma repentina mientras operaba el camión. Tras identificar la emergencia, activó los protocolos de seguridad y evacuó el vehículo por sus propios medios.

Luego del incidente, el operador fue trasladado al Hospital del Cobre de Calama. El equipo médico confirmó quemaduras en el 13,5% de su cuerpo, sin compromiso de la vía aérea.

Actualmente, el trabajador permanece hospitalizado, estable dentro de su condición. El personal médico especializado mantiene observación constante durante las próximas 24 horas.

La brigada de emergencias de la División Ministro Hales se desplegó de inmediato en el sector. Los equipos realizaron labores de extinción y control para evitar la propagación del fuego.

De manera preventiva, la división paralizó el área donde ocurrió el incidente. La medida busca resguardar la seguridad de las personas y facilitar las pericias técnicas.

Codelco informó que notificó oportunamente a las autoridades competentes. Además, instruyó una investigación interna para determinar las causas del siniestro.

La corporación dispuso recursos para apoyar la recuperación del trabajador y acompañar a su familia. El proceso buscará identificar posibles responsabilidades y medidas correctivas.

Desde Codelco reiteraron la importancia de reforzar la gestión preventiva y la conducta segura. La empresa subrayó el cumplimiento estricto de normas y protocolos operacionales.

La protección de la vida y la salud de las personas sigue siendo un valor central en todas las operaciones de la estatal.

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La visita formó parte del Congreso Internacional Applied Research in Mining and Metallurgy (ARMMIC 25), realizado en la Universidad Católica del Norte. Académicos, investigadores y estudiantes recorrieron distintas áreas para conocer las particularidades operacionales del yacimiento.

La jornada comenzó con una charla dictada por Mauricio Videla, geólogo de la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo. El profesional presentó las características geológicas y mineralógicas de la División Ministro Hales, destacando elementos clave del modelo geológico.

Luego, el grupo se trasladó al rajo mina. En el lugar, Cristian Alvarado, jefe de Operaciones Mina, explicó la gestión operacional y los desafíos actuales que enfrenta la división. Los asistentes resolvieron dudas y analizaron las condiciones que guían la toma de decisiones en la faena.

Posteriormente, la delegación visitó la Planta Concentradora. El recorrido incluyó una exposición técnica sobre los procesos metalúrgicos aplicados en la instalación. La actividad permitió observar equipos, flujos productivos y tecnologías que optimizan el rendimiento metalúrgico.

Para Edison Martínez, estudiante del doctorado en Minería de la Universidad Católica del Norte, la jornada fortaleció la conexión entre formación y realidad productiva. Valoró la instancia porque entrega información práctica y permite comprender el rol estratégico de la industria en el país.

Valor formativo

La académica Evelyn Melo Aguilera destacó el aporte formativo de la visita. Mencionó que estas actividades actualizan conocimientos y permiten conocer innovaciones aplicadas en minería. También valoró reencontrarse con exestudiantes que hoy trabajan en la División Ministro Hales.

El ARMMIC 25 reunió a representantes del sector académico, industrial y científico en Antofagasta. Su objetivo fue divulgar avances en investigación aplicada y analizar desafíos globales del sector minero, impulsando la colaboración estratégica en minería y metalurgia en Chile.

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Los nuevos vehículos se integraron a los procesos productivos de la planta de Tostación. Participan en el manejo y traslado de calcinas secas hacia División Chuquicamata y otras tareas operativas. Su incorporación permitirá disminuir alrededor de 346 toneladas de CO₂ por año, apoyando directamente la meta corporativa de reducción de emisiones.

Desde el punto de vista técnico, los camiones ofrecen una autonomía de hasta 222 kilómetros y un rendimiento de 0,79 km/kWh. Además, tienen una capacidad de carga útil de 31,5 toneladas. Sus baterías pueden recargarse completamente en poco más de una hora, gracias a una nueva electrolinera instalada en la División.

El superintendente de Suministros y Servicios a la Producción, Jhon Fritz, destacó que los tractocamiones eléctricos representan un avance clave para la sustentabilidad. “Nos permiten operar de forma más eficiente y segura con tecnologías de seguridad activa y telemetría”, explicó.

Alejandro Fuenzalida, administrador de contrato de Sotraser en DMH, comentó que la decisión se consolidó tras un año de pruebas exitosas. “Comenzamos con un camión piloto y hoy apuntamos a una flota completa de vehículos eléctricos”, señaló.

El conductor líder de la flota, Ernesto Miranda, resaltó las mejoras en seguridad. “Si el cinturón no está abrochado o falta algún aditivo, el camión no arranca”, detalló.

Finalmente, Gonzalo Lara, gerente general de Ministro Hales, enfatizó que la medida se alinea con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de la División. “Buscamos transformar estructuralmente la operación para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética. Este paso reafirma nuestro compromiso con una minería de bajas emisiones y alto valor para Chile”, indicó.

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Este documento, considera el reforzamiento de las medidas de mitigación y compensación ambiental del proyecto, en especial de las componentes de calidad del aire e hidrogeológicas, además de la profundización y mejora de los 33 compromisos ambientales voluntarios que propone la división para aportar al desarrollo sostenible de la zona.

Gonzalo Lara, gerente general de Ministro Hales, comentó que “estamos avanzando en un proceso que es clave para la continuidad operacional y el futuro de la División. En esta Adenda hemos incorporado mejoras que robustecen el proyecto, tanto en lo técnico como en lo ambiental, ya que estamos conscientes de la preocupación de la ciudadanía y por ello estamos tomando todas las medidas y compromisos necesarios para proyectarnos de una manera responsable, cuidando el medio ambiente y aportando al crecimiento de la comuna”.

Medidas

Durante los próximos meses habrá una nueva instancia de observaciones y respuestas técnicas y ambientales con los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECAS), mientras que en paralelo se desarrolla el proceso de Consulta a Pueblos Indígenas, el cual es el más grande en la historia de la legislación ambiental del país, al considerar la participación de 46 organizaciones y asociaciones indígenas de Calama.

“Durante este proceso que inició en 2022, hemos sostenido diversas instancias de participación con la ciudadanía y con los pueblos indígenas, lo que nos ha permitido incorporar al proyecto medidas y compromisos basados en sus preocupaciones e intereses, como el control de las emisiones, la protección del patrimonio y la cultura ancestral, y otras iniciativas de desarrollo social que van en directo beneficio de la comunidad”, agregó Gonzalo Lara.

El Proyecto “Desarrollo Futuro DMH”, cuya inversión supera los US$2.500 millones, permitirá a Ministro Hales continuar operando por las siguientes 3 décadas, manteniendo la empleabilidad, el aporte al dinamismo económico de la zona y continuar trabajando en conjunto con la comunidad, con el propósito de seguir siendo un aporte al desarrollo del país y para un futuro sostenible para Calama y su gente.

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