Durante la sesión, encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, los secretarios de Estado revisaron las reclamaciones relacionadas con la continuidad operacional de la División Ministro Hales. La iniciativa considera la extensión de la vida útil de la faena y el desarrollo futuro del yacimiento. Además, contempla incrementar el procesamiento de mineral y elevar la producción de concentrado de cobre desde 700.000 toneladas anuales hasta 830.000 toneladas. Con el rechazo de las reclamaciones, la Resolución de Calificación Ambiental permanece vigente, permitiendo que el proyecto continúe avanzando conforme a la normativa ambiental.

Comité de Ministros suma proyectos por más de US$11.455 millones

La instancia sesionó por octava vez durante la administración del Presidente José Antonio Kast y por décima ocasión en lo que va del año. Con esta reunión, el Comité de Ministros ya ha revisado 20 proyectos que mantenían recursos de reclamación pendientes. En conjunto, estas iniciativas representan inversiones superiores a US$11.455 millones, fortaleciendo la certeza regulatoria para proyectos públicos y privados.

En la sesión extraordinaria participaron los ministros de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas, y de Agricultura, Jaime Campos. Las autoridades rechazaron todas las reclamaciones presentadas respecto de los tres proyectos revisados. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que el funcionamiento periódico del Comité ha permitido agilizar la resolución de estos procesos.

«El compromiso que asumimos de sesionar mensualmente como Comité de Ministros nos ha permitido dar agilidad institucional a este proceso. Este calendario entrega certeza a todos los actores involucrados y beneficia directamente a la ciudadanía. Gracias a este compromiso pudimos resolver rápidamente las reclamaciones que mantenía pendientes el nuevo Instituto Nacional del Cáncer, por lo que su ejecución podrá seguir adelante».

Las autoridades también subrayaron que los tres proyectos analizados fueron revisados dentro de los plazos establecidos por la legislación ambiental, en línea con el mandato del Ejecutivo.

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La iniciativa contempla dos líneas principales de capacitación. Ambas buscan responder a las demandas del transporte sostenible. El programa incluye un curso de 36 horas en modalidad híbrida. Aborda tecnologías emergentes, sistemas de carga y mantenimiento preventivo. También considera análisis práctico de casos reales.

Se impartirá un curso presencial de 12 horas. Este se enfocará en normativa, políticas públicas y contexto estratégico. Estará disponible en Antofagasta, Concepción y Valdivia. Además, el programa incluye un curso exclusivo para mujeres. Se realizará en Ovalle y Copiapó con foco en conducción de buses eléctricos. Esta iniciativa busca impulsar la inclusión laboral femenina.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente destacan la importancia del programa. La iniciativa promueve capacidades humanas y técnicas en todo el país. El proyecto busca preparar a conductores, técnicos e ingenieros. También incluye profesionales del sector público y privado. El objetivo es enfrentar los desafíos operativos del transporte eléctrico. Los cursos gratuitos de electromovilidad en Chile responden al crecimiento del sector. La formación permitirá una implementación más segura y eficiente de estas tecnologías.

Proyecto CLETS

El programa forma parte del proyecto CLETS. Esta iniciativa apoya la estrategia chilena de transporte sostenible. CLETS cuenta con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Además, participa el Ministerio de Transportes y otras entidades internacionales. El proyecto considera pilotos de electromovilidad en varias ciudades del país. Entre ellos destacan iniciativas en Antofagasta, Valdivia, Lebu y Concepción. Estas experiencias buscan impulsar tecnologías de cero emisiones. También promueven sistemas de movilidad urbana más sustentables.

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Del total de procesos desarrollados, dos correspondieron a la Región de Atacama y seis a la Región de Antofagasta. Todas las consultas se realizaron conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT. Este marco garantiza la participación efectiva de los pueblos indígenas en decisiones que involucran sus territorios y ecosistemas. El martes se dio por finalizada la consulta a la comunidad atacameña vinculada a los Salares Peine, Aguas Calientes N°4 y Laguna La Azufrera.

Con este hito, la propuesta de salares protegidos de la Región de Antofagasta queda en condiciones de ser revisada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Este paso resulta clave para avanzar en su creación formal. En la Región de Atacama, el proceso ya muestra resultados concretos. Diez salares fueron protegidos tras completar las consultas indígenas y dictar los decretos correspondientes.

El Ministerio del Medio Ambiente destacó que los acuerdos alcanzados durante las consultas indígenas son vinculantes para el Estado de Chile. Estos compromisos inciden directamente en el diseño y la implementación de la política pública. La Red de Salares Protegidos busca resguardar ecosistemas salinos de alto valor ambiental. Estos territorios destacan por su biodiversidad única y su relevancia cultural en el norte del país.

Desarrollo sostenible y protección ambiental

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio, que busca compatibilizar una actividad estratégica con la protección del medio ambiente. El enfoque considera el respeto a los derechos de las comunidades indígenas. La finalización de estos procesos refuerza un modelo de desarrollo que promueve la participación temprana. También consolida el diálogo intercultural y la protección de ecosistemas para las generaciones presentes y futuras.

