El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, señaló que la medida entrega una señal clara a los sectores productivos. También afirmó que esta revisión permitirá fortalecer el sustento técnico del proceso. Según Riesco, el Gobierno reconoció la relevancia de proteger la biodiversidad sin afectar el desarrollo económico que Chile necesita.

Hace algunas semanas, diversos gremios productivos expusieron inquietudes sobre el avance de los reglamentos de la Ley SBAP. Los gremios fueron convocados por SONAMI debido al impacto que generarían los 99 sitios prioritarios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente. Representantes del sector expresaron que el listado mostraba una elaboración apresurada y con escaso análisis técnico.

Riesco reiteró el llamado para impulsar mesas de trabajo multisectoriales. También planteó que estos espacios permitirán un análisis riguroso que incorpore la mirada de los sectores involucrados. SONAMI insistió en su disposición para colaborar con propuestas que resguarden la biodiversidad y eviten impactos innecesarios en actividades productivas.

El presidente del gremio minero destacó la coordinación alcanzada entre los distintos sectores productivos. Según afirmó, esta articulación demostró la capacidad del sector privado para mejorar políticas públicas y evitar efectos negativos asociados a una implementación deficiente.

SONAMI expresó que continuará trabajando junto a otros gremios para contribuir a una aplicación responsable de la Ley SBAP y desarrollo económico. La organización señaló que el país requiere un equilibrio entre conservación, progreso productivo y bienestar social.

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La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) reiteró su preocupación por la falta de justificación técnica en la definición de los sitios prioritarios de la Ley SBAP, durante una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el nuevo director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres.

El encuentro, encabezado por el presidente de SONAMI, Jorge Riesco, contó con la participación de los vicepresidentes Luis Manuel Rodríguez y Joel Carrizo, además de los directores Patricia Beiza, Iván Pavletic y Héctor Páez. En la ocasión, los representantes del gremio insistieron en la necesidad de conformar una mesa de trabajo multisectorial que permita analizar sin premura los terrenos que podrían verse afectados por las nuevas restricciones.

Riesco explicó que el sector minero no se opone a la protección de la biodiversidad, pero advirtió que varios de los sitios prioritarios definidos por la Ley SBAP ya cuentan con concesiones mineras activas o históricas. Por ello, planteó que la discusión debe integrar a los ministerios de Minería y Economía, además de otros gremios productivos, para lograr una evaluación equilibrada y técnicamente sólida.

Dialogo gremial

Asimismo, el dirigente solicitó ampliar los plazos de la consulta pública, argumentando que los diez días hábiles adicionales ofrecidos son insuficientes para un análisis profundo. “La ley otorga un plazo amplio, del cual aún restan tres años”, señaló Riesco, enfatizando que el proceso debe realizarse con la participación de todos los actores relevantes.

Aunque la ministra Rojas manifestó disposición a establecer una instancia de diálogo, condicionó la conformación de la mesa a la revisión previa de las observaciones de SONAMI. Ante ello, Riesco expresó su sorpresa, señalando que el Ministerio ya dispone de información sobre faenas y concesiones a través de ENAMI, Sernageomin y el Ministerio de Minería, por lo que la coordinación interinstitucional debería ser suficiente para evitar afectaciones innecesarias.

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La reunión fue encabezada por el presidente de la Asociación Gremial Minera de Petorca, Héctor Fuentes, junto al equipo de SONAMI. Cerca de 40 productores mineros de Petorca, Cabildo y Putaendo participaron activamente, compartiendo inquietudes sobre las posibles restricciones que la nueva normativa podría imponer a sus faenas.

Rol informativo

Durante la actividad, Luis Manuel Rodríguez destacó la relevancia de esta instancia, señalando que “SONAMI está comprometida en apoyar a sus socios para que no se vean perjudicados por la Ley N°21.600 y resguardar tanto sus propiedades como las actividades productivas que desarrollan”. Además, enfatizó que la federación gremial ha sostenido reuniones con autoridades y representantes sectoriales para buscar un equilibrio en la implementación de la ley.

Por su parte, Héctor Fuentes agradeció el apoyo de SONAMI y llamó a los mineros de la zona a involucrarse activamente en el proceso. “Este es el momento de participar y expresar cómo la definición de sitios prioritarios puede afectar a la pequeña minería. Debemos estar unidos y atentos a las iniciativas legales que se discuten en el parlamento”, afirmó.

Según datos de SONAMI, existen 301 instalaciones mineras dentro de sitios prioritarios, de las cuales 62 se ubican en la macrozona norte y 239 en la macrozona centro. Asimismo, se han identificado más de 8.900 concesiones potencialmente afectadas, lo que podría traducirse en mayores exigencias para la obtención de permisos y eventuales medidas de compensación ambiental.

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