Las empresas informaron progresos en la instalación de la Mesa de Gobernanza y en la transferencia de recursos a la comunidad. También avanzaron en estudios técnicos necesarios para ejecutar medidas de mayor complejidad.

El abogado Raimundo Moreno destacó avances sustantivos en la coordinación institucional. Explicó que el proceso enfrenta desafíos técnicos y metodológicos propios del análisis ecosistémico. Las partes reconocieron retrasos en la definición de los términos de referencia de la medida M0. Esta medida consiste en un análisis de afectación ecosistémica que condiciona otras acciones del acuerdo.

La abogada Marcia Faerman informó que la medida M0 aún no inicia su ejecución material. Actualmente elaboran los términos de referencia. Respecto de la medida M1, vinculada al cese de extracción de recursos hídricos, las empresas iniciaron tramitaciones ante la Dirección General de Aguas. Esperan el pronunciamiento del organismo.

Las medidas M2, M3, M11, M12 y M13 dependen del avance de la M0. Por ello, aún no comienzan su implementación. En cuanto a las medidas sociales, la comunidad solicitó reprogramar su inicio para marzo. Estas incluyen planes de gestión social, infraestructura y fondos de desarrollo. La Mesa de Gobernanza ya funciona. Las empresas transfirieron recursos a la Comunidad de Peine para asesoría y gestión.

El Consejo de Pueblos Atacameños decidió no integrarse a la Mesa de Gobernanza. Sin embargo, los recursos permanecen disponibles si modifican su decisión. El abogado Sergio Chamorro confirmó que la asamblea mantiene su postura. El diseño del acuerdo permite continuidad operativa pese a esta determinación.

Origen de la demanda por daño ambiental

En marzo de 2022, la Comunidad de Peine demandó a Minera Escondida por reparación de daño ambiental. Acusó sobreexplotación del acuífero y descenso del nivel freático en Tilopozo. El Consejo de Defensa del Estado también presentó demanda en representación del Estado. La acción incluyó a Minera Escondida, Zaldivar y Albemarle. En diciembre de 2024, las partes alcanzaron una conciliación. El acuerdo estableció 14 acciones para recuperar el ecosistema.

Las partes envían reportes anuales al tribunal. El primer informe se presentó en diciembre de 2025. El tribunal solicitó información específica y citó a audiencia de seguimiento. La revisión periódica permite verificar el cumplimiento efectivo de las medidas ambientales en conciliación por daño ambiental y asegurar su correcta ejecución.

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El reclamante sustenta su acción en cuatro cuestionamientos centrales. El primero apunta a la falta de descarte de impactos sobre la salud de la población. Señala deficiencias en la evaluación de contaminantes y en el análisis de riesgos presentado por el titular. El segundo eje se relaciona con los impactos sobre el medio marino. El reclamante advierte debilidades en el modelo hidrogeológico utilizado para predecir los efectos del proyecto. También cuestiona la ausencia de antecedentes que descarten la interacción entre el acuífero costero y el mar.

A ello se suma la falta de evaluación del riesgo de rebalses o filtraciones bajo condiciones extremas. Según la reclamación, estos escenarios no habrían sido considerados adecuadamente durante la evaluación ambiental. El tercer punto aborda la ausencia de información suficiente para evaluar los efectos del proyecto sobre el recurso hídrico. El reclamante sostiene que no existen antecedentes concluyentes para descartar impactos significativos.

Antecedentes del proceso de evaluación ambiental

Finalmente, la reclamación cuestiona la falta de evaluación de impactos respecto del sitio prioritario Peralillo. Este aspecto resulta clave dada su relevancia ambiental en la zona costera de Chañaral. El proyecto Playa Verde ingresó su Estudio de Impacto Ambiental al SEIA en 2017. En 2019, Manuel Cortés presentó una reclamación administrativa que fue acogida parcialmente, ordenándose retrotraer el proceso.

En 2021, el reclamante acudió al Tribunal Ambiental, causa Rol R-44-2021. Esta acción fue rechazada en todas sus partes. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó dicha decisión en diciembre de 2022. En febrero de 2024, la COEVA de Atacama calificó desfavorablemente el proyecto. Sin embargo, el titular presentó una nueva reclamación administrativa, que culminó con la calificación favorable otorgada por el Comité de Ministros en octubre de 2025.

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El Tribunal analizó los argumentos presentados por los reclamantes, quienes sostenían que el aumento del flujo vehicular afectaba los sistemas de vida de la población cercana. Sin embargo, la sentencia determinó que el comportamiento real de la ruta G-21 se mantuvo dentro de los parámetros evaluados durante la tramitación ambiental del proyecto.

Antes de resolver, el Tribunal definió el alcance de la variable ambiental “uso de la ruta G-21” y la forma en que debía medirse. Luego comparó los escenarios proyectados durante la evaluación ambiental con los datos registrados durante la operación del proyecto.

El análisis consideró informes técnicos elaborados por GPS Chile y Ambitrans Ingenieros Consultores. Estos antecedentes evaluaron distribución modal, flujo vehicular, tiempos de viaje, nivel de servicio y seguridad vial en el tramo entre Las Puertas y Corral Quemado. Los resultados mostraron que no existieron diferencias significativas entre el escenario evaluado en 2010 y el comportamiento observado hasta 2018.

Sin cambios sustantivos

La sentencia estableció que el flujo vehicular, los tiempos de viaje y el nivel de servicio se mantuvieron estables. Incluso, para vehículos livianos se observó una reducción en los tiempos de desplazamiento en algunos tramos. Por ello, el fallo concluyó que no se cumplen los requisitos del artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300 para modificar la RCA.

Contexto del proyecto Los Bronces

El proyecto busca aumentar la producción de cobre fino mediante concentrados y cátodos. Se desarrolla en las áreas de Los Bronces, Las Tórtolas y el Sistema de Transporte de Pulpas, donde la ruta G-21 cumple un rol clave. Con esta decisión, el Segundo Tribunal Ambiental ratifica decisión del Comité de Ministros sobre proyecto Los Bronces y ruta G-21, cerrando un proceso iniciado en 2015 por organizaciones vecinales.

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La iniciativa, liderada por Codelco en colaboración con el Centro de Minería de la PUCV, apunta a crear espacios públicos más sostenibles, reutilizando residuos que actualmente están regulados como desechos, como el silicato de hierro o escoria de cobre. Las pruebas realizadas respaldan la seguridad del material y abren camino a su reclasificación como subproducto útil.

Estudiantes de Ingeniería Civil Metalúrgica, Rocío Solís y Javiera Casanova, fueron las encargadas de llevar a cabo los ensayos de laboratorio bajo la dirección del profesor Jaime Morales, director del Centro de Minería.
Las pruebas, basadas en normativas internacionales, demostraron la estabilidad física y química del material, incluso después de su uso en productos finales como mobiliario urbano, adoquines o losetas.

“En ambos casos, se demostró que no presenta riesgos de exposición a contaminantes”, señaló Javiera Casanova, integrante del equipo investigador.

Además, la gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco Ventanas, Marcela Pantoja, destacó que los análisis realizados confirman que el material conserva su estabilidad incluso tras someterse a condiciones de desgaste o ruptura. «Se generaron informes técnicos que respaldan estos resultados», explicó.

Liliana Brown, dirigenta de Horcón, valoró el enfoque riguroso del proceso. “Encontré genial el proceso, porque hay bastante preocupación de hacer todos los análisis para asegurar que no hay contaminación en el ambiente al usar este material”.

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