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Durante el encuentro, las comunidades conocieron y deliberaron sobre los reglamentos vinculados a áreas protegidas, concesiones, permisos y sitios prioritarios. Estos instrumentos serán fundamentales para la gestión y protección del patrimonio natural del país.

La actividad se desarrolló a lo largo de tres jornadas y reunió a más de 100 personas. Participaron representantes de diez pueblos indígenas de distintas zonas del país, junto a autoridades nacionales, regionales y equipos técnicos del Ministerio del Medio Ambiente.

El diálogo fue concebido como un espacio de deliberación directa. Su objetivo fue recoger visiones, observaciones y aportes de las comunidades indígenas sobre los reglamentos del nuevo servicio.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la instancia y destacó la importancia de alcanzar consensos. Señaló que el aporte de los pueblos indígenas es clave para la conservación de la biodiversidad y el futuro de la naturaleza.

El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, subrayó que el encuentro fue un ejercicio de confianza y reconocimiento mutuo. Indicó que el proceso va más allá de un trámite administrativo y busca construir acuerdos colectivos.

El Diálogo Nacional con comunidades indígenas SBAP contó con la participación de los seremis del Medio Ambiente de todas las regiones. Las autoridades regionales coincidieron en la relevancia de escuchar las voces locales.

Mirada regional desde Magallanes y Antofagasta

El seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo, destacó la alta participación regional. Indicó que asistieron 14 representantes de los pueblos selknam, yagan, kawésqar y mapuche huilliche.

Desde Antofagasta, el seremi Rodrigo Jara resaltó la presencia de comunidades licanantay y changos. Señaló que estas instancias fortalecen el conocimiento sobre el SBAP y la gestión de áreas protegidas. Además, destacó la conservación de más de 380 mil hectáreas impulsada por la Red de Salares Protegidos.

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Estas zonas formarán parte de la Red de Salares Protegidos, iniciativa enmarcada en la Estrategia Nacional del Litio y Salares, que busca proteger al menos un 30% de estos ecosistemas antes de 2030. En Atacama, la propuesta considera las primeras Reservas de Región Virgen del país, además de una Reserva Nacional y tres Parques Nacionales.

Los salares que pasarán a resguardo son Pedernales, La Laguna, Gorbea, Las Parinas, Laguna de Las Parinas y Redonda, Lagunas Bravas, Jilguero, Laguna del Bayo, Eulogio y Laguna Escondida. En conjunto, representan casi la mitad de los ecosistemas que integrarán la red.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que este resultado refleja un avance relevante para la Estrategia Nacional del Litio, impulsada por el Presidente Gabriel Boric y seis ministerios, con el fin de promover el desarrollo sustentable de la industria.

Por su parte, la seremi del Medio Ambiente, Natalia Penroz, valoró el trabajo conjunto con las comunidades, subrayando que se alcanzaron acuerdos significativos que fortalecen la futura gestión de las áreas protegidas.

La autoridad regional precisó que, en total, la Red de Salares incluirá 15 áreas que protegerán 26 ecosistemas de lagunas y salares. Tras esta consulta, el proceso avanzará a su etapa final, que contempla la revisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y la posterior firma de los decretos de creación por parte del Presidente de la República.

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Riesco señaló que la actual definición de Sitios Prioritarios incluiría 301 instalaciones mineras, de las cuales 62 están en la macrozona norte y 239 en la zona central. “Para nosotros es demasiado, particularmente en la zona central, dedicada al desarrollo de la industria minera. Solicitamos revisar las faenas que actualmente están en los sectores delimitados”, enfatizó el dirigente.

Impacto en la minería chilena

El gremio expresó su preocupación por las restricciones operativas que podrían surgir. Más de 8.900 concesiones mineras se verían afectadas, con 4.200 solo en la macrozona norte. Esto implicaría mayores requisitos para permisos sectoriales y posibles compensaciones ambientales de alto costo.

SONAMI ha impulsado talleres informativos para la pequeña y mediana minería, los sectores más vulnerables ante los efectos de la normativa. Además, la federación ha sostenido conversaciones con gremios, exmandatarios y la ministra de Minería, Aurora Williams, quien comprometió una mesa de trabajo para revisar los reglamentos y garantizar un proceso transparente.

Riesco insistió en que no existe claridad sobre los criterios utilizados para determinar los sitios prioritarios. “Es necesario participar en la consulta pública y revisar con cautela las áreas definidas”, señaló.

El presidente de SONAMI también advirtió que el impacto de la Ley SBAP en la minería podría extenderse a otros rubros productivos, como energía, agricultura, forestal, construcción, pesca y acuicultura. Por ello, hizo un llamado a todos los sectores a involucrarse en el proceso de consulta pública vigente.

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